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Edmundo y Gabriel: a 7 años de su desaparición, presentación con vida

Al pueblo de México; a los pueblos del mundo; a los medios de comunicación nacionales e internacionales; a los organismos no gubernamentales defensores de los derechos humanos; a las organizaciones políticas, populares y revolucionarias:

Hermanos, hermanas, camaradas:

Este 25 de mayo se cumplieron 7 años de la detención-desaparición de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Son 7 años de impunidad, de cerrazón, de complicidades veladas y abiertas para pretender llevar al olvido este crimen de lesa humanidad y enterrar una demanda nacional de miles de mexicanos que viven el mismo dolor causado con la aquiescencia del Estado desde hace décadas.

Nuestros camaradas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez son dos revolucionarios que están en esta condición de detenidos-desaparecidos por su actividad político-revolucionaria, que consistía en impulsar las tareas de la revolución, que iban desde organizar la base social, construir la base política y dar alternativas política e ideológicas tanto en las estructuras internas del partido como en los diferentes sectores populares. Actividad revolucionaria que no puede estar desligada de la actitud correcta ante la vida. Con ello queremos decir que nuestros compañeros en cada esfuerzo de organización, de construcción, de dirección revolucionaria de las masas movilizadas llevaban implícita la actitud humanista del transformador social, porque así nos forja la praxis revolucionaria.

Fueron detenidos-desaparecidos porque en su actividad constructora figuraba el esfuerzo permanente de organizar a nuestro pueblo contra sus opresores, es decir, lo mismo politizaban en una colonia popular que en una lejana comunidad; con el mismo fervor enseñaban a leer y escribir a niños, jóvenes y adultos excluidos del sistema educativo escolarizado; por eso construían conciencia de clase y con su actuar convocaban al progreso colectivo por medio de la acción transformadora del individuo para poder llegar a la transformación de la sociedad.

Ejemplo de dignidad y congruencia es que hoy, en su condición, siguen librando batallas en la circunstancia que se encuentran, como siempre lo hicieron cuando estaban físicamente entre nosotros. Físicamente no están con nosotros porque el Estado los mantiene recluidos en mazmorras clandestinas en estado permanente de tortura, porque tanto es el cinismo de sus captores criminales que por medio de pintas hacen alarde de seguirlos torturando.

Resistan compañeros, como lo han hecho hasta ahora guardando los secretos de la revolución; por nuestra parte continuamos exigiendo su presentación vivos y en libertad, una demanda de miles de mexicanos por la presentación de los detenidos-desaparecidos de ayer y hoy.

La larga noche de terror de los gobiernos panistas de Fox y Calderón la continúa el gobierno de Peña Nieto. A los crímenes de lesa humanidad de los gobiernos panistas le ha sumado otros miles más el actual gobierno priísta. Qué equivocados estaban aquéllos que infundadamente esperaban e hicieron creer que venían tiempos de cambio con el Partido Revolucionario Institucional.

A la exigencia de la presentación de las víctimas del Estado ha respondido con la clásica demagogia priísta, con una maraña burocrática, con el intento de inhibir la lucha de familiares y amigos por medio de la cooptación, la coacción y la represión. La creación de una instancia burocrática más con fines policiacos es el cinismo y burla sin límites de esta junta administrativa que también tiene manchadas las manos con sangre del pueblo.

En ese contexto utiliza para sus aviesos fines a personas que con buena fe aún creen en el gobierno, a la vez que a otras, ya cooptadas, que se dedican a atacar a nuestro partido con infamias y a algunas organizaciones no gubernamentales de prestigio por su trabajo con el pueblo. Ambos tipos de personas sirven al mismo propósito de fortalecer al Estado.

En burda maniobra el gobierno intentó diluir la magnitud de los crímenes de lesa humanidad presentando una lista manipulada y rasurada, reduciendo las más de 70 mil detenciones-desapariciones a la raquítica lista de 25 mil. Independientemente de lo conservadora de la cifra “filtrada”, expresa su política de Estado: la detención-desaparición de personas por motivos políticos o sociales es una política de Estado en México de carácter transexenal. El carácter policiaco de instituciones del gobierno se ejerce en el trato dado a los familiares y amigos de los detenidos-desaparecidos.

Desde el Estado se continúa revictimizando a familiares y amigos, una expresión más del terrorismo de Estado, una acción más del Estado policiaco-militar, una agresión más al pueblo.

A 7 años de la detención-desaparición de nuestro compañeros agradecemos profundamente la solidaridad incondicional del pueblo y sus organizaciones, gesto de humanismo y solidaridad que fortalece la entereza de nuestros compañeros cautivos y fortalece nuestras convicciones para continuar en las filas de la revolución, exigiendo desde esta trinchera la presentación de ellos y de todos los detenidos desaparecidos del país por motivos políticos y sociales.

Si de los organismos del Estado sólo se ha obtenido arrogancia, cinismo, burocratismo, maniobra palaciega, autoritarismo, burla, hostigamiento e impunidad, ante la demanda de la presentación de miles de detenidos- desaparecidos enarbolada por miles de ciudadanos es necesario valorar y revalorar las formas de lucha que se han estado llevando a cabo.

Hermanos, hermanas, madres y padres, seres queridos y amigos víctimas de los crímenes de lesa humanidad, sinceramente creemos y les proponemos que es necesario desarrollar cualitativamente las formas de lucha y seguir combinando de manera creativa y flexible cualquier tipo de lucha a su alcance.

Al gobierno de Enrique Peña Nieto le exigimos dé respuesta positiva a la exigencia de presentación con vida de nuestros compañeros y el resto de detenidos-desaparecidos del país.

Ante la continuidad de los crímenes de lesa humanidad en México y premeditada indolencia del actual gobierno mexicano, nos dirigimos a los organismos nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos no gubernamentales para solicitarles, de la manera más atenta, su solidaridad y gestiones humanitarias para encontrar a nuestros compañeros y coadyuvar a dar curso a su caso en las instancias internacionales de impartición de justicia y en pro de los derechos humanos.

Un gobierno que continúa con la política de cometer crímenes de lesa humanidad como política de Estado no sólo debe recibir recomendaciones y amonestaciones; ante todo, debe ser enjuiciado para castigar a los responsables materiales e intelectuales que siguen bajo el amparo y la protección del Estado.

A los familiares y amigos de nuestros compañeros: concluye 1 año y empieza otro más de lucha, a la cual hay que darle nuevos bríos e imprimirle más dinamismo y creatividad. Sepan ustedes que el dolor que los embarga es nuestro, pero éste lo debemos transformar en acción revolucionaria. Amigos y familiares de todos los detenidos y desaparecidos: recuerden que a un gobierno represor, sólo se le puede enfrentar con la coordinación y la unidad de esfuerzos y capacidades político-organizativas: ni una voz y acción por los desaparecidos dispersa y aislada; los desaparecidos son de todo el pueblo; su causa es nuestra causa. ¿Por qué marchar por separado?

¡A seguir exigiendo la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos de ayer y hoy! ¡A exigir la libertad de todos los presos políticos! ¡A cerrar filas contra el terrorismo de Estado!

¡Por la revolución socialista! ¡Vencer o morir!

¡Por nuestros camaradas proletarios! ¡Resueltos a vencer!

¡Con la guerra popular! ¡El Ejército Popular Revolucionario triunfara!

República Mexicana; 22 de mayo de 2014.

Comité Central del Partido Democrático Popular Revolucionario, Comandancia General del Ejército Popular Revolucionario, año 50

 

 

Defensores de derechos humanos de todo el país, preocupados por leyes que avalan uso de la fuerza pública contra la protesta social

El pasado 15 de mayo el Congreso de Chiapas aprobó el Código de uso legítimo de la fuerza pública. El dictamen regula el uso de la fuerza pública ante movimientos, disturbios y protestas sociales y avala el uso de armas no letales para dispersar manifestaciones violentas. Por otro lado, el 19 de mayo, el Congreso de Puebla aprobó la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado, en la que se prevé la posibilidad de que agentes policiales utilicen “fuerza letal”, cuando su vida esté en peligro, durante manifestaciones públicas; también abre la puerta a detenciones arbitrarias.

Ante estos hechos, las organizaciones que conformamos la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) externamos nuestra preocupación y condenamos la aprobación de las leyes que avalan el uso de la fuerza pública en manifestaciones y criminalizan el derecho a la protesta social en los estados de Chiapas y Puebla.

El Comentario acerca de la Declaración sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos indica que “el derecho a la protesta es un derecho plenamente desarrollado que comprende el disfrute de una serie de derechos reconocidos internacionalmente y reiterados en la Declaración sobre los defensores y las defensoras de los derechos humanos. Esos derechos incluyen la libertad de expresión y opinión, la libertad de asociación, la libertad de reunión pacífica y los derechos sindicales, en particular el derecho de huelga. La protección del derecho a la protesta en el contexto de la libertad de reunión conlleva la obligación de proteger a los titulares del derecho a la protesta en el ejercicio del derecho y la obligación de no interferir en las protestas pacíficas.

Las organizaciones que formamos parte de la Red TDT junto con otras organizaciones y movimiento sociales hemos expresado que la protesta social es un mecanismo legítimo de exigibilidad de derechos, por tanto el Estado tiene la obligación de proteger, respetar y garantizar su ejercicio, y está obligado a escuchar y buscar vías de solución a las demandas.

En meses recientes hemos denunciado la tendencia que existe tanto a nivel federal como en los estados de aprobar leyes que pretenden restringir los derechos a la libertad de expresión, manifestación, reunión y protesta social. Asimismo hemos señalado que además de que los contenidos de estas leyes violentan derechos humanos, los procesos legislativos para su aprobación han sido irregulares, apresurados y sin atender a las demandas de la sociedad civil respecto a la necesidad de discutir tales iniciativas de manera pública. Hemos señalado la ambigüedad en el uso de conceptos como paz pública, orden público, uso racional de la fuerza y manifestación violenta, entre otros, pues se prestan a la interpretación discrecional de las autoridades.

Nos sumamos a la preocupación de activistas y defensores de derechos humanos que trabajan en los estados de Chiapas y Puebla, que han señalado que con estas nuevas leyes se pretende legalizar los atropellos que ya cometen las distintas fuerzas de seguridad pública y que generan un marco legal que posibilita las violaciones a los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones públicas.

Atentamente:

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (conformada por 74 organizaciones en 20 estados de la República Mexicana).

 

 

Palestinos se solidarizan con zapatistas

No muy lejos de aquí

en un lugar llamado Gaza

en Palestina, en Medio Oriente

aquí al lado

un ejército fuertemente armado y entrenado

el del gobierno de Israel

continúa su avance

de muerte y destrucción

Subcomandante insurgente Marcos

Chiapas, México

A la familia del compañero Galeano, a todos los heridos, a la Junta de Buen Gobierno de La Realidad, a las Juntas de Buen Gobierno, a la Sexta, a los palestinos en Palestina y la Shatat:

En los últimos días hemos escuchado las noticias que han salido de Chiapas, México, y sentimos nuestros corazones pesados. Informa sobre un ataque paramilitar en contra de nuestros hermanos y hermanas indígenas zapatistas el 2 de mayo en la comunidad de La Realidad. El ataque dejó la escuela autónoma y la clínica autónoma destruidas, quince compañeros zapatistas heridos y Galeano, un maestro de la Escuelita, brutalmente asesinado.

Entendemos que esto no fue un enfrentamiento entre dos grupos armados, sino un ataque a manos de paramilitares armados contra civiles zapatistas desarmados. También entendemos que el ataque fue sólo la última orquestación del gobierno mexicano al servicio del neoliberalismo, continuando con el robo de México y la expulsión final de los pueblos indígenas de sus tierras una vez por todas. Los zapatistas son una amenaza digna a esta nueva cara del colonialismo, y aquellos que mandan desde arriba lo saben bien.

La táctica se ha convertido en una de las favoritas del gobierno mexicano durante los últimos 20 años: armar, financiar y organizar grupos paramilitares, cuyos miembros provienen de otras comunidades indígenas de Chiapas para luego fabricar la mentira de que se trata de conflictos intracomunitarios. Los principales medios de comunicación entonces no tienen que trabajar muy duro en sus manipulaciones. En este caso, el grupo paramilitar que el gobierno envió para atacar a nuestros hermanos y hermanas zapatistas se conoce con el nombre de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos-Histórica (CIOAC-H), y fue asistida por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Acción Nacional (PAN), dos cuerpos políticos en México actualmente ayudando a manejar el saqueo y la destrucción del país.

Así que, al escuchar las noticias que salen de Chiapas, lo que entendemos por encima de todo es que aunque los nombres cambien, la muerte y la destrucción siguen siendo iguales.

“Los ríos subterráneos que recorren el mundo pueden cambiar de geografía, pero entonan el mismo canto.”

El neoliberalismo, el colonialismo, la ocupación…

No tuvimos el honor de conocer el compañero Galeano, pero pensamos que tal vez no era necesario. Estamos oyendo que él vivió para nosotros, y que él cayó luchando para nosotros. ¿Qué más queda por saber? Galeano era nuestro hermano, nuestro padre, nuestro amigo… Galeano era nuestro maestro.

Lo que enseñó Galeano es lo que los hombres, mujeres, jóvenes y ancianos zapatistas enseñan cada día: que el mundo que comenzó a ser construido el 12 de octubre de 1492 es el que hizo posible el 15 de mayo de 1948, y que ha sido una catástrofe para la humanidad. Éste es un mundo que requiere la aniquilación de aquellos de nosotros que se niegan a vivir por sus diseños, y la única manera que tenemos para ganar esta lucha –los zapatistas nos enseñan– es mediante la creación de un mundo nuevo para habitarlo juntos. Un mundo de nuevo, como nos dicen, “donde quepan muchos mundos”.

Así pues, hoy en día, el 15 de mayo pasado, en esta 66 conmemoración de nuestra catástrofe, de nuestra Nakba, como la llamamos en árabe, entendemos que nuestros hermanos y hermanas en Chiapas están luchando contra una Nakba, en una resistencia no sólo para sí mismos, sino para toda la humanidad. Y así nos encontramos con ellos en digna rabia, reflexionando sobre cómo el crimen en contra de nosotros y nosotras en Palestina es un crimen que muchos más alrededor del mundo han seguido experimentando durante estos 500 años.

Nos sumamos hoy en una fuerte condena del asesinato del compañero Galeano, el ataque en La Realidad, y todas las agresiones en contra de nuestros hermanos y hermanas zapatistas en Chiapas. Y hacemos un llamado a todas las organizaciones, comunidades, colectivos e individuos palestinos, caminando en dignidad y en lucha, para denunciar estos ataques contra los zapatistas como un ataque contra todos nosotros y nosotras. Si bien sabemos que nuestras palabras no pueden recuperar el cuerpo de Galeano, y que es posible que no curen las heridas de los lastimados, sí sabemos, lo que sí podemos decir de hecho, es lo que el subcomandante insurgente Marcos una vez se tomó el tiempo para decir a nosotros:

“las palabras desde lejos

tal vez no alcanzan a detener una bomba

pero son como si se abriera

una grieta

en la negra habitación de la muerte

y una lucecita

se colara”

De Palestina y la Shatat, desde abajo y a la izquierda:

Colectivos: Alumnos palestinos de La Escuelita, primer grado del curso La libertad según los zapatistas; Movimiento juvenil palestino, sucursal estadunidense

Individuos: Amal Eqeiq, Shadi Rohana, Ahmad Nimer, Salma Abu Ayyash, Hazem Al Namla, Hazem Jamjoum, Ahmad Lahham, Faris Giacaman-Taraki, Yara Kayyali Abbas, Nada Elia, Remi Kanazi, Murad Odeh, Boikutt, Randa Wahbe, Wassim, Thayer Hastings, Isshaq AlBarbary, Mezna Qato, Natasha Aruri, Dena Qaddumi, Budour Hassan, Shireen Akram-Boshar, Linah Alsaafin, Vivien Sansour, Nura Alkhalili, Deema Alsaafin, Omar Jabary Salamanca, Annemarie Jacir, Will Youmans, Raya Ziada, Alaa Hijaz, Lucy Garbett, Hala Turjman

 

 

Inteligencia, para el control social, dice

Acerca de la nota “Concentran inteligencia militar y civil en el CISEN”, deseo comentar que este tipo de movimientos en las esferas de los organismos de seguridad nacional lleva un doble fin y no sólo es para contener la delincuencia. Es para coartar la libre expresión, marchas y mítines a realizar. Esperemos más adelante. Saludos.

Sergio Antonio Huerta Zúñiga

 

 

Amnistía Internacional demanda urgente y exhaustiva investigación por asesinato de Sandra Luz Hernández

Amnistía Internacional condena el asesinato de Sandra Hernández que tuvo lugar el pasado 12 de mayo en la ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa.

Sandra Hernández fue baleada en la vía pública cuando iba en camino a una cita con una persona quien presuntamente tenía información sobre la desaparición de su hijo.

La organización considera positiva la detención de una persona presuntamente implicada en su homicidio. Sin embargo, es esencial asegurar una investigación imparcial, pronta y exhaustiva para esclarecer los hechos sin recurrir a las violaciones de derechos humanos.

Amnistía Internacional considera también positivo el compromiso anunciado por el gobernador del estado de asegurar que el asesinato de Sandra Hernández no quede impune, pero reitera que es esencial que las autoridades realicen una investigación de la más alta calidad, con pruebas sólidas y sin depender de la supuesta confesión del implicado.

Según fuentes periodísticas, las autoridades estatales han informado que la persona detenida ha confesado ser el autor material del crimen y que lo ha cometido debido a un problema personal con la víctima. Este anuncio sugiere más preguntas que respuestas.

Amnistía Internacional ha documentado en otras ocasiones el uso de confesiones obtenidas mediante coacción con el objetivo de poder presentar prontamente ante la opinión pública a presuntos culpables de casos que generan mucha indignación social. Al mismo tiempo, estas “confesiones” suelen quitarle a los crímenes en cuestión toda connotación política. Es imprescindible que este patrón no se repita.

Las autoridades deben demostrar la credibilidad de su investigación, incluyendo el móvil del homicidio, y procesar a todos los responsables respetando sus derechos humanos. Amnistía Internacional considera fundamental que durante las investigaciones no se descarte la posible relación entre el crimen y los esfuerzos de Sandra Hernández de encontrar a su hijo desaparecido, Edgar Guadalupe García.

Amnistía Internacional también insiste en que las autoridades esclarezcan la desaparición de Edgar García, ocurrida a manos de desconocidos el 12 de febrero de 2012. Sandra Hernández era quien mantenía viva la búsqueda de su hijo desde entonces, sin que las autoridades realizaran una investigación efectiva. La defensora de derechos humanos también colaboraba con otros familiares de personas desaparecidas, junto con el Comité de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa, para lograr la tipificación de la desaparición forzada en el Código Penal del estado.

Al parecer, poco antes de su asesinato, Sandra Hernández había obtenido información sobre los posibles responsables de la desaparición de su hijo.

Es esencial que la investigación indague todo este contexto, incluyendo los otros esfuerzos de Sandra Hernández para encontrar a su hijo, e identificar a los perpetradores de la desaparición de su hijo para que fueran llevados ante la justicia.

El asesinato de Sandra Hernández muestra otra vez los peligros que enfrentan los familiares de las miles de personas desaparecidas en México. Frecuentemente están obligados a asumir un papel central en la investigación del destino o paradero de sus seres queridos frente a la omisión, complicidad o falta de capacidad de las autoridades.

Este trágico asesinato debe ser un catalizador para que los gobiernos estatales y el federal tomen en serio este problema y ejecuten medidas eficaces para prevenir, investigar y sancionar la desaparición de personas, independiente de que los presuntos responsables sean funcionarios públicos o particulares.

 

Oficina en México de Amnistía Internacional

 

 

 

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