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Una gran manta cuelga de las rejas que protegen el edificio de la Procuraduría General de la República (PGR), sobre Avenida Paseo de la Reforma. En ella se exhiben los nombres y rostros de los hombres que las autoridades han identificado como asesinos de Alberta Cariño Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), y Jiry Jaakkola, observador de derechos humanos de origen finlandés.
 
 
Son 14 los que aparecen en lista, los mismos se revelan en el expediente penal 152/2012 al que Contralínea tuvo acceso, y donde señala: “Se libra orden de aprehensión en contra de Rufino Juárez Hernández, Anastacio Juárez Hernández, Antonio Solano Vásquez, Juan Macario Bautista Martínez, Antonio Cruz García, Julio César Martínez Morales, Mauro Vásquez Ramírez, Daniel Martínez López, Elías Cruz Merino, Antonio Cruz Merino, Bernabé Santiago Cruz, Ramiro Domínguez García, Cirino Ramírez López o Cirino López Ramírez y Faustino Vásquez Martínez, como probables participantes del hecho que la ley califica como homicidio calificado con ventaja, alevosía, y premeditación cometido en prejuicio de las personas que en vida respondieron a los nombres de Alberta Cariño Trujillo y  Jyri Antero Jaakola”.
 
Anastacio Juárez fue asesinado en San Juan Copala, Oaxaca, al interior de su domicilio, en julio de 2010. Su hermano, Rufino Juárez fue detenido en 2011 por agentes de la Agencia Estatal de Investigación en cumplimiento a una orden de aprehensión del fuero común por el delito de homicidio calificado de más de dos pobladores de San Juan Copala.
 
Frente al edificio de la PGR, cinco personas llevan 8 días en huelga de hambre. Uno de ellos es Omar Esparza Zárate, viudo de Bety Cariño y luchador social; también se encuentran los activistas Jorge Albino, Reyna Hernández, Rigoberto Benítez y Gabriel Ángel Pérez. Al plantón llegan activistas, indígenas, abogados, defensores de derechos humanos. Los acompaña Norma Andrade, luchadora social, madre de Lilia Alejandra García Andrade, desparecida el 14 de febrero de 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua.
 
Omar comienza a lucir pálido aunque aún se siente fuerte. Lleva más de 190 horas consumiendo sólo suero oral, electrolitos y agua con miel. Desde hace 4 años vive a salto de mata, mientras exige justicia y alto a la impunidad.
 
Él y los padres de Jiry Jaakkola se han reunido con autoridades de todos los niveles de gobierno a nivel local, desde el municipio de Juxtlahuaca, hasta con el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo. En la capital del país, con autoridades federales de las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y PGR. También con funcionarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En todos ha encontrado palabras de aliento, peticiones de confianza y tiempo; pero no hay ninguna acción sobre los supuestos responsables del ataque paramilitar.
 
Han pasado 4 años desde que los defensores de derechos humanos fueron asesinados por un grupo paramilitar que emboscó la caravana de paz en la que viajaban. Las investigaciones arrojaron los primeros resultados hace dos años y sólo uno de la lista ha sido capturado –y por otros cargos–, Rufino Juárez Hérnández, líder de la organización Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui.
 
El resto –dice Karla Michel Salas, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos–, seguimos esperando sean aprehendidos, aunque no vemos voluntad de que lo hagan porque “hemos encontrado videos y fotos de su participación en actos públicos y nadie los detiene. ¡Es un insulto!”.
 
Mañana se sumarán otras cuatro personas a la huelga de hambre que se lleva a cabo frente a las autoridades federales como parte de las acciones en la Jornada por la detención de los asesinos de Bety Cariño y Jyri Jaakkola.
 
Jorge Albino –indígena activista de la región triqui, integrante del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) e impulsor del Municipio Autónomo de San Juan Copala– comenta que la inseguridad y la pobreza continúan. Las personas siguen en una situación vulnerable ante la violencia que hay en la región; nadie se salva: niños, mujeres y ancianos siguen expuestos, no hay gobernabilidad en la zona.  
 
 

 

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