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Quienes otorgan premios, año con año siguen sepultando a los mismos con cientos de reconocimientos, como la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri entregada a la señora Elena Poniatowska o a Enrique Krauze, entre los más recientes. Mientras ni siquiera voltean a mirar a otros, quienes tal vez no quieran tales distinciones, porque son flor de un día, pero están altamente comprometidos con el trabajo periodístico, como los reporteros que van en busca de la información y son amenazados y hasta privados de la vida; y cuando mucho tienen una mención en sus propios medios de comunicación. Es cierto que ellos hacen su labor para la prensa escrita, audiovisual, internet y para las escasas radios-comunitarias que sobreviven, porque el gobierno federal se encarga de negarles los permisos y los indígenas arriesgan más su vida operando en frecuencias clandestinas. No buscan los miles de premios que año con año en un festín entrega una asociación –y con cuyas medallas cuentan que Joaquín López-Dóriga tiene un museo en su casa–. Es tal el centralismo para dar reconocimientos que hasta hacen heroína a la ministra Olga Sánchez Cordero… ¡Por cumplir con su obligación judicial! Ya veremos a quién le imponen la medalla Belisario Domínguez, que es la otra cara de la Medalla Eduardo Neri.

En cambio han de ser organismos internacionales (no la madre patria de Krauze) los que se fijen, por ejemplo, en la trayectoria de más de 15 años de una auténtica defensora de los derechos humanos: Alejandra Ancheita. Ella es la fundadora del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para brindar asesoría legal y estar pendiente de los abusos contra los trabajadores, migrantes e indígenas a los que empresas nativas y extranjeras tratan como esclavos en fábricas, minas y el campo. Abogada de convicciones y principios democráticos, esa mexicana ha dedicado su vida a la ayuda humanitaria de los trabajadores de Durango, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Puebla y la capital del país. Y exitosamente ha librado luchas jurídicas contra empresas canadienses, cuyos dueños y capataces son los más viles explotadores de mineros.

Otra mexicana a la que los delincuentes de Tamaulipas acaban de asesinar con la brutalidad de sus sicarios es María del Rosario Fuentes Rubio. Alternando con su trabajo, se dedicaba al periodismo en Twitter como integrante del grupo Valor por Tamaulipas, para informar lo que lograban reportear sobre las delincuencias. Si la nota sobre la defensora de los derechos se la debemos a Martha Martínez, la información que nos ha llegado en torno la tuitera viene firmada por las redacciones de La Jornada y El Universal; y sólo una nota del reportero Miguel Domínguez en el periódico Reforma (17 de octubre de 2104). La han asesinado los matones de Tamaulipas y, luego sin escrúpulos, mostraron en esa cuenta fotografías de su cuerpo ejecutado para mandar el mensaje a los tamaulipecos de que cumplirán sus amenazas de matar a quienes osen combatirlos mediante las redes sociales. Antes de este homicidio ya habían privado de la vida a la periodista del diario Primera Hora María Elizabeth Macías. Así como a dos jóvenes que fueron colgados de un puente en Nuevo Laredo, dedicados a denunciar en sus foros y blogs de internet las actividades del narcotráfico. Y es que a pesar de que los funcionarios federales se jactan de la “sensible baja” de los delitos, lo cierto es que éstos aumentan por todo el país.

Estamos en manos de los criminales de las bandas, mafias, cárteles y pandillas, quienes están asociados con las policías y funcionarios de todo nivel para extorsionar a la sociedad que se encuentra desamparada. Sin la mínima seguridad, todos los días tenemos información de homicidios, secuestros, desapariciones… Y los gobernantes, cuando en verdad están actuando, no han podido contrarrestarlos; y cuando son parte del “negocio” han sido rebasados por esos matones. María del Rosario Fuentes Rubio y Elizabeth Macías fueron sacrificadas en el clima de la sangrienta inseguridad. Solamente tenemos la paz de los sepulcros. Y los mexicanos estamos cada vez más convencidos de que tenemos que defendernos a nosotros mismos o seguiremos siendo víctimas de “autoridades” corruptas que llevan su parte en el botín, por entregar a estudiantes, periodistas, trabajadores, mujeres y migrantes a la delincuencia para que se encargue de ellos.

Los desgobernadores ya no se dedican a cumplir con sus obligaciones. Son parte del gravísimo problema en el que nos encontramos atrapados. Hasta los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, por temor, y la mayoría de las veces por corrupción, liberan delincuentes. Igual que dejaron escapar al temible Rafael Caro Quintero ¡con un amparo de un juez de Distrito!; y con Vicente Fox dejaron escapar a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, con la complicidad de los guardias federales por “órdenes superiores” (¿de Los Pinos?). Para asegurar y defender la tranquilidad y el orden interior ha llegado la hora de alistar en la guardia nacional a todos los mexicanos, como establece el Artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción III. Ya no basta con la raquítica seguridad que dice proveer el Estado. No podemos ni debemos dejar que las delincuencias dirijan a la nación.

Álvaro Cepeda Neri*

*Periodista

 

 

 

Contralínea 412 / del 16 al 22 Noviembre de 2014

 

 

 

 

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