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En la última década, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) –principal responsable forzosa del combate al crimen organizado en el país– ha padecido escándalos de corrupción, fabricación de delitos en contra de generales del Ejército Mexicano, escasez de transparencia en concursos y licitaciones nacionales e internacionales, manipulación de contratos multimillonarios de bienes y servicios, complicidades de militares con empresarios y la constitución de empresas en el extranjero para blanquear dinero producto de sobornos.

Por si faltara algo para dañar aún más la imagen de la principal entidad pública encargada de velar por la seguridad nacional y proteger el territorio, los mares y el espacio aéreo, así como cuidar el bienestar de 120 millones de mexicanos, un teniente coronel del Ejército, Héctor Castañeda Sainz, segundo comandante del XII Regimiento de Caballería en el Campo Militar 1-A, relacionado con el área de adquisiciones y licitaciones de la Sedena, se suicidó la semana pasada (afirman que su muerte ocurrió el miércoles 2 de julio) de un tiro en la cabeza en sus oficinas militares.

Este teniente coronel de 41 años se había desempeñado como jefe de la Sección de Adquisiciones Especiales y Servicios, dependiente de la Subdirección de Adquisiciones, frente a la cual estuvo en el sexenio pasado el general de brigada José Luis Castañeda Jiménez, quien enfrenta un proceso penal por corrupción en el área de adquisiciones y licitaciones de contratos de bienes y servicios.

En mayo pasado el reportero Abel Barajas, del diario Reforma, informó que Castañeda Jiménez buscó el amparo de la justicia federal ante una probable orden de aprehensión en su contra, pero el juez segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal, Antonio González García, lo negó, porque hasta esos días no había orden de captura en su contra. La solicitud de amparo, que tramitó el 9 de mayo el general de brigada, quedó registrada con el número 428/2014.

El 5 de enero de 2013, el diario Novedades de Quintana Roo publicó las declaraciones que hizo el general Castañeda Jiménez por las acusaciones de corrupción en su contra cuando se desempeñó como subdirector de Adquisiciones en la Sedena. El militar negó que fuera investigado por el órgano de control de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Ese día, en conferencia de prensa, el general de brigada Castañeda, quien el 1 de enero de 2013 fue nombrado por el presidente Enrique Peña Nieto comandante de la 34 Zona Militar con sede en Chetumal, Quintana Roo, declaró que nada tuvo que ver con la asignación, sin licitación de por medio, de al menos ocho contratos millonarios a una empresa estadunidense, pues aseguró que de haber tenido alguna responsabilidad no lo hubieran designado comandante de esa plaza, y asumió que su nombramiento era un premio a su desempeño en la Sedena, en donde ha ocupado los cargos de jefe de Prensa, jefe de Inteligencia y subdirector de Adquisiciones.

El general de brigada dijo que aplicaría las líneas principales del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, y que son de “mucho respeto a la sociedad, mucho respeto a los medios, a los derechos humanos, mucha disciplina a los efectivos militares y con la misma tendencia de proteger a la sociedad como autoridad”. Sin embargo, 1 año después, el 15 de enero de 2014, Castañeda Jiménez fue removido del cargo bajo acusaciones graves de corrupción.

En aquella conferencia de prensa, el general procesado ya delineaba sus acciones a seguir en torno a la delincuencia y al crimen organizado, y al referirse a las instrucciones del jefe del Ejecutivo dijo: “La indicación del presidente Enrique Peña Nieto es de mucho respeto a la sociedad, cuidar a la sociedad y, bueno, creo que los delincuentes también son ciudadanos, saben lo que tienen qué hacer y dónde lo pueden hacer, eso no va a dejar de existir y vamos a tratar de convencerlos de que lo mejor es en convivencia armónica”.

Ambos militares y compañeros de trabajo, el general Castañeda Jiménez y el teniente coronel Castañeda Sainz, habrían participado directamente en la asignación de ocho contratos sin licitación por 5 mil 628 millones de pesos (ver nota de Contralínea del 22 de julio de 2012) que hizo la Secretaría de la Defensa Nacional, entre 2010 y 2012, a la empresa estadunidense Security Tracking, SA de CV, propiedad del empresario José Susumo Azano, a quien se investiga también por lavado de dinero en México y en Estados Unidos.

Sin embargo, fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional sostienen que el teniente coronel que se suicidó estaba sometido a una enorme presión por la investigación que había desatado en su contra el área de Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como por el resultado de la auditoría sobre los supuestos detectores moleculares GT-200, que significaron un fraude a la Defensa y un daño al erario federal por 211 millones de pesos.

Se trata de 739 dispositivos de los que se autorizó su compra durante la gestión del general Guillermo Galván Galván para combatir supuestamente al crimen organizado; pero dichos dispositivos fueron una farsa y todo resultó en un enorme fraude al erario cometido por la empresa inglesa Global Technica, Ltd, en complicidad con algunos mandos del Ejército.

Los contratos de la discordia

En un amplio reportaje de Zósimo Camacho, publicado el 22 de julio de 2012 en Contralínea, se explica que los ocho contratos firmados entre la Sedena y una empresa estadunidense provocaron intensas auditorías de las dos instituciones fiscalizadoras en México: la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, las cuales incluso trasladaron a sus titulares a las oficinas castrenses para encabezar las revisiones.

La propia Secretaría de la Defensa Nacional inició una investigación, a través de su Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea, sobre los productos y servicios adquiridos para uso de las secciones Segunda y Séptima del Estado Mayor, y que se utilizarían para espiar y contener los movimientos armados y desarticular los cárteles del narcotráfico.

Eran los últimos días en Los Pinos de Felipe Calderón y de Guillermo Galván Galván en la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo cual a ambos les urgía que todos los órganos de control y vigilancia avalaran esas compras directas del Ejército por miles de millones de pesos, pues dejarle la investigación al siguiente gobierno priísta representaba un enorme riesgo, porque podría enfrentar a ambos exfuncionarios con la justicia, como ahora ocurre con militares de menor rango.

El motivo de la preocupación de Calderón y del general Galván es que se otorgaron sin licitar ocho contratos y seis convenios modificatorios de los mismos celebrados por la Defensa con una empresa privada de capital estadunidense, por un monto total que alcanza los 5 mil 628 millones de pesos.

En el reportaje de Contralínea se explica que los equipos y servicios adquiridos mediante estas adjudicaciones directas son para uso de las secciones Segunda y Séptima del Estado Mayor de la Sedena, cuyo jefe era en aquel año el general de división Diplomado de Estado Mayor Luis Arturo Olivar Cen. La Sección Segunda es la encargada de las actividades de inteligencia y contrainteligencia del Ejército Mexicano. La Séptima, de las operaciones contra el narcotráfico.

Los ocho contratos auditados –asignados sin licitación de por medio “por tratarse de asuntos de seguridad nacional”, a decir del entonces director de Comunicación Social de la dependencia, general brigadier Diplomado de Estado Mayor Ricardo Trevilla Trejo– se celebraron con la empresa Security Tracking, SA de CV. Otros 10 contratos fueron signados también con esta compañía y con AV y D Solutions, SA de CV. Ambas compañías son representantes en México de corporativos estadunidenses especializados en tecnologías de inteligencia y aeronáutica, respectivamente.

El objetivo de los ocho contratos fiscalizados fue incrementar las capacidades de espionaje y procesamiento de información de inteligencia de la Sedena. De acuerdo con las copias de los mismos –proporcionadas a Contralínea por fuentes que tuvieron acceso a ellos en el proceso de revisión– el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana construyeron un Sistema de Inteligencia Regional para modernizar el Centro de Comando y Control, sus subcentros y módulos, y construir la Plataforma Pegasus.

De los contratos se desprende que el proyecto se denominó Sistema de Inteligencia Regional para Incrementar las Capacidades de la S-2 [Sección Segunda] (Intl) [Inteligencia] EMDN [Estado Mayor de la Defensa Nacional]. Consta de tres fases, las cuales están amparadas por sendos contratos firmados con Security Tracking Devices: 4550000033, 4550000007 y 4550000006. Además, otros contratos intermedios se firmaron con la misma empresa también para adquirir productos y servicios relacionados con las actividades de inteligencia: 4500006718, 4500006876, 4500006908, 4500000147 y 4500000525. El monto total de estos ocho contratos asciende a 5 mil 628 millones 499 mil 999 pesos.

El equipo adquirido por la inteligencia militar mexicana es de tal capacidad, que la empresa estadunidense debió contar con la autorización de la Secretaría de Estado de Estados Unidos para poder venderlo a la Sedena.

Según la descripción de los contratos, la Sección Segunda del Estado Mayor de la Defensa cuenta ahora con la capacidad de intervenir cualquier tipo de comunicación electrónica. Más aún, de manipular a distancia –mediante órdenes que pasan inadvertidas para los ciudadanos espiados– computadoras, radios, teléfonos celulares y cualquier tipo de teléfono “inteligente” o smartphone.

Según el general de división Diplomado de Estado Mayor Ricardo Trevilla Trejo, el procedimiento seguido para firmar los polémicos contratos “está conforme a derecho; no hay nada irregular. Ya se han auditado y no han encontrado nada. Y no van a encontrar porque todo ha sido apegado al procedimiento”.

*Periodista

 

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 Miguel Badillo*

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