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Nahuas de Ostula, Michoacán, en resistencia

A los pueblos de México y el mundo; a los medios de comunicación; al Congreso Nacional Indígena:

Estando reunida la Asamblea General de Comuneros de Santa María Ostula y analizando la situación que estamos viviendo en nuestra comunidad y en nuestro país hemos tomado determinaciones ante los fuertes agravios que vivimos, considerando que:

Los gobiernos decidieron entregar los recursos naturales que los pueblos originarios hemos cuidado desde tiempos inmemoriales a las empresas nacionales y extranjeras mediante el despojo violento y la invasión a nuestros territorios por parte de caciques y los propios gobiernos, lo que ha costado la sangre de nuestra gente, la desaparición forzada de los comuneros, el dolor, la angustia y el miedo que ha llevado a cientos de familias a resguardar su propia vida debiendo dejar esta tierra que amamos y que seguiremos defendiendo porque en ella están nuestra raíces que están vivas.

El despojo de nuestro territorio ancestral en Xayakalan fue protegido durante años y años por todos los niveles de gobierno para imponer sus proyectos de muerte, por lo que el 29 de junio de 2009, con la reorganización de nuestra policía comunitaria, recuperamos alrededor de 1 mil 300 hectáreas de tierras invadidas por supuestos pequeños propietarios de La Placita, entre ellos el jefe de plaza local de Los Caballeros Templarios, Federico González, alias Lico, y Mario Álvarez, alias el Chacal, jefe del Partido Revolucionario Institucional en la región y miembro también de los Templarios, lo que provocó que a la fecha nos hayan sido arrebatados 32 comuneros que fueron asesinados y seis más que permanecen desaparecidos.

Los recursos –que son de la nación y no de los malos gobiernos– están siendo concesionados a empresas extranjeras y abiertamente privatizados mediante supuestas reformas que violan los derechos humanos colectivos de los pueblos, como los derechos territoriales, culturales, el derecho a la salud, a la educación, a la seguridad, a la libertad y el derecho a la vida.

Nuestros recursos naturales están siendo saqueados y destruidos por bandas de la delincuencia organizada con la completa complicidad de los gobernantes que son uno solo con las empresas extranjeras, y que tienen como sus brazos represivos a los narcopolicías, a los narcomilitares y a los narcoparamilitares, que han terminado de bañar en sangre, dolor y rabia a toda la nación con la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, desde el pasado 26 de septiembre de 2014.

El Estado Mexicano, desde hace varios años, ha dejado de cumplir su función fundamental con respecto a nuestra comunidad, es decir, ha sido totalmente omiso en garantizar la seguridad, la integridad física y la vida de los hombres y mujeres que habitamos en Santa María Ostula.

Por todo lo anterior nuestra Asamblea General de Comuneros con apoyo en los artículos 2 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 99 y 100 de la Ley Agraria; 1, 2, 5, 7, 8, 9, 13, 14 y 15 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; sus usos y costumbres, ha acordado lo siguiente: Primero. A partir de este día y de manera indefinida, los habitantes de la Tenencia de Ostula y sus encargaturas no pagarán al mal gobierno por el servicio de energía eléctrica por ser éste un recurso que pertenece a los pueblos de este país, porque nuestra comunidad, en tanto perteneciente al pueblo nahua, tiene derecho de acceso a los recursos que se generan del cuidado que durante generaciones enteras ha tenido de sus tierras y bosques; y porque el Estado mexicano es culpable de los crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestra contra sin que hasta el día de hoy se haya hecho justicia alguna con respecto de los comuneros asesinados y desaparecidos.

Segundo. Nuestra Asamblea General, como máximo órgano de gobierno comunal, ratifica su respaldo al comandante Cemeí Verdía y a la Policía Comunitaria y reitera que no habrá perdón ni olvido ante los crímenes cometidos contra nuestra comunidad; y precisa que en el caso de las personas que están siendo juzgadas por esta Asamblea, de acuerdo con sus usos y costumbres propios y con apoyo en el artículo 9 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, por su probable participación en los crímenes cometidos contra la comunidad, se ha cuidado y se cuidará en todo momento el respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política y los tratados y convenios internacionales.

Tercero. A pesar de esta guerra que busca borrarnos de la historia como pueblos originarios no dejaremos de luchar y defender nuestras tierras y nuestra existencia.

Cuarto. Seguiremos luchando por la presentación con vida de los comuneros desaparecidos y el castigo a los culpables materiales e intelectuales de los asesinatos de comuneros de Santa María Ostula a partir de julio de 2008, siendo el principal de dichos autores, según se desprende de las evidencias aportadas a esta Asamblea, Mario Álvarez, alias el Chacal.

Atentamente:

Nunca olvidaremos, nunca nos acabarán, Asamblea General de Comuneros de Santa María Ostula, Michoacán, México; diciembre de 2014

 

 

 

Denuncian emboscada contra comuneros de Ostula

A los pueblos de México y del mundo; a la Red Contra la Represión y por la Solidaridad; al Congreso Nacional Indígena; a la Sexta nacional e internacional:

El 16 de diciembre de 2014, aproximadamente a las 15 horas, un grupo de cinco personas fuertemente armadas emboscó a comuneros de Santa María Ostula en la Carretera Costera 200 Manzanillo-Lázaro Cárdenas. El grupo de narcoparamilitares pretendía asesinar a Cemeí Verdía, comandante de la Policía Comunitaria de Ostula y coordinador general de las Autodefensas en la costa de Michoacán.

Minutos antes de la agresión, Cemeí Verdía, junto con un grupo de comuneros de Ostula, llegó al poblado de La Placita, proveniente del municipio de Coahuayana, donde permanecieron unos minutos para después retomar la Carretera Costera 200 en dirección de la comunidad de Ostula.

Una de las camionetas donde viajaban los comuneros se adelantó y, en el paraje denominado La Peña, fue atacada por los hombres armados.

Resultaron gravemente heridos José Mora Mendoza (24 años), Félix Mejía Valdovinos (24 años), Salvador Mejía Valdovinos (28 años) y el niño Miguel Mejía Mora (5 años). Todos son familiares de José Mora, encargado del orden en la Encargatura de Xayakalan, fundada el 29 de junio de 2009 en las tierras que la comunidad recuperó de manos de narcotrafican tes y pequeños propietarios del poblado de La Placita. Los comuneros heridos fueron trasladados de urgencia a un hospital de Tecomán, Colima.

Instantes después de la agresión a la Policía Comunitaria de Ostula, inició la persecución de los agresores, logrando detener a Jonathan Aguilar Juan, alias la Changa, quien confesó que el grupo armado estaba integrado por cinco personas y dirigido por Luis N, alias el Caracol, que también participó en la tortura y posterior asesinato de Trinidad de la Cruz, don Trino, el 6 de diciembre de 2011, crimen que permanece impune. El agresor detenido señaló que su intención era asesinar a Cemeí Verdía, pero confundieron el vehículo en el que viajaba, y que la orden para llevar a cabo la agresión la dio Federico González, alias el Lico, jefe de Plaza del cártel de Los Caballeros Templarios en el municipio de Aquila, y Mario Álvarez, expresidente municipal de Aquila y exdiputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Cabe señalar que Federico González, alias el Lico, y Mario Álvarez son responsables de los 32 asesinatos y cuatro desapariciones de comuneros de Ostula entre 2009 y 2012.

La violencia y las agresiones en contra de los miembros de la comunidad continúan ante los ojos cómplices de los gobiernos federal, estatal y local.

En atención a lo expuesto, pedimos a la sociedad civil nacional e internacional, así como a las organizaciones sociales y de derechos humanos solidarios, estar atentos a lo que pase en la región y a no permitir r un nuevo asesinato, un nuevo secuestro, un nuevo despojo en contra de la comunidad de Santa María Ostula.

Equipo de Apoyo y Solidaridad con la Comunidad Indígena de Santa María de Ostula

México, 16 de diciembre de 2014

 

 

 

Continúa el acoso y la violencia en Zacualpan, Colima

Por este conducto informamos a la opinión pública sobre los acontecimientos sucedidos el 14 de diciembre de 2014 en la comunidad indígena de Zacualpan, durante la celebración de la primer Asamblea convocada por el nuevo Comisariado de Bienes Comunales en la que se tratarían cuatro puntos importantes:

1. La entrega de documentación, llaves y recursos de la comunidad que se encuentran en manos de las directivas anteriores.

2. El informe de actividades y entrega de los inmuebles propiedad de la comunidad tales como vehículo, mobiliario y el Manantial Ojo de Agua a cargo de las dos directivas anteriores, tanto del Comisariado de Bienes Comunales como de la Administración del Manantial de Zacualpan.

3. Se haría el corte de caja de las dos directivas anteriores, tanto de la directiva que encabezaba Carlos Guzmán Teodoro y Guadalupe Carpio Rincón, respecto al periodo que mantuvieron la administración correspondiente.

4. Se realizaría la elección de la nueva administración del Manantial Ojo de Agua.

Sin embargo, horas antes de celebrarse dicha Asamblea, Vicente Evangelista Teodoro, Francisco Rodríguez Tomás, Sabino Zamora Máximo, Francisco Teodoro Aranda, Esmeralda Guzmán Peña, Gregoria Lorenzo Guzmán, Aurelia Torres Carpio y Celsa Guzmán Santos, gente ligada al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y perteneciente al grupo de Carlos Guzmán, se presentaron a las afueras de la sala que ocupa la Casa de Usos Múltiples para agredir verbalmente a Taurino Rincón Lorenzo, actual presidente del Comisariado de Bienes Comunales electo por la Asamblea General de Comuneros, reunida el 30 de noviembre del presente, junto con su comitiva, que en esos momentos se encontraban haciendo la limpieza de dicho lugar; también lanzaron amenazas y trataron de impedir que se realizara la Asamblea General de comuneros convocada para las 10 de la mañana, colocando una cadena a la puerta de la Casa de Usos Múltiples, todo esto ante la presencia de más de 15 elementos de la policía estatal sin que estos intervinieran para solucionar los percances. Al ver esta situación, Taurino Rincón Lorenzo solicitó a los comuneros que en esos momentos se encontraban a las afueras del lugar esperando ingresar para comenzar la Asamblea, el permiso para romper la cadena que impedía el acceso a la Casa de Usos Múltiples. Los comuneros presentes dieron la autorización. Tras esta respuesta, la gente ligada al PRI y perteneciente al grupo de Carlos Guzmán alegaron tener instrucciones de la delegada de la Procuraduría Agraria en Colima, María Elena Díaz Rivera, de que el hecho de haber roto las cadenas de la Casa de Usos Múltiples era elemento suficiente para impugnar la elección del 30 de noviembre y así lograr la destitución del actual Comisariado. Asimismo, aceptaron tener instrucciones de la delegada de hostigar y perseguir a Taurino Rincón Lorenzo para así obtener elementos y pruebas para pedir su destitución, ya que según ellos la elección del 30 de noviembre de 2014 fue celebrada bajo irregularidades, a pesar de que ésta fue convocada, presidida y vigilada por la Procuraduría Agraria y del fuerte operativo de seguridad que se llevó a cabo ese día para hostigar a los habitantes, periodistas y comuneros presentes.

Ante estos hechos, Taurino Rincón Lorenzo hizo un llamado al presidente de la Junta Municipal, Enrique Carpio Rincón, para pedir se pusiera orden dentro de la comunidad y también se resguardara la Casa de Usos Múltiples durante la celebración de la Asamblea, sin embargo éste hizo caso omiso. Tras los hechos denunciados la Asamblea logró finalmente llevarse a cabo, pero al ser ésta por primera convocatoria no logró reunir el quórum legal, por lo que se convocó a otra Asamblea por segunda convocatoria para el día 28 de diciembre del presente.

El 15 de diciembre, el Comisariado de Bienes Comunales y el Consejo de Vigilancia junto con varios comuneros, acudieron a la delegación de la Procuraduría Agraria en Colima para sostener una reunión con la delegada María Elena Díaz Rivera, en el que se le informarían los hechos ocurridos el domingo anterior, además de exigir información sobre lo que afirma el grupo afín a Carlos Guzmán de tener instrucciones de ella de hostigar y perseguir a Taurino Rincón Lorenzo para así obtener elementos y pruebas para pedir su destitución. Sin embargo, y a pesar de que varios comuneros se percataron de que ella se encontraba adentro junto con gente perteneciente al grupo de Carlos Guzmán, el guardia que se encontraba a la entrada negó que ésta se encontrara en la delegación, por lo que inmediatamente se solicitó una reunión con el subdelegado Roberto Trejo, a quien se le hizo conocedor de los hechos violentos sucedidos el día anterior.

Por todo esto denunciamos

1. Que los acontecimientos que están sucediendo en la comunidad indígena de Zacualpan no son hechos aislados, ni problemas intercomunitarios, como lo quieren hacer ver distintas instituciones de gobierno.

2. Denunciamos la complicidad de la delegada de la Procuraduría Agraria en Colima, María Elena Díaz Rivera, del secretario general de Gobierno, Rogelio Rueda Sánchez, y del gobernador del estado de Colima, Mario Anguiano Moreno, con el grupo ligado al PRI y a Carlos Guzmán Teodoro, ya que éstos son los que impulsan, protegen y promueven los hechos de violencia, amenazas, hostigamiento y persecución hacia los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales, del Consejo de Vigilancia, del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y de los habitantes de la comunidad indígena de Zacualpan.

3. Responsabilizamos al gobierno federal y estatal, así como a la Procuraduría Agraria, de cualquier acto violento que afecte la integridad física de los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales y del Consejo de Vigilancia, esto tras las amenazas recibidas en vísperas de las elecciones del 30 de noviembre de 2014.

4. Reiteramos que el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan seguirá en la lucha por defender el territorio, el agua y la vida, y seguirá respaldando todas las acciones que emprenda el actual Comisariado de Bienes Comunales y el Consejo de Vigilancia.

5. Exigimos la renuncia de la delegada de la Procuraduría Agraria en Colima, María Elena Díaz Rivera, por estar azuzando y encubriendo al grupo violento de Carlos Guzmán ligado al PRI.

6. Llamamos a las comunidades nacional e internacional así como a la opinión pública a estar atentos de cualquier acto violento que afecte a nuestras personas y nuestra lucha.

Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan

Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad Indígena de Zacualpan

Zacualpan, Comala; diciembre de 2014

 

 

 

Amenazas de desplazamiento

Este Centro de Derechos Humanos recibió información documental confiable sobre amenazas de desplazamiento y agresiones hacia familias originarias de la comunidad Primero de Agosto, quienes son simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), acción perpetrada por integrantes de la Central Independiente Obrera Agrícola Campesina- Histórica (CIOAC-H), quienes en la región son protegidos por el gobierno municipal de Las Margaritas.

Según información, el 17 de diciembre de 2014, aproximadamente a las 6:00 horas, entraron a la comunidad Primero de Agosto 50 personas integrantes de la CIOAC-H, provenientes del ejido Miguel Hidalgo, todas armadas con palos, machetes y algunas de ellas llevaban armas de fuego.

La situación de violencia es crítica debido a que un grupo de personas de la CIOAC-H están agrediendo a las familias simpatizantes del EZLN, tiraron las mallas donde se encuentran los animales de corral y están destruyendo las casas.

Este Centro de Derechos Humanos exige de manera urgente a los gobiernos federal y estatal:

1. Se proteja de manera urgente la vida y la integridad física de las familias simpatizantes del EZLN de la comunidad Primero de Agosto.

2. Se impida el desplazamiento forzado de las familias simpatizantes  del EZLN, respetando y garantizando los derechos consagrados en las declaraciones y convenios internacionales con relación a la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas.

3. Se sancione a los integrantes de la CIOAC-H que están destruyendo los bienes y agrediendo a las familias de la comunidad Primero de Agosto.

Diecisiete familias tojolabales, ante la necesidad de trabajar y acceder a la tierra, se posesionaron de un terreno baldío conocido como predio El Roble, el cual no estaba ocupado, ni pertenece al ejido Miguel Hidalgo.

Estas tierras fueron recuperadas en 1994 por el EZLN.

Las familias de Primero de Agosto han recibido agresiones y amenazas por parte de ejidatarios de Miguel Hidalgo, desde que éstas se posesionaron de las tierras en 2013.

Este Centro de Derechos Humanos ha realizado intervenciones ante las autoridades del municipio de Las Margaritas, desde el comienzo del conflicto, mediante oficio 052-004-13/EAI-115/2013. A pesar de ellos la situación de violencia en la zona ha escalado, al grado de que el 9 de mayo de 2014, Arturo Pérez López fue herido de gravedad en el cuello, con un machete, por Aureliano Méndez Jiménez, secretario del Consejo de Vigilancia de Miguel Hidalgo y miembro de la CIOAC-H, sin que al momento las autoridades actúen al respecto.

Por último, solicitamos a la sociedad civil nacional e internacional se solidarice difundiendo los hechos denunciados, firmando y enviando esta acción urgente a las autoridades aquí en listadas.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, AC.

 

 

 

México, con mucho que trabajar en materia de desapariciones forzadas: ONU-DH

La Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) conmemora un nuevo aniversario de la aprobación de la Declaración sobre la Protección de

Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas por la Asamblea General de la ONU en 1992. Dicho documento fue una guía para la tarea encargada al experto independiente en este tema, y es pilar fundamental de la Convención Internacional sobre la misma materia, así como instrumento esencial de la labor del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI) de la ONU, todas ellas normas vigentes y mecanismos plenamente aceptados por México. La efeméride acontece además pocas semanas después del quinto aniversario de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco contra México, desaparecido desde hace 40 años.

La Declaración ha sido la herramienta siempre invocada por los familiares de las víctimas de desaparición forzada, los activistas y las organizaciones defensoras de los derechos humanos en sus exigencias frente a las autoridades para el cumplimiento estricto de sus obligaciones internacionales.

Bajo la égida de la Declaración se forjó un movimiento de familias y activistas valientes, activos y solidarios. Nos acercamos a fechas en las que las ausencias duelen más que nunca y por ello hacemos explícito nuestro reconocimiento y admiración a la perseverancia que todas ellas y ellos demuestran cada día, recordándonos que todo acto de desaparición forzada constituye un ultraje a la dignidad humana y su comisión afecta los valores más profundos de toda sociedad respetuosa de la primacía del derecho, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

El trabajo de la ONU-DH en México se desarrolla en un contexto en el cual no debemos perder de vista que las desapariciones de los estudiantes normalistas ocurridas en Iguala, Guerrero, siendo un acontecimiento que se configura como una violación muy grave a los derechos humanos, se suma a una historia reciente de México en la que numerosas desapariciones forzadas y otras violaciones a los derechos humanos siguen afligiendo a muchas familias y se añaden a las desapariciones cometidas en la etapa de la así denominada Guerra Sucia, tal como señaló el GTDFI en su informe de visita por el país en 2011.

Para abordar el reto que ello representa, la ONU-DH ha impulsado y acompañado diferentes procesos como la adopción de la primera legislación especial sobre declaración de ausencia de personas desaparecidas en Coahuila; los esfuerzos en Nuevo León de víctimas, familias, organizaciones y las propias autoridades estatales para generar y fortalecer los espacios de diálogo y acción eficaz en aras de lograr progresos en las investigaciones; y el retiro de la reserva a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas que impedía que las desapariciones forzadas perpetradas por militares fuesen del conocimiento de las autoridades civiles y que fue un reclamo del movimiento de derechos humanos.

Las distintas experiencias, con todas sus complejidades y particularidades, confirman no sólo la pertinencia de la agenda delineada en las recomendaciones internacionales que ha recibido México, sino además, de manera destacada, el rol invaluable e insustituible que tienen las familias y las organizaciones en las transformaciones institucionales que deben emprenderse, de cara al esfuerzo de implantación que le corresponde al Estado. Lo anterior supone, además, que las propias autoridades respeten el derecho de las personas a defender los derechos humanos de las personas desaparecidas.

El Estado debe abstenerse de acciones que interfieran con su labor, tales como injerencias arbitrarias, descalificaciones públicas o cualquier otro tipo de acción indebida frente el ejercicio legítimo de los derechos consagrados en la Declaración de la ONU sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos.

Para la ONU-DH abrir una ruta que ayude a remontar los retos inmediatos y, al mismo tiempo, aborde los problemas de fondo, cuyo asidero es esa combinación de condiciones inaceptables de debilidad institucional crudamente referida por el presidente de la República, implica asumir la urgencia y acelerar la ejecución de las recomendaciones pendientes formuladas al Estado mexicano por los organismos internacionales de derechos humanos, así como la propia sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Rosendo Radilla Pacheco. La agenda incluye: emitir una ley general e integral en la materia; el reconocimiento nacional de la figura de declaración de ausencia por desaparición; el combate efectivo a la impunidad; el fortalecimiento de servicios forenses independientes; la instauración de un mecanismo nacional de búsqueda de personas desaparecidas; la instauración de bancos genéticos; la protección de víctimas y testigos; la regulación apropiada del uso de la fuerza; el registro de personas detenidas y el reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar comunicaciones de personas que aleguen ser víctimas de una desaparición.

Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

 

 

 

La impunidad de los policías y la criminalización de las protestas Acerca del artículo “La desestabilización de la protesta social”, deseo comentar que, como siempre, el gobierno ineficiente y corrupto no hace nada para acabar con la impunidad de los policías corruptos; pero eso sí, detiene a los que tratan de defenderse. Saludos.

Pablo Guzmán Torres

 

 

 

Ante autoridades “ineptas”, gobiernos populares

Con respecto del reportaje “Crean cinco gobiernos autónomos en Guerrero” debo decirles que es normal que los propios pueblos construyan sus propias autoridades, ya que hasta ahora las que están han sido ineptas para solucionar el conflicto. Toman el camino más fácil: la masacre sangrienta con el Ejército. Es la solución más fácil para el “cansado” de Murillo Karam.

Máximo Lozano

 

 

 

Por la construcción de “ciudades-escuelas”

México se encuentra en el tiempo preciso y en la coyuntura precisa para desarrollar su más importante aporte: un gobierno que podemos denominar como pedagocracia, o dicho en quechua, capac-runachay, o dicho en náhuatl, nitla-nemachtia, o dicho en mapuche, nguenen-kimeltun, cuya característica primordial debe ser la preeminencia del ministerio de Educación y Paz, mientras que su inmemorial legado debe ser otorgar dignidad a los amerindios mediante el incentivo de construcción de tres ciudades escuelas: Mayápolis (ubicada en la frontera de México y Guatemala), Incápolis (ubicada en las cercanía de la Carretera Bioceánica, entre Puerto Arica, Chile, y Puerto Santos, Brasil) y Mapukípulis (ubicado en la geografía mapuche).

El primer hito contemporáneo que debe conquistar es la materialización de un intachable compromiso perenne, por parte de las naciones latinoamericanas, para garantizar un adecuado terreno, tanto para Mayápolis, como para Incápolis y Mapukípolis. Compromiso que podrá recordarse siempre como el Pacto Magno o, dicho en quechua, Jatun Tratu, o dicho en náhuatl Ixachi-kiota, o dicho en mapuche, Buta-Dakeltun.

Iván Lorenzini Maass

 

 

 

Convocan a un congreso constituyente

Este día internacional de los derechos humanos, nada tenemos que celebrar en un Estado que es líder mundial en su violación. No podemos celebrar que un Estado se encuentre en guerra contra su propio pueblo, contra la vida, contra el agua, contra el aire, contra la tierra, contra la patria y contra nuestra diversidad cultural. No celebramos que policías y soldados se dediquen a exterminar a nuestros pueblos, a nuestras mujeres, a nuestros campesinos, a nuestros estudiantes, ni celebramos que el narcotráfico sea un brazo del Estado y el corazón mismo. No celebramos que los elementos de la fuerza pública quemen la puerta de Palacio Nacional, asalten casetas de peaje, destruyan comercios y arrojen bombas molotov contra los edificios públicos, haciéndose pasar por anarquistas. Los verdaderos anarquistas no son cobardes.

Tampoco celebramos que los primeros en violar las leyes sean nuestros propios gobernantes; que los logros de nuestra revolución hayan sido arrancados de las páginas constitucionales; nique nuestro país sea diseñado por un grupo de bandidos inútiles a la patria, parásitos de la sociedad. No celebramos que nuestros derechos estén condicionados a una constitución que no es nuestra y que no merece respeto ni de los gobernantes ni de los gobernados. Ni celebramos que la Constitución sirva para entregar la soberanía nacional a los intereses extranjeros, traicionando a la patria. No celebramos que la constitución ha muerto.

Por ello, desde la región Huasteca-Totonacapan, llamamos a todo el pueblo de México a desconocer las instituciones del Estado y sus tres poderes de gobierno, porque no nos representan y son instrumentos de dominación, represión y saqueo. Porque la voluntad del pueblo no está plasmada en la Constitución. Y llamamos a los inversionistas extranjeros a que dejen de llevarse la riqueza nacional, porque ningún convenio ha sido avalado por el pueblo mexicano; se les confiscarán los medios de producción y no serán indemnizados, porque mucho es lo que nos han saqueado. La población, que es la parte sustancial del Estado mexicano, no está de acuerdo con su presencia y no permitiremos que continúen saqueando al país. Porque nuestro México no es un “Estado fallido” que no tenga dueño. Lo fallido es el gobierno y fallidos serán sus convenios por no estar avalados por el pueblo. Lo fallido es este sistema social de destrucción y muerte. Lo fallido es este modelo de desarrollo basado en la explotación del trabajador y en el ecocidio. Lo fallido es este sistema político basado en los partidos electoreros. Lo fallido es la Constitución que no nos representa.

Lo que sí celebramos es que nuestro pueblo estaba dormido pero ya despertó.

Celebramos que de inmediato se han accionado todos sus potenciales humanos para reconstruir este país. Celebramos la creatividad, la inteligencia y la valentía del pueblo para derrocar este régimen putrefacto. Celebramos que somos un pueblo guerrero, pero también fraterno, con rabia pero también con ternura. Celebramos que la solidaridad humana nos ha hecho sentir cada muerte y cada violación de los derechos propios y ajenos. Celebramos que la clase política que se encuentra en el poder pronto será desterrada por la organización ciudadana. Celebramos que el pueblo sabrá encontrar los mecanismos menos violentos para transformar nuestro México. Celebramos que las próximas elecciones estarán plagadas de ausencias, porque los mexicanos nos encontraremos construyendo otro país. Invitamos a todos los ciudadanos de la región y del país que quieran sumarse, al Congreso Constituyente de la Huasteca-Totonacapan el próximo 7 de junio, día de las elecciones, donde anunciaremos una nueva constitución, en su primera parte, hecha por el pueblo, más consensuada y humana, más justa y fraterna.

Red Unidos por los Derechos Humanos

 

 

 

 

 

 

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