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/Sexta parte y última

La noticia del gobierno federal de cancelar en definitiva la construcción de la refinería de Tula, Hidalgo, es la muestra irrefutable de que la reforma energética nunca contempló, ni contemplará, lograr la autosuficiencia de hidrocarburos en el país para el consumo interno.

La dependencia para el abasto de gasolinas, como también ocurrirá con el gas doméstico y la energía eléctrica, quedará en manos de las trasnacionales y los particulares, quienes podrán así imponer las leyes del mercado en función de sus ganancias, borrando todo sentido social en favor de millones de consumidores; sobre todo, de las familias de escasos recursos.

De esta manera, la noticia anunciada con fanfarrias en el gobierno de Felipe Calderón se va al cesto de la basura, echando también al caño nada menos que 6 mil 200 millones de pesos que, de acuerdo con legisladores de oposición, fueron empleados en los últimos 5 años en rubros tales como la construcción de la barda perimetral que establecería los límites del espacio de 700 hectáreas destinadas para la obra y que fueron adquiridas por el gobierno de Hidalgo a través de contraer deuda pública por 1 mil 500 millones de pesos.

En la lista de millonarios egresos federales del ahora frustrado proyecto, se suman los costos por el acondicionamiento del terreno y “estudios de preinversión”, segmento este último que, al decir de diputados y senadores, absorbió recursos por más de 5 mil millones de pesos.

Como establecimos a lo largo de la presente serie, las leyes secundarias confirman con el anuncio oficial del pasado 3 de octubre que la privatización del sector energético está en marcha y será total; Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) están condenadas a desaparecer y ser en un futuro no muy lejano únicamente empresas administradoras a favor de los poderosos consorcios extranjeros y nacionales.

Desde que a principios de la década de 1990 el gobierno de Carlos Salinas atomizó la estructura de la extracción, producción y refinación en Pemex a través del modelo de empresas subsidiarias, se puso en riesgo el abasto de las gasolinas al abandonarse la realización de nuevos proyectos. Por ejemplo, en la década de 1970 todavía existía el interés en garantizar el abasto interno de gasolinas y diesel, por lo que en 1976 fue inaugurada la Refinería de Tula, y el 18 de marzo de 1979, la Refinería de Salinas Cruz. De hecho, a principios de la década de 1980, Pemex todavía se daba el lujo de exportar gasolinas obteniendo atractivas ganancias y manteniendo un costo razonable para el mercado interno.

Cuando el 18 de marzo de 2008, en el marco de la celebración de la expropiación petrolera, se hizo pública la intención del gobierno calderonista de construir una nueva refinería con la promesa de que se disminuiría la dependencia energética del exterior, se habló además de la expectativa de que en sus instalaciones se lograrían procesar 250 mil barriles diarios de petróleo y producir 163 mil barriles de gasolina al día y 117 mil de diésel. Aún así, la demanda interna que sobrepasa los 500 mil barriles diarios de gasolina y diésel no podría ser cubierta; es esta dependencia al exterior la que obliga al país a comprar los hidrocarburos a altos costos, impactando mes con mes en los bolsillos de los consumidores con los tradicionales gasolinazos.

La reforma energética contempla la apertura total para la importación de gasolinas que ahora podrán ser vendidas al público por las firmas extranjeras y privadas. Es lógico suponer que el costo no bajará, aún cuando se diga que la competencia del mercado impactará en los precios a favor de la población. Quienes nos venden actualmente los 500 mil barriles diarios de gasolinas son los mismos que nos las expenderán a pie de nuestros vehículos, y saben a la perfección que tendrán un mercado cautivo sin contrapesos de importancia:?uno de ellos, que sería la nueva Refinería de Tula, ya no representará preocupación alguna para sus planes de expansión y sus ganancias por venir en México.

El gobierno mexicano les está limpiando el camino para que puedan obtener los máximos beneficios, dejando como daño colateral, y a fondo perdido, los más de 6 mil millones de pesos que ya se gastaron en una costosa y demagógica parafernalia que sirvió de pantalla en el proceso de la aprobación de la reforma energética y sus leyes secundarias, para hacer creer a la nación que la intención no era privatizar nuestros recursos y hasta nuestro mercado interno.

En esos costosísimos daños colaterales, no podemos dejar de mencionar los que deberá asumir Hidalgo, cuyo gobierno se endeudó para adquirir las 700 hectáreas que le permitieron ser la entidad elegida como viable para la construcción de la nueva refinería. Así, uno de los estados más pobres del país apostó en su momento a que el proyecto en el que, se dijo, habrían de invertirse 10 mil millones de dólares, sería el detonante del desarrollo económico, no únicamente de la región de Tula sino de la entidad en su conjunto. Pero comenzaron a pasar los años y el gobierno de Calderón sólo dio largas al asunto y los únicos trabajos que se iniciaron de lo que suponía serían los primeros pasos para que México recuperara su autosuficiencia en el abasto de combustibles fueron los relacionados con la construcción de la barda perimetral, que junto con la Estela de Luz (Estafa de Luz) y el arbitrario cierre de Luz y Fuerza del Centro, en octubre de 2009, son algunos de los testimonios vivientes de la incapacidad y corrupción tanto de Calderón como de su camarilla panista, entre cuyos integrantes destacan los hoy senadores Ernesto Cordero y Javier Lozano Alarcón.

Son ellos los responsables directos de que al día de hoy la deuda de Hidalgo ascienda a 10 mil millones de pesos, por lo que sus autoridades deben pagar 70 millones de pesos mensuales, tan sólo de intereses. Recursos que bien podrían emplearse en proyectos productivos y sociales en un estado donde la migración de los habitantes de sus zonas rurales a Estados Unidos crece día a día. Bajo ningún argumento puede aceptarse tampoco que no se finquen responsabilidades a los culpables de haber distraído del erario más de 6 mil millones de pesos, a sabiendas de que la nueva refinería ya no estaba contemplada en el portafolio de negocios de Pemex. De esa dimensión, el costo de entregar al país a las trasnacionales, en el vergonzoso contexto de las leyes de la contrarreforma.

Martín Esparza Flores*/Sexta parte y última

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

 

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