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La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), conformada por 135 defensoras de 83 diversas organizaciones, repudia el reciente allanamiento a la revista Contralínea ocurrido la noche del 23 junio de 2014, el cual se suma a una serie de hechos registrados desde 2002.
 
La RNDDHM ha sido informada de la nueva agresión contra las instalaciones de la revista a través de la cual fue sustraído diverso material y equipo audiovisual; escritorios del equipo fueron saqueados, asimismo fueron sustraídos diversos expedientes periodísticos.
 
Si bien desde 2011 las colaboradoras y colaboradores de la revista cuentan con medidas de protección otorgadas por el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), éstas no previnieron las recientes agresiones, ni tampoco han garantizado la protección de las y los periodistas, ni la continuidad del ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión y a la información.
 
En la RNDDHM reconocemos la labor periodística y la divulgación de contenidos con interés social que ha caracterizado a la revista. Ante ello, nos unimos a las exigencias del cese a las agresiones contra el medio y sus periodistas. Desde su fundación el 10 de abril de 2002, hemos sido testigas de las diversas agresiones contra la revista entre las que se encuentran: amenazas, persecuciones, juicios, allanamientos, etcétera. Cabe recordar que la periodista Ana Lilia Pérez, quien anteriormente había colaborado con Contralínea, se encuentra exiliada en Alemania desde junio de 2012, luego de recibir amenazas y agresiones por sus investigaciones periodísticas sobre las redes de corrupción en Petróleos Mexicanos.
 
Asimismo, es de nuestro conocimiento el reciente allanamiento de la casa del director de la revista, Miguel Badillo, ocurrido el pasado 18 de abril de 2014.
 
Ante ello, las 135 defensoras de derechos humanos ubicadas en 19 estados de la República y el Distrito Federal, exigimos a las autoridades del gobierno federal y del Distrito Federal tomen de manera urgente las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física de quienes colaboran con la revista Contralínea, entre las cuales destacamos 16 mujeres. En particular manifestamos nuestra preocupación por las periodistas Nancy Flores, Érika Ramírez, Elva Mendoza y Flor Goche, de quienes reconocemos su labor periodística y su compromiso para la construcción de un periodismo para el cambio social.
 
Finalmente, recordamos que en el Informe anual 2013 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Relatoría Especial menciona que ha reiterado en diversas ocasiones a los estados parte a “realizar investigaciones serias, imparciales y efectivas sobre los asesinatos, agresiones, amenazas y actos de intimidación cometidos contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación social”. De igual manera, refiere que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la impunidad –entendida como la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena– propicia la repetición crónica de violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares”, por lo que hacemos un llamado para que las agresiones contra la revista sean investigadas y no queden en la impunidad.
 
Atentamente:
 
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, integrada por 135 defensoras de derechos humanos de 19 estados de la República y el Distrito Federal
 
26 de junio de 2014
 
 
 

 
 
 
 
Se solidariza con Contralínea
 
Mi apoyo y solidaridad para todo el personal de Contralínea que siempre están como periodistas cuando de documentar injusticias se trata.
 
No más impunidad.
 
Norma Huízar
 
 
 

 
 
 
 
Impunidad garantizada en ataques a la prensa
 
En esto que ha ocurrido en las oficinas de Contralínea, y como en todas las muertes y desapariciones de periodistas y de gente que le estorba al gobierno, está la mano del Estado. Por eso no hay solución en estos casos, jamás se tocan a los responsables. Este gobierno, como el de antes, es un gobierno opresor y corrupto; él mismo es juez y parte. Exijamos solución. Para eso se les pagan los sueldos que salen de los impuestos. ¡Alto al cinismo de la corrupción!
 
María Silvia González Chávez
 
 
 
 
 
Difundir ataques a la libertad de expresión
 
Repruebo este detestable y cavernario acontecimiento que se ha realizado contra la revista Contralínea, propio de una dictadura sudamericana de la década de 1970.
 
Debemos difundir ampliamente este tipo de acontecimientos. Yo haré mi parte.
 
Fernando López A
 
 
 

 
 
 
 
Garantías para el ejercicio periodístico
 
Reciban todos los integrantes de Contralínea mi solidaridad y
 respaldo en su demanda de justicia y garantías para el ejercicio de la labor periodística.
 
Francisco Gómez
 
 
 

 
 
 
 
Solidaridad ante las agresiones
 
Manifiesto mi solidaridad con el equipo de Contralínea, ante el saqueo de sus instalaciones. Estoy atento a lo que ustedes planteen para efectos de solidaridad. Gracias.
 
Daniel Rodríguez Velázquez, profesor titular en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México
 
 

 
 
 
 
 
Contralínea “no está sola”
 
No hay duda de que el periodismo libre y de investigación sufrirá siempre el acoso de autoridades gubernamentales, ya que a través de estos escasos medios independientes nos enteramos de muchas trapacerías, enjuagues, embutes, moches y todo lo que acostumbran nuestros “ínclitos” gobernantes, del color que sean. ¡Adelante, Contralínea, no están solos!
 
Leonardo Moctezuma
 
 
 

 
 
 
 
¿Hasta cuándo pararán las agresiones?
 
Leer la agresión que ha recibido Contralínea me llena de horror y vergüenza ante la impunidad de las reiteradas agresiones, robos, calumnias y hasta homicidios en contra de Contralínea y sus periodistas.
 
Parece la trama de una película y no algo que ocurre dentro de los marcos constitucionales del derecho en un país “democrático”, como nuestro México. Es desesperante que esto esté pasando.
 
Es inconcebible tanta impunidad. ¿Hasta cuándo los periodistas seguirán siendo víctimas por su noble profesión?
 
Consuelo Pérez Padilla
 
 

 
 
 
 
 
Exigen que no haya impunidad
 
Mi solidaridad con los directivos y reporteros de Contralínea por la más reciente agresión sufrida. Le exigimos a la autoridad correspondiente que esto no quede en la impunidad.
 
Silvio Lira Mojica
 
 
 

 
 
 
 
Encontrar a los culpables de los ataques
 
¡Qué situación tan compleja e injusta! Deseamos mi familia y una servidora que pronto se restablezcan de la agresión sufrida y que encuentren a los culpables. Es momento de que se señale a quien está dirigiendo tantos ataques contra la revista Contralínea. Reciban nuestras más sentidas muestras de apoyo.
 
Prisma Dunker
 
 
 

 
 
 
  
 
Ser periodista en México
 
En el México corrupto e impune en el que vivimos, ser periodista –que no vocero del sistema– implica vivir en el peligro constante de perder la vida, como ha ocurrido con muchos periodistas. Pero es necesario tener valor y seguir ejerciendo el derecho de informar, de la libertad de expresión y denunciar los agravios y abusos del poder. Saludo a Contralínea. Gracias por existir.
 
Amanda Bautista
 
 
 

 
 
 
 
 
Autoridades, ¿comprometidas con la seguridad de periodistas?
 
Cómo esperar que las autoridades garanticen la seguridad del gran equipo periodístico de Contralínea si el golpe ha sido dado desde las altas esferas del poder. Mi respeto, admiración y solidaridad con ustedes, ¡carajo!
 
Diana Ruiz
 
 
 

 
 
 
 
Necesarios, los periodistas honestos
 
Hoy, como ayer, nos enfrentamos a gobiernos corruptos, que no les gusta que se den a conocer sus abusos y raterías. Quieren siervos que alaben las corruptelas que realizan.
 
Mi respeto a Contralínea y a sus maravillosos periodistas.
 
No bajen la guardia, necesitamos periodistas honestos, comprometidos con el pueblo.
 
Teresa Zamora
 
 

 
 
 
 
 
Defensores de derechos humanos y periodistas, en riesgo en Chiapas
 
Las organizaciones que conformamos la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), externamos nuestra preocupación por el riesgo que afrontan nuestros colegas defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas en el estado de Chiapas, hechos que han representado actos de vigilancia, hostigamiento, amenazas y agresiones que se han denunciado públicamente en fechas recientes.
 
• El 29 de mayo de 2014 , elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE) detuvieron de manera arbitraria a Mario Marcelino Ruíz Mendoza, indígena tzeltal, defensor de derechos humanos e integrante de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), AC, y a 20 representantes indígenas más que acompañaba como parte de un proceso de diálogo entre la Comisión de los Bienes Comunales de la Selva Lacandona, la dirigencia de la Asociación Rural de Interés Colectivo Unión de Uniones Democrática e Independiente y el gobierno estatal. Tras la privación arbitraria de la libertad, acciones de desprecio, hostigamiento, discriminación y condicionamiento político para seguir el dialogo sobre la situación de los pueblos que pretenden desalojar en Montes Azules, todos fueron puestos en libertad sin explicación oficial alguna.
 
• El 11 de junio , integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), AC, interpusieron una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada de Protección y Atención a los Organismos No Gubernamentales para la Defensa de los Derechos Humanos, dependiente de la PGJE, para que realice las investigaciones correspondientes con relación a los hechos de hostigamiento y vigilancia registrados los días 29 de abril, 8 y 23 de mayo del presente año en la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas. Previo y posteriormente a estos hechos, los integrantes del Frayba han documentado que los actos de intervención telefónica, hackeo de correos electrónicos, vigilancia, seguimiento, difamación, judicialización y amenazas en algunos territorios se han agudizado de manera alarmante en los últimos meses.
 
• El 13 de junio, el sacerdote Marcelo Pérez Pérez (párroco del municipio de Simojovel de Allende) tuvo conocimiento de amenazas de muerte y difamación dirigidas a su persona, así como actos de hostigamiento, agresiones y criminalización en contra de quienes forman parte del Consejo Parroquial y el Pueblo Creyente de esa localidad. El motivo de los agravios es la denuncia activa contra la proliferación de expendios de alcohol y drogas que operan con la anuencia de las autoridades municipales. Derivado de estos hechos se hizo un llamado urgente para proteger la vida y la integridad de quienes promueven la paz y el convivio comunitario en esta población mayoritariamente indígena.
 
• El 23 de junio, el periodista y escritor Javier de Jesús Molina Estrada señaló públicamente que policías federales y un ministerio público irrumpieron en su domicilio rompiendo las puertas de acceso y explicando que su casa había sido señalada como punto de venta de drogas atendiendo a una “denuncia anónima”. El periodista, corresponsal de La Jornada, añadió que en ningún momento le enseñaron orden de cateo o denuncia alguna que explicara tal incidente. Este patrón de hostigamiento y otros hechos han sido también denunciados de manera reiterada por medios libres, comunicadores independientes y periodistas en la entidad.
 
Según los datos con los que cuenta la Red TDT, los estados de la República Mexicana con mayor índice de agresiones a personas defensoras son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Chihuahua, Coahuila, Puebla y el Distrito Federal, información que se confirma con la grave tendencia que hemos documentado en este primer semestre del año.
 
En México la labor por la defensa de los derechos humanos sigue representado todo un reto, no sólo por el complejo contexto por el que atraviesa el país, sino también por la falta de reconocimiento de esta importante labor por parte de las autoridades mexicanas y de la misma sociedad.
 
Es importante mencionar que la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas llama a todos los estados a reconocer la importante labor de las personas defensoras de los derechos humanos como agentes constructores de cambios y de una cultura de paz, pero también a reconocer sus aportes como sujetos de cambio e impulsores de la democracia; a su vez, dicha Declaración estipula que es su deber “denunciar las políticas y acciones de los funcionarios y órganos gubernamentales con relación a las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales…” Lo anterior en sintonía con lo estipulado en tratados internacionales en materia de derechos humanos, mismos que México ha firmado y ratificado y que, con la reforma constitucional de 2011, pasan a ser del orden de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 
Ante el grave contexto que se denuncia en Chiapas , las organizaciones que conformamos la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos hacemos un exhorto a las autoridades correspondientes para que garanticen condiciones que posibiliten la realización de la importante labor que representan las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en aquella entidad, subrayando una vez más que resulta imprescindible que en cualquier sociedad democrática haya un trabajo sostenido por la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.
 
Atentamente:
 
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (conformada por 74 organizaciones en 20 estados de la República Mexicana).
 
 
 

 
 
 
 
PGR se resiste a reparar daños por violación a derechos humanos
 
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y Amnistía Internacional (AI) lanzan el día de hoy una campaña pública para exhortar a la Procuraduría General de la República (PGR) que cumpla con las sentencias que le ordenan ofrecer una disculpa pública e indemnizar por daño material y moral a Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González. Estas tres mujeres hñähño (otomíes) fueron encarceladas durante 3 años, acusadas de manera injusta, por el presunto secuestro de seis miembros de la ahora extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) en el estado de Querétaro en 2006, delito que no cometieron.
 
Estas sentencias emitidas el 20 de noviembre de 2013 y el 28 de mayo de 2014 por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) sientan un importante precedente en México en materia de reparación del daño a víctimas de violaciones a derechos humanos, algo negado de forma rutinaria hasta ahora.
 
Además, las sanciones impuestas por el TFJFA son un freno disuasivo al Estado para limitar las acciones de sus representantes y que respeten los derechos humanos. Su cumplimiento sin demora es fundamental para asegurar la protección de quienes ya fueron víctimas de la injusta acción de las autoridades mexicanas y para demostrar el compromiso de las autoridades de no volver a cometer abusos de esta naturaleza.
 
En dichas sentencias el TFJFA ordenó a la PGR indemnizar a Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González por daño material relacionado con el tiempo que dejaron de trabajar; y moral, por haberlas exhibido por un delito que no cometieron. Además, el TFJFA sentenció a la PGR a ofrecer una disculpa pública.
 
La PGR recurrió las sentencias favorables a Alberta y Teresa, dictadas el pasado 20 de noviembre. Por medio de esta campaña, el Centro Prodh y AI instan a la PGR a no interponer recurso contra la sentencia favorable a Jacinta, pues supondría dilatar aun más la justicia que Jacinta ha reclamado desde 2006. Interponer un recurso supondría un acto revictimizante por parte de la PGR.
 
Los esfuerzos de la PGR para evadir responsabilidad y de indemnizar a Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González, no sólo retrasan la justicia, sino también parecen tener el fin de evitar que la PGR esté obligada a cumplir cabalmente con la protección de los derechos humanos y la justicia en otros casos.
 
Por esto, esta campaña también persigue que el procurador general, Murillo Karam, se desista de los recursos interpuestos en contra de las sentencias favorables a Alberta y Teresa, y ordene el cumplimiento cabal de la sentencia, sentando así un precedente claro de que el sistema de procuración de justicia no puede ser cómplice o participe de graves violaciones de derechos humanos.
 
Cualquier persona que quiera apoyar esta campaña puede hacerlo desde hoy mismo. Si bien el 7 de julio vence el plazo para que la PGR pueda recurrir la sentencia del caso de Jacinta, es importante recordar que en el caso de Alberta y Teresa la PGR puede desistirse incluso después de esa fecha, por lo se podrían generar otras acciones de apoyo a las tres mujeres. La campaña, en esta fase, invitará a enviar una carta al procurador general de la República exigiendo que cumpla con la obligación de reparar el daño, retire los recursos en los casos de Alberta y Teresa y no interponga uno en el caso de Jacinta. Se podrá participar en la campaña por medio del sitio en internet http://bit.ly/jatcom.
 
Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, fueron encarceladas en agosto de 2006 acusadas de secuestrar a seis elementos de la ahora extinta AFI en el estado de Querétaro, de donde son originarias.
 
Jacinta fue liberada el septiembre de 2009, tras haber pasado más de 3 años en prisión por decisión de la PGR. Alberta y Teresa fueron liberadas en abril de 2010 tras una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que encontró graves irregularidades en el proceso. En su momento, AI adoptó a las tres como presos de consciencia.
 
Tras su liberación Jacinta, Alberta y Teresa continuaron su lucha para lograr el resarcimiento del daño causado. Las sentencias emitidas por el TFJFA el 20 de noviembre de 2013 en los casos de Alberta y Teresa, y el 28 de mayo de 2014 en el de Jacinta, establecieron un importante precedente al reconocer la obligación de resarcir el daño a las personas víctimas de la injusta actuación de la PGR. Asimismo el TFJFA estableció que una indemnización no resarcía por sí sola el daño indicando que se necesitan otras medidas, por ello ordenó a la PGR la realización de una disculpa pública a las tres mujeres.
 
La PGR ya recurrió las sentencias a favor de Alberta y Teresa, indicando en su recurso que de mantenerse esta decisión se daría una situación preocupante, pues “se tendría que indemnizar a todas las personas que sean absueltas en un proceso penal”.
 
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
Amnistía Internacional
 
 
 

 
 
 
 
Felicitan por trabajos periodísticos
 
La presente sólo es para felicitarlos por tan excelente labor informativa. Ojalá pudieran ahondar más sobre las maniobras truculentas de Oceanografía con respecto a la relación que tuvieron los panistas y priístas queretanos, ya que en este bello, pero desinformado estado, dicen que no pasa nada… Pero sí pasa, y mucho.
 
Gerardo Ramírez
 
 
 

 
 
 
 
Muere en prisión luchador social de 90 años
 
A los familiares de don Delfino Flores Melga; a los medios de comunicación; a los medios alternativos de comunicación; a los organismos defensores de derechos humanos; a las personalidades democráticas y progresistas; al pueblo de México:
 
El 24 de junio murió el luchador social y defensor del derecho humano a la vivienda don Delfino Flores Melga, hombre congruente que a sus casi 90 años se encontraba encarcelado injustamente en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, en Puebla, acusado por los empresarios Luis Flores Carpenter y Alejandro Flores Pastrana, personajes supuestos propietarios de un terreno de 17 hectáreas en el Cerro de Xilotzoni, en San Jerónimo Caleras, mediante escrituras de dudosa procedencia. Sin embargo, dicho terreno, de acuerdo con información de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) es parte de los bienes nacionales.
 
Don Delfino Flores Melga, durante décadas, organizó a personas de escasos recursos para que ejercieran su derecho a la vivienda por la vía de los hechos. Acudió a todas las instancias gubernamentales para legalizar los predios. Se plantó en el Zócalo de la Ciudad para denunciar la falta de voluntad política del gobierno mexicano para garantizar el derecho a la vivienda.
 
El encarcelamiento y muerte de don Delfino en el “penal de exterminio”, es una muestra de la corrupción y del nivel de descomposición en el que se encuentran las instituciones encargadas de procurar la impartición de justicia, tal como lo estaba demostrando su defensa en la revisión de su proceso ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla.
 
No bastó que fuera una persona de casi 90 años, no bastaron las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, no fue suficiente el principio de propersona, ni siquiera las penas alternativas. Todo su proceso fue hecho a modo para que un par de empresarios y su horda pudieran lucrar ilegalmente con los terrenos bienes de la nación.
 
A pesar de la queja interpuesta en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el propio director del Cereso de San Miguel para que emitieran una recomendación o exhortaran al gobierno estatal de permitirle seguir su proceso en casa, así como de que en reiteradas ocasiones organizaciones populares y compañeros de lucha denunciaran la situación en que don Delfino se encontraba por la edad que tenía y por su delicado estado de salud, hubo nula voluntad por parte de las instancias gubernamentales para resolver su situación jurídica dejándolo en un total estado de indefensión. Ya estarán satisfechos los oportunistas y vividores que en su momento se aprovecharon del trabajo político de don Delfino.
 
Por justicia a un luchador social y defensor del derecho humano a la vivienda como lo fue don Delfino Flores Melga, el gobierno del estado de Puebla está obligado hacer un acto público de desagravio post mortem.
 
Combativamente:
 
¡Juicio y castigo a los responsables del injusto encarcelamiento de don Delfino Flores Melga! ¡Libertad a todos los presos políticos y de conciencia del país! ¡Alto a la criminalización de la lucha popular y de la defensa de los derechos humanos!
 
Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos
 

 

Puebla de Zaragoza, 25 de junio de 2014.

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