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Cientos de miles de ciudadanos se han manifestado por las calles de cientos de ciudades de 22 países europeos. Se movilizaban contra la Asociación Trasatlántica para Comercio y la Inversión (TTIP, por su sigla en inglés), tratado que negocian en secreto la Unión Europea y Estados Unidos. La ciudadanía reclama que se olvide para siempre ese tratado.

Abundando en la exigencia de retirarlo definitivamente, recordemos a modo de inventario algunas consecuencias del TTIP, si fuera firmado: desaparición en la práctica del derecho de huelga, eliminación de negociación colectiva y, por supuesto, salarios cada vez más bajos y empleos más precarios. La feroz competencia sin control de las grandes empresas contra las medianas y pequeñas provocaría que cierren miles de éstas y se destruyan 1 millón de empleos, según cálculos diversos.

Los servicios públicos de sanidad, educación pública, suministro de agua potable, gestión de residuos, transporte, etcétera, se convertirían en negocios privados en manos de grandes empresas. Y la igualación de normas de Estados Unidos y Europa sería escogiendo las peores, además de impedir a los gobiernos cualquier política social.

En el ansia de privatizar todo lo público, las pensiones de la seguridad social se reducirían en beneficio de las pensiones privadas hasta que los asalariados crean que han de contratarlas para conseguir una pensión aceptable. Sin olvidar que esas pensiones privadas (rentas de inversiones de grandes fondos) dependen de las veleidades de la especulación financiera. Los pensionistas privados holandeses, por ejemplo, lo han comprobado para mal a partir de 2009 por la crisis.

En agricultura, las grandes corporaciones multinacionales controlarán las semillas y la producción de alimentos, eliminan explotaciones agrarias medias, pequeñas y la agricultura familiar en beneficio de las perjudiciales grandes explotaciones agrarias industriales que, además, dañan el equilibrio ecológico. Y, por supuesto, habrá vía libre para los productos transgénicos. También desaparecerán las normas de seguridad de alimentos y en nuestros supermercados se venderán pollos lavados con cloro o terneras engordadas con hormonas.

Y el cambio climático será una amenaza mayor aún porque, fruto de la desregulación campante, no habrá el menor control real de las emisiones de dióxido de carbono. Por descontado, la fractura hidráulica (fracking), muy perjudicial método de extracción de petróleo a miles de metros de profundidad, se extenderá por Europa y habrá más riesgo de terremotos, además de la segura contaminación de aguas subterráneas, vitales en las zonas secas.

Además se suprimirán los escasos controles que pudiera haber para frenar algo la especulación financiera desatada, olvidando de forma criminal, pero también estúpida, que la crisis que sufrimos, y de la que no acabamos de salir, estalló por el descontrol del sector financiero y la ausencia de regulación.

Pero aún hay más perjuicios, como la creación del llamado Mecanismo de Resolución de Controversias entre Inversores y Estados (ISDS, por su sigla en inglés). El ISDS sencillamente convierte la democracia en un decorado.

Consiste tal engendro en unos pretendidos tribunales de arbitraje internacional, que no son tales, sino tres caros abogados privados, que resolverán las demandas que presenten empresas y corporaciones cuando crean que el Estado perjudica sus beneficios actuales o futuros por medidas gubernamentales. Medidas para atender necesidades de la ciudadanía, satisfacer sus derechos o proteger el medio ambiente. A esos abogados no los elegirá ciudadanía alguna ni los controlará ninguna institución democrática. Y sus fallos serán inapelables.

Sabemos cómo funcionan esos falsos tribunales porque esos mismos inventos de arbitraje figuran en otros tratados bilaterales de inversión. Por ejemplo, la República de Uruguay fue condenada a pagar a Philip Morris 1 millón 467 mil dólares. La tabacalera demandó al gobierno porque éste mandó poner en las cajetillas de tabaco que fumar perjudica la salud.

El fraude de la demanda de la multinacional se convertiría en un freno real de la acción de los gobiernos porque, ante la amenaza de demandas multimillonarias por proteger los derechos de la gente y la naturaleza, muchos gobiernos tendrán la tentación de no tocar esas cuestiones. Y la soberanía ciudadana electoral será inútil porque de hecho mandarán las multinacionales con sus demandas y presiones.

Es obvio que hay que frenar el TTIP. Que desaparezca. En 1998 ya se paralizó la firma de un precedente casi tan maligno, el Acuerdo Multilateral de Inversiones, por la movilización ciudadana global. Y podemos volver a hacerlo.3

Xavier Caño Tamayo*/Centro de Colaboraciones Solidarias

*Periodista y escritor

 

 

 

 

Contralínea 409 / del 27 de Octubre al 01 de Noviembre 2014

 

 

 

 

 

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