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Martín Esparza Flores*/ Tercera parte / Segunda parte / Primera Parte

Apenas a unas semanas de publicadas las leyes secundarias de la reforma energética, su contenido se ha transformado en una verdadera caja de desagradables sorpresas para todos los mexicanos. La llamada Ronda Cero ha contradicho la transparencia que debería permear desde un primer momento a los nuevos ordenamientos, pasando por alto el informar a detalle a la sociedad sobre las áreas de explotación y exploración que quedarán en manos de Petróleos Mexicanos (Pemex), antes de que se inicie en la Ronda Uno el reparto de nuestros hidrocarburos a los inversionistas nacionales y extranjeros, estando a su disposición seis cuencas potenciales de crudo y gas de lutitas.

Además, bajo la estrategia de manipular la realidad a través de los medios de comunicación masiva –a un altísimo costo para las finanzas públicas–, se insiste en vender a la población el espejismo de la baja en las tarifas de luz, ocultando el desmantelamiento total del Sistema Eléctrico Nacional, que reducirá las funciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a las de una simple suministradora de clientes minoristas, ante la fragmentación de sus operaciones en el sector, tal y como lo establecen las nuevas leyes de la Industria Eléctrica y de la propia CFE, dotando al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de las facultades reguladoras y de asignación de concesiones a las nuevas subsidiarias, sobre todo a favor de las multinacionales que se adueñarán del mercado mayorista.

En su artículo 15, la Ley de la Industria Eléctrica establece: “el Estado ejercerá el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional a través del Cenace, quien determinará los elementos de la Red Nacional de Transmisión y redes generales de distribución que corresponda al mercado eléctrico mayorista, los demás elementos de estas redes podrán ser operados por los transportistas o distribuidores, sujetándose a la coordinación del Cenace. El Cenace determinará las asignaciones de responsabilidades y procedimientos de coordinación con los transportistas y distribuidores a fin de ejercer el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional.

“Para el mejor cumplimiento de su objeto, el Cenace podrá formar asociaciones o celebrar contratos con particulares para que presten servicios auxiliares a la operación del mercado eléctrico mayorista.”

De esta forma, serán las firmas privadas las que controlen la generación, distribución y venta de energía cooptando a los clientes mayoristas que mayores ganancias reportan en el mercado eléctrico; la CFE se quedará con los usuarios domésticos o lo que dejen de este sector las futuras comercializadoras. Las nuevas leyes obligan tácitamente a la ahora empresa productiva del Estado a entregar, mejor dicho, obsequiar a las nuevas subsidiarias las redes de distribución y demás equipos e instalaciones que al país le costaron décadas levantar. Negocio redondo si se considera que además de funcionar de manera independiente no deberán aportar 1 centavo para iniciar sus redituables operaciones.

El multimillonario regalo contenido en la privatizadora reforma energética en el sector eléctrico es tanto o más generoso en el campo de los hidrocarburos, pues las leyes secundarias establecen la obligación de Pemex para entregar a los nuevos inversionistas, sin costo alguno, toda la información geológica y estratégica –cual catálogo de Armani– de las potencialidades de hidrocarburos, no sólo en aguas profundas sino en todas las cuencas de reservas de crudo y gas lutitas, para que las mismas cuenten con información confiable y suficiente para participar en la llamada Ronda Uno. Tales datos, valiosos y obtenidos a un alto costo para las finanzas públicas, incluyen información de 124 mil 790 kilómetros a lo largo y ancho del territorio nacional, considerando campos de explotación en aguas profundas y ultraprofundas. Es decir que los empresarios podrán ir a la segura sin desembolsar 1 sólo peso. Un regalo en papel celofán y con moño incluido es el que recibirán gracias a las leyes secundarias.

Está por verse, además, si la Secretaría de Energía cumple con la obligación establecida en la reforma constitucional en el asunto de compensar a Pemex por las inversiones que ya ha realizado en áreas y campos de explotación y exploración que no fueron asignadas a su favor en la Ronda Cero, y que, como ya comentamos, no han sido dadas a conocer. La Secretaría de Energía debe, por ley, reconocer un justo valor económico a esas inversiones ya devengadas por la antes paraestatal para cobrar un precio justo a los inversionistas que, de esta manera, van a la segura. Pero como el titular de la dependencia, Pedro Joaquín Coldwell, quien formará parte tanto del Consejo de Administración de Pemex como de CFE, no ha dado a conocer al país las áreas y campos asignados antes de iniciar en noviembre próximo la Ronda Uno, es imposible saber el monto de las compensaciones que las nuevas empresas deberán pagar a Pemex.

Va siendo hora de explicar a la gente que si bien es cierto que el petróleo, estando en el subsuelo, es de todos los mexicanos, una vez saliendo a la superficie dejará de serlo, de acuerdo con el modelo establecido por la reforma energética, como también los propios bienes de la ahora empresa productiva del Estado, pues en la nueva Ley de Pemex, se estableció de forma por demás desventajosa:

“El proyecto de ley propone una nueva regulación a la que se sujetarán los bienes de Petróleos Mexicanos y los de sus empresas productivas subsidiarias, que constituye un equilibrio entre, por una parte, las necesaria flexibilidad que facilite el adecuado desarrollo de sus operaciones y, por otra, reconocer que su patrimonio estás conformado por bienes públicos.

“Así, se establece que los actos relativos a la disposición, uso y disfrute de los bienes de Petróleos Mexicanos y sus empresas subsidiarias se regirán por la legislación común por lo que no será aplicable la Ley General de Bienes Nacionales.”

Y por si alguna duda queda del carácter privatizador y empresarial con que será manejada la exparaestatal, se remarcó al respecto: “será el propio Consejo de Administración, a propuesta del director general, quien determine su desincorporación y los términos bajo los cuales podrán enajenarse o gravarse. Es decir, en cualquier caso la desincorporación de los bienes inmuebles se llevará a cabo conforme a las reglas que el propio Consejo determine, sin la intervención de cualquier otra instancia gubernamental”.

Pemex, como se aprecia, ya no es propiedad de la nación sino de un selecto grupo de funcionarios que la manejarán como empresa privada, iniciando, cuando así lo determinen, su desmantelamiento a favor de las multinacionales. Igual suerte correrá la Comisión Federal de Electricidad, y el sector eléctrico nacional. Urge que el país conozca a detalle este robo a la nación que los medios masivos insisten en ocultar bajo el montaje de un futuro próspero que sólo existe en la imaginación de los publicistas al servicio del Estado.

Martín Esparza Flores*/Tercera parte

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

 

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