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El presidente de la naviera Oceanografía, Amado Yáñez Osuna, habría sido consignado a un penal del Distrito Federal el pasado domingo, tras la determinación del Ministerio Público respecto de su expediente y la posterior orden de aprehensión que determinó un juez, por su supuesta responsabilidad en el delito de fraude bancario.
 
Por este mismo caso, en la Procuraduría General de la República (PGR) preparan más acusaciones penales en contra de su socio Martín Díaz Álvarez, primo del exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, así como contra 11 ejecutivos de Banamex, institución contra la cual se cometió el fraude por 360 millones de dólares.
 
Según fuentes cercanas al empresario, Amado Yáñez habría sido trasladado en total sigilo el pasado 11 de mayo desde su casa de Acapulco, Guerrero –en donde permanecía bajo arraigo–, a un reclusorio en la Ciudad de México, para realizar las diligencias preparatorias y que un juez federal gire la orden de aprehensión sólo por el delito de fraude bancario.
 
Así, como estrategia, la PGR habría dejado pendientes las otras acusaciones que pesan  por fraude fiscal, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Además, estaría descartando la acusación de lavado de dinero bajo el argumento de que la gran mayoría de los recursos con los que operaba Oceanografía provenían de Pemex.
 
No obstante, las investigaciones ministeriales involucrarían también a la esposa y a los hijos del empresario. Sobre este punto, la PGR mantiene discreción para determinar si procederá o no en contra de estos familiares que Amado Yáñez involucró en los delitos cometidos.
 
En tanto, el Grupo Banamex-Citibank informó que despidió a 11 directivos que habrían participado en el fraude derivado de créditos por más de 500 millones de dólares, que durante los primeros meses de este año fueron develados desde la matriz del banco en Nueva York.
 
Entre los directivos despedidos se encuentra Federico Solórzano Arrache, director ejecutivo de Administración de Riesgo y Crédito Corporativo; Alfonso Ortega Brehm, jefe de la Unidad de Servicios de Transacción Global y también miembro del Consejo de Administración de la Arrendadora Banamex; Emilio Granja, director de la Unidad de Energía y Químicos; así como un empleado que reportaba a Ortega Brehm, Sergio Torres.
 
Aunque Banamex afirma haber sancionado a funcionarios menores, lo cierto es que esa institución financiera bajo control de Citibank siempre ha operado con clientes y cuentas calientes, es decir, de dudosa procedencia. Al respecto, hay que recordar que fue esa institución estadunidense la que movió el dinero sucio de Raúl Salinas de Gortari.
 
 
En Estados Unidos también está pendiente sobre este asunto una investigación de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por si sigla en inglés) y de fiscales de la Ciudad de Nueva York. El objetivo es demostrar si el banco incumplió en controles internos, políticas contra el lavado de dinero y, por supuesto, si incurrió en sobornos en el caso de Oceanografía. Excolaboradores de Amado Yáñez estarían informando al FBI en Estados Unidos sobre los manejos irregulares de su empresa a cambio de impunidad.
 
En México, la consignación de Yáñez se presenta justo a unos días de que se venza el plazo del arraigo en contra del contratista de Pemex, cuya empresa enfrenta deudas por casi 2 mil millones de dólares. De no haberse consignado el expediente para su aprehensión por cargos de tipo penal, entonces las autoridades de la PGR se hubieran visto obligadas a liberarlo por no presentar cargos en su contra.
 
Las violaciones al artículo 112 de la Ley de Instituciones de Crédito, que establecen sanciones hasta por 3 años a quien presente información falsa a un banco para obtener créditos causándole perjuicio a la institución, son las que permitirán dictar auto de formal prisión en contra de Amado Yáñez, principal accionista de la compañía.
 
Oceanografía, que mantiene vigentes algunos contratos de Pemex en los servicios marítimos y costa fuera, se encuentra bajo el control del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Sae), entidad que también atiende el concurso mercantil solicitado a través de la PGR y con el cual se buscará negociar con sus acreedores durante los próximos 12 meses. Al término de ese plazo, en el Sae y la PGR tendrán que decidir sobre la bancarrota de la firma intermediaria de servicios de transportación marítima.
 
 La discrecionalidad con la que se habría trasladado a Amado Yáñez Osuna a una prisión del Distrito Federal el pasado 11 de mayo sería parte de las canonjías a las que accedió la autoridad, tras un largo proceso de negociación que encabezó la defensa del empresario, ahora en bancarrota, durante su arraigo.
 
Fuentes cercanas al caso explican que el principal accionista de Oceanografía negoció que no se difundieran fotografías de su traslado e ingreso al reclusorio; que no se le exhibiera ante los medios de comunicación, como suele hacerlo la Procuraduría General de la República con los detenidos y consignados; y que no se hicieran públicos los datos de la diligencia que se llevó a cabo una vez que llegó al reclusorio. Y fue hasta el pasado domingo cuando le fueron retirados sus tres teléfonos celulares.
 
Las fuentes consultadas también indican que, mientras en México se daría carpetazo a la línea de investigación por lavado de dinero, en Estados Unidos ésta se fortalece. Ello, gracias a la colaboración de la exsecretaria particular de Yáñez Osuna, quien en un primer momento enfrentó acusaciones por ese ilícito pero –ante la ausencia de ayuda del empresario mexicano– empezó a negociar un trato favorable a cambio de información privilegiada de su exjefe.
 
Así, actualmente ha sido incorporada al programa de testigos protegidos y brinda datos precisos a las autoridades estadunidenses de toda la trama de corrupción, tráfico de influencias, sobornos, cohecho y demás delitos en los que supuestamente habrían incurrido Oceanografía y sus socios.