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Ser portador del VIH o padecer sida podría ser un asunto penal en Uganda. Con una nueva ley que en el discurso busca combatir la enfermedad, el gobierno de ese país está dispuesto a violar derechos humanos de los pacientes y, como consecuencia de la persecución, provocar que los casos de contagio aumenten

Amy Fallon/IPS*

Kampala, Uganda. La lucha contra el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) retrocederá en Uganda ahora que una ley penaliza la transmisión “premeditada e intencional” de la enfermedad, y permite que los médicos revelen la situación sanitaria de sus pacientes sin su consentimiento, sostienen activistas.

La ley alejará a la gente del tratamiento médico, pero sobre todo llevará a la clandestinidad a los trabajadores y trabajadoras sexuales y a los hombres homosexuales, y hará que las mujeres sean más vulnerables a la violencia de género y familiar, aseguran.

El Parlamento aprobó por unanimidad la polémica ley el 13 de mayo y el presidente Yoweri Museveni la promulgó el 31 julio, pero la noticia recién se divulgó por las redes sociales el pasado 19 de agosto.

La norma permite que los proveedores médicos revelen la situación de VIH de un paciente a terceros sin su consentimiento, y obliga a las mujeres embarazadas, a sus parejas y a las víctimas de violación sexual a someterse a análisis de sangre obligatorios.

Uganda es considerada un caso de éxito contra el VIH y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ya que la incidencia bajó de 18 por ciento en 1992 a 6.4 por ciento en 2005.

Museveni prometió al Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (Onusida) y a los activistas que no daría su respaldo a la ley punitiva, pero no cumplió con su palabra.

 “Ésta es una ley populista”, opina Kikonyongo Kivumbi, de la Asociación de Prensa de Uganda por la Salud y la Ciencia.

El presidente “sabe que lo que está haciendo no es correcto para abordar los problemas de salud pública generales de este país”, sostiene Kivumbi ante Inter Press Service (IPS).

Uganda ocupa el tercer lugar en el mundo en cantidad de casos nuevos de VIH, con un 7 por ciento del total, indica el activista, según datos de un informe de Onusida para 2014.

Otros activistas quedaron “desconsolados” e “indignados” tras la aprobación de la Ley de Prevención y Control del VIH.

La noticia se supo mientras las organizaciones de la sociedad civil esperaban que Museveni las recibiera para oír su opinión sobre el polémico proyecto de ley, el cual recibió las críticas de la propia Comisión del Sida de Uganda y del Programa de Control del Sida del Ministerio de Salud.

 “Malas noticias procedentes de Uganda. Por favor, recen por nosotros”, pide Jacquelyne Alesi, directora de programas de la Red de Jóvenes de Uganda que Viven con VIH y Sida, en un correo electrónico enviado a IPS.

La ley estipula un máximo de 10 años de prisión, una multa de 5 millones de chelines ugandeses (aproximadamente 1 mil 980 dólares) o ambos para quien “voluntaria e intencionalmente transmita VIH/sida a otra persona”.

La norma, redactada en 2008, también prevé una multa o un máximo de 5 años de cárcel para las personas declaradas culpables de “intento de transmisión” del virus.

La Encuesta de indicadores de Sida de 2011 señala que la incidencia general del VIH es mayor entre las mujeres (8.3 por ciento) que entre los hombres (6.1 por ciento).

 “Por lo general, el VIH tiene rostro de mujer”, comenta Dorcas Amoding, del Grupo de Acción para los Derechos Humanos de la Salud y el VIH/Sida, a IPS.

 “Si su análisis de sangre dio positivo y el marido se entera… Él podría considerarlo un resultado muy negativo y, en consecuencia, atacarla”, advierte la activista.

La mayoría de las personas lesbianas, gays, bisexuales o transexuales que viven con VIH/sida “mueren en silencio”, y muchas ya no acuden a los servicios sanitarios desde que en febrero se promulgó la ley contra la homosexualidad que instituyó la pena de muerte para los homosexuales, explica Bernard Ssembatya, de Vinacef Uganda, una organización de salud sexual y reproductiva.

Un tribunal constitucional declaró “nula y sin efecto” la ley antihomosexual el 1 de agosto, pero la homosexualidad sigue siendo un delito en este país y se castiga con penas de cárcel que incluyen la cadena perpetua.

 “Algunos de ellos se resisten a acudir a los servicios de salud y algunos proveedores también tienen miedo de prestarles servicios”, destaca Ssembatya.

Habrá “más muertes por VIH, más infecciones”, como consecuencia de la ley de VIH/sida, advierte.

La organización Mundo Libre de Sida señala que más de 60 países penalizan la transmisión del VIH o la falta de comunicación de la calidad de portador a las parejas sexuales. En Estados Unidos, 34 estados mantienen leyes específicas contra la transmisión del virus.

Para Kivumbi, la penalización en Uganda fue un “objetivo de la derecha republicana de Estados Unidos”, a la cual acusa de influir en la salud pública y la política del país.

 “Tenemos que decirles a los extremistas republicanos y a los cristianos de iglesias evangélicas de Estados Unidos que nos dejen manejar la pandemia de VIH a nosotros”, afirma.

 “Sólo porque Estados Unidos nos da dinero no significa que nos puedan imponer sus objetivos extremistas”, añade.

Uganda optó intencionalmente por “moralizar la pandemia y la respuesta al enfatizar la abstinencia en detrimento del uso del condón y otras intervenciones científicamente comprobadas”, dice Kivumbi.

“Ministros, parlamentarios y otras personas en el nivel gubernamental llegaron a decir que las personas portadoras de VIH están moralmente en bancarrota”, indica.

La “politiquería” tuvo que ver con la promulgación de la ley por parte de Museveni, según Kivumbi.

Uganda presentará el 15 de octubre un pedido de financiamiento al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, y pretendía un préstamo de 90 millones de dólares del Banco Mundial que fue suspendido, explica.

Una de las cláusulas de la ley del VIH/sida crea un fondo fiduciario gestionado por el Ministerio de Salud, con dineros procedentes de gobiernos extranjeros y organismos internacionales, entre otros.

Paradójicamente, el Banco Mundial suspendió el préstamo en febrero, pocos días después de que Museveni promulgara la ley contra la homosexualidad.

 “El presidente creyó que al firmar esta [última] ley, que crea el Fondo Fiduciario del Sida, el Banco Mundial le daría dinero y el Fondo Mundial contribuiría”, señala Kivumbi.

 “Que el Fondo Mundial y el Banco Mundial no se dejen engañar. Esta ley pisotea las libertades civiles básicas y es inaceptable en la sociedad libre y democrática que Uganda quiere ser”, concluye.

Amy Fallon/IPS*

*Editado por Nalisha Adams, traducido por Álvaro Queiruga

 

Contralínea 402 / Domingo 07 al Sábado 13 Septiembre de 2014

 

 

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