Autor:

Xavier Caño Tamayo*

María Servini, jueza instructora de la querella en Argentina por crímenes del franquismo, ha ordenado, por aplicación de la justicia universal, la detención de 20 presuntos criminales franquistas de lesa humanidad. Ocho eran ministros durante la dictadura, responsables de las últimas sentencias de muerte del franquismo o del asesinato de cinco trabajadores y más de 100 heridos en la ciudad vasca de Vitoria. Dos peticiones anteriores de extradición de sendos torturadores fueron rechazadas por la Audiencia Nacional. ¿Qué pasará con esta nueva petición de extradición? No parece que sea atendida, pues, como denuncia Tomás F Ruiz, incluso “aunque el Partido Socialista Obrero Español gobernara en un futuro próximo, no entregaría a la justicia argentina a esos 20 acusados de crímenes. Gozan de una impunidad previamente pactada”.

Todos los gobiernos de España desde 1977 han respetado el obsceno pacto de silencio de los crímenes del franquismo. Por eso aún hay 150 mil desaparecidos por la Guerra Civil y la represión franquista posterior. “En España se oculta uno de los peores genocidios del siglo XX”, ha denunciado el abogado Carlos Slepoy, promotor de la querella por los crímenes del franquismo. “Se habla de la Guerra Civil como enfrentamiento entre hermanos, pero fue un plan premeditado para eliminar a los sectores de sociedad española opuestos a la dictadura franquista”.

En 1946, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas declaró que “el gobierno fascista de Franco fue impuesto al pueblo español por la fuerza con la ayuda de las potencias fascista y nazi y no representa al pueblo español”. Y el 17 de marzo de 2006 la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa condenó otra vez al régimen franquista por sistemáticas violaciones de derechos en España de 1939 a 1975, porque “hay suficientes pruebas de graves y numerosas violaciones de derechos humanos, perpetradas por el régimen franquista”.

Pero el franquismo no desaparece. En una España con una de las tasas de delincuencia más bajas de Europa, según un informe del propio Ministerio del Interior, que hace de este país “uno de los más seguros de Europa”; en un país donde en 1 par de años ha habido miles de manifestaciones sin incidentes graves (salvo unos pocos causados por provocadores), el Partido Popular decide reformar el Código Penal y saca de la chistera una innecesaria y represora ley de seguridad ciudadana a la que la sabiduría ciudadana ha bautizado como Ley Mordaza (Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana).

La nueva normativa supone que manifestarse en transportes y alterar su funcionamiento se castigue con multas de 30 mil 1 a 600 mil euros; que organizar manifestaciones donde haya incidentes, y los incidentes son fáciles de provocar, puede costar 1 año de prisión; que impedir un desahucio cueste 30 mil euros de multa; que manifestarse en una oficina bancaria cueste 6 años de prisión; que la policía pueda disolver movilizaciones sólo por sospechas, sin más; que vigilantes de empresas de seguridad privada puedan controlar el orden público; y que la resistencia pasiva no violenta se castigue con multas de 30 mil euros. Gandhi lo tendría crudo en esta España neofranquista. ¡Lo hubieran arruinado a multas!

Carlos Martínez ha denunciado que “ya no hay presunción de inocencia, porque la simple acusación de un policía convertirá en culpables a los ciudadanos. Y los provocadores infiltrados lograrán que quienes convoquen una manifestación pacífica o participen en ella puedan ser condenados. Los grupos informativos en huelgas, directamente a la cárcel. Los pacíficos escraches (manifestaciones) podrán ser delito con suma facilidad. Pintar un grafiti será delito de daños…”

A los viejos del lugar todo esto nos recuerda mucho la dictadura franquista. Las nuevas leyes son una pérdida clara de derechos, porque limitan todas las libertades para liquidar la protesta social y ciudadana. Como en la dictadura. La Ley Mordaza, la reforma del Código Penal y la ley de seguridad privada apestan a franquismo. Tal vez porque los actuales gobernantes y mandatarios del Reino de España tienen nostalgia de lo que hacían sin cortapisas en la dictadura sus abuelos, padres, tíos y suegros.

Y si alguien aún duda que este país sigue siendo bastante franquista, sepa que el Regimiento de Caballería Ligero Acorazado Lusitania Número 8 se ha entrenado con material antidisturbios para “contención y control de masas civiles”. Como en las dictaduras latinoamericanas.

Xavier Caño Tamayo*/Centro de Colaboraciones Solidarias

*Periodista y escritor

 

 

 

Contralínea 412 / del 16 al 22 Noviembre de 2014

 

 

 

 

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