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Con una enorme deuda ilegítima que no ha contraído la ciudadanía y una corrupción que campa a sus anchas en España y otros países de Europa, millones de personas no tienen empleo, hay 1 millón 800 mil hogares en los que todos están sin trabajo y miles y miles de familias han perdido su casa. Demasiada juventud emigra para sólo tener empleos precarios y no cesan de recortar presupuestos de salud, educación y ayudas sociales. La minoría rica se lleva el dinero a los paraísos fiscales y el gobierno regala decenas de miles de millones a una banca que no da créditos.

Es una violación sistemática de derechos que empobrece más y más a la ciudadanía. Crecen la incertidumbre, angustia y sufrimiento, la ciudadanía se moviliza, protesta y el gobierno la criminaliza. La minoría rica utiliza la crisis que ha provocado para apoderarse de las rentas de la clase trabajadora y suprime libertades. A este sistema corrompido le sobran los derechos y por eso los ignora y viola.

Austeridad fiscal para asegurar que los grandes acreedores cobren. Recortes de gasto público y social para pagar los intereses de la deuda. Una deuda pública que crece y crece. Menos derechos laborales, rebaja de salarios, libertad total para la minoría rica, más privatizaciones, desigualdad, pobreza, represión. Millones que sufren. Ése es el panorama.

Según el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, crimen contra la humanidad es “cualquier actuación que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”.

Se entiende que tales crímenes son deportaciones y asesinatos sistemáticos masivos, por ejemplo. Sí, ¿pero acaso las gravísimas consecuencias de la austeridad, en teoría para afrontar la crisis, no son fruto de una actuación generalizada que desprecia a millones de civiles? Es justo empezar a hablar de crímenes económicos contra la humanidad.

Da igual que haya o no intención expresa. ¿Quién demuestra la intención? Pero los hechos sí son incontestables. Desde hace años hay muchas más personas que sufren, se empobrecen, pasan hambre, enferman, mueren… Cientos de millones. La situación económica se pudre y cierto reparto de riqueza es un vago recuerdo.

En la década de 1990, las políticas de “ajuste estructural” que imponían el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial acarrearon gravísimos costos sociales a la población de África, América Latina, Asia y Europa del Este. ¿Qué son “gravísimos costos sociales” si no pobreza, desigualdad insultante, hambre, más enfermedad, más dolor y sufrimiento masivo? ¿Sufrimiento, pobreza, desigualdad y hambre no son tales si los generan la política del FMI, la banca, grandes empresas y gobiernos al servicio de la minoría? Claro que sí.

Hoy también sufren los “costos sociales” de la austeridad en beneficio de esa minoría las clases trabajadoras de países desarrollados. “Costos sociales” son menos derechos, pérdida de trabajo y vivienda, mientras millones y millones de familias ven amenazada su dignidad y supervivencia como inaceptable consecuencia del saqueo y trasvase de rentas de abajo hacia arriba que es la crisis.

¿No hay responsables? Los “mercados”, dicen. Los “mercados” que imponen políticas y actuaciones económicas concretas para asegurar sus beneficios. Caiga quien caiga. Pero los “mercados”, como denunció Julio Anguita, tienen nombres y apellidos. No son entes incorpóreos ni ectoplasmas. Son entidades, empresas, instituciones, corporaciones, bancos, fondos buitre, grupos de presión… Que no funcionan y actúan por generación espontánea sino por individuos que deciden, eligen, actúan…

Es hora de llamar a las cosas por su nombre. Esas actuaciones y políticas concretas que causan tantos males a la población civil han de ser consideradas crímenes económicos contra la humanidad, y como tales deben ser juzgadas. Y procesar a sus autores intelectuales, ejecutores y cómplices necesarios. Porque esa austeridad impuesta no es sólo medio de acumular capital de la minoría, sino el andamiaje de intereses que permite perpetrar crímenes contra la humanidad.

Shoshana Zuboff, antigua profesora de Harvard Business School, sostiene que el hecho de que los responsables de la crisis nieguen el daño provocado por sus acciones hace evidente la irresponsabilidad con que acumulan sumas millonarias. Zuboff argumenta que no es admisible culpar sólo al sistema, como no lo habría sido culpar de los crímenes nazis a las ideas nazis y no a quienes los cometieron.

Xavier Caño Tamayo*/Centro de Colaboraciones Solidarias

*Periodista y escritor

 

 

 

 Contralínea 416 / del 14 al 20 de Diciembre 2014

 

 

 

 

 

 

 

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