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Las agresiones, amenazas e intimidaciones que enfrenta desde hace varios meses el equipo de periodistas del semanario Luces del Siglo, que se edita en Quintana Roo, es sólo una muestra del autoritarismo y abuso de poder con los que maneja ese estado el joven gobernador priísta Roberto Borge Angulo.

Lo que sucede a los trabajadores de esa casa editorial, que dirige el periodista Agustín Ambriz, es un ejemplo más de las múltiples dificultades que enfrentan muchos colegas que ejercen el periodismo en diversos estados de la República, en donde no sólo están bajo las amenazas de la violencia que representa las actividades del crimen organizado, sino que también tienen que padecer a los cárteles políticos que la mayoría de las veces son más peligrosos que las mismas bandas delincuenciales.

Ante tal clima de violencia en contra de Luces del Siglo, la semana pasada un juez federal ordenó al gobernador Borge Angulo “se abstenga de elaborar, difundir, distribuir y circular portadas o ejemplares apócrifos de ese semanario”, debido a que en los últimos meses clonaron 38 veces esa publicación política para confundir a sus lectores, al cambiar su sentido crítico editorial y convertirla en una revista promotora de las obras del mandatario estatal.

Mediante una suspensión provisional de amparo solicitada por el director general de la publicación, el juez valoró las pruebas y consideró que la revista había sido clonada para aparentar un cambio en su línea editorial, crítica al gobierno de Borge Angulo. Luces del Siglo es un semanario de corte político que se edita en el municipio de Benito Juárez (Cancún) y mantiene una línea crítica de la administración pública local, lo que le ha valido una serie de agresiones al medio y sus colaboradores.

La última clonación digital ocurrió el lunes 22 de septiembre; y la clonación impresa el pasado 9 de septiembre, cuando supuestos empleados de la revista repartieron los falsos ejemplares de Luces del Siglo a los invitados que asistieron al Tercer informe de gobierno de Roberto Borge. La edición falsa hablaba de los supuestos resultados cumplidos por el mandatario en los 3 años que lleva su gestión, mientras que la versión original denunciaba precisamente la carencia de resultados en la administración estatal.

Investiga UIF a Borge Angulo

¿Pero quién es este priísta que muy joven alcanzó la gubernatura de ese estado sureño? En los archivos de la Procuraduría General de la República (PGR) aparece un expediente (UEIORPIFAM/AP/093/2010) del gobernador Roberto Borge Angulo, abierto en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, por el delito de lavado de dinero, previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal.

Dicha acusación, formulada por el Ministerio Público federal en 2010, cuando el gobierno federal estaba a cargo de una administración panista, fue contra Borge Angulo y quienes resulten responsables, de acuerdo con el acta circunstanciada 234/FEPADE/2009, la cual fue elevada a categoría de averiguación previa el 10 de noviembre de ese mismo año y se le asignó el número 284/FEPADE/2009.

De acuerdo con una investigación realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue elaborado el reporte de análisis de operaciones UIF/PGR/075/2009, incluido en el oficio 110/F/241/2009 firmado por el director general adjunto de Procesos Legales de la UIF, Alberto Elías Beltrán, en donde se afirma que el ahora gobernador de Quintana Roo recibió dinero en efectivo en su cuenta bancaria por 3 millones 895 mil 290.74 pesos, de los cuales 2 millones 98 mil pesos correspondieron a 20 depósitos y 1 millón 697 mil 585 pesos por la venta de dólares.

El documento “confidencial” de la UIF establece que Roberto Borge Angulo nació el 29 de diciembre de 1979 (está por cumplir 35 años de edad) y cuando se abrió la investigación en su contra era candidato a diputado federal por el Primer Distrito de Quintana Roo por la Alianza Partidista Primero México.

La indagatoria en su contra arrancó cuando el banco HSBC emitió un reporte de operación inusual el 28 de diciembre de 2004, cuando Borge Angulo tenía apenas 25 años de edad y era secretario particular del entonces diputado federal Félix Arturo González Canto, de quien también fue asesor de su campaña para la gubernatura de Quintana Roo.

Las sospechas contra Borge fueron porque en menos de 3 meses hicieron depósitos en su cuenta bancaria personal número 6163617203, por casi 4 millones de pesos en efectivo, lo cual según la UIF nunca pudo comprobar que dichos ingresos tuvieran origen lícito.

El documento oficial señala que “Roberto Borge Angulo recibe recursos en efectivo y por venta de dólares americanos [sic] que del periodo analizado del 1 de septiembre de 2004 al 23 de noviembre de 2004, tiene 27 depósitos por un monto total de 3 millones 895 mil 290.74 pesos, de los que 20 depósitos sólo en efectivo por la cantidad de 2 millones 98 mil pesos y 1 millón 697 mil 585 pesos por la venta de dólares americanos [sic]”.

Además, la UIF explica que, de acuerdo con otros reportes de operaciones relevantes en la misma cuenta bancaria de Borge Angulo, que operó entre marzo de 2003 y diciembre de 2006, tuvo depósitos en efectivo superiores a lo equivalente a 10 mil dólares estadunidenses por la cantidad de 1 millón 580 mil 840 pesos.

A pesar de las pruebas aportadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, la PGR determinó el 13 de julio de 2011 el “no ejercicio de la acción penal” en contra de Roberto Borge Angulo, bajo el argumento de que los depósitos en efectivo que hizo a su cuenta de HSBC por casi 4 millones de pesos en un lapso menor a 3 meses, Hacienda “no acreditó fehacientemente que dichos depósitos a las cuentas bancarias del contribuyente constituyeran ingresos acumulables […] y era necesario que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) hubiese hecho alguna compulsa con terceros para determinar el origen de los depósitos”.

En el IPN, ¿estudiantes o usuarios?

La crisis estudiantil que enfrenta el Instituto Politécnico Nacional (IPN) desde la semana pasada –y que inició con el paro de labores en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Zacatenco, en repudio a la que sería la inminente aprobación de un nuevo plan de estudios– es apenas una muestra de los problemas que enfrenta la institución académica.

Y es que las dificultades no se reducen a la aprobación, que finalmente se dio la madrugada del pasado 24 de septiembre. En entrevista, la líder del Sindicato de Trabajadores del IPN, Rosa María Ayuso, asegura que el modelo educativo vigente –que impulsó el exdirector Enrique Villa Rivera durante su gestión, y que continuó Yoloxóchitl Bustamante– ha sido un fracaso total.

Según la lideresa, ejemplo de ello es que en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas se tiene registro de, al menos, 12 mil alumnos reprobados, porque el modelo educativo obliga a los estudiantes a asistir a clases por la mañana y por la tarde, situación que no todos pueden cumplir porque trabajan.

La académica explica que los nuevos modelos educativos pretenden crear generaciones de técnicos y dejar de lado a los profesionistas. También indica que las escuelas de ingeniería y medicina están en crisis: mientras que en las primeras se busca eliminar las materias de matemáticas y topografía, en las segundas se está presentando hasta un 75 por ciento de reprobación.

Respecto de los nuevos planes de estudio, dice que buscan reducir el número de horas de estudio, al punto de desaparecer 2 semestres, tanto en licenciaturas como en ingenierías.

La titular del Sindicato de Trabajadores del IPN denuncia que, a la par, los académicos enfrentan un clima de constante acoso laboral. Uno de los casos más graves, asegura, es el de los posgrados, donde se estaría reduciendo injustificadamente el presupuesto.

 “Toda la investigación en el área de posgrado está en el abandono”, afirma. En esta administración no se han contratado más investigadores, motivo por el cual la plantilla no rebasa los 1 mil 100. Según Ayuso, hay académicos, investigadores y trabajadores que habrían dejado de percibir sus ingresos hasta por 6 meses.

Por ello, lo que sucede ahora con la comunidad estudiantil podría ser sólo el inicio de un conflicto mayor, que llegue a involucrar a toda la comunidad politécnica.

Como lo informó Contralínea desde finales de 2010, el proyecto educativo que impulsa la directora del IPN podría incluso desmantelar al Instituto para convertirlo en un centro privado de capacitación técnica al servicio de las trasnacionales.

El trabajo de la reportera Flor Goche, publicado en la edición 207 (del 7 de noviembre de 2010) reveló que el Proyecto de Reglamento General de Estudios (PRGE), impulsado desde mayo de 2010, incorpora términos como “servicios educativos”, con lo que transforma a los alumnos en “usuarios de servicios educativos”.

Las telenovelas del Canal Once

Y mientras los académicos sindicalizados denuncian ausencia de presupuesto para el área de investigación, el IPN destina sumas millonarias para coproducir telenovelas en el Canal Once, que nada tienen que ver con la televisión cultural.

Así, guapas y talentosas actrices de moda como Ana Serradilla, Ana Claudia Talancón y Karla Souza han desfilado por esa televisora supuestamente educativa, y destacados actores como Diego Luna y Gael García Bernal han visto beneficios económicos a través de su empresa Canana, cuyas contrataciones invariablemente han sido por adjudicaciones directas. Otra empresa beneficiada de esta manera es Frame Maker Productions, SA de CV, que sólo por la coproducción de la segunda temporada de la telenovela Bienes raíces (13 capítulos de 45 minutos cada uno) se embolsó 28 millones 600 mil pesos.

En el caso de la productora Canana, el Instituto Politécnico Nacional informa de los siguientes contratos otorgados sin licitación en el Portal de Obligaciones de Transparencia:

XEIPN-115-09, a favor de Canana Holdings, SAPI de CV, firmado el 25 de septiembre de 2009. El objeto: la coproducción de la serie Esther produce. El monto, 6 millones 600 mil pesos.

XEIPN-046-11, a favor de Canana TV, SAPI de CV, firmado el 11 de abril de 2011. El objeto: producción de la serie denominada Soy tu fan, segunda temporada, que constó de 13 capítulos con una duración de 48 minutos cada uno. El monto ascendió a 24 millones 600 mil pesos, por lo que cada capítulo protagonizado por Ana Claudia Talancón –entre otros actores y actrices– costó al erario del IPN 1 millón 892 mil 307 pesos.

XEIPN-109-10. Con este contrato Canana Holdings obtuvo previamente el derecho exclusivo para distribuir la serie Soy tu fan. Éste fue firmado el 12 de octubre de 2010 y tiene establecida como fecha de término el 12 de octubre de 2015.

XEIPN-104-10. Firmado con Canana Holdings el 27 de septiembre de 2010 por 585 mil pesos, contrata la elaboración de 13 guiones para el proyecto Soy tu fan.

XEIPN-045-11, a favor de Canana TV, SAPI de CV. Signado el 11 de abril de 2011, tuvo por objeto la producción de la serie Tobara. Seis capítulos costaron 10 millones 800 mil pesos.

XEIPN-103-10. Este contrato previo con Canana Holdings, de fecha 10 de septiembre de 2010, tuvo por objeto la elaboración de desarrollo de contenidos y 13 guiones para el proyecto Tobara, y costó 785 mil pesos del erario del IPN.

XEIPN-163-12, firmado con Canana TV, SAPI de CV, el 30 de noviembre de 2012 para la coproducción de la telenovela Alguien más. Cada uno de los 13 capítulos que estelarizó Ana Serradilla costó 2 millones de pesos: el monto total del contrato ascendió a 26 millones.

XEIPN-115-10, firmado con Canana Holdings, SAPI de CV, el 21 de octubre de 2010, para la producción de la serie Los invisibles, con un costo de 300 mil pesos por un capítulo.

XEIPN-052-09, a favor de Canana Holdings y firmado el 22 de abril de 2009. El contrato se refiere a la coproducción del documental Negro Durazo, que constó de un solo capítulo de 51 minutos, y que tuvo un costo de 1 millón de pesos

XEIPN-121-09, firmado con Canana Holdings, SAPI de CV, el 27 de octubre de 2009, para la coproducción de dos capítulos de la primera temporada de Esther produce, con un costo total de 3 millones 300 mil pesos.

XEIPN-003-10, que data del 5 de febrero de 2010 y que fue firmado con Canana Holdings para la coproducción de Esther produce, por 11 millones 650 mil 434 pesos.

XEIPN-164-12, que firmó con Canana TV el 30 de noviembre de 2012 para la coproducción de la segunda temporada de Niño santo. Los ocho capítulos costaron al erario 16 millones de pesos.

Además, Canana obtuvo un contrato identificado con el número 4 el 28 de abril de 2010, cuyo objeto se describe como “patrocinio”, por 1 millón 140 mil 549.50 pesos.

Miguel Badillo*

*Periodista

 

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