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México es el único país de la región de América Latina y el Caribe en el que la pobreza y la miseria se incrementaron entre 2006 y 2012. Con ello se ha profundizado la pérdida del poder adquisitivo y son los trabajadores los que cargan con todo el peso de la falta de crecimiento económico. Funcionarios, grandes empresarios y “líderes” de sindicatos oficiales han mantenido al alza sus de por sí altos niveles de ingresos, mientras que las personas que trabajan no pueden ni aspirar a comprar las canastas básicas que les asegurarían los satisfactores elementales. El promedio de ingreso de la población es de 49.76 pesos diarios, cuando el precio de la canasta básica alimentaria es de 41.42 pesos y de la básica no alimentaria es de 84.74

La posibilidad de ser explotado en un empleo estable se vive ahora como un privilegio. ¿Y quién se atreve a ir a la huelga hoy día, cuando tener un empleo permanente es en sí un privilegio?

Slavoj Zizek

Pobre, precario y flexible. Ésa es la santísima trinidad que reina en el nuevo mundo del trabajo. Ésa es la nueva racionalidad económica y política que ha arrasado con los pálidos y escasos beneficios laborales que, hasta principios de la década de 1980, los trabajadores mexicanos lograron arrancarle al entonces realmente existente sistema presidencialista despótico y de partido único. Con las conquistas sociales del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recurrentemente teñidas de rojo con la sangre obrera, que en casi 1 siglo de existencia fueron vaciadas de contenido y convertidas en un manojo de letras muertas, groseramente reescritas o simplemente eliminadas de las magreadas hojas de la ajada Carta Magna de 1917.

Esos tres conceptos sintetizan la dilatada parábola histórica de la “modernización” laboral capitalista.

Sellan la culminación de un ciclo iniciado por el México bárbaro decimonónico. La primera “modernización” capitalista, en cuyas entrañas se gesta la Revolución Mexicana que devorará al antiguo régimen, y la cual es diseccionada por el periodista estadunidense John Kenneth Turner en 1908, 2 años antes de la tempestad que arrojaría al basurero de la historia al porfirismo. Turner destaca, entre otras plagas mortales, la existencia de esclavos humanos, personificados por los mayas y los yaquis –estos últimos ahora agraviados por Guillermo Padrés, el sátrapa que sucedió al infanticida Eduardo Bours; ambos son carne de presidio–, los “trabajadores-esclavos” degradados por la sobreexplotación física, las dilatadas jornadas de trabajo sin descanso, la miserable alimentación que los conducían a la muerte temprana, las tiendas de raya que devoran sus mezquinos salarios, los abusos genocidas de la casta divina henequenera y porfirista. Una gesta que culmina con el México bárbaro neoliberal, la segunda gran “modernización” con su nueva casta divina que cercena las conquistas laborales ganadas a sangre y fuego en 1910-1917 y esculpidas en la Constitución, e instaura un mercado de trabajo similar al estatu quo de la acumulación primitiva de capital porfirista.

En los orígenes de la elipsis histórica se encuentra la primera huelga de 1865, organizada por los mutualistas del Ramo de Hilados y Tejidos del Valle de México, en oposición a la reducción salarial, los despidos injustificados, las excesivas jornadas laborales y las abusivas tiendas de raya. Ésas y otras exigencias, bajo el porfiriato, serán retomadas por los trabajadores, desde las movilizaciones de la década de 1980 hasta las señeras huelgas de Cananea (1906) –cuyo trágico pasado ha sido redivivo por Germán Larrea (émulo de William C Greene, dueño de la concesión por aquellos años), otro candidato a carne de presidio por la manera impune en que saquea y destruye toda zona minera a la que llega, como lo testifican los ríos Sonora y Bacanuchi– y Río Blanco (1907), violentamente reprimidas. En el confín destaca el peñismo, que ante la impasibilidad obrera desmantela las anómalas leyes constitucionales y secundarias del trabajo que primaron, al menos en el papel, durante casi 1 siglo. Esa anormalidad corresponde al intermezzo del “nacionalismo revolucionario”, que en su agonía lopezportillista, a través de la represión y cooptación, derrota y destruye al brote del movimiento sindicalista independiente, que en la década de 1970 soñaba con la democracia y la autonomía de sus organizaciones.

Esa triada representa, asimismo, la lógica devastadora del Estado de bienestar, forjado con mejor fortuna en los países capitalistas avanzados, después de la Segunda Guerra Mundial, y que estorba a la lógica de la acumulación neoliberal de capital. Desde 1970 tienden a desvanecerse espectralmente los salarios reales ascendentes, la estabilidad en el empleo y la universalidad de los servicios sociales públicos, dinámica reforzada por la furiosa oleada de reformas antisociales detonada por el colapso de 2007 que, como escribiera el economista español Joaquín Arriola, le pasó a los trabajadores la factura de la etapa de consumo alegre y despreocupado, aunque nunca se beneficiaron de ella (La globalización o la razón del más fuerte).

Hasta la década de 1970, la acumulación y la reproducción de capital se ceñían fundamentalmente a las fronteras cerradas. Pero, después, éstas les quedaron estrechas a las corporaciones locales, trasnacionales y multinacionales, a raíz del bajo crecimiento, el estancamiento económico y del consumo de largo plazo, y la caída de la tasa de ganancia. La apertura de las economías y la integración y subordinación a los mercados internacionales, conocidas higiénicamente como “globalización” –o neocoloniaje, si se prefiere–, responden a las necesidades de abaratamiento de costos de las empresas, de su productividad, competitividad y rentabilidad. Esto es posible con la reubicación parcial de la producción en varias economías nacionales, el acceso a insumos y mano de obra barata en diversas regiones; la comercialización de bienes y servicios y transacciones financieras en cualquier mercado, libres del proteccionismo comercial y del control a los movimientos de capitales.

Esa situación ha modificado la oferta y la demanda laboral nacional, los tipos y modalidades de trabajos requeridos, y las relaciones tradicionales entre el trabajo asalariado y el capital, de manera aún más desventajosa para el primero (José Félix Tezanos, El trabajo perdido: ¿hacia una civilización postlaboral?).

El estancamiento de la economía, la inversión y el consumo, la “disciplina” fiscal, los cambios tecnológicos, la trasnacionalización de la producción y la conversión de la clase obrera de diferentes países en asalariados de las corporaciones, con reglas contractuales que tienden a homogeneizarse mundialmente, no sólo limita la creación de empleos en los mercados nacionales. Además, ha provocado que muchas personas se vean obligadas a sobrevivir como subempleados, empleados temporalmente o refugiados en la informalidad y en actividades ilícitas. Esa situación no es una elección voluntaria como suponen los neoliberales. Es consecuencia del modelo de desarrollo.

La mundialización de la producción requiere de los llamados mercados laborales “flexibles”, en donde los contratos, las condiciones y jornadas de trabajo se ajusten a los intereses de las empresas, no a las necesidades de los asalariados. Ello implica el fin del empleo permanente y el privilegio del temporal, la subcontratación; la movilidad en las plazas y lugares de trabajo; el cambio en las horas laborales y los horarios de las mismas; el menor costo del despido y de la seguridad laboral; el aumento de los plazos de los puestos de prueba y de aprendizaje.

Las consecuencias son obvias: la incertidumbre laboral para quienes tienen empleo o carecen del mismo; el aumento de los accidentes y los riesgos del trabajo; el deterioro de la salud de los trabajadores; la tendencia declinante de los salarios y las prestaciones pagados que se vuelven insuficientes para garantizar el bienestar de los obreros; el fácil tránsito del empleo fijo al temporal, al desempleo y la informalidad.

Ese sombrío panorama ha suscitado la incertidumbre individual y colectiva de los trabajadores; el debilitamiento, la sumisión y la desaparición de sus organizaciones, que permite la aceptación de bajos salarios que no cubren las necesidades mínimas vitales, el recorte de las prestaciones y servicios sociales; el divorcio entre el empleo y la satisfacción; la precarización laboral y de los contratos de trabajo; el temor a usar los métodos de lucha tradicionales en defensa de sus intereses (la huelga, el sabotaje), restringidas legalmente por el Estado y la tiranía del mercado; el deterioro de la capacidad de negociación colectiva y del poder de los trabajadores para influir en los procesos productivos; la acrimonia entre los estratos de la clase obrera, entre trabajadores fijos y temporales, con contrato legal e ilegal, con convenio colectivo y sin él; el debilitamiento del trabajo socializado y su desplazamiento por el individualizado.

“El resultado final –añade Tezanos– ha sido una prolongada y cada vez más grave crisis de la clase obrera que ha dejado de ser imprescindible, de su representación sociopolítica y de su poder social”, lo que ha aumentando la desigualdad social, la exclusión y la precarización global de la vida y de la dignidad humanas.

En la “globalización”, el crecimiento con pleno empleo como objetivo de la política económica pierde sentido.

Atípicos y normales

Excéntrica y extrañamente, los economistas que fundamentaron técnicamente la propuesta de Miguel Mancera, relativa al aumento del salario mínimo, califican el desplome del poder de compra de éste y la precariedad laboral como un “un caso atípico y excéntrico”, ya que esa situación es la normalidad típica y democráticamente autoritaria del neoliberalismo mundial.

En todo caso, lo “atípico y excéntrico” es representado por los gobiernos progresistas, elegidos democráticamente, que han desertado del consenso neoliberal y tratan de revertir los costos sociales del modelo. Ellos demuestran que es posible promover la recuperación del poder de compra de los salarios, sin generar los desastres económicos empleados por los peñistas para justificar su negativa a hacer lo mismo. La mejora salarial es parte de la legitimidad y credibilidad política de Cristina Fernández, José Mujica, Rafael Correa, Luiz Inacio Lula da Silva y Dilma Rousseff, y Evo Morales.

En Argentina el salario mínimo real aumentó 264 por ciento entre 2010 y 2012. En Uruguay, 153 por ciento. En Brasil, 98 por ciento. En Ecuador, 79 por ciento. En Bolivia, 44 por ciento. Sólo Venezuela registró un retroceso de 3 por ciento, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Países modestos como Honduras, Nicaragua, Guatemala y Haití registran una mejoría en su salario mínimo real de 114 por ciento, 90 por ciento, 34 por ciento y 7 por ciento, en cada caso.

El mínimo real de México y la República Dominicana acumulan un retroceso de 4.6 por ciento y 2.7 por ciento, respectivamente. A ellos se suman Jamaica, Bahamas y Trinidad y Tobago (ver gráficas 1 y 2, y cuadro 1).

 

La política de parte del bloque de países progresistas se caracteriza por el intento de cerrar la brecha existente entre los salarios mínimos y los medios (el total de los salarios pagados en la economía entre el total de trabajadores), a través de un mayor aumento de los primeros, pero sin castigar a los otros. En Uruguay el salario medio acumula un alza real de 114 por ciento. En Argentina, 106 por ciento. En Brasil, 103 por ciento. Sólo Bolivia y Venezuela acumulan una de 8 por ciento y 20 por ciento.

En México el aumento acumulado de 18 por ciento del salario medio real (aunque desde 2008 decreció 0.1 por ciento anual) amplió su brecha con relación al mínimo y, por tanto, la desigualdad social.

De acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, México es el único país de la región en el que la pobreza y la miseria se elevaron entre 2006 y 2012 –hecho que seguramente se extenderá hasta el 2014–, “honor” que probablemente es compartido con Haití. El honroso pendón es a medias dividido con Costa Rica, Honduras, Panamá y República Dominicana, países que observaron el incremento de la indigencia.

La miseria como razón de Estado y de mercado

Dice la Cepal en su trabajo Pactos para la igualdad. Hacia un futuro sostenible (2014, página 154): “en un estudio reciente sobre los efectos del salario mínimo en México, […] se descubrió [sic] que una parte significativa del incremento de la desigualdad en México entre fines de la década de 1980 y comienzos de la década de 2000 se debe a la fuerte caída del salario mínimo real en ese periodo”. El señalamiento cepalino es curioso. En el dichoso trabajo (Minimum wages and earnings inequality in urban Mexico), publicado en 2010 por Mariano Bosch y Marco Manacorda, economistas del establishment, “descubren” un fenómeno que en ese momento tenía 24 años de existencia y que otros analistas no oficiales llevan tiempo denunciando.

Excéntrica descubridora tardía de obviedades, la Cepal añade: “México es el único país donde el valor del salario mínimo es inferior al del umbral de pobreza per cápita. Esta relación presenta una gran variación entre países, desde 0.66 en México hasta 3.18 en Costa Rica en 2011. La relación se ha incrementado significativamente en Brasil, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Uruguay. En los países del Caribe, los salarios mínimos superan alrededor de dos o más veces la línea de pobreza anual para adultos, excepto en el caso de Jamaica, donde en 2009 la proporción fue de 1.8”.

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en agosto de 2014 el ingreso diario laboral por persona (el ingreso por trabajo recibido por toda la población, dividido entre la población total) es de 49.76 pesos, monto que consideran como el “umbral de la pobreza”. El precio de la canasta diaria alimentaria urbana y rural, bautizada como “el mínimo de bienestar”, es estimado en 41.42 pesos y 28.94 pesos. Si a esa canasta se le agrega la no alimentaria, clasificada como de “bienestar”, el costo de la urbana es de 84.74 pesos y la de la rural de 53.82 pesos.

Con ese ingreso, que supera en 20 por ciento al precio de la canasta alimentaria urbana y en 72 por ciento a la rural, según el Coneval, se pueden adquirir al menos 21 tipos de esa clase de productos en la primera zona y 17 en la segunda: cereales, cárnicos, frutas, verduras y leguminosas, huevo, leche y derivados y otros.

Es una auténtica proeza ajustar esos productos al precio de esas canastas. Pero el Coneval logró esa hazaña por medio de la medición cegesimal, método que deberían aprender los individuos para no malgastar sus ingresos. Por ejemplo, por día, estima en 155 gramos el consumo de tortillas, unas 5 piezas de 30 gramos cada una; 26 gramos de pan blanco, equivalente a una rebanada de chatarra que empresas como Bimbo venden como si fuera pan, o la mitad de un bolillo o telera, ya que cada uno pesa alrededor de 55 a 60 gramos; 21 gramos de filete de res, menos de la mitad de uno que pese 70-100 gramos; 3.4 gramos de pescado, cuando un filete pesa al menos 100 gramos; 200 mililitros o un cuarto de leche; 30 gramos de huevo, la mitad de uno, ya que una pieza pesa alrededor de 60 gramos; 30 gramos de manzana, menos de la mitad de una.

En el caso de la canasta no alimentaria, supone que una persona gasta 218 pesos mensuales en transporte público, 10 pesos diarios, equivalente a dos viajes, lo que implicaría que los fines de semana no sale de su hogar o decide caminar, acaso para hacer ejercicio. En productos de limpieza y cuidados de la casa personal gasta 2.31 pesos diarios y 4 pesos diarios. En educación, cultura y recreación, 8.31 pesos diarios. En comunicaciones y servicios para vehículos, 2.5 pesos. En prendas de vestir, calzado y accesorios 5.43 pesos. En salud 5.51 pesos.

De esa manera elabora él sus canastas y las emplea para estimar la pobreza, aunque parezcan estimaciones ridículas.

Es obvio que el ingreso laboral no alcanza para cubrir la canasta alimentaria y no alimentaria, ya que sólo cubre el 59 por ciento del precio de la urbana y el 92 por ciento de la rural. La diferencia en la cobertura de ambas es que la canasta no alimentaria rural requiere menos recursos para el transporte público, cuidados personales y de salud, prendas de vestir, calzado y accesorios o enseres domésticos y mantenimiento de la vivienda. Eso dice el Coneval.

Con las cuentas del Coneval, un aumento de 8.2 por ciento, 4 pesos diarios o 122 mensuales al ingreso laboral, que es de 1 mil 493 pesos mensuales, se adquiriría la canasta alimentaria y no alimentaria rural, tasada en 1 mil 615 pesos. En el caso de la urbana es más complicado. El alza al ingreso tendría que ser de 70 por ciento, 15 pesos diarios o 1 mil 50 mensuales para comprar dicha canasta, valuada en 2 mil 542 pesos. Así, quienes reciben dicho ingreso se ubicarían en las líneas de “bienestar mínimo” y de “bienestar”.

Si el salario mínimo medio es de 68.58 pesos diarios, o 1 mil 967 pesos mensuales, con él se pueden adquirir sin problemas una canasta y media alimentaria urbana y poco más de dos de la rural. El mínimo rural supuestamente cubre el precio de ambas canastas rurales, pero no así el mínimo urbano, el cual sólo cubre el 75 por ciento. Para que pueda adquirirla, el mínimo urbano tendría que aumentarse en 29 por ciento. En 19.16 pesos diarios más para que llegue a 84.74 pesos diarios, u 874.84 pesos mensuales adicionales, o 2 mil 542 pesos (ver gráfica 3).

Estas cantidades coinciden con la propuesta de Miguel Ángel Mancera, quien sugiere elevar el mínimo en 25 por ciento para ubicarlo en 82.86 pesos diarios, o 2 mil 485.80 mensuales, monto similar a precio de las canastas alimentaria y no alimentaria.

Afortunadamente, las personas que obtienen un salario contractual no tienen esas tribulaciones, pues su ingreso medio es del orden de 3 mil 275.28 pesos. En la lógica del Coneval, con ese salario se pueden adquirir ambas canastas.

Más afortunados son los altos servidores públicos o los empresarios cuyos ingresos los mantienen alejados de los aromas de miseria que se desprenden del “bienestar mínimo” y del “bienestar”. Por ejemplo, el secretario ejecutivo del Coneval, Gonzalo Hernández Licona, tiene un salario base de 17.6 mil pesos mensuales.

Visto serenamente el asunto, ese salario no es gran cosa. Podría decirse que es razonable. Una decorosa manifestación de austeridad republicana que engalana al responsable en su nada grata tarea de contabilizar y distinguir a pobres e indigentes.

Pero el ascetismo no es una virtud de Hernández Licona, como tampoco lo de la elite política y empresarial. La chanza de la frugalidad se diluye en el ácido cáustico de la compensación, cuyo monto asciende a 174.9 mil pesos, por lo que su ingreso bruto se eleva a 192.5 mil pesos brutos. Después del pago de impuestos le quedan 112 mil pesos. Una cantidad poco republicana, pero respetable para quienes han hecho un modus vivendi del presupuesto.

Con ese sueldo y otras prestaciones, Hernández Licona y sus muchachos pueden dedicarse, sin los aterradores tormentos del estómago y las carencias materiales, a la ciencia de la pobretología.

Algo similar ocurre con los líderes sindicales que, una vez cubiertas sus necesidades más allá de las básicas, pueden dedicarse a pastorear a sus agremiados. Rafael Riva Palacio, democrático dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, al cual ha regenteado durante 37 años, católico reputado –pues anualmente organiza para sus trabajadores conmovedoras peregrinaciones a la Basílica– y fiel militante priísta, gana hasta 133 mil pesos al mes, sólo 9 mil pesos menos que Enrique Peña Nieto. Víctor Fuentes, capo del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, percibe 2 millones de pesos anuales. Ricardo Aldana, diputado priísta y miembro del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, puede darse el lujo de usar relojes valuados en más de 126 mil pesos.

Pueden hacerse los cálculos más refinados, pero el modelo económico exuda pobreza y miseria por sus poros. Se puede subestimar su magnitud con canastas estrambóticas, pero la población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (pobreza alimentaria) pasó de 15.1 millones de personas a 23.1 millones entre 2006 y 2012. En las zonas urbanas, de 5.2 millones a 9.5 millones. En la rural, de 10 millones a 13.6 millones. Además, las personas cuyo ingreso es inferior a la línea de bienestar pasó de 60.6 millones ahora suman 62 millones.

La recuperación del poder de compra del salario mínimo medio perdido desde 1976 (76 por ciento) implicaría que éste se ubique en alrededor de 284 pesos diarios, unos 8 mil 500 pesos mensuales. Pero esa cantidad no dice si es posible obtener los satisfactores básicos.

Si en lugar de considerar sólo a un trabajador y se toma en cuenta una familia integrada por cuatro personas, dos aportantes y dos dependientes, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el panorama cambia radicalmente, como se observa en el cuadro 2. El ingreso laboral y el salario mínimo y contractual, considera dos aportaciones en cada caso, repartido entre cuatro familiares. Asimismo, se considera que con las dos percepciones una familia puede comprar el equivalente a dos canastas alimentarias y no alimentarias que serán repartidas entre ellos.

El resultado es desolador. Con el ingreso laboral, en 2014, una familia sólo puede adquirir el 42 por ciento de la canasta alimentaria rural y el 30 por ciento de la urbana, así como el 23 por ciento de dicha canasta y la no alimentaria rural, y el 15 por ciento de la urbana.

El salario mínimo sólo puede comprar el 56 por ciento y el 40 por ciento de la canasta alimentaria rural y urbana, y el 30 por ciento y el 19 por ciento de la alimentaria y no alimentaria.

El salario contractual permitiría disponer de 1.6 veces la canasta alimentaria rural y sólo el 80 por ciento de la urbana. En el caso de ambas canastas, apenas pueden disponer del 62 por ciento y del 39 por ciento de la rural y urbana.

En realidad, el 81 por ciento de los ocupados, 41 millones de casi 50 millones, que reciben hasta cinco veces el salario mínimo tienen problemas para cubrir sus necesidades básicas.

Miguel Reyes, del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana en Puebla, realiza otra medición: emplea la canasta básica del Coneval, considera una familia integrada por cuatro personas, dos aportantes y dos dependientes y añade el costo de los insumos necesarios para la preparación y conservación de los alimentos. Con esos criterios estima al precio de la canasta alimentaria en 6.5 mil pesos mensuales y la no alimentaria en 9.9 mil pesos. Globalmente, concluye que lo que denomina como un “salario mínimo constitucional” ascendería a 16 mil 444 pesos (ver cuadros 2 y 3 y gráfica 4).

Marcos Chávez M*

*Economista

 

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 Contralínea 408 / del 20 al 26 de Octubre 2014

 

 

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