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La exhacienda de Ayotzinapa agoniza. Desde 1933 –año en que fue plantada la primera piedra de construcción de la normal rural en este terreno de más de 2 hectáreas– las instalaciones educativas no han sido objeto de una remodelación profunda: puertas abolladas, vidrios rotos, pisos quebrados, techos carcomidos por la humedad, paredes impregnadas de moho. Para 2014, el presupuesto destinado a esta institución educativa fue de 49 millones 255 mil 817 pesos, el más bajo en los últimos 4 años. El rubro más afectado es el de servicios asistenciales, que contempla alimentos, gastos de operación, material de limpieza y apoyos

Ayotzinapa, Tixtla, Guerrero. Tres tambores de cama oxidados, un poste de red de voleibol y una lona de comida rápida conforman las paredes del cuarto de baño. La puerta es una cortina de tela estampada; las jaboneras, dos retazos de loseta. Cuando la mano se cuelga del trozo de piola atado a la regadera –un tubo sin cabezal anclado al techo–, el agua se desparrama sobre el piso de concreto.

Imágenes como ésta son comunes en Ayotzinapa, una normal rural para hijos de pobres, primordialmente de campesinos, ubicada en el municipio de Tixtla, Guerrero.

Ante la escasez de dormitorios, los alumnos de esta escuela-internado optaron por cambiar el propósito del cuarto de ducha de la alberca: erigieron ahí dos habitaciones. En una de ellas se encuentra el improvisado cuarto de baño que sólo suministra agua fría. En tiempos de lluvia, pequeñas esferas líquidas traspasan el techo sin impermeabilizante.

Cuatro estudiantes viven en este espacio de unos 80 metros cuadrados que incluye mingitorios, lavabos y retretes en mal estado. Son hijos de campesinos. Todos ellos cursan el último año de la licenciatura que los forma como maestros. Duermen en literas que han sido utilizadas ya por cinco generaciones y en colchones otorgados por el gobierno desde hace 1 década.

En el contexto de las condiciones en que se vive en Ayotzinapa, quienes habitan este lugar cercano a la alberca pueden considerarse “privilegiados”. Los estudiantes de primer ingreso ni siquiera tienen literas ni colchones. Viven hacinados en espacios de 3 por 3 metros a los que llaman “cavernas”. Las paredes son húmedas y la ventilación escasa.

La Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa (lo mismo que las otras 16 normales rurales que aún existen en México, instituciones diseñadas explícitamente para los hijos de campesinos) es herencia de la Revolución Mexicana que se propuso abrir el sistema educativo a los sectores sociales históricamente excluidos.

Aunque inició operaciones en 1926, fue hasta 1933 que la primera piedra de su construcción fue plantada sobre la exhacienda de Ayotzinapa, un terreno de más de 2 hectáreas. Desde entonces, sus instalaciones no han sido objeto de una remodelación profunda. Capas de pintura fungen como parches de desperfectos.

Puertas abolladas, vidrios rotos, pisos quebrados, techos carcomidos por la humedad, paredes impregnadas de moho ya son parte del ambiente de esta escuela-internado exclusiva para varones.

Indudablemente el área de dormitorios es la más deteriorada, asevera Guillermo, integrante del Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón de la normal de Ayotzinapa. Incluso, detalla, algunos han tenido que ser resanados por los propios alumnos con pedazos de cartón, madera o con lo que encuentren.

Hay otras mellas que no son tan evidentes al ojo. De acuerdo con José Luis Hernández Rivera, director de esta normal, la red de agua de la escuela colapsa constantemente por lo que ha sido objeto de diversas remiendas. El edificio de dos plantas que concentra la mayoría de las aulas, habría igualmente llegado al fin de su vida útil. Basta con que un estudiante golpee la pata de su butaca para que el inmueble se cimbre, refiere el funcionario.

Como lo ha documentado Tanalís Padilla, experta en temas de disidencia campesina en México y en escuelas normales rurales, fue a partir de la gestión de Manuel Ávila Camacho, presidente de México, que las normales rurales empezaron a ser pesadumbre para los gobernantes. Desde entonces, diversos mecanismos de exterminio han caído sobre sus muros y moradores: van desde el abandono, el cierre y el olvido de las instalaciones educativas y sus sistemas de internado, hasta la satanización y el embate frontal contra sus estudiantes.

Durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz fueron cerradas 15 de las 29 normales rurales que entonces existían en el país; 45 años después, tres jóvenes normalistas fueron asesinados, dos heridos de gravedad y 43 detenidos-desaparecidos por agentes del Estado. En los hechos, está comprobada la participación de policías municipales y un presidente municipal.

En entrevista con Contralínea, Ana Isabel Jorge Alarcón, jefa del Departamento de Normales de Guerrero, asegura que la pretensión nunca ha sido cerrar la normal. Lo que se tiene que hacer, simplemente, es “voltear [sic] los ojos para atenderla mejor”.

En este sentido, argumenta, Ayotzinapa es la normal con mayor matrícula en Guerrero (140 lugares, de los cuales 100 son para educación primaria y 40 para educación primaria intercultural bilingüe), la primera en emitir su convocatoria de nuevo ingreso y la única que ha logrado conservar su licenciatura en educación primaria.

La representante de la Secretaría de Educación de Guerrero explica que, aunque la situación económica de la entidad no ha permitido transformar la infraestructura de la normal rural de Ayotzinapa, “se han venido mejorando algunas cuestiones”. Tal es el caso de la reciente construcción de un inmueble en el que hay un taller de idiomas y uno de matemáticas, y de uno que funge como dormitorio y que fue edificado por recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Además, dice, de que “se tenía la idea” de entregar a los estudiantes 225 literas y 525 colchones ortopédicos a finales de septiembre pasado, así como “una cantidad de material didáctico”.

 “A veces lo poquito que se hace no se nota porque es más la carencia que las necesidades que estamos cubriendo”, señala la funcionaria.

Isabel Jorge comenta que para transformar la escuela, tanto autoridades como estudiantes deben hacer su trabajo, pues “una cosa es que no se tengan todas las condiciones y otra es la limpieza, la situación salubre que hay que tener, y creo que ahí tenemos que trabajar con estos chicos”.

Para la jefa del Departamento de Normales de Guerrero resulta imperativo contar con un plan emergente que priorice el mantenimiento pero sobre todo la construcción de nuevas habitaciones y baños, así como las necesidades sanitarias de la escuela por encima de las “peticiones individualizadas” que anualmente plantean los estudiantes, tales como la dotación de uniformes o computadoras personales, mismas que, dice, “no nos permiten atender lo general, lo que es para todos, para el beneficio común”.

 “Se les dan las cosas, pero a lo mejor lo que les estamos dando no sea lo mejor, sino que tenemos que llegar más allá: ver más el beneficio común, el institucional como escuela”, acota

—¿El gobierno del estado cuenta ya con algún plan emergente que contemple la remodelación profunda de las instalaciones educativas? –se le pregunta.

—No. Por el momento no tenemos un plan. El señor Ángel Aguirre [exgobernador de Guerrero] había presentado incluso una maqueta con planos de una transformación a la escuela, pero a lo mejor va muy lenta, no es con la rapidez que se requiere. Pero también es la cuestión de los recursos económicos lo que impide que esto se lleve a cabo. 

49 millones, el presupuesto

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Educación de Guerrero, para 2014 el presupuesto anual destinado a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, que alberga a 522 jóvenes, asciende a 49 millones 255 mil 817 pesos. El 70 por ciento de estos dineros van para servicios personales; el resto, para gastos de operación, desde becas estudiantiles hasta infraestructura y material de limpieza.

El de 2014 es el presupuesto más bajo que la normal ha recibido en los últimos 4 años. En 2011 se invertían 103 mil 938 pesos por alumno; en 2012, 121 mil 674; en 2013, 127 mil 637. En tanto, en 2014, el subsidio fue de tan sólo 94 mil 360 pesos.

El rubro más afectado es el pago de servicios asistenciales, que en 2011 fue de 9 millones 20 mil 981 pesos y en 2014 de 6 millones 506 mil 692. Éste incluye alimentos, gastos de operación, material de limpieza, pre y premios.

En servicios asistenciales están englobados también los 17 mil pesos que cada mes recibe la dirección de la normal para satisfacer, entre otras necesidades, los gastos por servicios de internet, teléfono, papelería, tóner, taxis, comisiones, comida y pasajes para los maestros que asisten a cursos. Dineros que, a decir de José Luis Hernández Rivera, “no alcanzan”.

Al respecto, Bardomiano Martínez Astudillo, subdirector académico de Ayotzinapa, señala que aunque la red de internet se financió en un principio con recurso federal, a partir de agosto pasado son ellos quienes tienen que asumir ese gasto.

En el tema de becas y apoyos estudiantiles, los alumnos de primero a sexto semestres de la licenciatura tienen acceso al “pre”, nombre que se da a los 33 pesos que reciben mensualmente. En tanto, los de séptimo y octavo semestre son acreedores de dos becas, una federal y una estatal, que buscan solventar los gastos propios de las prácticas que realizan fuera de la escuela. Cabe destacar que en abril y diciembre, por periodo vacacional, los 1 mil 725 pesos de ambas becas se reducen a la mitad.

Dado el sistema de internado que caracteriza a la institución, los alumnos son, asimismo, financiados en cuestión alimentaria, monto que asciende a 50 pesos por persona y que contempla las tres comidas diarias.

Al respecto, Guillermo, integrante del Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón, precisa que estos apoyos son siempre insuficientes. Por ejemplo, dice, la comida no alcanza para todos, además de que las raciones son muy pequeñas. A propósito de los 1 mil 725 mensuales pesos que reciben para sus prácticas docentes, el estudiante comenta que ese dinero dura “si acaso, dos semanas”, puesto que los gastos son diversos: transportación, hospedaje, comida, materiales y, en algunas ocasiones, hasta uniformes.

Falta de materiales didácticos, libros de texto (entre ellos, de literatura mexicana e investigación), proyectores, butacas, mesas, herramientas para trabajar la tierra son, a decir de Guillermo, algunas de las principales carencias de la normal de Ayotzinapa, rematadas por la constante saturación del servidor de internet con que cuenta la escuela, no obstante que las tecnologías de la información y la comunicación ya forman parte del plan curricular.

 “Nosotros estamos en el abandono total. Es algo muy triste lo que está pasando en la escuela, a pesar de que de aquí han salido grandes maestros”, lamenta el joven.

Como una forma de paliar esta realidad y de brindar apoyo a los alumnos que no tienen siquiera para los útiles que emplean durante su formación, la comunidad Ayotzinapa sale a las calles a realizar actividades de boteo u organiza actos socioculturales que también le sirven como mecanismos de colecta. Asimismo, el Comité Estudiantil administra los dineros provenientes de las actividades productivas que los alumnos de primer grado realizan en las parcelas de la escuela: siembra de frijol, maíz, flores de terciopelo y de cempazúchitl.

Ana Isabel Jorge Alarcón, jefa del Departamento de Normales de Guerrero, sostiene que con el objetivo de que las finanzas no se conviertan en motivo de confrontación, las autoridades educativas, en la medida en que la suficiencia presupuestal lo permite, han dado recursos para la provisión de uniformes, cobertores, butacas, pintura y material didáctico, incluso para los festejos del aniversario de la normal. “A veces no se les puede dar en los tiempos en que ellos nos lo solicitan, pero se les está dando”.

El presupuesto destinado a esta institución educativa y los detalles de su ejercicio han permanecido en la opacidad. Incluso, el director de la normal de Ayotzinapa refiere desconocer el monto total que se le otorga. En el pliego de demandas que anualmente entregan a las autoridades educativas, los estudiantes han pedido saber a cuánto asciende este recurso.

Derecho a la educación, sujeto a cabildeo

El derecho a la educación consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en tratados internacionales de derechos humanos está en riesgo. Año con año, los estudiantes de las 17 normales rurales que existen en el país emprenden procesos de cabildeo con las autoridades educativas. La subsistencia de estas instituciones es el objeto de la negociación.

Durante los últimos meses del año, los estudiantes entregan a los gobernantes sus pliegos de demandas. Piden que la matrícula sea garantizada y que no se reduzca y, en consecuencia, la publicación de la convocatoria de nuevo ingreso. Piden que se incrementen los montos de las becas y el recurso destinado para su alimentación. Piden mantenimiento de máquinas de tortillas y de lavandería y del sistema de alumbrado. Piden mobiliario, cobertores, uniformes, medicamentos. Piden la construcción de dormitorios y aulas. Piden el respeto a su organización estudiantil.

Las demandas de los normalistas rurales tan sólo son las esenciales para ejercer con dignidad el derecho a la educación. No obstante, éstas son atendidas y cumplimentadas a regañadientes, dependiendo del nivel de movilización alcanzado. El éxito se supedita también al contexto por el que atraviese la institución educativa en cuestión.

En 12 de diciembre de 2011, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, alumnos de normal de Ayotzinapa, fueron asesinados por funcionarios públicos mientras exigían audiencia con el gobernador de Guerrero para iniciar la gestión de sus peticiones estudiantiles. Fue entonces que la CNDH dirigió su mirada hacia el sur y emitió la Recomendación 1VG/2012 en la que, entre otras, conmina al poder ejecutivo y legislativo local a instrumentar un programa emergente que atienda las necesidades de las escuelas normales rurales del estado, especialmente, la de Ayotzinapa.

Gracias a esta recomendación, cimentada en el asesinato de dos jóvenes normalistas, las instalaciones educativas cuentan hoy con un nuevo edificio de tres niveles que sirve como dormitorio.

De su recorrido por aulas, dormitorios, sanitarios, comedores y diversos espacios comunes de la normal, los visitadores de la CNDH destacaron como asunto de “especial preocupación”, el hecho de que “las áreas asignadas para dormitorios y servicios sanitarios reflejan el abandono institucional del que han sido objeto las instalaciones de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, y su personal, y como a pesar de existir ciertas acciones las políticas públicas implementadas para atender la problemática prevaleciente en la multicitada institución educativa, han sido insuficientes y en algunos casos omisas para garantizar cualquier tipo de derecho humano referido a la educación, protección a la salud, desarrollo y vivienda digna”.

Se refirieron, asimismo, a la forma en que las autoridades educativas han atendido las demandas estudiantiles: “Es inadecuada, ya que las acciones emprendidas representan solamente un paliativo, pero de ninguna forma han contribuido a resolver en definitiva la problemática que padece la institución desde hace décadas”.

A decir de Ana Isabel Jorge Alarcón, jefa del Departamento de Normales de Guerrero, dicha recomendación se ha atendido de manera muy puntal. Prueba de ello es la edificación del inmueble de dormitorios. Dado que esta tarea fue encomendada a Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado, la funcionaria dice no tener información respecto de cuándo se concluirán las otras tres obras comprometidas y que están a medio construir: un segundo edificio de dormitorios, un nuevo sistema de drenaje y la pavimentación de un tramo de la escuela.

En 2012, durante su gestión como Secretario General del Comité Estudiantil de Ayotzinapa, Manuel, ahora egresado, se enfrentó a las dificultades que implica la gestión de las necesidades básicas ante el Estado. “La situación aquí es bien complicada. Todo lo que se ha logrado en la escuela, el cambio de literas en 1990, el cambio de colchones en el 2005… ha sido gracias a las movilizaciones, porque no ha habido voluntad por parte de los gobiernos. Sabemos que siempre es la misma situación: nos traen de un día para otro; un día nos dicen que sí resuelven y al otro que no, que no está en sus posibilidades, que no hay recursos de la federación”.

—Consideras que esta situación atenta contra el derecho a la educación? –se le pregunta.

—Sí. Nosotros siempre los hemos hecho ver ante las autoridades, ante los de derechos humanos, que es una violación a los derechos que tenemos todos porque nos niegan la posibilidad de tener las mejores condiciones para salir mejor preparados. Completamente son violaciones que nos hacen y que nos afectan como estudiantes y futuros profesores.

Flor Goche, texto y fotografías, @flor_contra/Enviada

 

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Contralinea 410 / del 02 al 08 Noviembre del 2014