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Las mujeres que viven en la calle y se embarazan a diario se enfrentan con actos discriminatorios, falta de acceso a la salud, malos tratos y criminalización. Son vistas como malas mujeres y por tanto se les niega el derecho a ser madres, opina El Caracol, AC. Sin programas integrales de atención, el destino mandatado por el Código Civil capitalino para sus recién nacidos es la separación del seno familiar. El artículo 492 de dicho ordenamiento obliga a la madre a entregar a su hijo a las instituciones de asistencia social. De los infantes no queda rastro, asegura la organización no gubernamental

 

El miedo acosa a Martha desde hace más de 1 año. Sale poco a la calle, apenas lo necesario para llegar al consultorio médico, a la tortillería, por leche o a la tienda. Acompañada de su hija, se escurre por las calles con prisa. Desconfía.

Teme que en cualquier momento personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (Dif-DF) se lleve a Daniela, tal como lo establece el Código Civil capitalino. Conoce a algunas mujeres a las que les ha pasado. Por eso ahora procura permanecer el menos tiempo posible fuera de la casa de religiosas donde le brindan hospedaje.

Fue advertida desde que Daniela nació en diciembre de 2012. “Me lo dijeron en el hospital: si me ven con ella, me la quitan. Me advirtieron que si me ven tantito en la calle con ella, haciendo algo, limpiando parabrisas o algo, me iban a mandar al Dif, por eso no salgo”, detalla Martha, con espanto, mientras mira a su hija dormir en sus brazos: cabello rizado y claro, coleta bien ajustada, los dientes que se empujan entre las encías.

Sabe bien que a las mujeres que sobreviven en el espacio público no se les permite quedarse con sus hijos. Bajo el amparo del artículo 492 del Código Civil para el Distrito Federal, los menores, hijos de callejeros, son separados de sus madres y familia a través de diferentes mecanismos, denuncia Luis Enrique Hernández Aguilar, director de El Caracol, AC.

Dicho artículo establece que “la ley coloca a los menores en situación de desamparo bajo la tutela de la institución autorizada que los haya acogido, quien tendrá las obligaciones, facultades y restricciones previstas para los demás tutores. Se entiende por expósito al menor que es colocado en una situación de desamparo por quienes conforme a la ley estén obligados a su custodia, protección y cuidado y no pueda determinarse su origen. Cuando la situación de desamparo se refiera a un menor cuyo origen se conoce, se considerara abandonado.”

Daniela pudo ser un caso más. Fue retenida en el hospital. “No me la enseñaron ni me la llevaron para que le diera de comer. No me la iban a dar”. Martha estaba desesperada, triste. No sabía qué hacer. No comía. No le daba hambre.

Personal del hospital interpuso una denuncia en el Ministerio Público en su contra por supuesto maltrato infantil. “Me pusieron una queja. En la Agencia me decían que yo no iba a ser madre”. Para recuperar a Daniela debía llevar testigos que aseguraran que estaría bien con la niña, en un lugar estable.

—¿Por qué se le acusaba de maltrato infantil? –se le pregunta a Hernández Aguilar.

—Porque la bebé nació en la calle.

Martha dormía en los alrededores de la estación Juárez del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en las banquetas, con un grupo de jóvenes. Se dedicaba a pedir dinero, charolear, eventualmente hacía mandados, sacaba puestos, lavaba loza. Aunque notaba que el vientre se le agrandaba no sabía que estaba embarazada. El dolor de cabeza, de estómago y la fiebre la obligaron a pedir que la llevaran al médico.

Con la noticia vino el miedo. Pensaba que no tendría el apoyo de nadie, pero los compañeros no la dejaron sola. Cuando nació Daniela fueron ellos quienes la arroparon para que no sintiera frío y llamaron a la ambulancia, a Locatel; fueron ellos quienes, desesperadamente y sin éxito, buscaron una patrulla.

No alcanzó a llegar al hospital. La niña nació en la calle. “Las personas me ayudaron. Si no me hubiera ayudado nadie mi hija se me hubiera muerto”. La ambulancia tardó mucho. Los dolores de parto le llegaron a las 5 de la mañana. “Me agarré bien fuerte de las cobijas”.

Le dio aviso al compañero que la cuidaba durante la noche. “La ambulancia no quería venir que porque siempre nomás era cuento de nosotros. Sentí mojado el pantalón, pedí prestado uno. En ese momento nació”. Martha estaba de pie. Por instinto sostuvo con las manos al diminuto y resbaladizo cuerpo para evitar que la cabeza callera al suelo. “Me dijeron que si hubiera caído en el suelo le iba a poder dar una infección y se iba a quedar más tiempo internada en el hospital. Vi cuando lloró, lloró cuando nació, se movió y todo…”. Los compañeros la taparon con una playera para que no le diera frío. “La playera no estaba sucia, me dijeron que si estaba sucia le iba a hacer daño”.

Renuente a dejar la vía pública durante el embarazo, a partir de esa madrugada no volvió. “Ha cambiado mi vida, ella me la hizo cambiar. Estoy en un lugar para madres solteras. Tengo donde calentarle el agua, donde bañarla y todo. Ahorita andar en la calle es peligroso, están pasando muchas cosas allá donde me quedaba”.

Durante sus pocos minutos en la calle se mantiene perceptiva, ve a las mujeres con sus hijos: “Se quedan con ellos en la calle. Siento feo por los niños. Venía yo de las tortillas y una señora estaba vendiendo dulces con su hijo, ahí me reflejé”.

 

Ahora aspira a conseguir un trabajo y pagar una renta. “Me gustaría estar en un lugar estable para salir adelante con mi hija. Yo sé que sí se puede echándole ganas, he visto a madres así, solas, que salen adelante con sus hijos. Ser madre no es fácil, hay que darle de comer, escuela, doctor, estar pendiente. Cuando ella se me enferma, luego luego al doctor. Nunca la he dejado sola”.

La falta de documentos de identidad ha entorpecido el tránsito. “No he buscado trabajo porque no me dieron hoja de alumbramiento de ella, me pedían muchas cosas, mi credencial [de elector], el CURP [Clave Única de Registro de Población] y tres testigos. Así sin un papel un día me la vayan a quitar… Y cómo compruebo que es mi hija”.

Dejó sus documentos oficiales cuando se fue de la casa donde creció. Ya no la encuentra, tampoco a los documentos ni a la familia. “Los locatarios me dijeron que si me quería ir con mi familia ellos me pagaban el pasaje. No los encontramos. Viven en Xochimilco. Ahorita estuviera yo con ellos”, dice resignada.

Busca ayuda gubernamental para encontrar un empleo: “Hago bien las cosas. Quiero salir adelante con mi hija. Que lo que no me dieron cuando era niña se lo pueda dar”.

—¿En qué te gustaría trabajar?

—A mí me gusta mucho la cocina, hacer quehacer. Cuando no estaba embarazada trabajaba en [el mercado de] Jamaica, en una cocina.

—¿Dónde se quedaría la niña?

—En una guardería. Allá [en la casa hogar] tenemos quien cuide a los niños, pero luego se desesperan, no es como la mamá que está al pendiente, a qué hora va a comer, si ya comió.

Sin un acta de nacimiento, Martha no tiene posibilidades de acceder a una instancia infantil para trabajar, a programas sociales de madres solteras o de desempleo.

Luego de 18 años de experiencia con población callejera, los integrantes de El Caracol están convencidos de que lo que se requiere es una instancia que entienda la complejidad del fenómeno y facilite a las madres en situación de calle el acercamiento institucional.

“Nadie tiene por qué vivir en la calle. La propuesta es inclusión social, acceso a la justicia, a documentos de identidad, trabajo, vivienda, a un programa integral de atención”, refiere Hernández Aguilar, en entrevista con Contralínea.

La criminalización callejera

A decir de Luis Enrique Hernández, el artículo 492 del Código Civil para el Distrito Federal tiene “especial dedicatoria” para las mujeres en situación de calle.

Contenido en el Capítulo V de dicha normatividad, el artículo coloca a los menores en situación de desamparo bajo la tutela del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal.

“Se considera como situación de desamparo la que se produce de un hecho a causa de la imposibilidad, del incumplimiento o inapropiado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la patria potestad, tutela o custodia de los menores, cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia material o moral; ya sea en carácter de expósitos o abandonados […] En todos los casos, quien haya acogido a un menor, deberá dar aviso al Ministerio Público Especializado”, se lee en el Código.

Al director de la organización civil no le queda claro bajo qué criterios se determina la moral de una mujer. “El Estado parte de un juicio de valor: ‘No trabajan, no tienen la moral necesaria. No deben de tener hijos’. Se les criminaliza porque hay una representación social que las concibe como malas madres”.

El Código también se refiere a la asistencia material, que incluye contar con el alimento necesario, ropa, vivienda digna, educación, salud. Elementos de los que carecen quienes viven en la calle.

De acuerdo con el Código Civil del Distrito Federal, como una obligación, los nosocomios deben dar parte al Ministerio Público cuando se presenten estas circunstancias. La Procuraduría General de Justicia les pide que cambien su estilo de vida. “No se puede de manera inmediata. Las mujeres se deprimen, consumen sustancias tóxicas y es casi imposible recuperar al niño”, refiere el defensor de derechos humanos.

Para las mujeres callejeras que se convierten en madres de familia, el drama no comienza ahí, sino desde el embarazo. Se acercan a los hospitales para solicitar atención médica y constantemente se les niega o se les trata con discriminación, trayendo para ellas incluso la muerte, denuncia la organización civil.

Claudia Martínez Cruz, de 23 años, integrante del grupo callejero ubicado en las calles Artículo 123 y Humboldt, en la colonia Centro de la Ciudad de México, perdió la vida tras dar a luz a su primer hijo la tarde del domingo 22 de agosto de 2010, por no haber tenido un apropiado seguimiento clínico del embarazo y, por ende, la oportuna detección de enfermedades o posibles complicaciones.

Ello, sumado a la negligencia médica, desembocó en el fallecimiento de la joven por preeclampsia en el Hospital General la Villa, luego de haber sido rechazada del Hospital de la Mujer y del Hospital Gregorio Salas. Aunque se presentó una queja por esos hechos, a la fecha, la Comisión de Derechos Humanos capitalina no ha emitido recomendación alguna.

De acuerdo con El Caracol, el embarazo de una mujer en situación de calle debe ser atendido como de alto riesgo. El consumo de sustancias y la mala alimentación, aunado a las precarias condiciones de higiene, las coloca en una situación vulnerable: “En los espacios de salud no se reconoce como tal”.

Hernández Aguilar expone que no hay programas que tengan como objeto la salud sexual y reproductiva. “Los niños terminan naciendo en la calle o en condiciones no planeadas”. Cuando las mujeres llegan a pasar los filtros de los policías que resguardan las puertas de entrada de los hospitales, no existen protocolos médicos para tratarlas. Asegura que en una tesis de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales se documentó cómo en el trabajo de parto el doctor hace lo posible por infligirles dolor a las mujeres de calle con la idea de castigarlas. “Ese trato podría ser calificado como tortura o tratos crueles”.

Sin rastro

Además de la retención de menores en los centros de salud capitalinos, El Caracol ha tenido conocimiento de otros “mecanismos” utilizados por la autoridad para quitarles a las mujeres de calle la tutela de los niños, desde el “convencimiento” hasta la firma “voluntaria” de madres analfabetas.

Las organizaciones desconocen el número de niños que han sido alejados de sus familias, tampoco sabe del destino de los menores: “No hay cifras de cuántos, quiénes y dónde están”.

De los casos que conoce El Caracol, AC, “ninguna de las madres sabe el paradero de sus hijos. Les dicen que están en una institución privada pero ya no les permiten mantener contacto”, señala Luis Enrique Hernández.

Relata que El Caracol solicitó la información a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Les respondieron que cinco menores fueron acogidos por el Programa Hijos e Hijas de la Ciudad. “Desconocemos si la cifra es real o no”.

El Programa, con 5 años de operación, tiene por objeto “contribuir al bienestar social de la población en situación de calle, particularmente de las y los menores de edad, así como mujeres madres que se encuentren embarazadas o tengan bajo su cuidado a sus hijos e hijas menores de edad que vivan en las calles del Distrito Federal”, según consta en su portal de internet.

Perteneciente al Dif capitalino, uno de los tres mecanismos de acceso al Programa permite la canalización por conducto de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. “La Jefatura de Unidad Departamental de Asistencia a Niños en Situación de Calle y la Coordinación del Programa, a petición de la PGJ-DF, hacen una revisión del caso (averiguación previa en la que está involucrado el o la menor) y determina si es candidato(a), es decir, población en situación de calle, que no cuente con algún familiar que pueda hacerse responsable y que no presente padecimientos siquiátricos o condiciones de salud que no puedan ser atendidas por la institución receptora. En caso de ser candidato se le canaliza a alguna institución de acuerdo a su perfil”.

Para Luis Enrique Hernández, los espacios del sistema Dif no siempre son los más adecuados. Ilustra con el caso de Casitas del Sur, que se dio a conocer en 2008 y dejó al descubierto la sustracción de 15 menores de casas hogar y otros centros de asistencia, como el Centro de Adaptación e Integración Familiar, en Monterrey, Nuevo León, y en la casa hogar La Casita, en Cancún, Quintana Roo.

Hasta el momento, siete personas están detenidas y consignadas por ese caso, de acuerdo con la Procuraduría General de la República. De los 15 menores que desaparecieron de los albergues en el Distrito Federal, Monterrey y Cancún, 12 han sido recuperados, entre ellos Ilse Michel Curiel Martínez, quien fue encontrada el 7 de marzo en el Estado de México, mientras que el 2 de abril fueron localizados en Puebla los hermanos Azael Israel, Nathanael Isaí y Hefzida Magdalena Juárez Ojeda.

La complejidad del fenómeno

Para Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, se trata de un tema delicado porque, “antes que nada, se tiene que ver la integridad y la salud del niño o la niña. Hay una situación de protección integral a niñas y niños por interés superior.”

En el caso de que el interés superior del menor implique quitárselo a la madre, Martha opina: “Se siente feo que les quiten a sus hijos. Uno como madre sufre para tenerlos, luchar por ellos. Yo he visto casos así, que les quitan a sus hijos, pero también porque luego las mamás no quieren salir de la calle. A mí me costó salirme…”.

—¿Crees importante que las mujeres que tienen niños no vivan en la calle?

—Sí, porque los niños corren peligro.

Pese a eso, lamenta que a las mujeres de calle no se les ofrezcan oportunidades.

—Cuando te advirtieron que enviarían al Dif a Daniela, ¿te ofrecieron trabajo?

—No.

—¿Y tienes trabajo?

—No.

—¿Recibes algún apoyo del gobierno?

—Tampoco. Me gustaría que me ayudaran con despensa, para que a mi hija no le falte nada.

Luis Enrique Hernández señala que el interés superior del niño debe entenderse desde la perspectiva de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la Organización de las Naciones Unidas, la cual estipula que la mejor alternativa para el infante es estar con su familia.

 “En vez de quitarles a sus hijos, se debe garantizar la inclusión de las familias: atender integralmente el fenómeno. Tenemos un gran desafío como sociedad. Falta trabajar mucho en el tema”, concluye el defensor.

Para la realización de este trabajo se solicitó la postura del Dif-DF. Al cierre de edición, no se obtuvo respuesta.

 

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Contralínea 384 / 05 de Mayo  al 11 de Mayo

 

 

 

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