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La relatora especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero, presentó el informe Violencia contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación, que se refiere al periodo 2010-2013 (en México corresponde a los últimos años del nefasto sexenio de Calderón, el de los etílicos sábados organizados por el exbaterista Maximiliano Cortázar, entonces director de Comunicación Social de la Presidencia de la República, ahora diputado federal para darle impunidad), y los casi 2 años de Peña, quien está intentando darle el último jalón al neoliberalismo económico para radicalizar “las políticas favorables al libre mercado, la desregulación laboral, la movilidad del capital, la privatización (hasta sus últimas consecuencias), un programa monetario de deflación y autonomía financiera, la liberalización del comercio, la competencia entre zonas y previos aumentos, la reducción de la tributación y los gastos públicos.

El neoliberalismo económico (que frena al liberalismo político, democrático y republicano con su factor común de derechos humanos) es un proyecto político internacional destinado a reconstruir el nexo del mercado, del Estado y de la ciudadanía desde arriba. Este proyecto es conducido por una nueva clase dirigente global que se ocupa de definirlo, compuesta por directores y ejecutivos de empresas transnacionales: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Organización Mundial de Comercio, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Unión Europea; y por expertos técnicos y culturales a su disposición, “entre los que se destacan los economistas, los abogados y los profesionales de la comunicación con formación y pensamiento similares en los diferentes países, que favorece, pues, la desregulación económica, un aparato penal expansivo (para criminalizar las demandas democráticas de los pobres y reprimir a los que se oponen a los abusos de los gobernantes); recomposición del estado de bienestar y la difusión de los mercados y legitimidad de mayor competencia” (Loïc Wacquant, Castigar a los pobres. El gobierno Neoliberal de la inseguridad social, Gedisa).

Le falta agregar al proyecto del neoliberalismo económico que los gobiernos más que nunca están tratando de suprimir las libertades y aumentar las obligaciones. Entre aquellas, las libertades de expresión, reprimiendo manifestaciones de protesta; y las libertades de información, que implica investigar periodísticamente, de publicar y de criticar, para dejar paso a medios de comunicación complacientes (Televisa, Tv Azteca, Canal 40; López-Dóriga, Loret de Mola, Sarmiento, los Pablo Iriart, etcétera). El citado informe versa sobre “la frecuencia alarmante de acciones violentas contra los profesionales de la información y [que] se ha incrementado el asesinato de comunicadores, así como las amenazas y ataques contra ellos”.

Las reporteras Patricia Muñoz Ríos y Diana Baptista (La Jornada y Reforma, 15 de julio de 2014) han sintetizado en sus notas el informe de la relatora Catalina Botero, donde se establece que se “ha generado un fenómeno de autocensura como forma de autoprotegerse por parte de los trabajadores del periodismo”. Se refirió, si bien al problema que vive la prensa oral, audiovisual y escrita en América Latina, dentro de ese contexto está el caso mexicano, señalando sus ineficacias, limitaciones y la tardanza en hacer efectivos los fines de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Ésta sigue en el limbo, porque al neoliberalismo económico del peñismo no le interesa ejecutarla administrativamente, de tal manera que los periodistas y defensores de derechos humanos se retraigan, se retiren o de plano que arriesguen su vida en el cumplimiento de su trabajo y su deber ético-democrático.

En la región latinoamericana, y en especial en México, la relatora especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que “se requiere tomar medidas concretas, que los estudios de riesgo y medidas urgentes de prevención se lleven a cabo de manera adecuada, y que las acciones de protección a periodistas no sean sustituidas o retiradas antes de la resolución de eventuales inconformidades”. En términos generales, agregó, la CIDH en la región, lo que requiere es que los estados tomen medidas concretas cuando los periodistas (y las libertades de información, análisis y crítica) se enfrentan a un peligro real e inminente; establezcan programas de protección especializada contra esos profesionales y las autoridades estén obligadas a investigar, juzgar y sancionar penalmente a quienes cometan esos actos violentos. Y que en situaciones de conflicto armado (les hablan, Peña Nieto, así como Osorio Chong, Murillo Karam, Plascencia –de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos– y procurador de Mancera), den especial protección a quienes, como reporteros, cubren dichos eventos. Entre éstos: las protestas callejeras, que los gobernantes criminalizan y judicializan para, incluso, encarcelar a periodistas que cubren esos actos pacíficos de protestas sociales.

 

Álvaro Cepeda Neri*

 *Periodista

 

 

Contralínea 401 / 31 agosto de 2014