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La política laboral mantenida por los gobiernos neoliberales en los últimos sexenios ha trocado la celebración del Día Internacional del Trabajo en una protesta social masiva, en la que han participado, al lado de la clase obrera, organizaciones sociales, campesinas y el sector democrático del magisterio. Sencillamente ya no existen razones que justifiquen festejo alguno, pues tras la aprobación de la reforma laboral, la Ley Federal del Trabajo (LFT) en nuestro país es letra muerta.

Al lado de la Nueva Central de Trabajadores, surgida como la más legítima expresión de lucha del sindicalismo independiente, marcharon diversas organizaciones que comparten objetivos comunes de lucha, conscientes de que en México la estabilidad en el empleo, el salario remunerador y la seguridad social se encuentran seriamente amenazados por los gobiernos, que de forma cómplice han aceptado la aplicación del modelo neoliberal que está privilegiando, en todo el mundo, la protección al capitalismo salvaje a través de las multinacionales, empobreciendo a millones de personas.

Desde la llegada de los panistas al poder, se inició un franco retroceso a los derechos laborales y al nivel de vida de la clase trabajadora, hasta traducirse, en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, y ahora en la actual administración, en una franca embestida, utilizando mecanismos legales aprobados por sus secuaces del Congreso de la Unión, como la reforma laboral y la reforma educativa.

La tragedia ocurrida el 19 de febrero de 2006 al interior de la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, donde murieron 65 trabajadores, fue el parte aguas que marcó toda una serie de agresiones hacia miles y miles de trabajadores en todo el país, pues –como se recordará– la mina forma parte del Grupo México, cuyo propietario, Germán Larrea, fue uno de los mecenas en la candidatura de Vicente Fox en 2000, por lo que gozó de privilegios especiales.

Por esa razón, el crimen de industria fue prácticamente encubierto por el entonces secretario del Trabajo y Previsión Social, Francisco Javier Salazar Sáenz, cuyos inspectores nunca sancionaron la falta de seguridad en las instalaciones donde se registró la tragedia; en contrasentido, el incidente se utilizó como excusa para iniciar una abierta persecución hacia la persona del líder minero Napoleón Gómez Urrutia, quien denunció la apatía del consorcio para mejorar los obsoletos sistemas de seguridad. Los panistas quisieron pagar la factura a Larrea buscando colocar una dirigencia sindical dócil y acorde con sus intereses.

A la llegada de Calderón, el abyecto Javier Lozano Alarcón no sólo hizo todo cuanto estuvo a su alcance por impedir toda investigación en contra del voraz empresario, desoyendo las recomendaciones y exigencias de justicia de organizaciones mundiales a favor de las familias de los trabajadores caídos, sino que además obstaculizó el rescate de sus cuerpos y enfiló sus baterías contra el líder Gómez Urrutia, quien debió solicitar asilo político en Canadá para no ser extraditado por los inexistentes delitos de los que se le ha acusado.

Lozano apoyó a Larrea en el sentido de que el rescate de los cuerpos era imposible por la profundidad a la que se encontraban en el momento de la tragedia, es decir, a 120 metros. Para vergüenza del exfuncionario (hoy senador), el gobierno de Chile y los empresarios mineros de aquel país, les dieron a él y a Calderón una muestra de solidaridad y humanismo, cuando luego de una tragedia similar ocurrida en la mina de San José, provincia de Copiapó, en agosto de 2010, y tras 69 días de arduos trabajos, se logró rescatar con vida a los 33 mineros atrapados a una profundidad de 720 metros. Grupo México, con la complicidad de los panistas, dio por terminada la búsqueda en Pasta de Conchos sólo 5 días después del accidente, es decir, el 24 de febrero de 2006, como una muestra inobjetable de que lo que menos les importa a los gobiernos neoliberales es la vida de los trabajadores.

El 5 de junio de 2009, de manera indirecta, nuevamente la administración panista cometió otro crimen hacia los trabajadores, cuando en una de las guarderías subrogadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hermosillo, Sonora, 49 pequeños niños murieron calcinados al interior de la Guardería ABC, instalada en una vieja bodega que no contaba, como en Pasta de Conchos, con las normas mínimas de seguridad para su operación. El incendio se propagó con inaudita rapidez, pues –además de la falta de suficientes salidas de emergencia– el material usado en las instalaciones era altamente inflamable.

Muy pronto se supo que entre los dueños de la Guardería ABC –que vieron a los indefensos hijos de los trabajadores como un rentable negocio, más que como responsabilidad de primer orden– se encontraban familiares de los políticos en turno, como fue el caso de Marcia Matilde Gómez del Campo, prima de la entonces primera dama Margarita Zavala. El entonces titular del IMSS, Juan Francisco Molinar Horcasitas, que autorizó los permisos, fue el mismo que 1 año más tarde y siendo secretario de Comunicaciones y Transportes, operó juntó con el sátrapa Javier Lozano Alarcón la manipulada quiebra de Mexicana de Aviación, que dejó en la calle a más de 10 mil trabajadores entre pilotos, aeromozas y personal de tierra, y entregó a las compañías extranjeras las rutas de la empresa pionera de la aviación en el país junto con ganancias anuales superiores a los 9 mil millones de pesos.

Cuatro meses después de la tragedia de Hermosillo, se consumó el que puede considerarse como uno de los golpes más arteros al sindicalismo independiente, cuando la política antilaboral echó mano de las Fuerzas Armadas y policiales del país para despojar de su fuente de empleo a los 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el 11 de octubre de 2009. Apareció nuevamente en escena Javier Lozano, el mismo que durante todo el sexenio calderonista se adjudicó la paternidad de la reforma laboral, que fuera aprobada en los albores del actual sexenio, también patentado con el sello neoliberal, y que con la reforma educativa ha violentado los derechos gremiales de los trabajadores del magisterio.

Desde hace ya varios años, tanto en las instancias legales y políticas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Congreso de la Unión han negado sistemáticamente la justicia, tanto a los electricistas del SME como a los extrabajadores de Mexicana de Aviación, pero también las propias autoridades laborales han permitido la agresión en contra de los trabajadoras en las minas de Cananea, Sonora; Sombrerete, Zacatecas; y de Taxco, Guerrero, todas ellas propiedad de Germán Larrea, que con el cambio de gobierno sigue arropado en la impunidad.

Por toda esta orquestada red de autorías y latrocinios en contra de la clase trabajadora es que no hubo mucho que festejar, pero sí que protestar y exigir el 1 de mayo, pues no puede aceptarse que al deteriorado nivel de vida de millones de mexicanos se le abonen calamidades tales como que en nuestro país haya costado más 1 kilo de limones que 1 litro de petróleo y 1 litro de gasolina juntos.

Tampoco puede concebirse que a la Procuraduría General de la República le preocupe más que la Organización Internacional de Policía Criminal coloque una “ficha roja” en la figura del líder minero, Napoleón Gómez Urrutia, al que se sigue culpando ante el gobierno de Canadá con la sola presentación de recortes de periódico; y no priorice la detención de Gastón Azcárraga, culpable del quebranto de Mexicana de Aviación y del nivel de vida de miles de trabajadores despedidos.

Ante esta serie de violaciones a los derechos humanos y laborales de la clase obrera, los días 22 y 23 de febrero pasado, se constituyó la Nueva Central de Trabajadores, que este 1 de mayo participó en una gran movilización nacional, demostrando que los mexicanos ya se están organizando para revertir la política antilaboral del Estado y su modelo neoliberal, que insiste en despojar al país de sus recursos energéticos para entregarlos a empresas extranjeras. No debemos permitirlo.

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

 

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