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El fraude de Oceanografía a la paraestatal Pemex podría superar los 46 mil millones de pesos, se desprende de la investigación conjunta que llevan a cabo las autoridades federales. En la indagatoria que encabeza la PGR, 106 contratos han sido clasificados como “relevantes” por sus evidencias de corrupción. Aunado a esto, a la empresa de Amado Yáñez se le han acreditado defraudaciones contra tres bancos, por 389.5 millones de dólares y 230.8 millones de euros; además de daños patrimoniales contra el IMSS y el Infonavit, por al menos 128 millones de pesos

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La investigación conjunta del gobierno federal en contra de Oceanografía, SA de CV, y de sus principales socios ha clasificado 106 contratos firmados con Petróleos Mexicanos (Pemex) como “relevantes”, por los indicios y evidencias de supuestos hechos de corrupción, tales como tráfico de influencias y cohecho.

Los contratos, firmados por la subsidiaria Pemex Exploración y Producción, implican un monto total superior a los 46 mil millones de pesos. De comprobarse las irregularidades, dicha cifra podría constituir un daño al patrimonio de la nación.

De acuerdo con los primeros avances, a los que Contralínea tuvo acceso, Amado Yáñez Osuna y sus socios habrían creado una red de tráfico de influencias para conseguir contratos a su favor, así como de las llamadas empresas satélite de Oceanografía (Geofísica Marina de Exploración –Geomarex– y Proyectos Alternativos) y de terceras compañías con las que mantenían estrecha relación, como Grupo Gasolinero Mexicano y Blue Marine Techonology Group.

Respecto de Oceanografía, la indagatoria conjunta refiere que se detectaron “graves irregularidades en su desempeño como contratista de Pemex, así como en la adjudicación de decenas de contratos otorgados a esa empresa; anomalías en las que están implicados funcionarios y exfuncionarios de alto nivel de esa paraestatal, así como de otras dependencias federales”.

En la investigación participan, además de la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público –a través del Servicio de Administración Tributaria y de la Unidad de Inteligencia Financiera–, la Secretaría de la Función Pública y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

Actualmente, esas autoridades evalúan los delitos que podrían imputarle al socio mayoritario de la naviera (75 por ciento de acciones), Amado Yáñez, quien se encuentra arraigado desde el 25 de marzo en su mansión ubicada en Las Brisas, Acapulco, Guerrero.

Allí, el empresario ha dado cuenta a los agentes de sus nexos con políticos panistas, entre los que destacan el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, Juan Camilo Mouriño y César Nava Vázquez; con funcionarios y exfuncionarios de la paraestatal petrolera; con empresarios del sector energético, tanto nacionales como extranjeros; así como con los hermanos Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún.

Hasta antes del arraigo, al empresario se le achacaban delitos graves, como crimen organizado, robo y tráfico de combustibles, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude financiero.

Y es que además de los 106 contratos con evidencias de corrupción, se han acreditado defraudaciones de Oceanografía contra tres bancos por 389.5 millones de dólares y 230.8 millones de euros; además de daños patrimoniales contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) por un total de 128 millones de pesos.

Aunado a ello (como lo documentó Contralínea en la segunda parte de este trabajo), se le implicó en una red de traficantes de combustibles robados a Pemex, así como de lavadores de dinero para el Cártel del Golfo.

Los fraudes

Por las irregularidades e incumplimiento en los pagos de las cuotas obrero-patronales que Oceanografía, SA de CV, debe cubrir con el IMSS y el Infonavit, ambas dependencias federales interpusieron denuncias penales contra quien resulte responsable.

En el caso del IMSS, el 10 de marzo pasado se presentó dicha denuncia por el supuesto delito de fraude, debido a que esa empresa incurrió en múltiples inconsistencias que derivaron en actos de autoridad al registrar a cientos de trabajadores con salarios diferentes a los que realmente otorgaba. Además, según la investigación federal, constantemente cambiaba la razón social con la que los registraba. Una de las empresas que utilizaban para este propósito era Servicios Operativos y Administrativos (una outsorcing).

En este caso, las autoridades señalan que también fueron defraudados los trabajadores, quienes resultaron afectados con los registros alterados. El monto del perjuicio podría superar los 80 millones de pesos, según los cálculos hechos para la indagatoria.

De acuerdo con ésta, desde 2010 se han realizado más de 100 actos de autoridad que involucran a las empresas de Oceanografía,  de los cuales, al menos, 10 aún se encuentran abiertos.

Respecto del Infonavit, Oceanografía habría evadido el pago de cuotas por un lapso de 4 años, con un monto superior a los 48 millones de pesos. En este caso, indican las autoridades federales, “se tiene conocimiento que el área jurídica de esa empresa prefería enfrentar litigios con el Infonavit que pagar las cuotas respectivas, y ese problema se enfrenta con miles de trabajadores.

“Uno de los argumentos legales de la empresa para no pagar las cuotas es que muchos trabajadores eran de tipo outsourcing [subcontratados], con contratos de 15 días o 1 mes, por lo que preferían llevarlo a pleito que pagar.”

Además de estas afectaciones, la investigación apunta que la naviera adeuda a la Administradora Portuaria Integral de Campeche, SA de CV, más de 50 millones de pesos por concepto de uso y servicios prestados a sus barcos en distintas terminales marítimas de dicha administradora.

Estafa a la banca

Aunque en el caso de la banca la atención pública se ha puesto sobre todo en el caso Banamex-Oceanografía, por un fraude de 360 millones de dólares, la contratista de Pemex también defraudó a otras dos instituciones financieras, por 230.8 millones de euros y 29.5 millones de dólares.

La estafa mayor afectó a Rabobank Group, el segundo banco más grande de Holanda. Éste presentó una demanda en contra de Oceanografía por un adeudo de más de 220 millones de euros, “de acuerdo con el corte más reciente realizado por esa institución bancaria. El crédito fue otorgado a una empresa subsidiaria de Oceanografía, denominada Caballo Frion Arrendadora”.

Los datos que han obtenido las autoridades refieren que el adeudo es producto de dos líneas de crédito otorgadas para la compra y equipamiento de varios barcos que posteriormente la naviera arrendó a Pemex (Don Amado, Amado Daniel, Don Daniel, Caballo Galiceno, Caballo Xanthus, Caballo Genitor, Caballo As de Oros, Caballo Siete Leguas, Don Alfonso).

Y aunque en 2011 se llevó a cabo una reestructuración de ese crédito, hasta el momento Caballo Frion Arrendadora no ha cumplido con los términos de esta reestructuración.

Otro banco estafado por Oceanografía fue PNC Bank, el décimo más grande de Estados Unidos. Éste demandó a la naviera y a su socio principal, Amado Yáñez, ante la Corte para el Distrito Sur de Texas, con sede en Houston, en octubre de 2011. La acusación fue por incumplimiento en el pago de 29.5 millones de dólares y 10.8 millones de euros.

Esta deuda habría sido heredada por PNC Bank de la firma National City, que a su vez tenía el derecho de cobrar los pagarés que Oceanografía habría emitido a favor de dos de sus proveedoras: la corporación mexicana Tubacero y la holandesa Hoop Lobith International.

Estos pagarés habrían sido emitidos por Oceanografía en 2008 para comprar 24 mil 222 metros de tuberías de acero fabricadas por Tubacero. Los pagarés fueron garantizados a título personal por Amado Yáñez y estaba contemplado su vencimiento para los meses de febrero y marzo de 2009, por lo que se incurrió en incumplimiento.

 

Respecto de la compañía holandesa Hoop Lobith International, Oceanografía se habría comprometido a pagarle para la construcción de un buque de apoyo para servicios petroleros, incumpliendo con los pagos.

No obstante, en este caso PNC Bank llegó a un arreglo confidencial con Oceanografía en septiembre de 2012, por lo que solicitó a la Corte que desechara el caso.

 

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