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Los reporteros Andrea Becerril y Víctor Ballinas sintetizaron lo que el relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la libertad de opinión y expresión, Frank La Rue, planteó ante el Senado de la República: “‘la regulación de contenidos en radio y televisión debe ser facultad del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) como órgano autónomo, y de ninguna manera debe quedar en manos de órganos políticos del Estado, como la Secretaría de Gobernación’. Durante una reunión con la presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado, Alejandra Barrales, y otros legisladores del Partido de la Revolución Democrática, La Rue felicitó a México por la reforma constitucional en telecomunicaciones manifestando que es una de las mejores en el mundo. Por ello, les pidió que la defiendan y no permitan que con las leyes secundarias en la materia se vulnere la libertad de expresión, el derecho a la privacidad y a las nuevas tecnologías. De manera concreta planteó que en esa legislación secundaria ‘se garantice el acceso universal a internet, medio de comunicación que en las comunidades indígenas y marginadas debe ser subsidiado por el Estado, como se hace en varios países, precisamente para universalizarlo’” (La Jornada, 9 de mayo de 2014).

Cuando el relator se refiere al Estado, obviamente alude al gobierno federal (separación y diferencia clave, y baste con citar, para precisar ambos conceptos jurídico-políticos, el ensayo kelseniano de Norberto Bobbio intitulado Estado, gobierno, sociedad. Contribución a una teoría general de la política; editado por Plaza & Janés; y otra edición en la colección Breviarios del Fondo de Cultura Económica; además el libro de El tiempo de los derechos, editorial Sistema; con traducción del italiano al español por Luisa Sánchez García y Rafael de Asís Roig, respectivamente). Lo anterior para aclarar que cuando se habla de “leyes secundarias” se refiere a las leyes reglamentarias de Artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como es el caso de las actuales reformas y contrarreformas que han adicionado, derogado y hasta abrogado principios fundamentales de la misma.

Así que regresando al tema de esta nota, se aplaude al representante de la ONU haber intervenido en el Senado para reafirmar la petición y demanda democrática de los mexicanos más pendientes de las libertades individuales y colectivas, en el sentido de que por ningún concepto ni motivo ha de volverse a los tiempos cuando el gobierno federal, de manera autoritaria, antidemocrática y antirrepublicana, no sólo controlaba, sino que censuraba las actividades de la prensa escrita, cinematográfica, de televisión y radio. Y que ahora pretende intervenir en las nuevas tecnologías que amplían esas libertades, como el internet.

Estos pasos quiere seguir el peñismo, con su intentona de que la Secretaría de Gobernación recobre como facultades intervenir las líneas telefónicas y espiar a los ciudadanos mediante el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, actividad que ya lleva a cabo como tradición del autoritarismo desde hace más de 70 años, tanto con el Partido Acción Nacional (PAN) como con el “nuevo” Partido Revolucionario Institucional (PRI). En ese tránsito de lo peor del panismo derechista a lo mismo del tricolor, las libertades de los medios de comunicación han sufrido toda clase de mutilaciones y, lo que es peor, homicidios de periodistas por parte de funcionarios, delincuentes y personeros del sector privado que buscan impedir el trabajo de investigación, información y crítica, como derecho de por sí manipulado en radio y televisión.

Y en la medida del aumento del uso de internet, quiere el peñismo meterle mano inquisitorial a este nuevo recurso tecnológico para las libertades de expresión, que se comunica a través de las redes para informar, convocar y criticar los abusos de los sectores público y privado. A la pretensión de volver a controlar a la prensa escrita por medio de la vieja tradición de otorgar o no publicidad, se suma ahora la propuesta de Enrique Peña-Miguel Ángel Osorio, de que Gobernación sea la encargada de supuestamente regular el internet. Pero de lo que se trata es de tener facultades para censurarlo e incluso suspenderlo. Así que el relator de la ONU, alertado por esa embestida peñista, ha planteado ante el órgano legislativo federal que no vayan a revertir la conquista constitucional. Y es que los legisladores del PRI, PAN, Partido Verde Ecologista de México y el Partido Nueva Alianza, al dictar las leyes reglamentarias en telecomunicaciones, se han visto tentados a ceder al autoritarismo del presidencialismo y a los reclamos de Televisa y su compañera de viaje, Tv Azteca, para que no les quiten sus privilegios de poder de facto. Éstos, con el manejo privado de internet pueden generar la censura de este medio y hasta la suspensión si el gobierno federal, directa o indirectamente, se los solicita.

En diciembre de 1974 se utilizó por primera vez la palabra internet en un artículo de Vinton Cerf, Yogen Dalal y Carl Sunshine, como abreviatura de la palabra internetworking, que significa algo como “trabajar interconectados”. Es una red de redes para compartir información sobre la moderna cultura digital (Tom Chatfield, 50 cosas que hay que saber sobre el mundo digital, traducción de Mar Vidal, editorial Ariel). Así que a ningún precio debe permitirse que el internet, nueva dimensión de las libertades de expresión escrita, oral y audiovisual, sea contralado por el gobierno. Por el actual y por ningún otro.

*Periodista

 

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Contralínea 389  / 08 de Junio al 14 de Junio