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El salario mínimo tendría que ser de más de 8 mil 500 pesos mensuales para que tuviera un poder adquisitivo similar al de 1976. Y para que alcanzara a satisfacer las necesidades básicas de una familia, tendría que llegar a los 16 mil 500 pesos. De aprobarse –una posibilidad lejana– la propuesta del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, para incrementar los salarios, vendría a agregar sólo 15 pesos diarios a los 69 que actualmente ganan los trabajadores mexicanos. En casi nada cambiaría la situación de 7 millones de asalariados: México cuenta con el peor salario mínimo de la OCDE y es aún más raquítico que el de países como Burkina Faso, Ghana, Camerún o Costa de Marfil. Para recuperar los salarios se tendría que revisar a fondo todo el sistema neoliberal, que mantiene al país en estancamiento crónico (con una tasa de crecimiento medio real anual de 2.4 por ciento entre 1983-2014) y que ha provocado que 86.9 millones de mexicanos vivan en pobreza o miseria

Si en sus conflictos diarios con el capital [los trabajadores] cediesen cobardemente, se descalificarían sin duda para emprender movimientos de mayor envergadura. [Pero] la clase obrera […] no debe entregarse por entero a esta inevitable lucha guerrillera, continuamente provocada por los abusos incesantes del capital o por las fluctuaciones del mercado. Debe comprender que el sistema actual, aun con todas las miserias que vuelca sobre ella, engendra simultáneamente las condiciones materiales y las formas sociales necesarias para la reconstrucción económica de la sociedad. En vez del lema conservador de “¡Un salario justo por una jornada de trabajo justa!”, deberá inscribir en su bandera esta consigna revolucionaria: “¡Abolición del sistema del trabajo asalariado!”

Carlos Marx (1865)

La propuesta de política de recuperación del salario mínimo en México y el Distrito Federal de Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de gobierno de la capital, no es nada ambiciosa en sus propósitos. Y la manera en que fue presentada en público, envuelta en una aparente, sincera y democrática preocupación por los niveles deteriorados del ingreso de las mayorías, no logró despejar el tufo de la suspicacia que, como moscardón, revolotea alrededor del verdadero fin de su iniciativa: sus ambiciones presidenciales.

“Es cierto que –como dice el maestro Álvaro Cepeda– no hay político que no aproveche las oportunidades, pero de esto a ser oportunista hay un océano de por medio”.

¿Acaso Luis Videgaray, por citar a otro suspirante, no actúa de esa manera? ¿Acaso el priísta no se ha envuelto en los harapos de la bandera neoliberal, luego de su decisiva participación en las triunfantes contrarreformas laboral, energética o en telecomunicaciones? ¿Acaso no promete paraísos de crecimiento económico y bienestar, y, a horcajadas de las contrarreformas, deshoja la margarita de los días que le restan para tratar de transformar en realidad su caro sueño: convertirse en el séptimo gerente del “mercado libre” mexicano, mientras el peñismo neoliberal se hunde en el fango del estancamiento crónico y arroja alegremente a miles de personas al anchuroso océano de la miseria?

La desconfianza que persigue a Mancera se nutre con las políticas y las medidas que aplica a los capitalinos, a contrapelo de su iniciativa por elevar los salarios y su poder de compra: los exorbitantes precios que impone, sin el legitimador consenso, al consumo del agua potable, al impuesto predial o al Sistema de Transporte Colectivo Metro; la privatización de las vialidades, o la violencia con que trata a los disconformes sociales, al estilo priísta-panista, por mencionar algunos hechos que han llevado al despeñadero del descrédito a los gobernantes defeños paridos por la ilusoria “izquierda” responsable y negociadora. Tan civilizada que, una vez pulidos sus principios y sus pruritos ideológicos, puede acompañar republicanamente en Palacio Nacional a Enrique Peña Nieto, a un lado Silvano Aureoles, al otro Miguel Barbosa, a quien durante algún tiempo acusaron de llegar a la Presidencia por medio de un supuesto fraude electoral.

Las 10 acciones recomendadas por Miguel Ángel Mancera y sus expertos no buscan ofrecer una alternativa global a las razones políticas, las causas estructurales y los compromisos externos –en el contexto de la internacional neoliberal, mejor conocida como el Consenso de Washington– que provocan y reproducen opulentamente la injusticia de la inequidad y la polarización social, la deliberada redistribución del ingreso y la riqueza, concentrada de manera extrema y ultrajante en una cuantas familias, por un lado, a costa de la pauperización de las mayorías, la exclusión y la inseguridad delincuencial, por el otro, caras contrapuestas e indisolubles del mismo proceso económico y consustancial al nuevo proyecto de nación erigido desde 1982.

Lo anterior hubiera implicado el diseño de una proposición audaz: un viraje estratégico antineoliberal, posneoliberal. El cambio radical en los objetivos de la política económica impuesta por los neoliberales, con el objeto de privilegiar el crecimiento, el empleo formal digno y estable, la recuperación de los salarios reales, la regulación del mercado y la intervención estatal, con una política tributaria progresiva y un gasto público activo.

Aun dentro de los límites capitalistas –así lo reclama la participación electorera del sistema de partidos, aunque su funcionamiento no tenga nada de democrática formal, y porque quienes decidieron unirse a esa carreta aceptaron de buen talante emascular sus tentaciones subversivas–, un proyecto de corte keynesiano equivaldría una apostasía en contra de la política económica ortodoxa fondomonetarista instrumentada de Miguel de la Madrid a Enrique Peña Nieto-Luis Videgaray, de las contrarreformas neoliberales y la subordinación neocolonial de la economía nacional a la internacional, en espacial a la zona de influencia geopolítica estadunidense.

La tortuga y la liebre

La pérdida del poder de compra de los salarios se debe a que los aumentos de los salarios avanzan a paso de tortuga, mientras que la inflación corre como una ágil liebre. La lógica elemental justiciera indica que, si se deseara una competencia más equitativa, los salarios tendrían que ajustarse adicionalmente para compensar el diferencial entre la inflación esperada y la alcanzada, o incluso por encima de la segunda si se desea mejorar el bienestar de los trabajadores. O al menos deberían regularse los precios de la canasta básica y de otros –como los públicos: gas, electricidad, gasolinas–, que afectan la capacidad de consumo de la población.

Pero la racionalidad de los economistas ortodoxos videgaryanos es otra. Para ellos el control patológico de la inflación es una condición sine qua non para aspirar al crecimiento sostenido y luego repartir sus beneficios. Dicho control exige la administración de la demanda interna: el consumo privado y público. ¿Cómo?

1) Por medio de la contención salarial por decreto; la limitación de su aumento a una tasa similar a la inflación esperada y no la alcanzada, para evitar que su exceso de poder de compra genere supuestas presiones inflacionarias;

2) la política monetaria restrictiva: alto costo del crédito al consumo y la inversión;

3) la sobrevaluación cambiaria, que abarata las importaciones, aunque arruine a los productores locales;

4) la austeridad fiscal (menor gasto público) y el autismo estatal.

Los bajos salarios reales no sólo han sido necesarios para la tiranía de la política económica desinflacionaria. Estructuralmente, también lo son para que las empresas, en un mundo de economías abiertas e integradas, puedan reducir sus costos de producción, elevar su productividad, competitividad y rentabilidad. Asimismo, son caramelos irresistibles para atraer a la inversión extranjera, agobiada por los altos salarios exigidos por los trabajadores en sus países de origen. La posibilidad de las grandes empresas para moverse de una economía a otra, sin restricciones, tiene por objeto, entre otros, aprovechar los salarios de hambre pagados en naciones como México. La tendencia mundial no es homologar los salarios hacia arriba, sino en la pobreza. La “flexibilidad” laboral refuerza la baja de los costos de las empresas por medio de la eliminación de la estabilidad en el empleo, de las prestaciones sociales, de los pagos extras por los cambios en las jornadas de trabajo, de los gastos en la seguridad e higiene laboral y en la capacitación, de las erogaciones y los plazos de despido.

El precio pagado por la política económica ortodoxa es la pérdida del potencial de la demanda efectiva, de bienes de consumo e inversión, hecho que tiene a la producción local y al mercado interno boqueando como pez fuera del agua, el cual no ha sido compensado por las exportaciones, como supusieron los que subordinaron la economía nacional a la mundial, porque sus efectos multiplicadores se transfieren hacia afuera. Ello explica el estancamiento crónico que caracteriza al ciclo neoliberal: una tasa de crecimiento medio real anual de 2.4 por ciento entre 1983-2014; la incapacidad del aparato productivo para generar los empleos requeridos anualmente, el alto desempleo abierto y encubierto (quienes han dejado de buscar una plaza, pero que se encuentran disponibles), el subempleo, la informalidad, la emigración, la delincuencia.

El resultado del modelo es la pobreza y la miseria que afecta a 86.9 millones de mexicanos, el 74 por ciento de una población total de 117.3 millones, según datos de 2012 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En gran medida, esa situación se debe al brutal desplome del poder de compra de los salarios reales, la principal fuente de ingresos de los trabajadores, y cuyos efectos perversos en una parte de la población, sobre todo de las familias marginadas, han sido parcialmente compensados por las remesas enviadas por los propios trabajadores expulsados por el modelo hacia Estados Unidos, y por las envilecedoras migajas asistencialistas repartidas a lo largo de 26 años por los neoliberales, de la Solidaridad salinista (1988) al Prospera (2014) peñista-roblista, que las utilizan como instrumento de manipulación clientelar.

No es difícil suponer que a los trabajadores les angustie, les disgusta recibir esos salarios que no les permiten satisfacer sus necesidades más básicas. Quizá la mayoría de ellos no lo sepa, pero son los peores del mundo. Los más bajos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), zona en donde participa México en la esquizofrenia neoliberal primermundista. Apenas superan a los pagados en Haití o la República Dominicana, los menores de América Latina, lo que, sin duda, no es ningún consuelo. Son inferiores a los de Burkina Faso, Ghana, Camerún, Costa de Marfil o El Salvador, por citar algunos parias del planeta, hecho que revela cómo han sido condenados a sobrevivir en los niveles más bajos del infierno terrenal.

Pero la tiranía del “mercado” es implacable. Los obliga a aceptar esos salarios miserables y el cambio desventajoso en las reglas de sus contratos de trabajo. Porque en el mercado laboral formal es el imperio del terror. Todo signo de rebeldía ante la dictadura de la empresa es perseguido y contenido diariamente por el miedo al desempleo dilatado o permanente, la escasez de empleos formales acumulados en 3 décadas, o la espectral sombra de los que anhelan un empleo y están dispuestos a sustituirlos en las más precarias condiciones. Afuera los acechan los nada fantasmales ejércitos de informales, migrantes y delincuentes para arroparlos.

Si no es suficiente la tiranía política y del “mercado”, se dispone otras dos formas adicionales de domesticación: el desmantelamiento de las organizaciones obreras y el control gansteril impuesto por los capos del corporativismo sindical paraestatal y empresarial; y la manipulación de la legalidad por la Secretaría del Trabajo, los tribunales laborales y la Comisión encargada de fijar los salarios mínimos.

El drama de la pobreza y miseria implica, por tanto, algo más que una estrategia salarial que reduzca y elimine, en un periodo definido, su poder de compra perdido desde 1976. Que supere ese máximo histórico y evalúe si el nuevo precio de la fuerza de trabajo ofrece o no una forma de vida digna a los trabajadores. Requiere, asimismo, una reforma laboral que instaure los beneficios laborales conculcados por los priístas-panistas, y un estado de bienestar históricamente negado por el autoritarismo de las elites dominantes.

El deterioro de los salarios reales es la manifestación de la lucha de clases. Es la expresión de la derrota de los trabajadores ante el capital en su lucha por el reparto del excedente económico limitado entre los salarios y las ganancias. Si los salarios bajan, subirán las ganancias; y si aquéllos suben, bajarán éstas. Como escribiera Carlos Marx: cuanto más elevado es el grado de explotación del trabajo asalariado por el capital, tanto mayor es la cuota de ganancia, y ésta expresa la proporción entre el trabajo pagado y el no retribuido a los trabajadores, “el grado en que el capitalista estruja al obrero trabajo gratuito”.

En la pugna por la distribución del ingreso, el capital ha contado con un aliado inestimable: los gobiernos neoliberales. En ese sentido, la mayor participación salarial en el mismo necesita una nueva alianza entre los trabajadores y un gobierno antineoliberal. Argentina ofrece un ejemplo. En 2003-2014, Néstor Kirchner y Cristina Fernández no sólo eliminaron la pérdida de 19 por ciento y 20 por ciento, en términos reales, registrada por los salarios mínimo y medio (el conjunto de la economía) en 2000-2002, provocada por el colapso del neoliberalismo argentino. En ese lapso, los salarios aumentaron 348 por ciento y 158 por ciento, descontando la inflación, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Los salarios más hambreados del mundo

Aun con sus propias limitaciones, la iniciativa de Miguel Ángel Mancera por elevar los salarios fue una especie de broma de pésimo gusto, con eventuales consecuencias inesperadas. Fue como colgar un cadáver incómodo en la puerta donde el sínodo nocturno de los neoliberales festejaba bulliciosamente su triunfante contrarreforma energética.

La propuesta del jefe de gobierno capitalino exhibe públicamente las llagas ya conocidas que padecen los salarios en México, así como la podredumbre que impregna a los neoliberales y su política salarial.

De paso muestra las propias limitaciones de la oferta salarial de Mancera.

Vista en perspectiva, es una especie de cohete espantasuegras.

De todos modos, sobresaltó a los ilustres asistentes al convite peñista de Palacio Nacional y que se verán forzados a tratar de desviar la atención pública sobre el tema, en tanto intentan abortar al engendro o asfixiarlo en la cuna, antes de que camine entre los trabajadores y estimule sus ímpetus revoltosos.

El diagnóstico presentado por el economista Gerardo Esquivel, en nombre del equipo de expertos convocados por Mancera, resume adecuadamente el drama salarial del país, el cual es descrito detalladamente en el documento Política de recuperación en México y en el Distrito Federal del salario mínimo. Propuesta para un acuerdo, de 98 páginas: el grave retroceso histórico en el poder de compra de los ingresos de los trabajadores y en su participación en el ingreso nacional, que explica y reproduce la pobreza y la miseria; su clasificación como uno de los peores pagados del mundo, comparables con los otorgados en los países más pobres del planeta; la creación de empleos precarios y mal pagados que ha caracterizado al peñismo; el insostenible mito que afirma que el alza salarial es inflacionario y afecta la productividad, y que explica por qué sus aumentos anuales hayan sido en línea con la meta de precios; los mezquinos argumentos empleados por el gobierno y los empresarios para justificar la imposibilidad de elevar los sustancialmente los salarios reales, entre otros aspectos (la presentación de Esquivel puede verse en http://aristeguinoticias.com/2808/mexico/mancera-llama-a-debate-nacional-y-propone-salario-minimo-de-82-86-meta-171/. El documento citado en: http://salarios cdmx.sedecodf.gob.mx/; en esta dirección pueden verse otros materiales valiosos).

Asimismo, los analistas señalan otros aspectos que contradicen frontalmente las “razones de Estado” para mantener castigados los salarios y cuyas pérdidas se han trasladado a los bolsillos de los empresarios y del Estado, por la vía impositiva y de los precios de los bienes y servicios que vende a la población como cualquier usurero:

1) Las experiencias de países como Chile, Argentina, Paraguay, Colombia o Perú demuestran que es viable aplicar una política sostenida de recuperación del salario mínimo y de la capacidad de compra de los trabajadores de menores ingresos, sin que se generen graves desequilibrios macroeconómicos como los que usan los neoliberales como espantajos para atemorizar a la población.

2) Es posible elevar el salarios mínimos, primero, en 15.57 pesos diarios, en 23 por ciento, en 2015. Éste pasaría de 67.29 pesos (actuales en la Zona A) a 82.86 pesos; a 2 mil 485.80 pesos mensuales, de su nivel actual de 2 mil 18.70 pesos. Después se ajustaría anualmente en el orden de 27.3 por ciento entre 2016 y 2018, para que al cierre del peñismo se ubique en 171.03 pesos diarios, ya unificado el salario mínimo en una categoría nacional. En total, aumentaría en 103.74 pesos diarios más, en 154.2 por ciento. Mensualmente sería de 5 mil 643.90 pesos.

3) Un salario como el propuesto a partir de 2015 permitiría a un trabajador y un familiar obtener el ingreso necesario para adquirir la canasta alimentaria y no alimentaria (transporte público, artículos de limpieza de la casa y personal, educación, cultura y recreación, etcétera), cuyo precio en julio pasado fue estimado por el Coneval en 1 mil 603.66 pesos en las zonas urbanas y de 2 mil 526.49 pesos en las rurales, montos, por cierto, considerados como francamente ridículos por quienes ganan un salario mínimo. Ello elevaría la condición de los miserables al estatus de pobres.

4) Un aumento salarial de 20 por ciento sólo elevaría la inflación hasta 0.9 por ciento, sin afectar el nivel de empleo o el crecimiento. En cambio, podría estimular el tránsito de los trabajadores informales al mercado formal y mejorar el consumo interno.

Los analistas citados pudieron añadir que el efecto inflacionario puede ser anulado con un ajuste proporcional a la baja en los precios de los energéticos, cuyo aumento medio anual en lo que va del siglo ha sido de 6 por ciento, o asumido por los empresarios, sin graves efectos en sus ganancias.

El diagnóstico de la situación salarial es sólido. Sin embargo, las propuestas son deplorables. Un parto de los montes, según el título de la fábula de Esopo: elevar el salario en el monto citado previamente y crear una unidad de referencia de otros precios y variables (créditos, deducciones, multas, indemnizaciones) para desvincularlas del salario mínimo, tal y como lo ha hecho Uruguay, por ejemplo, medidas que se aplicarían en la capital y en el país; fortalecer la autonomía y capacidad técnica de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos; crear una comisión interinstitucional para revisar los efectos del alza salarial; modificar el calendario de determinación del salario mínimo para que deje de condicionar a los contractuales; mejorar las condiciones laborales de los trabajadores defeños, en especial los que trabajan por honorarios; presionar a los contratistas del gobierno capitalino para que eleven los salarios mínimos en el monto previsto y estimular fiscalmente a las micro y pequeñas empresas para que en el primer año paguen dicho aumento.

Mancera clama por “un acuerdo nacional”, a la “voluntad política” de los actores involucrados.

En esencia, salvo el aumento salarial, en caso que los peñistas y los empresarios fueran tocados en sus tiernos corazones por las propuestas de Miguel Ángel Mancera y sus expertos, ninguna de las propuestas altera las razones y las condiciones que determinan las bajas remuneraciones de los trabajadores, la pobreza y la miseria. Pero aun cuando fueran adaptadas, las condiciones de vida de las mayorías no sufrirían cambios benéficos sensibles.

La “voluntad política” de Peña Nieto y de Videgaray ya fue dada con la meta de inflación programada para 2015: 3 por ciento, conforme a la meta de Agustín Carstens, que deja dormir tranquilo al empresariado.

Con esa meta de precios, el aumento al salario mínimo será de 3 por ciento o 4 por ciento, 1.97 pesos más, en promedio, o de 2.62 pesos. Los contractuales serán de 5-6 pesos adicionales.

Si se acepta el supuesto de que el aumento salarial no es más una expresión de la lucha de clases por la distribución del ingreso, entonces su reparto entre los salarios, las ganancias y los impuestos estará condicionado por la fuerza y la organización de los trabajadores, los empresarios y el Estado, y del lado en que se ubiquen las elites políticas dominantes, para modificar su participación en el excedente económico. Y las condiciones económicas y políticas de los trabajadores no han sido las mejores para los trabajadores desde que los neoliberales llegaron al poder y se estableció un amasiato entre ellos y los empresarios.

Las arengas de los últimos, relativa a su supuesta preocupación por los bajos salarios y el bienestar de los trabajadores no son más que una burla que, por la vía de los hechos, yacen en el cementerio de promesas enterradas bajo un epitafio: “fuera de época”. La oligarquía sabe perfectamente que su fortuna acumulada (35 familias, cuya riqueza estimada en 2013 fue de 73 mil millones de dólares, 2.3 billones de pesos, equivalente al 14 por ciento de producto interno bruto) depende de que se mantenga el orden establecido.

El patrimonio de esas 35 familias exige la miseria y la pobreza de 86.9 millones de mexicanos. La mejoría en las condiciones de vida de éstos últimos implicaría una reducción en el ritmo de acumulación de aquellas.

O Mancera es un ingenuo, o tiene claro que sus propuestas no son más que escenográficas para sus ambiciones presidenciales.

Al cabo, Miguel Ángel Mancera no quiere molestar a los mercados. Puede asumir sus propuestas sin grandes costos. Quizá hasta de paso podría incluir en la nómina capitalina a los cuando menos 150 mil trabajadores que subcontrata a través de las empresas outsourcing, y cuyas condiciones de trabajo son de las más deplorables.

Es evidente que es más seductor para los trabajadores un aumento salarial de 15.57 pesos más para 2015 como propone Mancera, que el de 1.97-2.62 pesos que impondrá Peña Nieto-Videgaray. Pero sus efectos sobre las condiciones de vida de los trabajadores serían irrelevantes, al igual que el nivel de 171 pesos que plantea para 2018.

Pero Mancera propone un aumento para el salario mínimo, el cual es recibido por 6 millones 568 mil personas ocupadas, el 13.3 por ciento de un total de 49 millones 545 mil. En el caso de los trabajadores asalariados subordinados, los favorecidos serían 3 millones 94 mil personas, el 9.2 por ciento de 33 millones 607 mil.

Para los restantes 42 millones 977 mil ocupados y 30 millones 513 mil Mancera no tiene nada que ofrecer.

La pérdida histórica acumulada del salario mínimo real promedio es de 76 por ciento, o 77 por ciento, como dicen los expertos de Mancera. Los 171 pesos diarios la reducirían en dicho deterioro a 37 por ciento. Quedaría pendiente poco más de un tercio.

Además, queda la duda, por decirlo de alguna manera, que si con ese salario realmente los trabajadores que lo reciban realmente subirán el peldaño que diferencia a los miserables de los pobres, al menos en algunos matices.

Si se relaciona el aumento acumulado por el salario mínimo nominal promedio con la inflación acumulada entre 1976 y 2014, 79 mil 160 contra 299 mil 292, para estimar el valor nominal del salario mínimo diario, éste debería ser del orden de 294 pesos diarios en 2014, poco más de 8 mil 500 pesos mensuales. Alrededor de esa cantidad se ubicaría un ingreso similar al de 1976.

El jurista laboral Arturo Alcalde lo estima en 360 pesos diarios o 10 mil 800 pesos mensuales.

De acuerdo con información de la periodista Flor Goche, de Contralínea, el Observatorio de Salarios, de la Universidad Iberoamericana Puebla, en su Informe 2014, calcula que un salario mínimo que busque satisfacer las necesidades normales de una familia en el orden material, social, cultural y educativo, de acuerdo con los preceptos constitucionales, debería de ser de 548 pesos diarios, 16 mil 445 pesos mensuales.

Entre las estimaciones del equipo de Mancera y las últimas cifras señaladas existe un abismo amplio.

En la siguiente entrega se revisará la situación salarial observada con los neoliberales.

Marcos Chávez M*, @marcos_contra

*Economista

 

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 Contralínea 403 / del 14 al 20 de Septiembre 2014

 

 

 

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