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El titular de la poderosa Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, está estrenando aquello de que: “En caso de falta absoluta del presidente de la República [en este caso sería Enrique Peña Nieto], en tanto el Congreso [de la Unión] nombra al presidente interino o sustituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor de 70 días…” (Artículo 84 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), como una de sus facultades, entre otras, derivadas de la superficial reforma en telecomunicaciones que en nada de fondo afectó ni a Televisa-Azcárraga ni a Tv-Azteca ni a Telcel-Slim, quienes siguen siendo el trío que no canta mal las rancheras como preponderantes en los medios de comunicación. Pero, sin que haya redundancia o tautología, y como el burro con dos albardas, el tema de esta nota es para abordar por segunda ocasión –o tratar de dos maneras distintas– la misma cosa.

Pues han pasado 9 meses desde que en el Diario Oficial de la Federación se publicó el fideicomiso y sus reglas como un Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y nada. Y es que en el Palacio de Cobián, allá por la calle de Bucareli, donde luce el reloj que de chino nada tiene salvo que por los alrededores abundan los restaurantes-café de chinos, el hidalguense Osorio Chong está ausente; y cada día es más notoria su tartamudez y dificultad para hilar las frases, acaso por el nerviosismo agudizado porque los rumores lo ubican fuera de la Secretaría, quizá en la presidencia del Partido Revolucionario Institucional y con el ascenso del subsecretario Luis Miranda Nava, el muy amigo de Peña, que come ansias por ser secretario de Gobernación.

Osorio ya no despacha en ese edificio, casi siempre sitiado por manifestaciones de quienes ejercen los derechos del Artículo 9 constitucional que varios desgobernadores y Miguel Ángel Mancera, en la capital del país, están reglamentando antidemocráticamente para ponerle trabas a quienes quieran “hacer una petición o presentar una protesta”. Tiene un edificio cerca de Los Pinos desde donde se ha convertido en gobernador de facto de Michoacán y de Tamaulipas con el pretexto de controlar al virrey Alfredo Castillo; y miente sobre la baja cuantitativa de la violencia sangrienta en todas sus modalidades. Dice que hay menos homicidios, mientras sobre la marcha se descubren fosas clandestinas repletas de cadáveres. Que hay menos secuestros, menos desaparecidos, menos desplazados… Y todo sigue peor que cuando el calderonismo.

La más reciente información (La Jornada, 1 de septiembre de 2014) dice que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas resolvió sobre 44 casos –“para los que resolvió otorgar medidas de protección”– por encontrarse en situación de riesgo. “Esas medidas se ejecutarán a la brevedad”. Pero han pasado meses y la Secretaría de Gobernación ha ido posponiéndolas. Sin tomar en cuenta que durante ese tiempo de indefinición se producen las amenazas, asaltos a instalaciones, robos y hasta asesinatos contra periodistas, como es el caso de Adrián Gaona, privado de la vida el 27 de agosto pasado. En su reciente visita, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nuevamente recibió quejas y denuncias respecto a la falta de garantías mínimas para el desempeño de sus actividades, particularmente como reporteros de los medios de comunicación.

La Junta de Gobierno de dicho Mecanismo ha estado teorizando demasiado, y en la práctica no hay medidas para proteger a esos ciudadanos. Los 44 casos son parte de la promesa de Gobernación, que como institución asumió la responsabilidad de actuar cuanto antes. Y nada hay en los hechos. Es obvio que la prensa y sus individualidades profesionales en general no son de la simpatía gubernamental. Pero la Constitución obliga a los gobernantes a otorgarles las mejores condiciones para el cumplimiento de sus derechos. El Mecanismo no es una concesión, es una conquista. Y como tal debe ser pronta y eficazmente puesta a funcionar tras las sesiones; y no sólo prometer que “a la brevedad” serán puestas en vigor.

Defensores de derechos humanos y periodistas siguen en la intemperie. Están expuestos totalmente a la venganza de funcionarios, a quienes molesta que defensores y periodistas intervengan en auxilio de quienes son agredidos en sus derechos informando sobre esas agresiones. Ese Mecanismo va para 1 año de instituido sin que se vea el cumplimiento de sus reglas para actuar preventivamente. Solamente existen esperanzas. Pues Osorio Chong y la Junta de Gobierno del Mecanismo no han cumplido su palabra.

Álvaro Cepeda Neri*

*Periodista

 

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Contralínea 405 / del 28 de Septiembre al 04 de Octubre2014

 

 

 

 

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