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/Cuarta parte

El peor desastre ambiental en la historia de la minería en México está a la vista de todos como palpable ejemplo del gigantesco riesgo ecológico que está por venir con la entrada en vigor de la reforma energética en el país. Chevron, Shell, Iberdrola y otras tantas trasnacionales que se enlistan ya para saquear el territorio nacional, compiten con el consorcio de Germán Larrea en el recuento de los daños ecológicos dejados, cual tétrica estela, en los países donde han asentado sus depredadores proyectos energéticos.

Lo acontecido el pasado 6 de agosto en la mina Buenavista, en Cananea, Sonora, donde se derramaron al cauce de los ríos Bacanuchi y Sonora 40 mil litros de sustancias tóxicas, es un crimen de lesa humanidad originado por la acostumbrada irresponsabilidad e impunidad con que opera Grupo México, monopolio que desde hace muchos años goza del más absoluto solapamiento por parte de las autoridades nacionales.

Sin embargo, ahora su homicida acción no quedó sepultada en los fríos socavones de una mina como sucedió en febrero del 2006 en que por falta de medidas de seguridad en Pasta de Conchos, Coahuila, perdieron la vida 65 mineros. La avaricia de Larrea por no invertir en equipos que garantizaran la seguridad de los obreros, condujo a un crimen industrial por el que el voraz empresario sigue teniendo cuentas pendientes con la justicia.

Ese desmedido afán de lucro fue el que le hizo no atender los lineamientos que en materia de seguridad ambiental imponen las leyes en la materia. Como lo constataron tanto diputados federales como los propios descuidados funcionarios de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la empresa no construyó las tres piletas de recuperación establecidas como requisito indispensable para el funcionamiento de la de lixiviación del cobre (proceso de limpieza del metal). La planta funcionaba sólo con una, lo que hizo imposible que al suceder el percance se evitara que el derrame de las sustancias tóxicas fuera a parar al lecho de los ríos, de los que no únicamente obtienen agua potable siete municipios y más de 25 mil habitantes de la región, sino la propia ciudad de Hermosillo.

Ya no fueron 65 familias de mineros las que decidieron alzar la voz sino toda una región de un estado que ahora paga las consecuencias sociales de un empresario que ha llegado a tales extremos de cinismo que, en una primera instancia, quiso deslindarse del agudo problema mediante la publicación de desplegados y la emisión de falsos comunicados donde intentó culpar de su criminal acción lo mismo a las “lluvias atípicas” –que nunca se registraron–, como a una empresa contratista que, a su decir, colocó mal un tubo que propició la fuga.

Para Larrea, empero, las cosas no han resultado tan sencillas como esperaba y la multa de 40 millones de pesos –quitarle un pelo a un gato–, que en un principio se dijo sería el pago pecuniario a su falta, se la llevó la corriente de las contaminadas aguas de los ríos Sonora y Bacanuchi, que a su paso han terminado por sacar a flote, además de la bajeza moral con que actúa el empresario, toda una serie de situaciones irregulares en la torcida política local de aquella entidad, al grado de terminar enfrentando a la administración del panista Guillermo Padrés con el gobierno federal, a través de los delegados de dependencias como la Comisión Nacional del Agua, la Profepa y la Semarnat, que ante la férrea defensa que el gobernador asumió de Grupo México, y las acusaciones vertidas en su contra, se vieron orillados a denunciar la existencia de una ilegal represa que el mandatario construyó en su rancho Pozo Nuevo, en Ramos Arizpe, con capacidad para 10 millones de metros cúbicos. Así de pequeña, como los privilegios ilícitos del corifeo de Larrea.

Al paso de los días es innegable que desde un principio, además de tener como aliado al gobernador sonorense, Larrea ha contado con la complicidad del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, al parecer, más preocupado en no dañar sus alianzas políticas en la confección de su candidatura al gobierno de Nuevo León, que en velar por los intereses de los habitantes afectados en los márgenes del Río Sonora.

Todavía no se conocía a bien las dimensiones del colosal desastre y el funcionario ya daba por sentado que no se revocaría la concesión a Grupo México. Conforme las graves consecuencias fueron surgiendo, hábilmente Guajardo dejó que las diversas instancias montaran la parafernalia de investigar a la subsidiaria del monopolio minero, e incluso clausuraran algunas de sus áreas de trabajo, pero no la planta.

El secretario de Economía ha insistido, al igual que el gobernador Padrés, en que el consorcio es una fuente de generación de empleos y, que de dársele una segunda oportunidad y de permitírsele aumentar su producción –no hay que olvidar que la veta que explota la minera Buenavista es una de las más grandes del mundo–, podría generar más de 10 mil empleos. La misma tesis que han esgrimido los panegiristas de la reforma energética para consentir que en las leyes secundarias se otorguen todo tipo de laxitudes a las trasnacionales.

Sin embargo, la realidad social es muy distinta, como lo mostró el actual desastre ecológico. Hace 5 años fueron despedidos 1 mil 800 mineros por haberse opuesto a trabajar en condiciones inseguras e insalubres, denunciando la existencia de irregularidades similares a las que provocaron la tragedia de Pasta de Conchos. El entonces secretario del Trabajo y Previsión Social –hoy servil senador a las órdenes de Televisa– Javier Lozano Alarcón declaró inexistente su movimiento de huelga y consintió la presencia de un sindicato blanco, que sumisamente aceptó pactar con Larrea un contrato colectivo donde no se incluye la prestación del seguro social a los trabajadores. Tal situación brincó a la palestra de las calamidades cuando muchos de los habitantes presentaron problemas de salud a raíz de la contaminación de los afluentes de los ríos. Hasta entonces, y en medio de la vorágine, funcionarios y diputados se dieron cuenta de que los mineros y sus familias no cuentan con servicio médico. Así de bondadoso es Germán Larrea, que ahora se ha apuntado para adquirir una de las dos cadenas nacionales de televisión abierta.

¿Es este tipo de empleos los que engrandecen a Sonora, de acuerdo con el convenenciero cristal con que miran el delicado asunto el secretario de Economía y el gobernador Padrés? ¿Es Larrea el tipo de empresario que requiere el país para salir adelante?

A 1 mes y medio de ocurrido el incidente, las posiciones han terminado por polarizarse y politizarse, pues mientras los diputados de todos los partidos, exceptuando algunos panistas, solicitan al gobierno federal “una sanción ejemplar, tanto penal como administrativa en contra de la empresa minera Grupo México”, el secretario de Economía insiste en que Larrea pague los daños y perjuicios ocasionados a los habitantes de esa región de Sonora y que se estiman en alrededor de 2 mil millones de pesos, por supuesto, de acuerdo con el funcionario, sin tocar en lo absoluto la concesión del depredador consorcio.

La suma, aunque es muy superior a los 40 millones de la multa inicial, representa apenas un pequeño a rasguño a las estratosféricas ganancias que obtiene anualmente el monopolio y que rondan los 2 mil millones de dólares, unos 25 mil millones de pesos. La cuestión de fondo es que si la actual administración no aplica realmente un castigo ejemplar a Larrea, estará dando luz verde para que las trasnacionales cometan desastres iguales o peores, conscientes de que aportando una mínima parte de sus cuantiosos recursos, se librarán de todo problema.

No está de más apuntar que aún es tiempo de que los legisladores revisen a fondo las leyes secundarias que aprobaron sin analizar a detalle en su contenido. Como ejemplo están los cambios realizados a la Ley de Aguas Nacionales, que otorgan desmedidos privilegios a las trasnacionales petroleras y gaseras, sobre todo para el uso indiscriminado del vital líquido en el sistema de extracción conocido como fracking (fractura hidráulica).

La conclusión final de este inédito desastre ambiental no admite dobleces oficiales ni políticos: si no se retira la concesión a Grupo México, las señales que funcionarios como Ildefonso Guajardo estarán enviando a todo el país y al mundo apuntarán nuevamente a fortalecer una palabra que hiere no sólo la conciencia nacional sino a la propia economía: impunidad.

Martín Esparza Flores*/Cuarta parte

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

 

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