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Los 150 mil desaparecidos en la Guerra Civil española y en la dictadura franquista constituyen el segundo genocidio del siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial, tras las masacres de Camboya. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha vuelto a denunciar al gobierno español por esos desaparecidos.

çLos choques del gobierno de España con la ONU vienen de antiguo. En 1946, la Asamblea General condenó el franquismo porque “el gobierno fascista de Francisco Franco en España fue impuesto al pueblo español por la fuerza con la ayuda de la Alemania nazi y la Italia fascista y no lo representa”. Entonces se retiraron los embajadores en España de casi todos los países y ésta no fue admitida por la ONU ni por ningún otro organismo internacional.

El 17 de marzo de 2006, otra instancia internacional, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa condenó de nuevo el franquismo, por haber “suficientes pruebas de numerosas y graves violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen franquista. La evaluación del franquismo debe incluir una condena del mismo sin ambigüedades”.

Y hace unos días, el relator especial de la ONU sobre promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, presentó su informe sobre la dictadura y sus víctimas ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El informe denuncia al Estado español por no resarcir a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y por no investigar los crímenes franquistas.

El gobierno español ha calificado el informe de erróneo e inexacto, pero sin aportar dato alguno, con una absurda defensa de la transición. El principal pretendido argumento del gobierno del Partido Popular ha sido que el olvido y el perdón son la única vía para la “reconciliación”.

Pablo de Greiff ha denunciado también al gobierno del Partido Popular por no cumplir las normas internacionales que obligan a España por haber firmado y ratificado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, así como la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

El gobierno del Partido Popular, como hiciera un tanto el del Partido Socialista Obrero Español de José Luis Rodríguez Zapatero, arguye que la Ley de Amnistía de 1937 impide juzgar a nadie por delitos cometidos durante la Guerra Civil o la dictadura. Pero no hay ley de amnistía que valga para los delitos de lesa humanidad, que no prescriben jamás, y son los perpetrados por la dictadura que hay que juzgar. Y no pueden acogerse a amnistía alguna y se han de juzgar sí o sí porque así lo ordena el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, firmado y ratificado por el Reino de España.

El nuevo informe de la ONU es claro: “Es importante y urgente que España asuma su responsabilidad y elabore una política integral por la verdad y justicia a las víctimas”. Y propone al gobierno del Partido Popular 42 recomendaciones, dándole 90 días para concretar cómo aplicarlas. Como ha hecho hasta ahora, el gobierno sólo niega la validez del informe, pero ahí se queda. El Partido Popular discrepa siempre de los informes de la ONU sobre los crímenes de la Guerra Civil y del franquismo. Pero no sólo eso. También ha invalidado de hecho la Ley de Memoria Histórica de España, que en parte ofrecía reparación a las víctimas del franquismo, sin pasar por el Parlamento ni siquiera con un decreto de ley sino por el miserable modo de no atribuirle financiamiento alguno para su cumplimiento.

¿Por qué? Porque este gobierno y el partido que lo sustenta son hijos, sobrinos, nietos y parientes de franquistas. No son sucesores sociológicos del franquismo, como apuntó algún periodista hace años: son los herederos incluso biológicos de quienes armaron y mantuvieron una de las peores dictaduras que han asolado Europa.

A los problemas que ocasiona la crisis, la austeridad, los recortes… hay que sumar en España el espíritu y cultura franquistas del gobierno y del partido que lo sustenta. Y mientras no se elimine ese franquismo enquistado, tampoco habrá resolución económica y menos aún social.

Xavier Caño Tamayo*/Centro de Colaboraciones Solidarias

*Periodista y escritor

 

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