Autor:

En la trama de corrupción que protagoniza Oceanografía –empresa que habría defraudado a Pemex, Banamex y Bancomext– se agrega otro actor: Rafael Macedo de la Concha. En sus tiempos como procurador, sus subalternos armaron la inconformidad que la naviera presentó ante la Secretaría de la Función Pública para apelar el fallo de la licitación internacional 18575024-013-03. Gracias a la “labor” de los abogados de la PGR, el contrato de la paraestatal por 1 mil 600 millones de dólares fue otorgado a la compañía de Amado Yáñez. La “asesoría jurídica”, sin embargo, se adjudicó públicamente al despacho de Antonio Lozano Gracia –socio de Diego Fernández de Cevallos–, quien cobró 3 millones de dólares por “prestar” su nombre

En los tiempos del general Rafael Macedo de la Concha al frente de la Procuraduría General de la República (PGR), esta institución habría actuado al margen de la ley en beneficio de Oceanografía, SA de CV, y su principal accionista, Amado Yáñez Osuna.

Gracias a lo que podría constituir una intervención indebida de la PGR, la naviera habría conseguido que Petróleos Mexicanos (Pemex), a través de su filial Exploración y Producción, le asignara un contrato transexenal por 1 mil 600 millones de dólares.

Fuentes allegadas al caso –que han solicitado el anonimato por temor a represalias– narran cómo a fines de julio de 2003 se habrían desviado recursos públicos, en específico humanos, para “auxiliar jurídicamente” a la naviera, ahora investigada por los supuestos delitos de fraude y lavado de dinero.

Se trataría de la participación directa de un equipo de abogados adscritos a la PGR en el escrito de inconformidad que Oceanografía  presentó ante la Secretaría de la Función Pública, tras haber sido descalificada de la licitación pública internacional 18575024-013-03.

A decir de las fuentes consultadas, fueron los servidores públicos quienes estudiaron el caso y redactaron la defensa jurídica de la empresa privada. No obstante, la representación legal para dicha inconformidad recayó públicamente en el panista y exprocurador general de la República, Fernando Antonio Lozano Gracia (socio de Diego Fernández de Cevallos, quien se cuenta entre los abogados que defendieron en algún momento a Oceanografía).

En la inconformidad, de la cual Contralínea tiene copia, figuran también como abogados Juan Miguel Alcántara Soria, exsubprocurador de la PGR y exsecretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; Arturo Germán Rangel, exsubprocurador de la PGR (y actual abogado de Elba Esther Gordillo); Guillermo Narváez Bellacetín, exdirector general de Información e Integración de la Función Pública; Fernando Córdova Lobo, exdiputado federal priísta; Gerardo Vázquez Alatriste, actual delegado de la PGR en Jalisco; Froylán Díaz Martínez; María Gisela Lozano Gracia; Moisés Durán Pereida; José Manuel Rosales Mireles, y Roberto César Bustos Lozano.

Por este “servicio”, que en realidad hicieron los subordinados del entonces procurador general de la República, el despacho de Lozano Gracia recibió un pago de 3 millones de dólares.

Los hechos

En la inconformidad –que se presentó ante la Función Pública, entonces a cargo del panista Eduardo Romero Ramos–, Oceanografía alegó lo que ahora las autoridades federales le imputan: irregularidades en el proceso en beneficio de uno de los competidores.

Como lo ha documentado Contralínea, para ese entonces (2003) la naviera ya contaba entre sus gestores a Marta Sahagún, a sus hijos Manuel y Jorge Bribiesca y a su hermano Guillermo. Éstos negociaban los contratos de la empresa de Amado Yáñez con Raúl Muñoz Leos, entonces director de Pemex. En esa época, al frente de la subsidiaria Exploración y Producción se encontraba Luis Ramírez Corzo, quien –al asumir la Dirección General de la paraestatal– también “llegó a un acuerdo” con los familiares del expresidente panista Vicente Fox para beneficiar a Oceanografía.

En el caso que involucra a la PGR, ocurrió a inicios de 2003: entonces, Pemex Exploración y Producción convocó la licitación internacional 18575024-013-03 para la “inspección, mantenimiento y reacondicionamiento a ductos costa fuera de la región marina en la Sonda de Campeche, en la Costa Este del Golfo de México y en el área de plataforma de la Región Marina Noroeste”. El proyecto tuvo como fecha estimada de inicio el 5 de julio de ese año y de término el 31 de diciembre de 2007.

No obstante, la licitación se alargó por las juntas de aclaraciones que –a decir de Amado Yáñez en el escrito de inconformidad– no resolvieron las dudas de los concursantes.

Además de Oceanografía, el 25 de julio de 2003 las empresas Constructora Subacuática Diavaz, SA de CV; Servicios Marítimos de Campeche, SA de CV; Quantum Ingenieros, SA de CV, y/o Cemtec México, SA de CV; y Condux, SA de CV, y/o Arrendadora Sipco, SA de CV, presentaron propuestas técnicas y económicas.

El 5 de agosto se llevó a cabo la última sesión del proceso con la apertura de propuestas económicas. En ésta, se declararon insolventes las propuestas de Oceanografía y Quantum Ingenieros.

Tras dicha decisión, el panista Jorge Arturo Manzanera Quintana (quien después fue coordinador de estructura electoral y defensa jurídica del voto en el equipo de campaña de Felipe Calderón por la Presidencia de la República) habría solicitado “ayuda” al procurador Macedo de la Concha, aseguran los informantes, quienes fueron directamente involucrados en la defensa de Amado Yáñez.

En los días posteriores, los abogados de la PGR prepararon los argumentos legales para garantizar que la Secretaría de la Función Pública revocara la primera decisión de Pemex, que descalificaba a Oceanografía .

Para el 12 de agosto de ese mismo año, Amado Yáñez recibió la versión final de la inconformidad, cuyo expediente se identificó con el folio 0996324ONT. Posteriormente, la Función Pública declaró procedente la inconformidad, lo cual derivó en la contratación de Oceanografía.

Los argumentos jurídicos

Entre los argumentos utilizados por la naviera para que se revocara la decisión Pemex de descalificarla, destacan tres: lo que consideró una modificación indebida de la convocatoria, debido a los retrasos para elegir a la ganadora; la improcedencia de la descalificación porque, según Oceanografía, sus barcos sí cumplían con lo requerido por la paraestatal mientras que los de los otros competidores no; y el supuesto beneficio a Servicios Marítimos de Campeche.

En el primer caso, señaló: “Por causas imputables a Pemex Exploración y Producción se llevaron a cabo 12 juntas de aclaraciones, en las fechas 24 y 30 de abril, 2, 6, 8, 16, 23 y 27 de mayo, 2 y 3 de junio y 3 y 11 de julio de 2003; [esta última] fecha en que ya se había agotado el plazo para el procedimiento licitatorio y había empezado a correr el término para el inicio de los trabajos, que se había fijado a partir del 5 de julio del presente año, sin que se hubiesen contestado en su mayoría las preguntas y dudas de los participantes, dada la complejidad del proyecto y la redacción de las bases de la licitación y derivada también, de las diversas modificaciones que los servidores públicos realizaron a las bases de la licitación y a los plazos de la convocatoria.”

En el segundo señalamiento, la naviera de Yáñez Osuna determinó “que los dos argumentos que esgrimió la Convocante para descalificar a mi poderdante, son improcedentes, ilegales y frívolos”.

Y en el tercer caso, señaló que los servidores públicos admitieron que Servicios Marítimos de Campeche modificara su propuesta, argumentando que la caja que contenía la información se había quedado, por un “descuido”, en una bodega y no se había entregado al personal de los Servicios Panamericanos de Protección, encargados de la custodia de los documentos que presentaron todas las concursantes.

Al paso del tiempo, el contrato que Oceanografía consiguió por la intervención de los abogados de la PGR se convertiría en uno de los primeros negocios que le concederían los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa, por más de 31 mil millones de pesos, y que actualmente investiga la PGR.

Contrario a la defensa que consiguió entonces, actualmente Amado Yáñez se ha quedado sin abogados: el despacho de Fernando Gómez Mont  declinó representarlo por su falta de solvencia económica.

 

TEXTOS RELACIONADOS:

 

 

  

Contralínea 378 / 17 al 23 de marzo de 2014

 

 

 

Comments

comments

2 Comments

  1. leonardo moctezuma / marzo 26, 2014 at 3:54 am

    no hay duda que el clan sahagún es el responsable de que se haya llevado a una empresa quebrada y sin las capacidades técnicas a ob tener estos jugosos y fraudulentos contratos, esperemos que a través de seguirle la piosta al dinero se llegue finalmente para comprobar ese manoseo que se hizo en el gobierno del descerebrado fox.

  2. elvira nava / marzo 30, 2014 at 12:14 am

    http://www.latincounsel.com/esp/noticiaampliada.php?nid=6670

    ¿A todos estos bancos, viejos lobos de mar, los chamaquearon???

Comments are closed.