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Ayotzinapa, Tixtla, Guerrero. México no tiene pretexto. En sus manos están las hojas de ruta que le marcan el camino exacto.

En diciembre de 2013, a través del segundo Examen Periódico Universal (EPU), el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, le dirigió 12 recomendaciones en materia de desaparición forzada.

Dos años antes, en diciembre de 2011, le formuló, asimismo, 34 recomendaciones luego de que el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias, dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), visitara el país.

De haberse operado el contenido de estas hojas de ruta, quizá la realidad fuera otra. Desapariciones forzadas como las perpetradas contra 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, podrían haberse evitado. En este momento, los muchachos estarían en las aulas de su escuela formándose como normalistas rurales.

El 3 de diciembre de 2014, a 68 días de la desaparición de estos jóvenes a manos de policías estatales, Javier Hernández Valencia, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, acudió a la Normal de Ayotzinapa. Una visita de seguimiento, solidaridad y condena enérgica frente a los “trágicos hechos” del 26 y 27 de septiembre pasados en Iguala.

Luego de la reunión que sostuvo con los familiares de los estudiantes detenidos-desaparecidos, ofreció una conferencia de prensa. Ahí sostuvo que la “implementación” de sentencias como la dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Rosendo Radilla Pacheco –líder comunitario desaparecido por efectivos del Ejército Mexicano en agosto de 1974– o de las numerosas recomendaciones de la ONU “hubiera(n) contribuido a que se evitaran hechos de esta naturaleza o a que se tuviera una mejor respuesta”.

Parece, subrayó, “que estamos condenados a caer siempre en el mismo ciclo de repetir y no corregir, y seguir causando dolor”.

A decir de Hernández Valencia, la aspiración de la instancia que representa recae en encontrar a los 43 normalistas. Aspiran, además, a que el caso Ayotzinapa sea una plataforma para operar la agenda de derechos humanos pendiente que muchas otras familias de personas desaparecidas en México claman.

Principales fallas en materia de búsqueda

Javier Hernández Valencia, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, habla de las principales fallas del Estado mexicano en materia de búsqueda de personas desaparecidas.

Una de ellas aterriza en la carencia de un registro nacional de personas desaparecidas, recomendación realizada por Francia durante el EPU de 2013.

El registro en alusión es necesario puesto que las cifras oficiales en la materia son imperfectas, ya que no distinguen entre desaparición forzada (que sea obra de agentes del Estado o por personas o grupos que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del mismo) y otros tipos de desaparición. Distinción que, a decir de Hernández Valencia, resulta fundamental para determinar no sólo la responsabilidad estatal sino el tipo de acciones y esfuerzos a emprender en materia de búsqueda.

Otra de las fallas consiste en la falta de protocolos de búsqueda de personas desaparecidas –durante el EPU de 2013 la República Islámica de Irán exhortó a México a elaborar un protocolo nacional para la búsqueda de personas cuya desaparición se haya denunciado–, al grado de que “sabemos más rápido y cómo buscar autos robados”.

Finalmente, dice, influye también la falta de conciencia de que el registro genético es sólo una herramienta de búsqueda, pero no la sustituye.

En febrero México será examinado por la ONU

El 9 de febrero de 2015, las autoridades mexicanas deberán asistir a la sede la ONU, en Ginebra, Suiza, para que el país sea examinado en materia de desaparición forzada de personas.

Para Hernández Valencia el encuentro representa una oportunidad para destrabar algunos de los principales pendientes en el tema, entre ellos, que el Estado mexicano acepte la competencia del Comité, órgano encargado del cumplimiento de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y de “recibir y examinar” las comunicaciones de personas que “alegaren” ser víctimas de violaciones a las disposiciones de dicho instrumento.

De concretarse dicha potestad por parte del gobierno mexicano –tal como se lo recomendaron Francia, España y Uruguay durante el EPU de 2013–, el Comité tendría “la posibilidad de escuchar las voces de las familias y de las víctimas [incluidas las del caso Ayotzinapa], de interactuar con ellas, de recibir el caso por vía directa. No sólo por vía de una situación general sobre unas políticas públicas y sobre un cumplimiento genérico del tratado, sino sobre un cumplimiento específico en el caso”, acota el representante de la ONU.

La reunión en Ginebra podría, asimismo, empujar la expedición de la ley general sobre desaparición forzada, demanda añeja de la sociedad civil. A propósito, cabe mencionar que el pasado 11 de febrero se presentó en el Senado de la República la iniciativa de Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas; no obstante, ésta permanece varada en el Congreso de la Unión, lo mismo que la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada de Personas, presentada ante la Cámara de Diputados.

Flor Goche, @flor_contra

 

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