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Vicente Fox, el histriónico vaquero que se ha “inmortalizado” (ingenuo que es, pero cínico) en su Centro de Estudios, Biblioteca y Museo Vicente Fox Quesada, AC, frontera con el de las Momias de Guanajuato, canceló la transición a más democracia, pervirtió la alternancia y la naciente inseguridad pública al estilo del Partido Acción Nacional, permitió el despegue del narcotráfico ¡y la fuga del Chapo, Joaquín Guzmán! Todos estos elementos delictivos pusieron las condiciones para nuevos ataques a las libertades de prensa, que se sintetizaron en 21 periodistas asesinados.
 
Después llegó el alcohólico Felipe Calderón con sus veladas amenizadas por el extimbiriche Max Cortázar y su batería, al que hizo diputado federal. La violencia se generalizó en una guerra donde hasta las cúpulas militares se corrompieron y que le ha costado a la nación más de 100 mil homicidios. El general Guillermo Galván (secretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Calderón) se fue a Brasil, a gozarla de lo lindo; mientras Calderón, que viajaba en lujoso trasatlántico (desde cuyo piso 15 se suicidó un mexicano) se fue también a gozar del circo futbolero, cuando –si el nuestro fuera un estado de derecho– debería haber sido puesto ante el juicio político y ante los tribunales penales. Con Calderón hubo 71 periodistas a los que se les privó de la vida.
 
Entonces arribó Enrique Peña, con fanfarrias de Televisa y la derecha del priísmo de Atlacomulco. Durante su primer año de gobierno hubo ya 11 periodistas asesinados. La suma es de 103 comunicadores víctimas de las delincuencias en el contexto de la creciente inseguridad, y la cual es mentira que haya disminuido. Al contrario: va en aumento, expandiéndose por Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Estado de México, Sinaloa, Sonora, Morelos, Chihuahua, Jalisco y ya penetrando a la capital del país. La mitad del territorio está en poder de la llamada, irónicamente, delincuencia (muy bien) organizada.
 
A la cifra anterior de homicidios de comunicadores, sobre todo de reporteros, debe agregarse la desaparición de 22 de ellos, sobre los que nada se sabe, además de los ataques a las instalaciones de la prensa escrita; tenemos también periodistas exiliados que solicitaron asilo estadunidense. El foxismo, el calderonismo y el peñismo se han mostrado negligentes y han dejado en la total impunidad esos crímenes, secuestros y las 541 averiguaciones previas almacenadas en la Procuraduría General de la República. Como la de Contralínea contra el exdesgobernador Eduardo Bours, el mismo que está imputado de los homicidios de 44 niños de la Guardería ABC. Del panismo al priísmo, pues, tras casi 14 años, no sólo los periodistas, sino toda la población ha sufrido la embestida de los delincuentes encabezados por narcos, a los que se combate para azuzarlos y no para cercarlos y reducirlos (Edgardo Buscaglia, Vacíos de poder en México, editorial Debate); y que en los gobiernos, desplazados, vayan ocupando esos vacíos que tienen de poder por medio de la violencia entre narcos, sicarios, secuestradores, expolicías y exmilitares metidos a delinquir.
 
El Comité para la Protección de los Periodistas ha consignado el Informe 2000-2013, donde se pone en relieve que el factor común de la lista de comunicadores asesinados y desaparecidos es la impunidad total. De nada sirven denuncias sobre 27 delitos, empezando por los homicidios, las cuales se convierten en kilos (literalmente) de papeleo de expedientes que van a parar al archivo muerto. La reportera Silvia Otero (El Universal, 17 de junio de 2014) informa del citado reporte en entrevista con el coordinador de ese Comité, Carlos Lauría, y quien asegura que las libertades de prensa están corriendo grave riesgo. En consecuencia, nuestra elemental democracia está acotada porque la información y la discusión públicas no tienen lugar en el diario flujo de la opinión individual y colectiva de la nación.
 
Si ya la inseguridad en las 31 entidades –en unas más que en otras– y donde está el asiento de los Poderes de la Unión que es la Ciudad de México, con el militarismo-policiaco amenazando a la democracia, el periodismo también padece las consecuencias. Como el asalto a sus oficinas (como la enésima que acaba de tener lugar en las instalaciones de Contralínea), que cometen funcionarios y/o particulares que buscan los resultados del periodismo de investigación no procesado para robárselo. Así, el catálogo aumenta a 28 delitos que tienen al oficio periodístico en jaque.
 
Afortunadamente, el respaldo a toda la información es ya una costumbre que no permite el éxito de los ladrones, pero que buscan con esos hechos amedrentar a las publicaciones. Es la atmósfera de criminalidad e impunidad lo que ha creado el terror contra las libertades de prensa.
 
El peñismo, así como sus antecesores, el foxismo y el calderonismo, han permitido la impunidad, y ésta da alas a los criminales para continuar eliminando a los trabajadores del periodismo. “En esta administración [se refiere a la peñista], de los 10 periodistas ultimados dos fueron en Sinaloa, en Oaxaca dos, un caso en Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Puebla, Tamaulipas y Veracruz. Respecto a los 22 desaparecidos, 19 durante el calderonismo y tres más en el primer año de este sexenio. Michoacán, Tamaulipas y Veracruz son estados con mayor incidencia, con cuatro casos cada uno”. Aunado a esto, el pasado 29 de julio fue asesinado el periodista Norberto Herrera. En suma, la prensa en todas sus modalidades es, también, víctima de la impunidad.
 
Álvaro Cepeda Neri*
*Periodista
 
 
 
 
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Contralínea 397 / 3 – 9 agosto de 2014
 

 

 

 

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