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Era la hora del cinismo de los vencedores

Daniel Bensaïd

Mientras que en cada nación una clase restringida de hombres detente los grandes medios de producción y de intercambio, mientras que esa clase pueda imponer a las sociedades que domina su propia ley, (…) habrá siempre gérmenes de guerra.

El capitalismo lleva en sí mismo la guerra como las nubes llevan la tormenta

Jean Jaurès

En su arrebatado discurso en la Cámara de Senadores del pasado 15 de julio, el tribuno perredista Fernando Mayans Canabal conjuró al último e inquietante ariete que le queda a las mayorías para enfrentar a un sistema político mexicano cada vez más cerrado, más absolutista, dominado por los partidos siameses de la derecha radical, avasallados por la parasitaria oligarquía depredadora, que con sus enfurecidas contrarreformas estructurales neoliberales, y con sus tentaciones políticas y desmesuras despóticas, que se han vuelto socialmente más insultantes y más descaradas en su subversión del orden constitucional, han arrasado los últimos harapos que quedaban de la quimera democrática: “A lo mejor y a tiros les vamos a revertir la reforma energética” (http://prd.senado.gob.mx/wp/?p=34414)

La indignada expresión del tabasqueño Mayans siguió a su remembranza de una de las legendarias chulerías de Fidel Velázquez, el difunto capo di tutti capi del aún vigente sindicalismo corporativo y franquicia de conveniencia ante el gobernante en turno y los empresarios. Ella sintetiza la única salida democrática que se le deja a la sociedad para tocar a vuelo las campanas por un sistema presidencialista autoritario que, en su ciclo bicéfalo, se niega a ocupar su lugar en el ominoso basurero de la historia del despotismo y aspira alcanzar la achacosa vida política centenaria, si se considera como punto de referencia al manco de Celaya, Álvaro Obregón, o al fundador del Partido Nacional Revolucionario (PNR), el antecesor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Plutarco Elías Calles: “¡A tiros llegamos al poder y a tiros nos tendrán que sacar!”

Por cierto, la bravuconada de Velázquez no fue más que una parodia de una bravata de Francisco Franco, quien en su momento dijo: “A tiros gané la guerra y sólo a tiros podrán echarme”. El facho llamó “guerra” al baño de sangre al que sometió a su pueblo para destruir a la segunda república española –apoyado por Adolfo Hitler y Benito Mussolini–, al gobierno democrático de 1931-1939 que sustituyó a la despótica monarquía de Alfonso XIII, y encaramarse en el poder durante 39 años.

El exabrupto y la petrificada imagen postrera del capo sindical senilmente postrado en su silla de ruedas son la metáfora hiriente de lo que es el régimen político mexicano realmente existente: obscenamente decrépito; orientalmente despótico; resistente al cambio republicano a través del arte de la política, del cauce institucional y constitucional.

La retórica de Mayans no es más que consecuencia, por un lado, del fracaso de los grupos de oposición a las reformas neoliberales del peñismo, la laboral, la educativa, la energética, de telecomunicaciones y la penal, entre otras. Entre ellos pueden citarse a la masa parlamentaria informe. Calificada a sí misma como “izquierda dialoguista” –según Jesús Ortega, líder de la corriente Nueva Izquierda del Partido de la Revolución Democrática, PRD (El Universal, 3 de agosto de 2014)–, de buenos modales, pese a la toma de la tribuna, que con el tiempo se ha convertido en un circo infecundo, la cual, de todos modos, irrita a las buenas conciencias; aséptica; carente de miras subversivas; de tintes social-neoliberales; presupuestalmente fiel al sistema de partidos y otras migajeras cuotas de poder.

También se puede citar a la “izquierda fanática, intolerante, populista, demagógica, anacrónica” y practicante de “un nacionalismo pernicioso, anclado en el siglo XIX”, como calificara Ortega al Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Quizá la belicosidad de los chuchos en contra de ese movimiento se deba a un resentimiento adelantado: el inminente desfondamiento electoral del PRD y la pérdida de prebendas y cuotas de poder, ante la emergencia electoral de ese nuevo partido, merced a la claudicación de sus ideales primigenios progresistas, con todo y sus limitaciones impuestas por el sistema de partidos, que permitieron agrupar a diversas corrientes a su alrededor, en 1988, y en su conversión en un furgón de cola del régimen priísta-panista.

Por otro lado, es producto de la manera con que ha operado lo que Mayans calificó como el “congreso de borregos”. Esa mayoría nominal integrada por el PRI-PAN-Partido Verde Ecologista de México (PVEM)-Partido Nueva Alianza (Panal) y alguno que otro desbalagado cordero mercenario de la “izquierda”, que no sólo envileció al Poder Legislativo al evidenciar hasta dónde están dispuestos a denigrarse para someterse a los dictados del Ejecutivo y los intereses de la oligarquía nacional –encabezada por Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego y Claudio X González, entre otros–, el capital trasnacional, que afila las garras para enterrarlas en los sectores de las telecomunicaciones y el energético –los hidrocarburos, la eléctrica, la eólica–, geopolíticos y de seguridad nacional estadunidenses.

También ese bloque pervirtió el proceso legislativo, al violentar sus normas; imponer arbitrariamente tiempos ridículos al análisis y la discusión de las leyes constitucionales y secundarias que se aprobaron, con el objeto de evitar cambios a las mismas que alteraran los contenidos deseados por el Ejecutivo y los grupos empresariales que se beneficiaran de ellas; evitar la participación efectiva de los congresistas de la oposición y de la sociedad. Impermeables a las razones nacionales, aprobaron mecánicamente cuantas leyes se les pusieron enfrente, aún con sus aberraciones jurídicas. En precipitado tropel, se llevaron entre las patas al orden constitucional.

El objetivo fundamental de Elías Calles al fundar el PNR fue poner orden a las belicosas facciones posrevolucionarias que se disputaban el poder a sangre y fuego, como recordaba Fidel Velázquez. De esa manera pacificó –los que no lo aceptaron fueron pasados a mejor vida– e integró a la “gran familia revolucionaria” dentro del partido único, y sentó las bases para un reparto “civilizado” de las cuotas de poder entre caciques y caudillos, a escala regional y nacional, práctica que ha subsistido desde que la Revolución se bajó del caballo y se subió en un Cadillac, se modernizó y se tecnificó, se sacudió definitivamente el polvo nacionalista de aquellos tiempos y se volvió “global”.

Como nada es eterno, la fortaleza de ese status quo mostró sus límites y sus fisuras. Primero con la gran escisión priísta de 1988, que llevó a la creación del PRD y obligó al régimen a robarse las elecciones presidenciales de ese año, y que algunos calificaron como un “golpe de Estado técnico”. Luego con el levantamiento zapatista de 1994: ese mismo año el régimen priísta volvió a ajustar cuentas a balazos y sobre los cadáveres de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu restableció un orden precario. Finalmente, desde 2000, el sistema se vio obligado a sobrevivir con el amasiato PRI-PAN, a cuyo lecho recientemente se ha encaramado el perredismo chuchista.

Enrique Peña Nieto, sin embargo, logró –y no se le puede mezquinar el mérito– lo que ni en sus “más salvajes sueños” hubiera esperado Ernesto Zedillo: imponer las contrarreformas constitucionales necesarias para garantizar la contrarreforma energética, para terminar de desmantelar y destruir la nacionalización petrolera y eléctrica, reprivatizarla y entregarla a las corporaciones extranjeras que habían sido expulsadas por Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos, en 1938 y 1960, respectivamente.

Es obvio que ese “salvaje sueño” era compartido por Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Vicente Fox y Felipe Calderón. Todos ellos contribuyeron al desmantelamiento y la destrucción del sector energético, y abrieron gradualmente sus puertas de acceso al capital privado local y foráneo, violando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y respaldados por los poderes Legislativo y Judicial. Pero ninguno pudo culminar el proceso en su respectivo sexenio. No por falta de ganas. No lo lograron, en parte, porque la movilización social lo impidió. Pero sobre todo, debe reconocerse, porque no alcanzaron el consenso necesario en el “congreso de borregos”, para emplear las palabras de Mayans. Fueron los mismos legisladores y las tribus priístas, que aún portaban los últimos andrajos nacionalistas, en alianza con la oposición, los que obstaculizaron la reprivatización y la extranjerización energética.

La virtud de Peña Nieto fue reagrupar a la “gran familia contrarrevolucionaria ampliada”, el PRI-PAN-PVEM-Panal bajo los blasones reprivatizadores. Unos se sumaron por convicción. Otros por negocios. El resto, como aventajados mercenarios, vendieron sus voluntades para asegurar la continuidad de su carrera política u obtener otras ganancias nada republicanas. Al cabo, hace tiempo murieron las ideologías y los principios. Actualmente sólo vale la rentabilidad política y del capital. Con su traición, todos prácticamente acabaron con la tradición ideológica del nacionalismo construida por el priísmo.

El consenso logrado por Peña Nieto recuerda al alcanzado por los dictadores militares o los gobernantes autoritarios como Augusto Pinochet, Rafael Videla, Carlos Salinas, Alberto Fujimori o Carlos Menem.

El senador panista Javier Corral señala que se vive un “mandarinato legislativo”, según había calificado Porfirio Muñoz Ledo a los congresistas.

“El mandarinato”, agrega, es “un sistema de apropiación de la vida parlamentaria a manos de un reducido grupo de legisladores que manejan a su antojo los métodos de procesamiento de las iniciativas, los dictámenes y las formas de discusión de las leyes en el Congreso. La China imperial es emulada por los coordinadores parlamentarios en ambas cámaras del Congreso [de la Unión], con una diferencia esencial, nuestros mandarines tienen su principal instrumento de operación en el dinero, no los conocimientos que los hacen selectos entre los escogidos”. Esos mandarines controlan al Congreso por medio de canonjías, viajes pagados, asesores autorizados, bonos por asistencia y trabajos realizados, préstamos, meses adicionales pagados y otras compensaciones, gracias a los miles de millones de pesos que manejan con “absoluta secrecía”.

Esa secrecía se extiende hasta lo que se legisla, las formas y los tiempos en que se realiza el proceso. “Como nunca –añade Corral– se han atropellado las reglas básicas de nuestra normatividad, la Ley Orgánica del Congreso y el Reglamento”. La discusión de las telecomunicaciones y las leyes energéticas, afirma, estuvieron plagadas de aberraciones durante “los asaltos de la nocturnidad legislativa” (El Universal, 29 de julio de 2014).

Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa, Jorge Luis Preciado y Luis Alberto Villarreal son los mandarines del PRI y el PAN, y a su vez son vasallos de Enrique Peña y de oligarcas como Azcárraga o Salinas Pliego. De ese vasallaje no se escapa Miguel Barbosa, coordinador de los senadores perredistas que, a decir de Corral, promocionó los intereses de Televisa.

Con la correa firmemente atada al cuello de la mayoría de casi todos los siervos congresistas, los mandarines cumplieron exitosamente la tarea que les asignaron el señor comendador de los Pinos, el Limantour Luis Videgaray y los robber barons (barones ladrones) oligárquicos. El montón de iniciativas, entre ellas las energéticas, fueron aprobadas por la obscena manada. A veces sin cambiar ni una coma y sin corregir las aberraciones constitucionales y jurídicas cometidas por quienes cortaron y confeccionaron rústicamente el apolillado traje reprivatizador energético neoporfirista. Se cumplió hasta el envilecimiento. La priísta Irma Elizondo, sin metáforas, lo hizo hasta el pie de la tumba.

Enterraron a Lázaro Cárdenas y a Ruiz Cortines. O al menos así lo creyeron. Porque el Cid Campeador tuvo su batalla postrera.

La actual legislatura ha sido una de las más ominosas del México posrevolucionario. Su desvergüenza no tiene límites y la calidad moral (para ellos es un simple árbol que da moras) de diversos congresistas está contradicha por el artículo 8 fracción XII de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que dice: “Habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión”.

René Torres-Ruiz, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana, afirma que “el conflicto de interés, en sentido estricto, es un acto de corrupción, ya que todo acto de corrupción tiene esa intención de utilizar un poder público en beneficio de los intereses privados”. La corrupción es posible a la impunidad y una y otra aceitan el funcionamiento de los tres poderes del Estado (Sin embargo, 4 de agosto de 2014).

Ese cuestionable papel es jugado por legisladores como David Penchina, Javier Lozano Alarcón, Juan Bueno Torio, Arely Gómez o Ninfa Salinas, por citar a algunos, anomalía compartida por Pedro Joaquín Coldwell o el exteleviso Humberto Castillejos, copartícipe en la creación telegénica del engendro llamado Enrique Peña Nieto, y actual titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que estuvo muy activo en el Congreso durante la simulación de las “negociaciones” de las contrarreformas.

¡Qué importa que la sombra de la corrupción gravite sobre el Congreso si todo el sistema es cómplice!

En la edición 1969 de la revista Proceso se informa que los partidos señalados anteriormente, junto con el PRD, recibieron 359.2 millones de pesos por avalar las contrarreformas laboral, educativa, fiscal y de telecomunicaciones (www.proceso.com.mx/?p=378480).

La legisladora Zuleyma Huidobro, de Movimiento Ciudadano (MC), preguntó, desde la Cámara de Diputados a los coordinadores parlamentarios, durante la parodia de discusión de la contrarreforma energética: “¿De cuánto será su partida especial en esta ocasión? ¿Cuánto vale su dignidad y su disciplina? ¿De cuánto será su bono especial por traicionar a la patria y votar esta reforma a favor?”

Lo único claro es que la “dignidad” y la “disciplina” son tasables.

Es la corrupción e impunidad institucionalizada lo que aceita el funcionamiento de la maquinaria.

La “dictadura perfecta” de Mario Vargas Llosa cambió de piel. Se hermanó con la derecha leal clerical panista y parte de la “izquierda” que la combatían desde trincheras encontradas. ¿Los revolucionarios de antaño se sumaron a las filas de los dictadores perfectos?

En su impotencia, Fernando Mayans señaló que con la destrucción de la nación se “está provocando la indignación nacional que engendrará desordenes y luchas, que llegaría a poner en peligro a la integridad del país y ustedes van a ser los responsables. No habrá tranquilidad mientras no haya justicia [ni] orden social”.

Pero ni siquiera el propio Mayans se escapó a la servidumbre. Él mismo terminó votando la aprobación de la contrarreforma.

Sin embargo Mayans tiene razón. La contrarreforma energética incubará amplios focos de malestar y de desórdenes económicos y sociopolíticos.

1. El universo de los potenciales damnificados por el despojo de la tierra y otras propiedades es un buen caldo de cultivo para la crispación política. La extensión de tierra susceptible de ser afectada está calculada en unos 400 mil kilómetros, según la legisladora perredista Dolores Padierna. Las eventuales víctimas serán millones de personas, asentadas en 12 estados y 260 municipios. Dirigentes campesinos dicen que la “ocupación temporal” de tierras será resentida por el 60 por ciento de los 31 mil 941 ejidos existentes, y unos 15 mil ejidos seguirán los sórdidos procesos legales para tratar de evitar el despojo. Si es que es posible.

Porque la contrarreformadora Ley de Hidrocarburos peñista considera a esta industria como de “utilidad pública” y tendrá preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de terrenos afectos a aquellas”.

Qué importa un sector agropecuario con su dilatada crisis estructural, la miseria que agobia a la mayoría de los productores, la inflación del precio de los alimentos y el deterioro en el acceso a esos bienes por parte de la mayoría de la población depauperada.

La explotación energética será realizada por el capital privado local y trasnacional, y Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad serán convertidas en enanas como paso previo a su eutanasia. De rectoras de su ramo, serán reducidas a simples “empresas productivas”, encadenadas al trato “asimétrico” que se les aplicará, para facilitar que las corporaciones las superen, dilapiden a placer los recursos energéticos y saqueen los bolsillos de los consumidores. Sin la sombra molesta de un Estado que reculó de sus arcaicos principios constitucionales.

Al que se oponga se le aplicará la torcida “razón de Estado” estractivista. O la modificada ley penal que considera a los descontentos como “terroristas” de la seguridad nacional.

Como el concepto “expropiación” de tierras empleado por la ultraderecha del senado resultaba socialmente a una declaración de guerra, sus pares diputados lo sustituyeron con otros términos más inodoros que no eliminan el hedor a despojo despótico. Así, la confiscación de la propiedad comunal y ejidal, que será extensiva a la producción de electricidad, se llamará higiénicamente: “uso, gozo, afectación, adquisición de terrenos, bienes y derechos, o servidumbres”.

Así, inodoramente, se construirá lo que Ricardo Monreal, coordinador de MC, calificó como el “latifundismo petrolero” privado y extranjerizado. De linaje neoliberalmente neoporfirista.

Quieran o no, los futuros propietarios despojados tendrán que aceptar un pago por la afectación, la previsión de los daños y los perjuicios que puedan sufrir, según sus actividades habituales. La retribución puede ser en efectivo; con la contratación laboral de los afectados si sirven para algo; la compra de bienes, insumos o servicios fabricados, suministrados o prestados por las víctimas, si es que tienen algo que ofrecer y les interesa a los contratistas; el compromisos de tomarlos en cuenta en los proyectos.

La reprivatización de la tierra salinista, la marginación y la miseria neoliberal, abonarán el terreno para la aceptación del pillaje.

¿Cuánto recibirán? No se sabe. Sólo de habla ambiguamente del “valor comercial” de la tierra si es comprada, de una renta por la ocupación, servidumbre y uso de la tierra, y un porcentaje de 0.5 por ciento a 2 por ciento en el caso de la extracción de hidrocarburos, y de 0.5 por ciento a 3 por ciento por el shale gas, después de los pagos previos al Estado.

¿Cuánto? Lo único claro es los pagos se ajustarán a los intereses de las corporaciones y de los dueños de las propiedades, porque aquellos se desalientan fácilmente ante cualquier cosa que afecte su máxima tasa de ganancia. El mismo gobierno tampoco ve con buenos ojos que sus ingresos fiscales sean menoscabados.

Si no se acepta pacíficamente, el despojo será a la fuerza. El gobierno se encargará del realizarlo en nombre del asignatario o el contratista que lo exija (artículo 106 de la Ley citada). La “servidumbre legal” será decretada por la “vía jurisdiccional o administrativa” (artículos 108, 109 y 110).

Para simular ante las comunidades y los pueblos indígenas, se dice que se les consultará para que, brincando como enanos de felicidad, acepten el desvalijamiento (artículo 120).

Los indígenas zapatistas, los yaquis o los huicholes, para citar a algunos de los pueblos originarios, conocen de sobra la lógica metodológica de la “acumulación por desposesión” como diría David Harvey.

También nos han mostrado el camino para recuperación de la dignidad.

¿Y la libertad neoliberal de elegir?

Se reduce a la desposesión y la servidumbre.

La “generosidad” del pago esperado rememora al pillaje minero: los escasos pesos que da por el uso de la tierra; los mezquinos salarios sufragados, en las más infamantes condiciones laborales; la destrucción ambiental. Todo bajo la protección del Estado que, a cambio, recibe avaras contribuciones fiscales.

¿Quién no recuerda las movilizaciones de las comunidades indígenas que ha provocado y que han sido aplastadas a sangre y fuego?

La minería es el espejo de Jano de lo que pasará con los energéticos reprivatizados: las corporaciones que imponen sus condiciones a un Estado débil y complaciente y a una sociedad desprotegida, apática.

El oligarca Germán Larrea, del Grupo México, con sus decenas de trabajadores mineros muertos, con una fortuna de 14.7 mil millones de dólares, la más importante de México después de la de Carlos Slim (72 mil millones de dólares), es paradigmático del curso que seguirá la reprivatización y desnacionalización energética.

Una ecuación se invirtió. Antaño, las nacionalizaciones de justificaban en el interés público. Ahora ampararán al interés privado.

2. La promesa del crecimiento, el empleo y el bienestar es otra fábula que aguzará el malestar. El oligarca Claudio X González es elocuente: “No esperemos un resultado inmediato. Los beneficios de la reforma energética tendrán un periodo de maduración de 4 a 5 años”. Hacia el 2020, si llegan. Sin definirse su cuantificación.

3. El futuro de los precios de los energéticos (gasolinas, gas, electricidad y otros derivados) irritará aún más a la sociedad. Primero se dijo que bajarían con la contrarreforma. Luego que lo harían en el futuro.

En 2014-2017, el precio de las gasolinas seguirá siendo manipuladas por Videgaray, según los costos del transporte, las formas de distribución, la inflación esperada, los precios externos y los subsidios otorgados (transitorio 14). Es decir, subirán como ocurre actualmente. A partir de 2018 lo determinará el “mercado”. Es decir, aquellos mismos puntos, menos la eliminación de los subsidios, más los costos y las ganancias de las empresas.

Lo mismo ocurrirá con el gas, que seguirán aumentando hasta 2016. Después lo fijará el “mercado” y la baja de subsidios. Y con la electricidad.

¿Algún ingenuo espera que se reduzcan? La eliminación de los subsidios podría más que duplicarlos.

4. La irritación cundirá entre los trabajadores electricistas y petroleros, alrededor de 142 mil y 60 mil, respectivamente. Ellos verán afectados sus salarios y prestaciones, su estabilidad laboral, su edad de retiro sus pensiones privatizadas. Mediáticamente ya han sido linchados por una infamia: tener mejores beneficios que la mayoría de los asalariados y no compartir sus miserias que les ofrece el neoliberalismo.

Es obvio que los intereses de sus líderes Carlos Romero Deschamps y Víctor Fuentes serán afectados por el desmantelamiento de los sindicatos. Pero son parte del sistema y serán protegidos. Su estela de corrupción se mantendrá incólume. Al igual que la de los funcionarios de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.

De hecho, varios responsables de la destrucción de las paraestatales se preparan para el jugoso saqueo o ya participan en él: Pedro Aspe, el tutor de Luis Videgaray, José Andrés de Oteyza, Carlos Ruiz Sacristán, Jesús Reyes Heroles González, Emilio Lozoya, Georgina Kessel, Juan José Suárez Coppel o Luis Ramírez Corzo, por citar a algunos.

Nadie se extrañe que después aparezcan Enrique Peña Nieto o Luis Videgaray como glamorosos empresarios de los energéticos, junto con Pedro Joaquín Coldwell.

Cerradas las puestas de la democracia y el estado de derecho, que en realidad nunca han existido, ¿qué le queda a la población?

 “La única esperanza está en hacerse revolucionarios: es la única forma de librarse de su vergüenza o de responder a lo intolerable”, diría el filósofo francés Gilles Deleuze. Aunque, agrega, “últimamente está de moda condenar los horrores de la revolución. No es nada nuevo”.

 

Marcos Chávez M*

*Economista

 

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 Contralínea 399 / 17 agosto de 2014

 

 

 

 

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