Autor:

Fue a partir de la década de 1990 cuando el maestro Eliseo Guajardo Ramos (director de Educación Especial en ese momento), el maestro Iván Escalante Herrera (coordinador del Programa de Integración Educativa SEP-Fondo Mixto de Cooperación Española) y el maestro Adalberto Rangel Ruiz de la Peña (director de Unidades de la Universidad Pedagógica Nacional y diseñador de la licenciatura en intervención educativa con línea en inclusión educativa de las unidades de la Universidad Pedagógica Nacional en la República Mexicana) impulsaron, desde sus diferentes trincheras institucionales, la integración educativa en la educación básica, aterrizando sus propósitos en el artículo 41 de la Ley General de Educación.

Fue a partir de ese momento que inició el movimiento de integración educativa en la Declaración de Salamanca (1994, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), con una mirada firme hacia la inclusión educativa; temática que hoy en día se ha convertido en política gubernamental y retórica discursiva de políticos y autoridades educativas, pero muy lejana de la realidad en los espacios institucionales en donde se comparten los procesos de enseñanza-aprendizaje entre profesores y estudiantes.

Sin embargo, aun con leyes ya plasmadas (Ley General de Educación, Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, etcétera), existen instituciones educativas de abolengo que, a través de sus funcionarios, se empeñan en excluir a los estudiantes de los espacios de la escuela pública, pasando desde la educación básica hasta llegar al nivel universitario; y es aquí donde inicia el moderno infierno para los hijos de la exclusión y discriminación.

Hace 1 mes y medio, aproximadamente, me tocó vivir y dialogar, por razones personales, con autoridades del Área Jurídica de la Preparatoria 5 José Vasconcelos, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Poder escuchar los comentarios de esta autoridad acerca de los estudiantes de esta preparatoria, que por diversas razones de conducta fueron excluidos del plantel e instalaciones, pero además dados de baja definitivamente, me causa malestar social, porque son etiquetados como porros y delincuentes (existen éstos en todos los planteles de preparatorias y colegios de ciencias y humanidades del sistema UNAM), muchas de las veces acusados por terceras personas influidas a través de esta área jurídica.

Lo triste de esta situación es que estos jóvenes se encuentran en el total abandono y vulnerabilidad, cayendo en las garras del alcohol y las drogas, así como en conductas que los llevan a enfrentar cuestiones de tipo legal, pues tanto sus padres y su familia los dejan en el abandono; la institución de igual forma los segrega y discrimina arrojándolos a la calle sin derecho a ingresar al plantel ni siquiera de visita.

Cabe mencionar que la autoridad institucional del área jurídica es muy hábil para persuadir, coaccionar y convencer a los padres de familia de que algunas cuestiones de conducta merecen ser sancionadas por una ley de autonomía y legislación universitaria, amenazando con llevar el caso al Tribunal Universitario donde seguramente el fallo de éste será la expulsión definitiva del sistema, pero si aceptan irse voluntariamente de la preparatoria, más adelante, en licenciatura o posgrado, podrán incorporarse nuevamente a la UNAM, de lo contrario serán excluidos para siempre.

Este tipo de situación y el desconocimiento de los padres de familia hacen que periódicamente se incorporen nuevos estudiantes a las filas de la exclusión y discriminación. Etiquetados como lagartos por ellos mismos, pues se apropian del discurso y portan un jersey que la misma autoridad institucional les coloca, a los excluidos de prepa 5 se les ubica afuera de la preparatoria, consumiendo bebidas alcohólicas o drogas y taloneando a sus excompañeros institucionales, mostrando una imagen ante la sociedad de chicos malos.

Y es aquí donde surgen una serie de interrogantes serias hacia la institución y que deben ser de carácter social y ventilarse para buscar soluciones pertinentes y de inclusión educativa. ¿Por qué excluye la UNAM, en lugar de incluir? ¿Por qué no busca reincorporar a estos exestudiantes a través de programas de inclusión? ¿Por qué no realiza talleres a través de las facultades de Psicología y Trabajo Social para apoyar estas necesidades educativas?

Es pertinente proponer que las autoridades universitarias se sienten a dialogar esta situación que se torna excluyente y que se sensibilicen y concienticen de la importancia de incluir, pues las leyes y organismos gubernamentales y no gubernamentales están librando una batalla legal por incluir, y resulta agresivo que la llamada “máxima casa de estudios” con el lema “por mi raza hablará el espíritu”, en pleno siglo XXI, se observe como una institución excluyente.

*Sicólogo educativo; doctor en enseñanza superior y profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México

 

 

 

 

 

Contralínea 388  / 02 de Junio al 07 de Junio

 

Comments

comments