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Entre los responsables del nulo crecimiento de la economía mexicana se encuentran los bancos: no financian ningún tipo de desarrollo pero sí expolian a los cuentahabientes y a todos aquellos que caen en sus redes. Alrededor del 70 por ciento de las multimillonarias utilidades que se apropian sale del país y va a engrosar los capitales de sus matrices. Gobiernos panistas y priístas les han diseñado un escenario de ensueño: libertad para esquilmar y ningún compromiso real para financiar

Como negocio, la banca comercial mexicana, manejada como una especie de coto privado en donde el límite a la libre depredación está determinada por la voracidad creativa de las sociedades crediticias y no por las leyes, ha sido jugosamente rentable para las corporaciones trasnacionales que controlan alrededor del 90 por ciento de sus operaciones activas y pasivas, al igual que el resto de los intermediarios del sistema financiero. Los beneficios de las filiales extranjeras en el mercado nacional –y en los subdesarrollados, en general– han sido tan fáciles que han contribuido generosamente a abultar las ganancias de sus matrices. O al menos para compensar su caída o las pérdidas registradas a raíz del colapso del neoliberalismo global iniciado en 2008; ayudar a cubrir las necesidades adicionales de reservas preventivas requeridas por la acelerada insolvencia de pagos de los deudores de las naciones desarrolladas que han incrementado el nivel de las carteras vencidas, los complementos en la capitalización exigidos por sus gobiernos o las autoridades regionales (como en la Eurozona y la Unión Europea, por ejemplo), el pago de las multas impuestas por sus operaciones fraudulentas, o a mitigar el desplome de la intermediación bancaria (captación y préstamos) que siguió al fin abrupto de la ola especulativa y la subsecuente recesión internacional.

Como nación, sin embargo, el funcionamiento de la banca reprivatizada y neocolonizada desde 1998 ha sido un desastre. El control que ejerce el capital extranjero sobre la captación y el crédito es tan degradante y parasitario como en su momento lo hizo la oligarquía financiera mexicana tradicional, que la copó hasta la nacionalización de 1982, y la neooligarquía casabolsera que la capturó con la reprivatización salinista, entre 1992 y 1995. A los ahorradores autóctonos sigue dándoles espejitos a cambio de su dinero que expolia con tasas de interés reales negativas que les paga, junto con el banco central, que obliga a que se otorguen esos réditos que provocan la pérdida de su poder de compra de los ahorradores ante un nivel de inflación mayor, y la hacienda pública que complementa el despojo, por medio de los impuestos que impone a los rendimientos bancarios. A los demandantes de dinero los desangra con los altos intereses que aplica a los créditos, los cuales superan varias veces a los cobrados en los países llamados desarrollados.

El resultado ha sido el reverso del pregonado por la ideología neoliberal (que justificó la reprivatización y la desregulación y la transnacionalización financiera): el hundimiento del ahorro bancario y del crédito bancario, y la ineficiencia e inutilidad de los intermediarios ante las necesidades nacionales.

El negocio bancario mexicano, sin duda, ha sido redondo para la banca extranjera, cuyas “decisiones relevantes en materia crediticia no se toman en México, sino en Londres, Estados Unidos, España y Canadá”, como dijera Antonio del Valle –fracasado casabolsero improvisado como banquero durante la efímera era de la reprivatización financiera salinista, expresidente del entonces banco Bital y de la Asociación de Bancos de México–, lo que explica “la falta de financiamiento” para el crecimiento y el desarrollo. Lo ha sido para las filiales –y, debe agregarse, también para los bancos de capital local– cuyos compromisos no son con los objetivos nacionales de los países anfitriones, ya que, como señaló Del Valle, cuando ocurre un problema grave, “simplemente se van”, tal y como ocurrió en Argentina.

El compromiso de las sucursales bancarias mexicanas es con la satisfacción de la insaciable codicia por las utilidades de sus matrices, transferidas desde las tierras neocoloniales. Hecho que, por cierto, amarga a Guillermo Ortiz, extitular de la Secretaría de Hacienda y del banco central asimilado por el Grupo Financiero Banorte. En marzo de 2012 dijo: “Entre 2003 y 2011 los dividendos que pagaron los bancos de propiedad extranjera [a sus matrices] fue de 20 mil millones dólares [aproximadamente lo que se pagó por los bancos a finales de la década de 1990 y la primera de este siglo], un pago de dividendos de tres cuartas partes de las utilidades anuales. Si en vez de ello hubieran realizado el desembolso de un quinto del pago de dividendos, en promedio, como los bancos locales, se hubiera distribuido más capital a México. El crédito al coeficiente del producto interno bruto sería 5-15 puntos porcentuales por arriba del coeficiente actual de 23 por ciento. Hoy en día, los ahorros internos se utilizan para recapitalizar a los bancos extranjeros, privando a México, y a los mercados emergentes en general, de recursos”. Por tanto, concluyó: “Los mercados emergentes deberían considerar que se obligara a las subsidiarias de bancos mundiales a limitar el pago de dividendos y/o cotizar en las bolsas locales”, lo que “alinearía los intereses de los bancos con los de los países huéspedes, y probablemente moderaría la transferencia de recursos hacia las empresas matriz” (www.jornada.unam.mx/ 2012/03/06/opinion/025a1eco).

Bajo la lógica de Ortiz, la transferencia de capitales hasta 2013 debe ser del orden de 30 mil millones de dólares.

Alejandro Valenzuela, asimilado por Banorte-Ixe, añadió en 2012 que los bancos extranjeros están “ordeñando” al país al pagar a sus matrices dividendos que equivalen hasta 70 por ciento de las ganancias que obtienen aquí. Por ello, dice Valenzuela patriotamente, “México no puede tener una participación preponderantemente mayoritaria de la banca extranjera” (www.jornada.unam.mx/2012/05/20/economia/0281eco).

En 2002, en pleno corralito –el congelamiento estatal de los depósitos bancarios– y en medio de la crisis financiera y política del neoliberalismo argentino, el Scotiabank, que había comprado el Banco Quilmes, decidió alegremente abandonar al país suramericano, sin avisar a las autoridades y sus clientes –se fue como las sirvientas, según el dicho políticamente incorrecto–, se llevó subrepticia e ilegítimamente sus activos. A partir de 2009 alrededor de 15 instituciones extranjeras –entre ellas Wells Fargo, HSBC, ING, Merrill Lynch, JP Morgan y Pershing, subsidiaria del Bank of New York Mellon–, de cerca de 40, anunciaron su retiro del mismo país, merced a los cambios en las reglas del juego financiero, cambiarias, fiscales y penales que “atentan directamente contra la rentabilidad de las operaciones” crediticias, como dijeron funcionarios del Morgan y Pershing, ya que buscan identificar y controlar a los inversionistas argentinos que fugan capitales; regular a los intermediarios que les ofrecen el servicio de wealth management, el asesoramiento para transferir su dinero hacia el exterior; controlar el mercado negro o especulativo de divisas; evitar el vaciamiento de las reservas internacionales; mantener la estabilidad cambiaria; mejorar la recaudación tributaria; y administrar a la banca, con el objeto de reducir los cargos y comisiones cobradas, y reorientar el crédito, tarea que por ley será responsabilidad del banco central (eliminar cobros indebidos por servicios o productos que no hayan sido solicitados, pactados o autorizados por los usuarios, reintegro de los importes cobrados indebidamente en un lapso de 5 días hábiles, más gastos e intereses compensatorios, garantizar crédito a tasa fija para el sector productivo, entre otras medidas (www.ellitoral.com/index.php/diarios/2013/07/19/economia1/ECON-01.html).

A Agustín Carstens y Luis Videgaray –que les gusta postrarse a los pies de Milton Friedman y sus colegas de Chicago– les dan náuseas la heterodoxia reguladora, al estilo de la exbanquera central argentina, la keynesiana Mercedes Marcó del Pont. En el discurso, Carstens acepta que “entre los retos que tenemos, uno muy importante sería ejercer con mayor acuciosidad y oportunidad las tareas de regulación y supervisión de las instituciones financieras, incluidas aquellas que no son estrictamente bancarias” (Carstens dixit, http://eleconomista.com.mx/finanzas/2009/0 6/18/mexico-debe-mejorar-regulacion-sistema-financiero-carstens).

En mayo de 2013, Videgaray acotó: “Tenemos en México uno de los sistemas financieros más sólidos y robusto; sin embargo, uno de los que menos presta a nivel mundial”. Pero agrega que la reforma financiera peñista no busca reducir las tasas de interés por decreto, sino que propone dar mayor flexibilidad a la banca privada y pública para que otorguen créditos más baratos. En la misma tesitura, Enrique Peña Nieto remata: no pretende reducirse las tasas de interés por decreto, sino que se “flexibilizarán para que se liberen los créditos que requiere México para crecer” (www. sinembargo.mx/08-05-2013/613840)

Es la convergencia con los intereses de la oligarquía bancaria y la capitulación del poder político ante los grupos de poder.

En 2007, Felipe Calderón pidió a los banqueros “créditos más baratos”.

La respuesta de los dueños del sistema financiero, en voz de Enrique Castillo, entonces presidente de la Asociación de Bancos de México, fue contundente: “La reducción de precios no se da por decreto, las tasas de interés es reflejo de lo que existe en el mercado” (www.cronica.com. mx/notas/2007/292265.html). En 2013, ya con Enrique Peña Nieto en la Presidencia y con Javier Arrigunaga como líder de los financieros, la reunión anual bancaria concluyó con la misma respuesta: los réditos no pueden bajarse por decreto.

Así permanece intacto el salvajismo financiero del “dejad haced, dejad pasar” que puso al borde del precipicio al sistema capitalista en su fase neoliberal, de la financiarización de la acumulación de capital a escala mundial.

La ordeña del becerro de oro

El 2013, el primer año peñista fue pésimo. La economía se hundía en una breve recesión inflacionaria y en el estancamiento. Sólo creció 1.1 por ciento. Es el peor desempeño desde el desplome calderonista de 2009 (-4.4 por ciento). Como es lógico, esa situación afecta el negocio bancario, la captación y el crédito. Por simple lógica económica, sus utilidades también debieron verse perjudicadas.

Pero ilógicamente, de acuerdo con datos del banco central y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), las ganancias netas de la banca privada, después del pago de impuestos, aumentan y registran su máximo nominal y real (antes y después de descontar la inflación) desde 1981, y quizá de la historia bancaria.

En 2013, en términos reales, la captación decrece 6.5 por ciento. La cartera de crédito vigente total real bajó de un crecimiento de 7.5 por ciento en 2012 a 4.8 por ciento en 2013, y los préstamos al sector privado (empresas y personas físicas), de 7.1 por ciento a 4.8 por ciento. Las utilidades netas acumuladas corrientes se ubicaron en 107 mil millones de pesos –20 mil millones más que en 2012–, equivalente a 8 mil 397 millones de dólares. En términos reales, son 96.2 mil millones de pesos; aumentaron 19 por ciento (ver gráficas 1 y 2).

 

De las utilidades de 2013, alrededor de 73 mil millones de pesos correspondieron a la banca extranjera, el 68 por ciento. Dicha cantidad equivalía a unos 5.7 mil millones de dólares, de los cuales, bajo el cálculo de Ortiz, 4 mil millones se fueron a las matrices.

La distribución de las ganancias manifiesta el grado de concentración bancaria. De los 48 intermediarios que integran el sector, cinco de ellos se repartieron el 84 por ciento de las utilidades, es decir, 89.9 mil millones de pesos: al BBVA-Bancomer le correspondió el 28.8 por ciento (30.8 mil millones); a Santander el 17.7 por ciento (18.9 mil millones); a Banamex el 15.3 por ciento (16.4 mil millones); a Banorte el 11.3 por ciento (12.1 mil millones); y a Inbursa el 11 por ciento (11.8 mil millones). En cada caso sus ganancias se incrementaron, en relación con 2012, en 19 por ciento, 5 por ciento, 28 por ciento, 23 por ciento y 178 por ciento.

Bancomer aportó una tercera parte de todas las utilidades del BBVA. Santander, alrededor de 11 por ciento a las ganancias de su casa matriz. Ambas son la tercera filial más rentable de sus grupos. En 2012, Banamex fue considerada como la sucursal que aporta más beneficios al Citigroup en América Latina, con un 11 por ciento, y la tercera más importante a escala mundial, junto con Corea del Sur y Australia, que, en conjunto, representan la mitad de sus préstamos a los consumidores. Pero en 2013, debido a una travesura fraudulenta, el Citigroup se vio obligado a reducir su ganancia anual en 360 millones de dólares.

Por cierto, ninguno de esos bancos será considerado como “predominante” bajo las blandengues leyes de competencia, pese a que los dos primeros oligopolios determinan el rumbo del sector.

Las utilidades netas bancarias bajo el neocoloniaje no son despreciables. Entre 2000 y 2013 su monto acumulado fue de 64.3 mil millones de dólares corrientes, 4.6 mil millones en promedio anual. Medido en moneda nacional, suma 830 mil millones de pesos reales, 59.3 mil millones en promedio anual. Su tasa media real anual de crecimiento fue 13.5 por ciento (ver gráfica 3).

 

 

Andrés Audiffred, funcionario de un banquito de la chiquillada (el grupo Ve por Más, “ciento por ciento mexicano”, entre cuyos dueños se cuentan los primos Jaime Ruiz Sacristán y Del Valle), afirma que “el sector financiero en México, a comparación del resto del mundo    , es uno de los más rentables”. En México, el retorno sobre capital (return on equity, ROE) es de alrededor de 14.1 por ciento y en otros lugares del mundo, como en Estados Unidos, es de 8 por ciento en promedio. El ROE es rentabilidad financiera de una empresa, la ganancia obtenida en relación con la inversión realizada por el accionista. En sentido estricto, la CNBV informa que el ROE en 2013 fue de 15.8 por ciento. En Bancomer fue de 25 por ciento; en Banamex, de 12 por ciento; en Santander, de 19 por ciento; en Banorte, de 17 por ciento, y en Inbursa, de 21 por ciento.

Por esa sencilla y jugosa razón rentable, los banqueros no están dispuestos a que se acabe la fiesta del “dejar haced, dejar pasar”.

Afortunadamente, los financieros que prosperan en México no tienen que enfrentar a un insoportable populista como Rafael Correa, quien, en 2012, tuvo una desastrada ocurrencia de pésimo gusto: financiar parte del llamado Bono de Desarrollo Humano arrebatándoles una parte de las utilidades a los 26 bancos ecuatorianos, unos 200 millones de dólares más. Con ellas esperaba financiar el 54 por ciento del Bono de 2013. El resto, con el presupuesto. Así, el Bono que se pensaba otorgar a 1.9 millones de personas subiría de 35 dólares a 50. Como es natural, los banqueros berrearon y dijeron que ya aportaban al Estado unos 309 millones de dólares por concepto de impuestos, tasas y contribuciones, lo que representa casi el 80 por ciento de sus utilidades netas anuales de 2011 (394 millones de dólares). Pero en 2011, según la Superintendencia de Bancos, la banca tuvo ingresos por 3 mil 53 millones de dólares y apenas aportó al estado 309 millones, el 10 por ciento. El Banco de Guayaquil y el de la Producción pagaron 2.5 por ciento de impuesto sobre ingresos de operatividad y el Banco Pichincha menos del 1 por ciento.

La divisa de Correa es, asimismo, sencilla: “antes se socializaban las pérdidas del sistema financiero, ahora se socializarán las ganancias”. Su propuesta es “traspasar los excedentes de la banca a los más pobres”. Por ello, declaró: “Banquero que no quiera, no se preocupe, le compramos el banco y nacionalizamos la banca”.

Dichosamente, la insignia de los neoliberales como Enrique Peña es exactamente al revés. Se manifiesta en la asincrónica relación utilidades-impuestos. Las ganancias bancarias reales acumuladas antes del pago de impuestos en 2000-2013 suman 1.1 billón de pesos. Después de su pago ascienden a 829.8 mil millones. El monto de impuestos pagados (a la utilidad causada y a la diferida) es de 222.4 mil millones y equivale a una tasa tributaria media implícita de 21 por ciento, contra la de 28-30 por ciento pagada por el resto de los causantes que no la evaden por los resquicios legales e ilegales del queso gruyere fiscal. En el tiempo, empero, la tasa fiscal bancaria bajó de 33.4 por ciento en 2002 a 19.5 por ciento en 2013, justo en el año de las ganancias históricas.

El asincronismo también se observa entre las ganancias, la captación, el crédito y el crecimiento económico.

En el lapso 2000-2013, el cual corresponde al ciclo extranjerizado, la captación bancaria real (depósitos de exigibilidad inmediata y a plazo) creció a una tasa anual de 3.2 por ciento. El crédito vigente total real en 6.1 por ciento y el destinado al sector privado y las personas físicas no financieras en 7.5 por ciento. Los préstamos, no obstante, han declinado sensiblemente. En 2004-2007, el total se expandió a una tasa media de 14.2 por ciento y el del sector privado, en 22.5 por ciento. Pero a partir de 2000 ambos cayeron sensiblemente a una tasa de 4 por ciento.

El problema es que el ritmo de crédito tiene escasa relación con la inversión productiva y el crecimiento. En 2000-2013, la inversión total real creció a una tasa media anual de 2.3 por ciento; la privada, en 2.6 por ciento, y la pública se paralizó (0.2 por ciento). El crecimiento es de apenas 2.1 por ciento. Es decir, la evolución de cada uno equivale a un tercio de la captación y el crédito.

Entre 2000 y 2013, la captación con relación al PIB pasó de 11 por ciento a 21 por ciento. El crédito vigente total (conocido como penetración bancaria) de 11 por ciento a 20 por ciento, y el sector privado no financiero de 7 a 16 por ciento. Pero el coeficiente de la inversión total sólo aumentó de 20 a 22 por ciento; y la privada, de 15 por ciento a 17 por ciento (ver gráfica 4).

 

Con esas relaciones sólo puede aspirarse a un crecimiento a ras del piso y a un México subdesarrollado.

La inutilidad del sistema financiero –no sólo el bancario– para las necesidades del desarrollo es testificado por el Banco Mundial. Entre 2000 y 2012 el crédito interno al sector privado (préstamos, compra de valores que no constituyen una participación de capital y créditos comerciales, otras cuentas por cobrar), en México, pasó del 18 al 28 por ciento del PIB. La media en América Latina, de 27 por ciento a 48 por ciento. En la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de 144 por ciento a 157. En la Unión Europea, de 98 por ciento a 129 por ciento. En Estados Unidos, de 168 a 192 por ciento. En Canadá, de 96 por ciento a 128 por ciento. En los países del mundo de bajo ingreso, de 27 por ciento a 28 por ciento. México se encuentra en el sótano de la última clasificación.

El crédito fácil y la usura insaciable

Si la inversión y el crecimiento no guardan una relación con el crédito bancario, cabe preguntarse: ¿hacia dónde se destinan los préstamos? Hacia el financiamiento fácil, como se observa en el cuadro 1: el consumo (tarjetas de crédito, bienes de consumo duradero y otros) que al inicio de 2014 recibiría el 22 por ciento del total; la compra de viviendas, con 16 por ciento; el sector público, con 14 por ciento, y el comercio, con 11 por ciento. En total, perciben el 69 por ciento. En 2000 equivalía a 47 por ciento. Entre ellos destaca el consumo que participaba con el 4 por ciento. Las sobras crediticias, cada vez menores, se reparten entre las actividades productivas (sectores primario y secundario: minería y manufacturas, básicamente). Entre las perdedoras, destacan las actividades agropecuarias, pues sólo reciben el 1.7 por ciento.

Las utilidades fáciles son producto de la usura, la voracidad y los abusos de los bancos.

La usura. Primero por el gran diferencial existente entre las tasas de interés pasivas y activas, entre las pagadas a los ahorradores y cobradas a los usuarios del crédito (margen de intermediación financiera). Entre 2000 y 2013, las primeras fueron negativas, si se descuentan la inflación, los impuestos cobrados a los rendimientos, el descuento aplicado por los bancos, así como por la decisión del banco central de mantener en 0 por ciento su tasa objetivo real. El ahorro de la población se deterioró en ese lapso. En cambio, la tasa real media cobrada por la cartera total fue de casi 8 por ciento (800 veces mayor, comparada con las pasivas); a las empresas de 4 por ciento; al consumo de 26 por ciento; a las tarjeta de crédito 26 por ciento; a los préstamos no revolventes de 32 por ciento; a la vivienda, de 6 por ciento (ver gráfica 5).

La rapacería. En ese lapso, las principales fuentes de ingresos bancarios correspondieron a los intereses cobrados al consumo (46 por ciento del total) y la vivienda (15 por ciento). Globalmente aportaron el 61 por ciento del total. En los 13 años referidos, los intereses cobrados al consumo, en términos de valor, aumentaron casi 900 por ciento, en términos reales; a los intermediarios financieros, en 383 por ciento, y a la vivienda, en 117 por ciento.

En el caso de los ingresos reales obtenidos por las comisiones aplicadas a la apertura de crédito, éstos aumentaron en 121 por ciento entre 2007 y 2013. En los del consumo crecieron 118 por ciento y en la vivienda, en 160 por ciento.

Desde luego la voracidad es más creativa y ella dependerá de cada banco para inventar formas de saquear los bolsillos de los ahorradores y deudores: cobro por consultas y comisiones, retiros por cajeros automáticos, inversiones mínimas incumplidas, el anatocismo, retraso en pagos, imposición de seguros…

Todo, bajo la tolerancia gubernamental ante una banca inútil, inexistente para las necesidades del desarrollo.

*Economista

 

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Contralínea 382 / Del 20 al 26 de abril de 2014

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