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El propósito de desmantelar la propiedad nacional sobre los hidrocarburos y nuestros recursos naturales se ha consumado en una de las más arteras traiciones a la patria. Los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido Verde Ecologista de México que sellaron el monumental atraco a la nación muy pronto deberán responder antes millones de mexicanos por la abrumadora demagogia con que defendieron desde la tribuna los intereses de las voraces multinacionales, a las que en aras de la “utilidad pública” se les entregará el país entero para devastarlo.
 
Con la aprobación de las leyes secundarias, el petróleo y la electricidad han dejado de ser parte estratégica del desarrollo nacional por obra y gracia de un puñado de apátridas que en la peor de las bajezas ni siquiera leyeron ni se enteraron a detalle sobre lo que aprobaron en un grotesco y ominoso mayoriteo, retornando a los añosos tiempos del vasallaje.
 
De la mano, priístas, panistas y verdeecologistas cayeron una y otra vez en sus propias contradicciones históricas e ideológicas, como cuando desde la tribuna la senadora Cristina Díaz pidió dejar atrás “los cascarones políticos y sociales que corresponden al pasado”. Pero hizo mutis, como el resto de sus compañeros de bancada y sus ignominiosos aliados, cuando el perredista Alejandro Encinas invocó extractos de la Ley del Petróleo expedida en 1901 por el dictador Porfirio Díaz, en la que, cual si se tratara de una copia al carbón de lo ahora contemplado en las leyes secundarias, se ofrecían a las compañías extranjeras todo tipo de facilidades para despojar de sus tierras a comunidades indígenas y campesinas, facilitando sus labores de explotación.
 
De tales “cascarones”, los ejecutores priístas del atraco nacional prefirieron negar su propio origen ideológico ahora pintado de azul por su afinidad de complicidades e intereses mutuos con la gente de Acción Nacional, cuyos fundadores buscaron dinamitar la expropiación petrolera del general Lázaro Cárdenas en 1938. Quién diría que ahora, en la nueva “visión de vanguardia” y acomodaticia de la reforma energética del siglo XXI, irían de la mano en la entrega de los recursos energéticos a las trasnacionales, arrasando, como don Porfirio, con la propiedad social de millones de mexicanos. Eso sí, se dicen dispuestos a asumir los “costos políticos”. Y vaya que los habrá.
 
Al decir de los ejecutores del despojo que se avecina contra indígenas y campesinos basta con cambiar el término “expropiación” por el de “ocupación temporal” para desaparecer los riesgos que los proyectos de las trasnacionales implicarán en la certidumbre de la tenencia de la tierra; la nueva terminología jurídica no evita el riesgo al que se enfrentarán en el país un promedio de 19 mil ejidos y comunidades indígenas cuyas poblaciones amenazan con ser devastadas en su modo de vida por los consorcios petroleros y eléctricos que tendrán luz verde del gobierno en turno, gracias a las leyes secundarias, aprobadas a modo, por el sumiso Congreso de la Unión.
 
Doblemente grave que los impulsores de las leyes secundarias digan que hasta habrá “justas recompensas” para quienes deban ceder sus tierras o propiedades al pasar al nivel de “socios” de los inversionistas, cuando en los nuevos ordenamientos ni siquiera se fijaron los hipotéticos porcentajes de ganancias a los afectados ni los montos por la compensación de daños, dejando en manos de la Secretaría de Energía “las metodologías, parámetros y lineamientos” para tales efectos. Es decir que la benévola “ocupación temporal” ni siquiera quedó reglamentada, a diferencia del “interés público” que aparece en todas las leyes secundarias como justificante para autorizar el despojo de tierras a favor de los proyectos de las voraces multinacionales.
 
Pero así como quedaron lagunas en las disposiciones que supuestamente deberán amortiguar los efectos negativos a la población, también hay marcadas imprecisiones y laxitudes en el otorgamiento de contratos y licencias, así como en materia ambiental donde, paradójico, los legisladores del Verde Ecologista avalaron la extracción del llamado gas de lutita o shale gas utilizando el sistema de la fractura hidráulica del subsuelo o fracking, que utiliza, además de grandes volúmenes de agua, sustancias altamente tóxicas para el medio ambiente, al grado de que tal método se está restringiendo en países como Estados Unidos. Los panistas pugnan por explotar mediante el fracking 20 mil pozos por todo el territorio nacional, lo que implicará dejar sin agua a más de 5 millones de habitantes.
 
Los apátridas del Congreso insistieron, y lo siguen haciendo, en que las leyes secundarias no atentan contra la seguridad nacional en materia energética; empero, la nueva Ley de Hidrocarburos establece la obligación de Petróleos Mexicanos y del Instituto Mexicano del Petróleo de entregar a los particulares toda la información estratégica del sector, así como los estudios de investigación acumulados en décadas de trabajo –y pagados por todos los mexicanos–, con el fin de que estos operen el nuevo Centro Nacional de Hidrocarburos sin que les cueste 1 solo centavo. Es decir, que abriremos de par en par nuestros valiosos archivos confidenciales –que en otros países son considerados materia de estrategia de seguridad nacional– sin el menor recato a los monopolios internacionales.
 
Además, y apenas se coronó la infamia legislativa, sus operadores se aprestaron a dar las malas nuevas al pueblo de México como sucedió con el exsecretario de Hacienda y Crédito Público de Felipe Calderón y hoy senador Ernesto Cordero, quien anunció que no debe engañarse a la gente bajo la falsa expectativa de que de la noche a la mañana bajarán las tarifas del gas, la luz y ya no se diga la gasolina. El priísta Emilio Gamboa fue más directo cuando dijo a los medios que en la promoción de la reforma energética “nunca se mencionó que bajaría el precio de las gasolinas”.
 
Eso sí, panistas, priístas y verdeecologistas, acordaron por unanimidad el desaparecer el subsidio a las tarifas eléctricas focalizando su aplicación en las zonas rurales y urbanas marginadas, dejando tal “beneficio” a las clases desfavorecidas a “criterio del presidente”, y dotándolo, de paso, de una poderosa arma electorera. Es decir que si se dan protestas sociales en algunos sectores marginados, el jefe del Ejecutivo podrá decidir si se les otorga o no el paternalista subsidio para no perecer en el consabido dilema de pagar la luz o comer, como ahora sucede con los recibos locos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
 
De regalo, los legisladores obsequiaron a las nuevas empresas extranjeras las cabezas de los mexicanos que por necesidad han utilizado los llamados diablitos para colgarse de los tendidos eléctricos; muchos de ellos que laboran de manera irregular en los tianguis o en la vía pública, subsistiendo en la informalidad, o que se guarecen en miserables techos de los asentamientos irregulares. Sin distinción alguna la nueva ley dispone que se sancionará con hasta tres veces el importe de la energía eléctrica consumida, a partir de la fecha en que se cometió la infracción, a quien “conecte sus redes particulares con el sistema eléctrico nacional o con otra red particular para su alimentación sin la debida autorización y contrato”. Y fijan la multa mínima en 10 mil veces el salario mínimo y la máxima de hasta 50 mil días de salario mínimo. Es evidente que estamos asistiendo a las exequias de todo sentido social en la prestación del servicio. Los pobres que roben electricidad por no poder sufragarla pagarán con cárcel su atrevimiento. La innegable resurrección de don Porfirio Díaz.
 
Es así que aún sin entrar en funciones plenas, el mito de la disminución de las tarifas de la gasolina, la electricidad y el gas doméstico empieza a desmoronarse. Hasta 2017 seguirán los gasolinazos y la fragmentación anunciada de la CFE en sus sistemas de generación, transformación y distribución, que serán entregados a particulares. Se antoja imposible que bajen los precios de la electricidad si se considera, como han expuesto los expertos, que además del pago por el volumen de energía consumida, los usuarios del país deberán pagar ahora por la llamada “energía reactiva”, que es aquella que se requiere para transitar a través del tendido. ¿O acaso creen los falaces legisladores que los inversionistas que manejarán la distribución sacrificarán sus ganancias, lo mismo que los nuevos comercializadores?
 
El amargo despertar traerá altos costos sociales y políticos a los vendedores de quimeras y falacias, pues habrá que preguntarse con qué cara estos partidos y sus candidatos pedirán el voto a los mexicanos; a ése pueblo que resultará lesionado con su irresponsabilidad legislativa y que antes de emitir su sufragio en las urnas de 2015 deberá recuperar su memoria histórica para enviar al basurero electoral a esos partidos que tanto daño le han hecho a la nación.
 
 
Martín Esparza Flores*
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
 
 
 
 
 
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Contralínea 397 / 3 – 9 agosto de 2014
 

 

 

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