Nuestros lectores

Autor:

ERPI combatirá a Guerreros Unidos por desaparición de normalistas

Al Pueblo de México:

Hoy nos vemos obligados a romper el silencio por los acontecimientos que se dieron en el estado de Guerrero.

Con todo el dolor ante la detención-desaparición de los compañeros normalistas y el vil asesinato de otros civiles el pasado 26 de septiembre, en Iguala, Guerrero, declaramos:

1. Se convoca al interior de nuestras filas y al pueblo en general a la conformación de la Brigada Popular de Ajusticiamiento 26 de Septiembre, expresamente fundada para enfrentar en aspectos político-militares esta nueva afrenta del narco-Estado mexicano y, particularmente, al cártel de sicarios del estado mal llamado Guerreros Unidos.

2. Recábese toda información sobre elementos, propiedades e intereses de dicho cártel y póngase a disposición de nuestro Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, por cualquier vía, pública o secreta.

3. Declaramos a la Corriente Nueva Izquierda del Partido de la Revolución Democrática como cómplice de los hechos del 26 de septiembre de 2014.

Atentamente:

Con el poder popular, el pueblo unido vencerá.

Comité Estatal de Guerrero

Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente

 

 

 

Gobierno y delincuencia superaron los límites que el pueblo puede soportar

En la búsqueda de los estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, el Estado mexicano reproduce 24 años de incompetencia gubernamental. La policía judicial de Guerrero empieza por buscarlos ¡en su casa!, e investigando a sus compañeros, en lugar de iniciar su investigación por los funcionarios públicos que ordenaron y comandaron su secuestro y desaparición. En este caso el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez; el secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, Felipe Flores Velázquez; y el director de Seguridad Pública Municipal, Francisco Salgado Valladares. Todos ellos estuvieron a disposición de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) después de los hechos, y todos ellos fueron dejados en libertad por las mismas autoridades y ahora se encuentran prófugos.

La culminación de la mascarada gubernamental de búsqueda de los estudiantes desaparecidos son las declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto, quien como responsable del Poder Ejecutivo se pronuncia ante estos hechos y empieza a dar órdenes 10 días después de que los jóvenes estudiantes fueron desaparecidos.

Exigimos la inmediata detención del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez; del secretario y del director de Seguridad Pública y Protección Civil de Iguala, Felipe Flores Velázquez y Francisco Salgado Valladares; y de los funcionarios de la PGJ que ordenaron la liberación de este último. Todas las fuerzas del Estado, de la sociedad civil y de los grupos organizados en el estado de Guerrero deben abocarse a la detención de estos criminales, con lo cual podrán esclarecerse por completo los hechos. El gobernador del estado de Guerrero debe ser destituido de inmediato por el pueblo de Guerrero, pues forma parte de esta asociación entre delincuencia organizada, autoridades policiacas, caciques y funcionarios que ha hecho de Guerrero el lugar donde el nuevo paradigma represivo gobierno-sicarios ha superado ya los límites de lo que los mexicanos podemos soportar.

Por el Foro Permanente por la Comisión de la Verdad,

Reyna García González

 

 

 

Necesario, responder a las agresiones del narcogobierno: Milicias Populares

Ante la violencia del brutal neoliberalismo que en México se mantiene mediante el narcogobierno, hoy, más que nunca, necesitamos responder con todas las formas de lucha, violentas y pacíficas, legales e ilegales.

Después de Tlatlaya [Estado de México] e Iguala [Guerrero], el coro televisivo a dúo con los partidos intenta convencernos de que son casos de corrupción aislados. Unos soldados desobedientes, un presidente municipal y sus policías cooptados por el narco. Nada que no se pueda “arreglar” con una comisión investigadora o, mejor aún, con un comité anticorrupción.

No es así. Esta barbarie que vivimos es precisamente la que necesitan los saqueadores multimillonarios para seguir manteniendo el control. Ya se veía venir desde Aguas Blancas, El Charco y San Salvador Atenco; siguieron los asesinatos, encarcelamientos o cooptación de diferentes luchadores sociales, dirigentes de autodefensas y periodistas: Regina Martínez, René Cardona, entre tantos. Los asesinatos masivos de migrantes; la cotidiana trata de personas tanto para la explotación sexual como para el neoesclavismo.

Luego Tlatlaya, ordenado y encubierto desde arriba, y que apenas es un asomo del actuar del Ejército y la Marina, instituciones que hoy están en la ilegalidad porque no resguardan la seguridad nacional, como es el mandato constitucional, sino que sirven a los intereses de las grandes empresas, principalmente de las mineras y del narcotráfico. Michoacán es un ejemplo.

Hoy el asesinato de los estudiantes de Ayotzinapa (que se parece mucho a Tlatelolco) es, en medio de un discurso oficial conciliador, la masacre como advertencia y escarmiento que intenta frenar la inconformidad de los de abajo.

Y claro, se culpará al crimen organizado, posiblemente encarcelarán a un Chucky, hasta podrían sacrificar al camaleónico gobernador Aguirre para simular que el crimen organizado actuó por la libre. La detención del último de los Beltrán Leyva como respuesta inmediata después de los asesinatos y desaparición de estudiantes nos muestra que el gobierno ya sabía dónde localizarlo, y lo agarró en el momento en que les estorbó, cuando ya no les sirvió para mantener el control del estado de Guerrero. Y sí, los sicarios son los asesinos materiales, pero el crimen es de Estado.

Hay otra violencia que legalizaron con las reformas. Ahora el despojo es legal y tienen prioridad las empresas petroleras, mineras, eléctricas, envasadoras de agua.

Esa fórmula de someter los intereses del pueblo mexicano a los de las compañías extranjeras prometiéndonos un México moderno y utilizando el pistolerismo para matar a los inconformes, ya se vivió en el porfiriato.

Un ejemplo de esa violencia intrínseca al modelo neoliberal exportador de materias primas, mano de obra barata y cumplido pagador de los intereses de la deuda externa es la cancelación del proyecto de construir una petroquímica en Hidalgo para seguir comprando los derivados del petróleo a las empresas estadunidenses. Se nos viola el derecho constitucional al empleo, al salario digno. Se nos condena al desempleo, la migración o el subempleo.

¿Pero cómo hemos llegado a esto? Ha sido un proceso que combina la represión con el lavado de cerebro que a través de la televisión nos hacen diariamente, y a eso se agregan las limosnas como el otrora Programa Oportunidades y las tarjetas de Monex y Soriana, que compran el conformismo de una parte del pueblo.

Se ha criminalizado la protesta social. Hacer pintas es ahora violencia, manifestarse, tomar casetas o cerrar calles es terrorismo y se vocifera contra quienes protestan pero se calla ante el robo, el saqueo y los crímenes del narcogobierno.

Otra forma, revitalizada por la administración peñanietista es infiltrar los movimientos populares, cooptar algunos dirigentes en el intento por domesticar la protesta y asesinar o encarcelar a quienes no se venden. Ejemplos: las autodefensas y el movimiento estudiantil del Instituto Politécnico Nacional.

Los partidos políticos se prestan al teatro de la supuesta democracia donde las siglas cambian mientras se mantenga la sumisión a los intereses corporativos.

Una verdadera democracia popular se construye desde abajo, con el pueblo, y desde luego implica cambiar el modelo económico saqueador para priorizar el desarrollo de la industria y agricultura nacionales, la economía autosustentable, la conservación del ecosistema, la creación de empleos, la investigación científica.

Por eso, hoy más que nunca, necesitamos responder con todas las formas de lucha, violentas y pacíficas, legales o fuera de esta legalidad sin ética que intentan imponernos los de arriba. Al fin que ellos son los primeros en violar la legalidad, en utilizar los métodos mafiosos para enriquecerse y saquearnos aún más.

Que nuestro dolor, nuestra rabia e indignación se transformen en aliento para organizarnos, porque solamente así podremos quitar del poder a la mafia neoliberal.

Desde el México de abajo hoy unimos nuestra voz y nuestro esfuerzo al de millones de mexicanos que ya nos cansamos de este sistema explotador y de la política delincuencial que hoy está en el poder. ¡Basta ya!

Milicias Populares

Guerrero, México

 

 

 

Ayotzinapa: crimen de Estado

A la opinión pública nacional e internacional, a la sociedad civil, a los pueblos y naciones que integramos la nación mexicana:

Todo apunta a que la masacre de estudiantes y civiles ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre debe ser tipificada como crimen de Estado. Más allá del involucramiento directo de policías y paramilitares pertenecientes al municipio de Iguala, existen múltiples indicios que sugieren el montaje de una provocación mayor. La existencia de un plan deliberado, coyuntural y de largo aliento, promovido con el respaldo del representante del Poder Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, y de los altos mandos políticos, policiacos y militares encargados de la seguridad nacional, que se coordinan cotidianamente con agencias de seguridad e inteligencia estadunidenses.

No debe descartarse que el baño de sangre y el terror ensayado en Iguala, bajo la pantalla de un crimen cometido por policías corruptos y delincuentes comunes, persiga, entre otras cosas, tender un velo sobre la masacre perpetrada por el Ejército mexicano en Tlatlaya, Estado de México, donde fueron ejecutadas 22 personas. Se comete un crimen mayor para ocultar otro, presentándolo como un ajuste de cuentas entre las mafias de la clase política local, entre figueroistas y perredistas.

Por el contexto político y social que vive el país y por la larga cadena de antecedentes represivos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de quienes gobiernan, tampoco debe excluirse que estamos entrando a nueva fase represiva contra la sociedad civil, donde las operaciones de los grupos de paramilitares y las Fuerzas Armadas se dirigen también contra los movimientos sociales y civiles.

Peña Nieto, el responsable de crimen de Estado perpetrado en Atenco en mayo de 2006, tomó posesión en medio de una provocación el 1 de diciembre de 2012, en la que se coludieron los mandos de las fuerzas federales y las del gobierno del Distrito Federal. El resultado arrojó la muerte de Juan Francisco Kuykendall, además de múltiples heridos y detenidos. A la postre salió a relucir la utilización de grupos paramilitares y de policías y militares que se disfrazaron de manifestantes para provocar disturbios.

Lo acaecido en Iguala es la otra cara de las reformas estructurales promovidas por Enrique Peña Nieto y el capital trasnacional; y, al igual que la masacre de Tlatlaya, no son eventos excepcionales sino un rasgo estructural del proceso de ocupación neocolonial de nuestro país. Es una extensión de la violencia desatada por los últimos gobiernos del neoliberalismo que ya ha cobrado más de 150 mil muertes entre desaparecidos y asesinados, además de cientos de miles de víctimas “colaterales”. No se puede despojar a la nación de sus bienes comunes más que en medio de la violencia. La matanza de normalistas de Ayotzinapa es una lección ejemplar dirigida a quienes se atreven a disentir y protestar. Una provocación para incitar a que los oprimidos respondan a balazos y así justificar la represión a gran escala. Es la apuesta del partido de la guerra, el capital trasnacional y su clase política, para cancelar toda alternativa pacifica de superación de la catástrofe humanitaria que padecemos.

La elección de las víctimas –los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa– no fue accidental. Tampoco la forma en que previamente se les criminalizó para luego masacrarlos, torturarlos y desaparecerlos. Es de tal magnitud el crimen perpetrado en Iguala que puede ser comparado con las masacres cometidas por el Estado mexicano en épocas recientes: con el asesinato de Rubén Jaramillo y su familia en 1962 y las masacres del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971; equiparable a la matanza de Acteal en 1997, a las masacres de Aguas Blancas y el Charco, en Guerrero; a los más de 500 asesinatos cometidos en contra de perredistas durante el gobierno de Carlos Salinas, o la toma violenta de San Salvador Atenco, entre otros. La condena de la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y las recomendaciones de diversos organismos defensores de derechos humanos ante este hecho atroz y genocida, muestran la gravedad del crimen.

En cualquier otro país que se precie de democrático, el presidente y su gobierno habrían renunciado ante un suceso como el de Tlatlaya o el de Ayotzinapa. Aquí Enrique Peña Nieto y Ángel Aguirre Rivero, con la abierta complicidad del Poder Judicial y Legislativo, de los medios de comunicación y del grueso de la clase política, manipulan las indagatorias y evaden sus responsabilidades, creando chivos expiatorios. Sin embargo no pueden ocultar los nexos que guardan los grupos criminales con el Estado mexicano y un sector de empresarios. Sin el patrocinio y la tutela de ambos no sería posible la sobrevivencia de la “delincuencia organizada”. Son ellos, además de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) o la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés) estadunidenses, quien los surte de armas, de canales financieros para el lavado de dinero y de protección, tanto en el territorio nacional como en Estados Unidos y más allá.

El terrorismo de Estado nos ha colocado a todos y todas las mexicanas en una situación de indefensión y de vulnerabilidad total. Nuestra vida no les merece la menor importancia; todos y todas somos potenciales víctimas. Quienes hoy mal gobiernan ya no deben permanecer al frente de las instituciones de la Republica; todos ellos son responsables del desastre nacional; ellos abandonaron todo principio ético de respeto por la vida humana sin importar las banderas y colores partidistas que ostentan. Señor Enrique Peña Nieto y señor Ángel Rivero, les exigimos que presenten a los desaparecidos; les pedimos, les demandamos, les exigimos que renuncien a sus altos cargos y comparezcan ante la justicia junto a todos sus cómplices.

A todos y todas les pedimos estar atentos a las acciones que promoveremos en los próximos días; además, llamamos a participar en todo tipo de acciones de resistencia civil pacífica que desde la sociedad civil se vienen impulsando. Las actividades, que por nuestra parte promoveremos, serán anunciadas en la página electrónica, el correo y el Facebook de la Constituyente.

Favor de enviar sus firmas de adhesión a este pronunciamiento al correo mencionado.

Primeras firmas:

Obispo José Raúl Vera López, Gabriela Juárez, José Guadalupe Suárez, Alfonso Anaya, Patricia Santiago, Luz María Montoya, Leonor Cortés, Hildelisa Preciado, Rocío Eslava, Pablo Velarde, Hilda Goicochea, Eva Cárdenas, Minerva Andrade, Lázaro González, Graciela Rangel, Leticia Guerrero, Guadalupe Luquín, Leonel Ávila, Raciel Gutiérrez, Juan Melchor, Lied Miguel, Yury Zareth, Estela Cabrera, Isabelle Cauzard, Víctor Manzanares, Francisco Chew, Pedro Ramírez, Marcos Tello, Magdiel Sánchez, Romeo Cartagena, Jessica Alcázar, Fernando Márquez, Daniela Fontaine, Fernanda Tomasini, Ximena Ponce

Firmas internacionales: Rainer Stoeckelmann (Alemania), Silvia Tenorio (El Salvador)

 

 

 

Desaparición de estudiantes de Ayotzinapa: injusticia e impunidad reiterada

8 de octubre de 2014

Los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, nos provocan una gran consternación e indignación por lo que ello significa, y porque muestran el grado de descomposición prevaleciente en los políticos, los partidos políticos y los gobiernos, quienes en su disputa por el poder sacrificaron la libertad y la vida de 50 jóvenes inocentes en una clara muestra de cinismo, prepotencia e impunidad, a lo que se suma la utilización de la desgracia para obtener beneficios en su prolongado conflicto político.

Ante las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Iguala, Guerrero, durante los días 26 y 27 de septiembre, donde estudiantes de la Normal de Ayotzinapa perdieron la vida y 43 sufrieron desaparición forzada, según los testimonios publicados en la prensa nacional e internacional, como consecuencia de la acción de los agentes policiacos de dicho municipio y los integrantes de la delincuencia organizada ligados al cártel delincuencial de Guerreros Unidos; así como el reciente hallazgo de las fosas clandestinas en Pueblo Viejo, Guerrero, donde se encontraron alrededor de 28 cuerpos de personas que fueron torturadas y ejecutadas, las organizaciones de la sociedad civil y personas exigimos:

A la clase política y al gobierno del estado de Guerrero:

• Que terminen con su evidente involucramiento con la delincuencia organizada, lo cual provoca una impunidad permanente y la violación sistemática de los derechos humanos de las poblaciones del estado de Guerrero.

• Que la clase política del estado de Guerrero saque las manos de los negocios de la delincuencia organizada, rompan el contubernio de ilegalidad y corrupción en que viven y recuperen la función pública al servicio de la población guerrerense.

• Que el gobierno de Guerrero colabore de forma imparcial con la Federación y asuma su responsabilidad política, ética y legal en el esclarecimiento de los hechos y reconozca y castigue el contubernio entre autoridades locales y la delincuencia organizada. De lo contrario exigimos la renuncia del gobernador.

• Que las acciones para la investigación se realicen dentro del marco de la ley y de manera pronta y expedita.

• Que se castigue a los autores intelectuales y a los autores materiales y que sigan las líneas de investigación relacionadas a la línea de mando de los cuerpos policiacos involucrados.

• Que prevalezca la verdad y la justicia ante las y los familiares de las víctimas, la sociedad mexicana y la comunidad internacional.

Al gobierno federal:

• Demandamos la búsqueda exhaustiva y presentación con vida de las y los estudiantes desaparecidos.

• Reclamamos su omisión e inoportuna intervención, pues debiendo haber atraído el caso de inmediato, no siguió los protocolos establecidos para la atención de personas víctimas de desaparición forzada, a pesar de la magnitud de la tragedia.

• Exigimos que en el uso legítimo de sus atribuciones, atraiga los casos de los estudiantes normalistas que han sido privados de la vida y de los que han sido privados de su libertad, y realice las investigaciones científicas y técnicas para identificar a las 28 personas encontradas en las fosas clandestinas.

• Exigimos se realicen las investigaciones conforme a derecho, para que estos homicidios no permanezcan en la impunidad, zona gris en la cual han quedado miles de casos a lo largo y ancho del país.

• Pedimos se establezcan las máximas garantías para la seguridad de las personas que habitan la zona, el respeto irrestricto de los derechos humanos por parte de los cuerpos policiacos de la Federación en cualquier trato directo o indirecto con la población; el trato digno a las y los familiares de las víctimas, establecido en la Ley General de Víctimas, donde entre otras cosas se garantiza su derecho a saber, de primera mano, los resultados de las investigaciones que realizan las autoridades de procuración de justicia.

• Exigimos garantizar la protección física, patrimonial y sicológica de las familias en primer y segundo grado, así como de la comunidad educativa de la Normal Rural de Ayotzinapa, con apego a los estándares internacionales.

A los partidos políticos:

• Les decimos basta de sus disputas, basta de su ambición por el poder y la riqueza.

• Les exigimos que rompan sus vínculos con el crimen organizado y los grupos de interés económico.

• Les exigimos que se ocupen del bienestar de la población de México, que los mantiene.

• Les urgimos a que establezcan mecanismos democráticos y de transparencia ciudadana para garantizar la selección de candidatos que no estén vinculados a la delincuencia organizada y que hagan pública su trayectoria y currículo.

• Demandamos rechacen todas las fuentes de financiamiento ilegales.

A las fracciones parlamentarias en el Senado de la República les exigimos la creación de una comisión en contra de la delincuencia organizada que investigue la vinculación de autoridades, políticos y empresarios con los grupos de delincuencia organizada.

Hacemos un exhorto a las organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales a interponer quejas contra las violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte del Estado mexicano, como en los casos de San Fernando, Tamaulipas; Tlatlaya, Estado de México; y ahora en Iguala, Guerrero, así como a dar acompañamiento a las familias de las víctimas de estos dolorosos e inadmisibles acontecimientos.

Finalmente, reiteramos la plena desconfianza en la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que se ha caracterizado por su incapacidad, subordinación y silencio, mostrando su ausencia de compromiso con la sociedad mexicana y con las víctimas de los atropellos a los derechos humanos.

Responsable del envío: Carlos Zetina

Organizaciones de la sociedad civil: Espacio Social para el Diálogo Estratégico (Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, AC; Católicas por el Derecho a Decidir, AC; Cauce Ciudadano, AC; El Centro de Investigación, Información y Apoyo a la Cultura, AC; Centro Lindavista, Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, AC; Instituto de Acción Ciudadana para la Justica y la Democracia, AC, La Organización Popular Independiente, AC; Sin Fronteras, IAP; Intervención Social, A.C.); Alianza Cívica, AC; DECA Equipo Pueblo, AC; Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, AC; Afrodescendencias en México, AC; Alianza Cívica Nayarit, AC; Alianza por los Derechos de las Mujeres en el Estado de México (Grupo de Acción Política; Frente Amplio Social Mexiquense; Barzón; Buscamos a Nuestras Hijas, AC; LECAP, Movidas por Encontrarlas); Asociación Mexicana de Mujeres Líderes Microempresarias, AC; Asociación Nacional de Industriales de Transformación; Barrio Activo, AC; Centro Cultural El Faro, AC (San Luis Potosí); Centro de Desarrollo Humano y Comunitario, AC; Centro de Investigaciones para la Equidad Política Pública y Desarrollo; Centro Nacional de Comunicación Social, AC; Cepades, AC; Cipac, AC; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, AC; Ciudadanos en Medios, Democracia e Información, AC; Colectivo Candigato Morris; Colectivo por la Transparencia; Colectivo Sinergia, Yucatán; Colectivo CIMTRA; Colectivo Volante; Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste; Comité de Derechos Humanos Ajusco; Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, AC; Cultura Ecológica, Educación y Ciudadanía, AC; El Yelmol Colectivo; Escuela Latinoamericana de Actuaría Social Juvenil; Gestión Social y Cooperación, AC; Grupo de Educación Popular con Mujeres, AC; Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, AC; Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza, AC; Incluye, AC; Iniciativa Sinaloa; Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña; Investigación, Organización y Acción Comunitaria Altepétl, AC; Marcha Mundial de las Mujeres México, Zona centro; Observatorio Ciudadano Ojo Ambulante; Observatorio Género Violencias y Derechos Humanos; Presencia Ciudadana Mexicana, AC; Red Cívica Veracruzana; Red de Organizaciones Civiles de San Luis Potosí; Red Nacional de Género y Economía; Red Unida de Organizaciones de la Sociedad Civil de Hidalgo, AC; Salud Integral para la Mujer, AC; Sonora Ciudadana, AC; Spatium Libertas, AC; Unión Popular Valle Gómez; Visión Solidaria, AC; Salud y Género, AC.

Personas: Adalberto Saviñón, Aidé García Hernández, Ana María Salazar Sánchez, Alfonso Celestino, Carlos A Cruz Santiago, Carlos A Zetina Antonio, Clara Jusidman, Claudia Cruz Santiago, Catalina Castillo Castañeda, Juan Pedro Barbosa, Nancy Pérez García, Nashieli Ramírez, Elio Villaseñor, Gabriela Delgado Ballesteros, Laura Martínez, Laura Becerra Pozos, Luis Pineda, María Enriqueta Cepeda Ruíz, Silvia Alonso Félix, Adán Rivera, Alberto Aziz Nassif, Alberto J Olvera, Alberto Serdán Rosales, Alejandra Ezeta, Alma Irene Nava Bello, Ana Stern, Ángeles Fuentes, Araceli Moreno, Beatriz Camacho, Claudia Pamela Chavarría, Consuelo Morales E, Daniela Bretón, Elsa Jiménez Larios, Ernesto Jiménez Olín , Eugenia Mata García, Fabienne Venet, Francisco Tobal Quezada Daniel, Gabriel Sánchez Díaz, Gisela Zaremberg, Héctor Rubio, Ingrith Carreón, Irma Rosa Martínez, Jaime Villasana Dávila, Jesús Cruzvillegas, Joaquín Osorio Goicoechea, Jorge Enrique Rocha Quintero, Juan Emilio González, Karen Luna Rodríguez Bueno, Laura Breña Huerta , Libertad Enríquez Abad, María Cristina Safa Barraza, María Evelia Madrigal Ayala, Mariana Miranda Reyes, Martha Delia González, Martha Guadalupe Figueroa Mier, Martha Tagle, Mayli Sepúlveda, Miguel Ángel Bazdresch, Norma Sánchez, Octavio Hernández Lara, Óscar Rey, Óscar Rey Meneses, Paola Contreras, Raúl Ramírez Baena, Rosario Espinosa Martínez, Sara Román Esquivel, Laura Garnica Martínez, Leonor Aída Concha, Sergio Ramírez Caloca, Tere Munguía, Tomás Severino, Osiri Marín, María Eugenia de Alba, Paola Lazo Corvera.

 

 

 

Ayotzinapa, víctima del terrorismo de Estado

A los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, a familiares víctimas del terrorismo de Estado, a los medios de comunicación nacional e internacional, a las organizaciones populares, democráticas e independientes, a los organismos defensores de los derechos humanos, al pueblo de México y del mundo:

La ola de violencia que azota nuestro país y más recientemente al estado de Guerrero con la ejecución extrajudicial de tres estudiantes normalistas, la desaparición forzada de 43 más y otras víctimas del pueblo es una prueba irrefutable de que el terrorismo de Estado es la política sistemática de los gobiernos en turno para atender las demandas más sentidas del pueblo.

Los autores materiales están a la vista, policías municipales y grupos paramilitares; los autores intelectuales se esconden tras el manto de impunidad que les brinda el hecho de ser los representantes del gobierno federal, estatal y municipal, además de los generales de los cuerpos policiacos y militares; quienes hoy demagógicamente señalan que atenderán el asunto mediante la creación de una comisión especial de búsqueda.

Por ningún motivo se debe aceptar la tesis del Estado, aludiendo que este crimen fue cometido por integrantes de la delincuencia organizada o el narcotráfico. De esta manera se pretende eludir su responsabilidad en el cometido de estos crímenes y buscar un chivo expiatorio que mantenga incólume sus estructuras castrenses.

La huellas de tortura y los testimonios de policías municipales no son pruebas contundentes para afirmar que la orden directa de actuar con la fuerza letal contra normalistas no pasó por la cadena de mando de las Fuerzas Armadas, aunado a la panacea que ha prometido Peña Nieto con la conformación del Mando Único como medida de seguridad pública, lo que implica que en las instancias inferiores no se realiza sin el consentimiento del Ejecutivo Federal y mandos superiores.

Producto de la administración anterior y lo que va de la actual, se ha colocado a las fuerzas delincuenciales y de tráfico de estupefacientes como las omnipotentes y capaces de corromper al Estado e infiltrarlo; con un poder de fuego superior a las de las milicias federales que se enfrascan en una cruenta guerra, aunado a la disputa de territorios comerciales. Nada más falso y ruin, estos grupos delincuenciales no corrompen al Estado y lo infiltran, son parte estructural del mismo, su objeto y esencia dimanan de éste, por tanto, son funcionales a él y le permiten ejecutar políticas a modo.

La forma y los métodos de tortura no son parte de mentes despiadadas o producto de ajustes de cuentas, son la aplicación metódica de los manuales de contrainsurgencia estadunidenses, israelíes y colombianos; así es que no deben quedar dudas respecto a los autores materiales e intelectuales de estos crímenes de lesa humanidad: son los grupos paramilitares, comandados por militares en activo por órdenes directas de mandos federales, concretamente el secretario de la Defensa Nacional y el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y Mando Único, Enrique Peña Nieto.

La presunción de muerte de los detenidos desaparecidos es una maniobra desgastada de los gobiernos antipopulares, por lo que las organizaciones populares y de derechos humanos y pueblo en general no debemos caer en el juego del Estado. De la misma manera es el exhorto a los familiares de las víctimas de este atroz crimen, no se debe morder el anzuelo del Estado para abrir la coartada de realizar otra ejecución sumaria como el caso de Tlatlaya. Hoy más que nunca la consigna popular debe ser: “¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!”

A nuestros compañeros de lucha de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, Raúl Isidro Burgos; a los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado: todo nuestro respaldo en las acciones políticas que se impulsen, la resignación e inactividad en estos momentos no juegan de nuestro lado. No debemos permitir que se siga masacrando al pueblo y los responsables sean cobijados por la impunidad.

Debemos exigir la renuncia de Ángel Aguirre Rivero, el Ejecutivo estatal, así como un juicio penal y político por su responsabilidad en crímenes de Estado; de la misma manera con los mandos militares y policiacos y de Enrique Peña Nieto como jefe del Mando Único.

Exhortamos a las organizaciones populares a coordinar acciones políticas de masas que nos permitan hacer frente a esta ola represiva que ha desatado el Estado contra el movimiento popular; a este acto de provocación por parte del Estado respondamos con la acción consiente y organizada. ¡Ni una lucha aislada más!

Fraternalmente

¡Juicio y castigo a los autores materiales e intelectuales de los crímenes de Estado cometidos en contra de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa!

¡Por la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos por el régimen en el país!

¡Alto al terrorismo de Estado!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

 

 

 

Condenan las ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada de normalistas

Ciudad de México, 6 de octubre de 2014

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos envía su solidaridad y apoyo a todos los padres, amigos y compañeros de los estudiantes que fueron brutalmente asesinados en Iguala, Guerrero, y nuestra exigencia al Estado mexicano para que los 43 jóvenes que aún se encuentran desaparecidos sean localizados y los responsables materiales e intelectuales sean castigados.

Los hechos sucedidos en contra de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos el pasado 26 de septiembre en Guerrero forman parte de la violencia de Estado dirigida, planeada y orquestada por éste para acallar las voces y las luchas de las organizaciones independientes y estudiantes que luchan día a día por el respeto a sus derechos más fundamentales.

La saña y la forma tan vil en cómo se llevó a cabo el ataque en contra de los estudiantes evidencia la política represiva del Estado que se viene gestando desde hace años en el país, y que hoy, con la intención de someter a todo el pueblo a sus reformas neoliberales recurre al terrorismo de Estado, para de forma ejemplar terminar con cualquier tipo de organización y manifestación popular.

La lucha de los estudiantes por mantenerse a pesar de los intentos por desaparecer a las escuelas normales sigue adelante, y eso les ha costado la persecución y represión constante por parte del Estado.

Este hecho evidencia una vez más el nulo respeto por parte del Estado de hacer cumplir y respetar los derechos humanos, y muestra su verdadera cara al cometer de manera abierta crímenes de lesa humanidad que nos lastiman y laceran a todos como pueblo mexicano. Con este hecho queda demostrado también que el Estado mexicano comete manera directa desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales mediante sus agentes, como lo hicieron los policías estatales, quienes detuvieron y desaparecieron a los 57 estudiantes, de los cuales 43 aún permanecen desaparecidos. Por ello es el Estado y sólo el Estado el responsable de estos crímenes.

Ante lo sucedido la respuesta del estatal no se ha hecho esperar y ha tratado de deslindar su responsabilidad al ligar estos hechos a grupos de la delincuencia, cuando es claro que no hay tal separación entre el Estado y estos grupos que actúan con toda su anuencia y en complicidad, y que ahora, mediante la Gendarmería Nacional, pretexta dar “seguridad” al estado de Guerrero, con lo cual, más que dar seguridad, aumentará el clima de violaciones a los derechos humanos. Hechos ante los cuales debemos mantenernos atentos.

Ante estos crímenes, nos sumamos al repudio total que ha mostrado el pueblo. Nos solidarizamos incondicionalmente con los familiares y exigimos al Estado mexicano:

• La presentación con vida de los 43 estudiantes

• Que de manera clara e independiente se realicen las investigaciones necesarias que den certeza a los familiares, ante el reciente hallazgo de 28 cuerpos en las cercanías de los hechos, para lograr la debida identificación y se garantice el acceso a la verdad y la justicia.

• Asimismo, exigimos que se enjuicie y castigue a los responsables materiales e intelectuales de cometer estos crímenes de lesa humanidad.

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

¡Juicio y castigo a los responsables y sus cómplices!

¡Hasta Encontrarlos!

Atentamente

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos

 

 

 

 

Contralínea 407 / del 12 al 18 de Octubre 2014

 

 

 

 

 

 

Comments

comments