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La señora Lía Limón, expanista convertida al priísmo al precio de una subsecretaría en Gobernación, anda hecha bolas con su jefe Miguel Ángel Osorio Chong en lo que respecta a los derechos humanos de los periodistas en todo el espacio federal. Por supuesto es competencia del peñismo si partimos de que Enrique Peña Nieto es el depositario del supremo Poder Ejecutivo de la Unión, es decir, de lo que va quedando del Estado federal tras la implantación de sus medidas centralistas afianzadas con la presencia de las Fuerzas Armadas y sustituyendo a los cuerpos policiacos de estados y municipios en más del ámbito de competencia del federalismo.

Y es que contra lo que dice la “verdad oficial”, mientras la violencia sangrienta y la inseguridad siguen aumentando y la delincuencia organizada cierra el sitio desde Michoacán hasta la capital del país, pasando por el Estado de México, Tamaulipas y un largo etcétera, lo cierto es que los mexicanos, ajenos y en contra de esa violencia e inseguridad, sobreviven a duras penas como trabajadores, periodistas, empleados, campesinos, mujeres en manos de los feminicidios, niños secuestrados, indígenas pariendo en la vía pública porque no las atienden en los hospitales… En suma, estamos atrapados en el miedo porque la barbarie de los terroristas se ha apoderado de la vida del país.

El periodismo, sobre todo el que ejercen los reporteros yendo al lugar de los hechos y los que investigan en sus fuentes, sigue siendo blanco de agresiones, ataques con pistola en mano para amenazar, lesionar y asesinar. Los columnistas y analistas están en la mira de quienes, cuando no pueden censurar, los amedrentan para que dejen de ejercer las libertades de expresión. Los gobernantes, funcionarios e integrantes del sector privado, banqueros y todos los que irrumpen en el escenario de lo público ceden a la tentación autoritaria, al abuso del poder político y económico, que son manifestaciones de “la arrogancia del poder” (certeramente precisado en la última parte del ensayo La arrogancia del poder, de J William Fulbright, Fondo de Cultura Económica).

En lo que va del periodo peñista sigue prevaleciendo la impunidad, los intentos de censurar el internet con carácter inquisitorial y el regreso a que la Secretaría de Gobernación mutile las libertades constitucionales o de plano las suspenda. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha informado que “existe un índice de impunidad del 89 por ciento en el caso de agravio a periodistas. Esto debido a que las autoridades ministeriales [que en la Procuraduría General de la República dependen del peñismo y en las entidades, de los desgobernadores] no cumplen con su obligación de investigar” y, en consecuencia, mucho menos de consignar ante los tribunales a los presuntos responsables.

En el lapso de enero de 2010 a febrero de 2014, de finales del calderonismo al inicio del peñismo, la CNDH recibió un total de 347 quejas, donde constan las averiguaciones de sus visitadores sobre violaciones a los derechos y garantías al ejercicio de las libertades de prensa y a los demás derechos humanos. El informe (La Jornada, 21 de abril de 2014) agrega que de 2000 a la fecha la Comisión ha tenido conocimiento de 88 homicidios de periodistas; de 2005 a la fecha se ha documentado la desaparición de 20 profesionales dedicados a la información, como reporteros; y 41 atentados a instalaciones de los medios de comunicación en 24 estados. La CNDH dirigió una recomendación general al peñismo, por conducto de la Secretaría de Gobernación (donde Osorio Chong y Lía Limón han puesto oídos sordos y cerrado los ojos), a los gobernadores, al jefe de gobierno del Distrito Federal, al comisionado nacional de seguridad y a los de las entidades, a la Procuraduría General de la República y procuradores estatales, exigiendo poner condiciones de seguridad y prevención suficientes para que los periodistas no “vean coartado ni amenazado su desempeño”.

Por ejemplo, el desgobierno del panista-peñista Guillermo Padrés (quien sigue robándose el agua de la tribu yaqui con la complacencia de Luis Miranda, de la Secretaría de Gobernación; de la Comisión Nacional del Agua; de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y del mismo Peña que va a Sonora y le saca la vuelta al problema) ha dejado en la impunidad las agresiones de agentes aduanales al reportero Juan Carlos Ruiz Olvera, porque éste ha informado de abusos e irregularidades en la Aduana de Agua Prieta (La Jornada, 24 de abril de 2014).

Lo mismo pasa en el resto del país contra las libertades de prensa, mayormente de la escrita, pero parecidos ataques sufren los reporteros de radio y televisión. Sea cual sea el signo partidista, es una constante amenazarlos, agredirlos, encarcelarlos, matarlos. La prensa combativa y dedicada a informar sobre los abusos de funcionarios y agentes del sector privado es la que más padece los ataques de los que da cuenta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En ese ambiente represivo, los periodistas de todas las modalidades siguen siendo objeto del autoritarismo político y del poder económico que tratan de silenciar a los medios de comunicación. La recomendación general de la CNDH ante hechos como los que registra y el desprecio en Sonora a esas libertades –donde prevalece la impunidad– demuestran que el presidencialismo y los desgobernadores continúan practicando abusos y cediendo a las tentaciones autoritarias.

*Periodista

 

 

Contralínea 385  / 11  de Mayo  al 17 de Mayo

 

 

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