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Desde enero, habitantes de los pueblos aledaños al Río Los Pescados, en el Sureste de México, bloquean la construcción de una presa del Proyecto de Propósitos Múltiples para el Suministro de Agua de Xalapa, la capital de Veracruz.

 “Se violan nuestros derechos a una vida libre de contaminación, a decidir dónde y cómo vivir, a la información, a la consulta previa, libre e informada. Que no se metan a nuestro territorio nada más así”, dice la activista Gabriela Maciel, del colectivo Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por Ríos Libres.

Esa agrupación reúne a residentes de 43 comunidades de 12 municipios de la cuenca del Río y, junto con otras organizaciones, logró suspender la obra que construyen la empresa brasileña Odebrecht y la Comisión del Agua del Estado de Veracruz.

La represa de Jalcomulco proyectada, con capacidad para embalsar 130 millones de metros cúbicos en una extensión de 4.13 kilómetros cuadrados y un costo de más de 400 millones de dólares, es parte de la ola de construcciones que proyectan el gobierno federal y los estatales en colisión con las comunidades locales.

Detrás está la gigantesca ofensiva de infraestructuras en México que acompaña la reforma energética en el país, cuyo marco legal quedó definitivamente fijado el 11 de agosto pasado y que ha abierto al sector privado, nacional y extranjero, la explotación, refinación, distribución y comercio de hidrocarburos, así como la generación y venta de electricidad.

Lo conforman nueve iniciativas que establecieron nueve nuevas leyes y reformaron otras 12, que materializan la reforma promulgada el 20 de diciembre de 2013.

Se espera que la apertura energética atraiga a la segunda economía latinoamericana inversiones nacionales y extranjeras.

El 18 de agosto pasado, la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció 16 proyectos por unos 4 mil 900 millones de dólares de inversión, 27 por ciento de ellos públicos y 73 por ciento privados.

En el Programa Nacional de Infraestructura (PNI) 2014-2018, la CFE proyecta 138 proyectos por unos 46 mil millones de dólares, entre centrales hidroeléctricas, plantas de generación solar, eólica y geotérmica, redes de transmisión y distribución.

 “Hay un debilitamiento de los marcos normativos ambientales y sociales para facilitar la inversión. Se debilitan normas de derechos de los pueblos al territorio. Aviva el riesgo de conflictos sociales y ambientales. Es un retroceso”, señala la investigadora Mariana González, del área de Transparencia y Rendición de Cuentas del Centro de Análisis Fundar.

En el PNI, la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) consignó 124 proyectos por más de 253 mil millones de dólares. Esas obras se refieren a construcción de gasoductos, mejoramiento de refinerías, eficiencia energética en instalaciones petroleras y trabajos de exploración y extracción petrolera, entre otras.

El suroriental estado de Campeche concentra la mayoría de desembolsos planeados, con 43 mil millones de dólares en explotación y mantenimiento de cuatro yacimientos marinos.

Le sigue el también suroriental Tabasco, con casi 15 mil millones en campos petroleros de aguas someras y edificación y remodelación de instalaciones petroleras.

En Veracruz, Pemex proyecta invertir 11 mil millones en depósitos marinos en aguas poco profundas y la construcción y actualización de instalaciones petroleras, mientras al nororiental estado de Tamaulipas destinará 6 mil 670 millones en aguas profundas y construcción y modernización de infraestructuras.

Hidrocarburos por rondas

Además, el 13 de agosto la Secretaría de Energía (Sener) otorgó a Pemex, en la llamada Ronda Cero, 120 asignaciones que le permiten mantener las operaciones de extracción de hidrocarburos y que equivalen a 71 por ciento de la producción nacional de petróleo, áreas que permanecerán bajo control del Estado.

También le ayudarán a sostener 73 por ciento de la producción de gas en esa ronda.

La producción diaria actual de Pemex es de 2.39 millones de barriles (de 159 litros) de crudo y 6.504 millones de pies cúbicos de gas.

Además, la Sener presentó también la Ronda Uno, a desarrollar por operadores privados, con 109 bloques dedicados a la exploración y 60 a la producción de petróleo y gas.

El gobierno calcula que esos proyectos requerirán inversiones por 8 mil 525 millones de dólares entre 2015 y 2018 en exploración y explotación de aguas profundas y someras, campos terrestres e hidrocarburos no convencionales, como el gas de esquisto.

La estatal pero autónoma Comisión Nacional de Hidrocarburos prepara los términos de las licitaciones, cuyos contratos serán adjudicados entre mayo y septiembre de 2015.

Manuel Llano, coordinador técnico de la no gubernamental Conservación Humana, traslapó los mapas de las rondas Cero y Uno con las áreas naturales protegidas, pueblos indígenas y comunidades.

Sus hallazgos indican que el total de áreas terrestres en la Ronda Cero suma casi 48 mil kilómetros cuadrados, distribuidos en 142 municipios de 11 estados. La mayoría están en Veracruz, seguido por Tabasco. La Ronda Uno engloba 11 mil kilómetros cuadrados, con 68 municipios en ocho estados.

En los territorios de la Ronda Cero se ubican 1 mil 899 núcleos agrarios, de los casi 32 mil existentes en el país. Además, la Ronda Uno fluye por 671 territorios comunitarios, con unos 4 mil 416 kilómetros cuadrados de propiedad colectiva.

La Ronda Cero afecta también a 13 pueblos indígenas, con una superficie de 2 mil 810 kilómetros cuadrados. Entre los grupos perjudicados figuran chontales, totonacas y popolucas. La Ronda Uno involucra a cinco pueblos originarios, entre huastecos, nahuas y totonacas, y más de 3 mil 200 kilómetros cuadrados.

 “Es difícil decir con precisión los lugares que serán más afectados. En un área muy pequeña puede haber un gran daño. Depende de cada caso. Con los cálculos, puedo suponer medianamente qué puede ocurrir en un determinado polígono, no en todos”, analiza Llano.

El experto hizo un ejercicio similar en 2013 con el Atlas de concesiones mineras, conservación y pueblos indígenas, en el cual solapó el mapa de licencias mineras con las áreas protegidas y los territorios indígenas.

La nueva Ley de Hidrocarburos no deja opción a los propietarios de la tierra, quienes tienen que pactar con Pemex u operadores privados la ocupación de la tierra, o aceptar lo que decida la justicia.

 “El trabajo de las instituciones no ha sido correcto. Sabemos cómo trabaja el aparato gubernamental para conseguir lo que quiere. Ninguna aprobación va a prosperar. Nuestra lucha va a seguir. No estamos solos, hay pueblos con la misma problemática”, asegura la activista Maciel.

Desde marzo, varias organizaciones sociales han establecido demandas colectivas contra entidades gubernamentales por la autorización de la presa sobre el Río La Antigua y sus secuelas ecológicas. Los Pescados es uno de sus afluentes.

Entre 2009 y 2013, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó 12 centrales hidroeléctricas y minihidroeléctricas sobre ríos veracruzanos, cuya construcción no ha comenzado.

Llano planea cotejar los mapas de hidrocarburos con las licitaciones y los contratos para determinar el potencial de recursos que el gobierno asegura que existen y si corresponden con las subastas.

“Los hidrocarburos no pueden estar por encima del derecho a un ambiente sano. Se puede zonificar, donde se pueda, para las explotaciones y establecer las restricciones”, plantea.

Emilio Godoy*/IPS

*Corresponsal de IPS en México; especialista en ambiente, derechos humanos y desarrollo sustentable

 

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