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México atraviesa por una serie interminable de reformas y reajustes estructurales encaminados a perpetuar el sistema neoliberal, el cual llega al límite de trocarse amenazante sobre los territorios de nuestras comunidades y pueblos. Desde que el Ejecutivo federal envió la propuesta de reformas constitucionales en materia energética, la sociedad civil organizada manifestó su total rechazo. En ese entonces, nadie creyó que tal paquete de reformas fuera inofensivo para las personas, comunidades y sus bienes naturales: era muy evidente la intención de cerrar el ciclo neoliberal, que se abrió con antelación a finales de la década de 1980, legalizado en las reformas agrarias impulsadas en 1992, y agravado con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994.

Ya de por sí la locomotora estaba echada a andar, sólo que ahora, en 2014, el actual régimen la acelera para materializar y perpetuar una concepción de desarrollo alejada de una visión incluyente y holística, con base en el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos; mostrándose por el contrario una idea basada en el crecimiento económico continuo y únicamente en beneficio de la explotación y acumulación de la riqueza en unos cuantos. Con esto se anula, en la legislación, el reconocimiento y respeto de formas de vida de comunidades y pueblos enteros. Se nos condena a depender de las grandes empresas trasnacionales extractivistas y entregarles lo que nos pertenece. México, las personas que lo habitan y transitan, sobre todo las y los más pobres, ven cómo se les despoja de sus bienes comunes. Sin embargo, aun en medio de un panorama desesperanzador, muchos movimientos, colectivos y organizaciones sociales han comenzado a articularse frente a la legalización de despojo.

En repetidas reuniones el análisis de la realidad, cruzado con las propuestas que emergen, nos arroja que una de las principales invitaciones es a defender lo que es nuestro; defender aquello que nos garantiza un buen vivir no sólo para esta generación, sino para las generaciones futuras, y en esto los pueblos indígenas y campesinos tienen mucho por compartir y enseñarnos. Entonces, por un lado, se hace necesario fortalecer el tejido social y reapropiarse de los territorios, así se podría impedir la ocupación de éstos por parte de grupos de empresas que se apresuran a invadir las regiones que albergan hidrocarburos, minerales, agua y tierras prósperas para cultivo. Y por otro, la defensa integral de los derechos de las personas y pueblos, arguyendo los diversos mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales existentes en el país, que aunque todavía débiles, en algo pueden ayudar para detener los megaproyectos de muerte. Pero subrayo que mucho depende de los procesos organizativos de exigibilidad amplia y no sólo jurídica, donde las comunidades sean quienes marquen el rumbo de la defensa, decidan sobre sus formas organizativas en tiempo y forma, y la manera de interlocución con el Estado. A mayor fortaleza del tejido social, mayor posibilidad de frenar el despojo.

Ahora bien, ¿qué cosas novedosas han surgido en el país en el ámbito de la defensa de los derechos? De entrada, la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011 es un avance. Se estableció un cambio paradigmático en la forma de cumplimiento de las obligaciones que el Estado tiene con relación a la dignidad de las personas y los pueblos. Dicha reforma ahora es legítima y legalmente invocada en diversas estrategias jurídicas de defensa, y es urgente conocer y ampliar aún más su alcance.

Se abre también la posibilidad de hacer justiciables los derechos, sobre todo colectivos, con figuras nuevas o reformadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ejemplo, las reformas en materia de amparo, que dieron paso a la posibilidad de usar este recurso de forma colectiva. Esto, junto con el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ha resultado una combinación muy benéfica para la defensa de los pueblos indígenas. Asimismo, las reformas legales que dieron lugar a las acciones colectivas son otra opción. Se trata de una nueva figura jurídica que pretende proteger derechos colectivos en relaciones de consumo de servicios y bienes, pero también introduce la posibilidad de acudir ante tribunales por daños al medio ambiente. En esto último, la demanda colectiva contra el maíz transgénico es un buen ejemplo de cómo organizaciones y colectivos también echan mano de estos instrumentos jurisdiccionales.

Otras posibilidades son las referidas a mecanismos no jurisdiccionales, no vinculantes en su mayoría, pero que permiten acudir a los órganos públicos para la protección de los derechos humanos y visibilizar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Por ejemplo, acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ya sea a presentar una queja por afectaciones a derechos, donde los responsables son los gobiernos; o bien, en este mismo ámbito, otro recurso ha sido solicitar que se presenten acciones de inconstitucionalidad contra leyes que perjudican gravemente derechos. Como ejemplo podemos mencionar la petición que hizo la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas y Greenpeace a la CNDH para que haga uso de esta facultad contra las leyes secundarias en materia energética, ya que con mucho atino las organizaciones esgrimieron argumentos robustecidos a la luz de derechos, tales como la consulta, medio ambiente, agua, información, entre otros, y cobijados ampliamente por el principio propersona contenido en el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Todos estos mecanismos jurídicos existen en el sistema jurídico mexicano. El gran reto ahora es lograr que sean verdaderamente efectivos para la protección de la dignidad y la vida de las colectividades que se ven amenazadas.

En razón de lo anterior, y en cuanto se aprobaron las reformas del despojo, en diferentes regiones del país se llamó a compartir experiencias para la defensa del territorio. También, a intercambiar saberes para conocer cómo seguir manteniéndolos en resguardo de los pueblos o bien fortalecerlos. Todos estos encuentros son espacios de reflexión con objetivos que se vinculan a las estrategias de reapropiación, defensa y autogestión de estos territorios. Allí también se comparten las formas y maneras de llevar a cabo la defensa jurídica y política de los derechos de quienes habitan esos territorios, a través de mecanismos como los mencionados arriba; partiendo del entendido que si somos parte de un territorio, entonces invocar derechos humanos incluye también la defensa de los bienes naturales.

Ejemplos de éstos ya se cuentan muchos. Uno de ellos, como botón de muestra, fue lo ocurrido el pasado 16 y 17 de agosto en San Salvador Atenco. Allí nos dimos cita más de 370 personas en representación de por lo menos 100 organizaciones. El Encuentro en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida fue un pequeño esfuerzo que nos generó esperanza, y nos catapultó, a partir de la escucha y el diálogo horizontal e incluyente, a pensarnos en colectividades para revertir la imposición del despojo. De este intercambio en voz alta surgió un cúmulo de ideas muy creativas para defender el territorio, autogestionar las diversas formas de vida, el fortalecimiento del tejido social pero, sobre todo, el reconocimiento de la autonomía y la autodeterminación de los pueblos. Se vislumbró urgente consolidar, todavía más, la relación entre las diversas luchas contra el despojo y el autoritarismo. Así, la relación campo-ciudad es hoy más necesaria. Existe una fuerte invitación para que entre todas y todos facilitemos el entretejido de los diversos movimientos urbanos populares, de trabajadores, de mujeres y los diversos feminismos, de orientaciones sexuales e identidades de género, de los diversos grupos religiosos que apuestan por la liberación, de juventudes en un constante diálogo intergeneracional con los adultos, entretejiendo siempre sobre el entendido que estamos frente a un momento decisivo para el país; por tanto, incluye a todas las personas que habitamos o transitamos por éste, y no solamente a pueblos indígenas y campesinos. La confluencia, encuentro y reconocimiento entre comunidades, movimientos y organizaciones del campo y la ciudad ya comenzó. Ahora más que nunca, los derechos humanos y quienes nos adscribimos como defensoras y defensores de estos derechos somos posibilidades de acompañamiento y construir desde abajo. Tenemos la oportunidad de compartir y socializar las herramientas que conocemos para acompañar a quienes son titulares de estos derechos: las personas y los pueblos como parte de la Madre Tierra.

Carlos A Ventura Callejas*

*Colaborador del área de Educación, Promoción y Difusión del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria

 

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