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Alrededor del 30 por ciento de los niños españoles viven en condiciones de pobreza. La crisis ha provocado que cientos de familias no puedan enfrentar sus deudas y sean finalmente echadas de sus casas, departamentos o vecindades. Las consecuencias para los menores de edad es que de pronto se ven sin hogar, con alimentación precaria y cancelados sus derechos a la salud y a una vida libre de violencia

Inés Benítez/IPS

Málaga, España. “No quiero que crezcan con la noción de que son pobres”, cuenta Catalina González sobre sus dos hijos, con los que vive desde diciembre en un apartamento cedido gratuitamente por su dueño a cambio de arreglos, en la sureña ciudad española de Málaga.

Hace 6 meses que González, de 40 años, y sus hijos Manuel y Leónidas, de 4 y 5, fueron desalojados por las autoridades de las vecindades de Buenaventura, un antiguo edificio cuadrado con patio común de acceso a cada vivienda que ocupaban junto a 13 familias sin recursos y una docena de niños y niñas.

Desde entonces, explica a Inter Press Service (IPS), los niños “le tienen tirria a la policía porque creen que les robó su casa”.

España es el segundo país de la Unión Europea con mayor pobreza infantil, detrás de Rumania, revela el informe La crisis europea y su coste humano. Una llamada para alternativas y soluciones justas, presentado el 27 de marzo pasado en Atenas, Grecia, por Cáritas Europa.

El tercer puesto lo ocupa Bulgaria y el cuarto Grecia, según la organización asistencial católica.

Las medidas de austeridad impuestas en los países europeos acuciados por la deuda externa “han fallado a la hora de solucionar los problemas y generar crecimiento”, aseguró el secretario general de Cáritas Europa, Jorge Nuño, durante la presentación del estudio.

“Estamos bien. Los niños ya están preinscritos en el colegio para el próximo curso”, afirma González. Originaria de Barcelona, dejó en Italia al padre de sus hijos al descubrir que “los maltrataba”.

Recomenzó de cero en Málaga sin familia, empleo ni ingresos, cubriendo necesidades gracias a la solidaridad de varios colectivos sociales y redes de apoyo mutuo.

Un informe de este año del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por su acrónimo en inglés) asegura que en 2012 más de 2.5 millones de niños y niñas vivían en familias españolas pobres, un 30 por ciento del total.

Unicef precisa que 19 por ciento de la población infantil española vive en hogares de cuatro miembros, con ingresos anuales inferiores a los 15 mil dólares.

“La pobreza infantil es una realidad en España, aunque los políticos quieran disimularla y no les guste que se los digamos porque se asocia a países tercermundistas”, dice a IPS el fundador y presidente de la organización no gubernamental Mensajeros de la Paz, el sacerdote católico Ángel García.

El ministro de Hacienda español, Cristóbal Montoro, aseguró el 28 de marzo que los datos divulgados por Cáritas Europa “no se corresponden con la realidad”, porque se basan en “mediciones estadísticas”.

Pero en Málaga “cada vez son más las madres que hacen fila para recoger alimentos”, declara a IPS el presidente de Ángeles Malagueños de la Noche, Ángel Meléndez.

Esta organización dispensa diariamente 500 desayunos, 1 mil 600 raciones de almuerzo y 600 cenas a personas sin recursos.

González y sus hijos se alimentaron durante meses en Er Banco Güeno, un comedor social gestionado por los propios vecinos en el desfavorecido barrio malagueño de la Palma-Palmilla, que ocupa una sucursal bancaria inoperativa.

Según el religioso, la pobreza infantil “no es sólo no tener para comer”, sino también “el no poder adquirir los libros para ir al colegio o no haber comprado ropa nueva en los últimos 2 años”.

“Es la desigualdad de oportunidades entre los niños”, señala.

La crisis se ha cebado en España con los sectores tradicionalmente más débiles y también con familias de clase media. En 2013, el gobierno del derechista Mariano Rajoy aprobó el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016, destinado a reducir la pobreza infantil.

La división europea de Cáritas recoge en su informe que, al menos, 1 millón y medio de hogares españoles padecen una situación de exclusión social severa: 69.8 por ciento más que en 2007, año previo al estallido de la crisis financiera mundial.

“Familias enteras se ven abocadas a la calle al no poder pagar el alquiler. Hay más solicitudes de alimentos. Piden hasta pañales para los recién nacidos porque no tienen capacidad para enfrentarse a tan precaria situación”, dice a IPS la directora del Centro de Acogida Municipal, Rosa Martínez, durante una visita a la institución.

Un 26 por ciento de la población económicamente activa carece de empleo, la mitad jóvenes, según datos del Instituto Nacional de Estadística, mientras crece la brecha entre ricos y pobres.

Al cierre de marzo había 4.8 millones de personas desempleadas, según datos oficiales, con un leve descenso con respecto de febrero. Pero las cifras mostraron también que crecieron los desempleados que ya no reciben prestación alguna. Ahora son cuatro de cada 10.

El descontento social se aviva, además, por unas medidas de austeridad que concentraron recortes en sectores como la sanidad, la educación y la protección social.

El informe Emergencia habitacional en el Estado español, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Observatorio de Derechos Económicos Sociales y Culturales, calcula que 70 por ciento de las familias desahuciadas o en proceso de serlo tienen al menos un menor de edad a su cargo.

“El derecho a la igualdad de oportunidades es papel mojado si un niño se queda en la calle”, advierte a IPS el abogado José Cosín, quien denuncia la situación de vulnerabilidad de los menores desalojados junto a sus familias el 3 de octubre de 2013 de las vecindades de Buenaventura.

Quince afectados por este desalojo presentaron una demanda judicial por las garantías fundamentales de los menores recogidas en la Convención de los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989.

Ésta establece que “los Estados parte proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda”.

Las familias sin ningún ingreso pasaron de 300 mil a mediados de 2007, a casi 700 mil a finales de 2013, según el documento Precariedad y cohesión social. Análisis y perspectivas 2014, de Cáritas Española y la Fundación Foessa, que resalta el valor de las relaciones sociales como un recurso para evitar la fractura social.

Mientras, 27 por ciento de los hogares los mantienen personas jubiladas con sus pensiones. Los hijos retornan con sus familias a vivir con sus padres para sobrevivir, o los abuelos pensionistas financian parte de los gastos de los hijos y los nietos con sus ingresos, a veces mínimos.

“Ante la dureza de las situaciones, el tejido humano se fortalece”, subraya González, quien destaca la solidaridad de distintos grupos malagueños que durante 3 meses la ayudaron a limpiar y habilitar su casa actual, un décimo piso sin ascensor, que estaba llena de basura, sin puerta de entrada, ventanas ni tuberías.

González lamenta “la falta de presupuesto” y eficiencia de los servicios sociales, de los que no recibe nada.

Sus hijos tienen los caprichos propios de su edad, pero su madre les explica que es más importante gastar 8 euros en comida que en dos peces de goma. Tardó varias semanas en comprarles los muñecos. La última Navidad fueron al cine por primera vez.

 

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