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El racismo y los prejuicios sociales no se erradican aún de Argentina. Incluso, en algunas de sus provincias, adquieren estatus legal. En Córdova, una persona puede ser detenida y encarcelada por ser morena, pobre y caminar por una calle de clase media o alta

Fabiana Frayssinet/IPS

Córdoba, Argentina. En esta provincia basta ser joven, moreno, pobre y usar gorra para ser detenido como sospechoso. La arbitrariedad policial se ampara en el “merodeo”, un instrumento de prevención del delito que viola derechos constitucionales.

José María Luque, conocido como Bichi, perdió la cuenta de cuántas veces fue detenido por la policía por esas características en Córdoba, capital de la central provincia homónima.

Residente en un barrio humilde, Luque, de 28 años, fue detenido la primera vez cuando tenía 13 años y volvía del colegio a casa con un amigo, vestido con uniforme escolar. Estuvo 1 semana detenido.

“Nos pararon, pidieron documentos y nos llevaron presos. Así nomás… Me inventaron una causa penal: tentativa de robo calificado y portación de arma de fuego. Salí por sobreseimiento”, cuenta a Inter Press Service (IPS).

Ahora Luque integra el Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos, que lucha contra el abuso policial. Asegura que tuvo suerte porque su familia pagó un abogado y no le quedaron antecedentes.

Pero esa no es la realidad de muchos jóvenes detenidos por el Código de Faltas cordobés, aplicado desde 1994 y reformado en 2007.

Un estudio de la Universidad Nacional de Córdoba y de la española Universidad de La Rioja reveló que 95 por ciento de los detenidos por ese Código no acceden a abogados.

“Con una falta en tu expediente no accedes al certificado de buena conducta, uno de los requisitos más solicitados por las empresas para dar trabajo”, explica Luque.

El Código sanciona conductas que supuestamente perjudican la convivencia ciudadana, como escándalo en la vía pública, omisión de identificación, resistencia a la autoridad, ebriedad, mendicidad o vagancia.

El estudio indica que a casi el 70 por ciento de los infractores se les acusa de merodeo, una falta muy polémica que permite a la policía detener a sospechosos de merodear, lo que el Diccionario de la lengua española define como “vagar por las inmediaciones de algún lugar, en general con malos fines”.

El artículo 98 del Código sanciona con multas o hasta 5 días de arresto a quienes permanezcan cerca de vehículos o instalaciones urbanas o rurales “en actitud sospechosa, sin una razón atendible […] provocando intranquilidad entre sus propietarios, moradores, transeúntes o vecinos”.

“Es una figura totalmente subjetiva y arbitraria. No te explica cuál es la actitud que debes tener para no ser detenido”, señala Luque, quien trabaja desde adolescente y ahora ejerce de maestro pizzero.

Bichi y otros jóvenes de similar extracción social suelen llevar un atuendo que los identifica: gorras coloridas, pantalones deportivos y zapatos vistosos.

Pero la policía equipara este hábito cultural con la presunción de culpabilidad.

“Muchos detenidos tienen gorra. La gorra es sospechosa”, subraya Luque, uno de los organizadores de La Marcha de la Gorra, que cada noviembre desde hace 7 años demanda la derogación del Código de Faltas y que en 2013 convocó a 15 mil personas.

“Digan lo que digan, se aplica el merodeo para que cuando hay morochos [morenos] con gorra en los barrios marginales, dando vueltas por algún lugar la policía los detenga”, afirma a IPS el abogado Claudio Orosz, representante en Córdoba de la organización humanitaria Centro de Estudios Legales y Sociales.

Orosz atribuye el código a una sociedad “conservadora y timorata”, heredera de la “represión y del genocidio” de la última dictadura argentina (1976-1983).

Para este querellante en casos de delitos de lesa humanidad, por esa cultura los pobres sufren “el laberinto kafkiano” del merodeo.

Según el estudio universitario, los detenidos por faltas son mayoritariamente jóvenes de entre 18 y 25 años de los sectores desfavorecidos. Durante 2011, fueron detenidas 73 mil personas en la provincia, 43 mil de ellas en la capital.

“Pasa por lo de siempre: vienes de un lugar pobre, eres pobre, tienes una cierta forma de vestir, tienes ciertos rasgos físicos, un cierto color de piel y ya eres peligroso para la sociedad”, asevera Luque.

Uno de los puntos más cuestionados del Código es que otorga atribuciones de juez al comisario de la policía.

Eso es una ironía, porque la policía cordobesa es la que “estructura y sostiene los grandes problemas delictivos, los que generan mayor daño a la sociedad [como] trata de personas, narcotráfico, robo de autopartes y venta de armas”, dice Agustín Sposato, otro integrante del colectivo juvenil.

Otro agravante, según Orosz, son los precarios sistemas de huellas digitales e investigación de antecedentes en las comisarías cordobesas.

“A veces pasan 3 días para saber si tienen antecedentes y después los echan […], lo que constituye verdaderas privaciones ilegítimas de libertad”, considera.

“Es un sistema de control social formalizado por la policía, que hiere los controles básicos de constitucionalidad”, sostiene.

Para el abogado, “el Código de Faltas entrega un enorme poder de selectividad y de control social a las fuerzas policiales, sin ese control judicial”.

Luque lo sabe bien: “Las veces que me detuvieron viví esa sensación de privación ilegítima de la libertad, de secuestro, de que no sabes cuándo vas a salir, no sabes cómo avisarle a los que te quieren que estás allí. La impotencia es muy grande, muy oscura, muy fea”.

El gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, presentó el 1 de febrero un proyecto de reforma del Código de Faltas, que actualmente analiza el Parlamento provincial.

Sergio Busso, presidente del bloque legislativo de la gobernante Unión Por Córdoba, considera necesario mantener vigente la figura del “merodeo”, porque es importante en el combate a la creciente inseguridad ciudadana en la provincia.

Busso recuerda a IPS que el Código de Faltas “es un instrumento que regula y sanciona aquellas conductas antijurídicas, que lesionan el derecho de las personas o de la sociedad en su conjunto y que, por su levedad, no llegan a configurar delito”.

Pero admite que necesita reformas, para que “el arresto y la multa sólo se apliquen en situaciones especiales y en su lugar se utilicen más las denominadas penas sustitutivas y accesorias, como tareas comunitarias”.

Asimismo, Sergio Bosso dice que debe cambiar el sancionador. El proyecto plantea que la falta la diriman fiscales o jueces específicos y no policías, “para separar el que juzga con el que ejecuta el procedimiento” y para asegurar “una mirada independiente”.

Según Orosz, eso ya se intentó y no se pudo aplicar porque el sistema judicial colapsó con la avalancha de casos.

Busso explica que la reforma contempla que la falta del merodeo requiera la denuncia previa de un vecino identificado. Pero Orosz critica que ese denunciante es “igualmente subjetivo”.

El abogado considera que se debe derogar el Código de Faltas y sustituirlo por otro de convivencia, que establezca “cuáles son las conductas deseadas y mecanismos de resolución de conflictos que no sean necesariamente la cárcel”, como la mediación vecinal.

Para el joven Sposato, las reformas propuestas “son un lavado de cara […] para calmar el clima de conflicto social” en la provincia.

“Lo que está en juego es la vida, los derechos de las personas, la posibilidad de que todos en la provincia seamos iguales”, concluye.

 

 Contralínea 380 / 6 al 12 de abril de 2014

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