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¿Qué pensar de una condena de 3 años de prisión a un ciudadano por haber estado en una protesta informativa [conocida en España como piquete informativo] de huelga? Les pasó a Carlos y a Carmen en Granada. Carlos salió hace unos días, tras una semana encarcelado, y Carmen no ha ingresado en prisión aún. Ambos han solicitado el indulto. Pero lo grave es que los hayan condenado por formar parte de un piquete. Mientras a Jaume Matas, el corrupto expresidente de la comunidad autónoma de las Islas Baleares, España, le reducen la pena de 6 años a 9 meses. ¡Ese doble rasero!
 
Expedientes, diligencias, multas y juicios contra huelguistas y manifestantes, pero tolerancia para los delitos económicos que perpetra la minoría que detenta el poder. Mientras otros países europeos establecen leyes sólidas contra la corrupción, en España la reforma del Código Penal se olvida materialmente de la corrupción.
 
Aquellos días de huelga de 2012, los juristas Pisarello y Asens denunciaban que “los exasperados ataques gubernamentales, mediáticos y judiciales contra los huelguistas del 29 de marzo y el anuncio de medidas criminalizadoras de la protesta reflejan una indudable deriva autoritaria”. Hoy, esa deriva ha ido a más. Mucho más. Los desmanes de los últimos tiempos recuerdan demasiado la dictadura.
 
Que la situación es antidemocrática y en aumento lo demuestra que el gobierno viola derechos desde las propias leyes. Como la nueva legislación de Seguridad Ciudadana que completa la más represiva reforma del Código Penal. Más un mayor deterioro democrático por el uso excesivo de la fuerza y malos tratos y torturas por parte de agentes de policía. Amnistía Internacional ha condenado tanto uno como otros en varios informes. Para Amnistía Internacional, la tortura en España existe, pero es negada por el gobierno y queda impune. La organización ha denunciado y documentado numerosos casos de malos tratos y torturas en su informe Sal en la herida, y un informe posterior de seguimiento.
 
Que la impunidad de los torturadores parece una política gubernamental lo demostró el escandaloso caso del doble indulto a cuatro policías en Cataluña. Al conocerse la sentencia firme que los condenaba por torturas, el gobierno central los indultó. Pero el juez emite un nuevo auto en el que manda ingresar en prisión de inmediato a los policías torturadores. ¡Y el gobierno vuelve a indultarlos! ¿No demuestra este caso una política concreta? El indulto a esos torturadores no fue un caso raro o aislado.
 
También es denunciable el uso excesivo de la fuerza por la policía contra la ciudadanía que protesta, como ha hecho también Amnistía Internacional en varios informes. Aparte de que internet ofrece cuantiosas e innegables imágenes de excesos policiales en concentraciones y manifestaciones ciudadanas, así como en desalojos de viviendas a los que se oponen pacíficamente ciudadanos solidarios con los desahuciados.
 
En fin, las nuevas leyes represivas del gobierno no sólo son innecesarias, sino que además buscan acabar con la pacífica resistencia ciudadana a su política de austeridad, recortes y vulneración de derechos. Es así porque resulta que España tiene una de las tasas más bajas de criminalidad de Europa y no precisa mayor respuesta coercitiva. Es más, el Ministerio del Interior no disimuló su satisfacción al anunciar recientemente en rueda de prensa las cifras de delincuencia del año pasado y mostrar que la tasa de delincuencia en España es una de las más bajas de Europa desde hace años.
 
¿Por qué entonces una nueva Ley de Seguridad Ciudadana? Aún se entiende menos cuando el propio ministro de Interior declaró que en 2013 hubo en España más de 6 mil manifestaciones y ningún problema de orden público digno de reseñar. Porque la nueva Ley de Seguridad Ciudadana nada tiene que ver con la seguridad real y sí con atemorizar a la ciudadanía resistente. Y lo que busca es cortar de raíz el movimiento ciudadano que quiere cambiar las cosas a mejor.
 
Así es porque, como ha denunciado la asociación Jueces para la Democracia, “la Ley de Seguridad Ciudadana cierra el círculo que convierte en crimen el ejercicio de los derechos fundamentales. Y la reforma del Código Penal es innecesaria, y por tanto ilegítima, porque crea un nuevo tipo de delincuente: el disidente político”.
 
El panorama expuesto recuerda cada vez más el franquismo que creíamos desaparecido, pero no.
 
 
Xavier Caño Tamayo*/Centro de Colaboraciones Solidarias
*Periodista y escritor
 
 
 
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Contralínea 397 / 3 – 9 agosto de 2014