Autor:

Luis Manuel Arce*/Prensa Latina

Era la noche del 19 de diciembre de 1989 cuando ya las familias panameñas dormían después del ajetreo de las apresuradas compras para las fiestas de Navidad y Año Nuevo y, a pesar del calor y algo de lluvia, todo era tranquilo.

Los relojes de péndulo tocaron sus 12 campanadas anunciando la llegada del día 20, una fecha que, por obra y gracia de la ambición desmedida de los gobernantes de Estados Unidos, se convertiría para decenas de miles de panameños en la noche negra del istmo.

Media hora antes sólo algunos noctámbulos de la zona de El Chorrillo y sus alrededores percibieron un ruido de motores que achacaron a las acostumbradas y perturbadoras maniobras en alguna de las bases militares de la Zona del Canal.

Pero al filo de la medianoche se escuchó una ensordecedora explosión, a la que siguieron decenas, cientos de otras más hasta perderse la cuenta, en medio de un atronador ruido de turbinas que obligó a la gente a lanzarse de las camas y salir aterrorizada al exterior para ver qué sucedía.

Por encima de sus cabezas vieron las sombras negras y veloces de aviones vomitando fuego por todas partes, que hacía reventar los sismógrafos como si se tratara de un temblor de 6 grados de intensidad en la escala de Richter.

Había comenzado la invasión militar a Panamá por orden del gobierno de

George H W Bush.

A aquella masacre vil y cobarde la denominaron Causa Justa, para ironía de la historia y burla a la inteligencia del ser humano.

Ningún panameño, por supuesto, sabía que aquellas sombras sobre sus cabezas eran cazabombarderos F117-A Stalth que el entonces presidente de

Estados Unidos, Bush padre, estrenaba en ese momento en el bombardeo a áreas densamente pobladas de El Chorrillo y otros lugares, como parte de un complot con la clave secreta Cuchara Azul.

El sismógrafo registró 417 detonaciones desde la primera en los minutos finales del día 19 hasta la última varias horas después en la madrugada del 20, cuando ya El Chorrillo estaba en ruinas y sus vecinos, sorprendidos en el reposo familiar, no daban crédito a aquella desolación y muerte que los sepultaba.

Los Stalh lanzaron impunemente sus bombas de 1 mil 900 kilogramos sin el riesgo de alguna cortina de fuego que les hiciera resistencia en los 27  objetivos atacados simultáneamente, logrando su objetivo de sembrar el pánico y  la desorientación entre los sorprendidos militares panameños y los civiles.

La aviación destruyó aeropuertos como el de Punta Paitilla, el Cuartel Central en El Chorrillo, el de Tinajitas, el de Panamá Viejo, el de Los Pumas, la base militar de Río Hato (donde funcionaba el Instituto Militar General Tomás Herrera) y la Base Naval de Coco Solo, entre otros muchos.

No medió ninguna declaración de guerra previa y el crimen fue condenado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, pero sin ninguna consecuencia para los agresores.

El masivo y sorpresivo ataque aéreo preparó las condiciones para el despliegue de 26 mil hombres armados hasta los dientes quienes, no obstante su aplastante superioridad numérica y en armas, encontraron una resistencia popular inédita.

H W Bush, el mismo que en 1991 arrasaría también con parte de Irak antes de que su hijo la acabara de destruir en 2003, usó el mismo argumento de siglos pasados para “justificar” la invasión: proteger la vida de ciudadanos estadunidenses que residían en Panamá, los cuales, por supuesto, nunca estuvieron amenazados.

Bush padre dijo que la invasión era para detener a Manuel Antonio Noriega y combatir el tráfico de drogas, objetivo que hubiera podido cumplir cualquier comando rambolesco sin necesidad de matar a miles de civiles en un país con desbordante presencia militar estadunidense desde 1903.

Pero más satánico y cínico aún fue afirmar que la invasión era para “defender” el Tratado Torrijos-Carter sobre el Canal, como si Panamá lo hubiese repudiado o puesto en peligro.

Los analistas panameños lo han repetido cientos de veces a lo largo de estos años, y no hay nada que añadir a sus conclusiones: el objetivo real del ataque fue destruir las fuerzas panameñas que tendrían que ocuparse en solitario de la vigilancia del Canal a partir de 2000, gracias al Tratado TorrijosCarter.

Pero ese objetivo no lo pudieron lograr gracias a la heroica resistencia del pueblo istmeño, y en 1999 el Canal pasó a ser verdaderamente propiedad de Panamá, como se había comprometido Carter con Torrijos y como quería todo el mundo.

Para mayor escarnio, el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli intentó groseramente borrar ese heroico pasaje de la memoria histórica de Panamá, al intentar eliminar la materia de las relaciones de Panamá con Estados Unidos mediante una transformación curricular repudiada por los docentes que, junto al tema salarial, provocó una de las huelgas más dramáticas en el sistema nacional de educación.

Los invasores, sin embargo, no lograron su oculto objetivo de retener el Canal, y a partir de 1999, la famosa e importante vía interoceánica pasó a ser enteramente administrada y operada por sus legítimos dueños, y sus riquezas a propiedad de la nación y no de sus usurpadores.

Luis Manuel Arce*/Prensa Latina

*Periodista

 

 

 Contralínea 419 / del 12 al 18 de Enero de 2015

 

 

 

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