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Como delincuentes desde el poder público con actos intencionales, omisiones y negligencias, los funcionarios de todo nivel insisten en atacar a los periodistas en general, y de ellos, sobre todo, a los reporteros. Éste ha sido el caso a raíz de la recaptura del capo-jefe del Cártel del Pacífico: Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, cuando, dedicados a recabar los hechos y lograr fotografías del suceso, los reporteros fueron brutalmente sacados de la escena en Mazatlán, y policías disfrazados de civiles, con pistola en mano, los obligaron a “borrar las imágenes de sus cámaras” (La Jornada, 2 de marzo de 2014).

Además de esto, a la redacción del matutino Noroeste, que circula en toda la entidad, han llegado amenazas de muerte desde aparatos que no pueden ser detectados, como los aparatos de seguridad del desgobernador Mario López Valdez, alias Malova, apodo (acrónimo) con el que se ha dado a conocer y que le gusta usar. Con todo esto han impedido que en esa entidad del Noroeste geopolítico tengan vigencia y se respeten los derechos para el libre ejercicio profesional del periodismo, cuyo factor común es la libertad de expresión, escribir y publicar los hechos (Timoty Garton Ash, Los hechos son subversivos, Tusquets editores).

Con actos de censura previos, el desgobernador Malova de corazón priísta pero afiliado a otro partido de “oposición”, impidió que aparecieran en los periódicos las fotografías de la agencia antidrogas estadunidense (DEA, por su sigla en inglés) entregando a marinos y policías mexicanos al “enemigo número uno” Guzmán Loera , según fue declarado en Chicago con acusaciones por varios delitos. Obviamente que el desgobernador trataba de hacerse cómplice del peñismo, que a toda costa quiso aparentar que la aprehensión de este nuevo Al Capone se debió a los uniformados mexicanos, pero la realidad es que todo eso fue un espectáculo; y por lo mismo los estadunidenses exigen su extradición.

Ya la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación sobre esa violación a los derechos del diario citado, de los reporteros y el fotógrafo, a quienes Malova envió sus policías, con vestimenta de civiles, supuestamente para no dejar huella, pero los testimonios de los periodistas agredidos apuntan a los ejércitos malovanos, que se apersonaron en la detención (sin ningún disparo de por medio, porque el capo se entregó habiendo negociado de antemano su rendición) y arremetieron contra los reporteros de Mazatlán.

Una vez más, en el contexto de los ataques a los derechos humanos como las insistentes denuncias de Amnistía Internacional, el peñismo y sus funcionarios, los desgobernadores, jueces, legisladores y toda la administración pública, solamente tienen en el discurso la defensa de los derechos humanos, pero metódica y sistemáticamente en los hechos siguen las violaciones que han imperado desde que se recrudeció esa campaña con el foxismo y el calderonismo. Y por eso es que lo primero es atacar a los periodistas, incluso asesinarlos.

Sólo con el peñismo van 14 homicidios, 10 de los cuales han tenido lugar en Veracruz, donde tenemos al primer pillo desgobernador y jefe de su cártel, Javier Duarte, que el priísmo protege con la impunidad de intocable. Para ir socavando la democracia y el republicanismo, puntales de las libertades, hay que mermar, amenazar y sitiar a los medios de comunicación para que no difundan ni hechos ni críticas contra los funcionarios y contra el poder económico de empresarios y banqueros, como en el caso de Oceanografía , cuyos abusos publicó esta revista (motivo por el que fue demandada con el apoyo de jueces que, obviamente, recibieron sobornos para emitir sus resoluciones violatorias de la libertad de expresión).

Ya le llegará a Malova una recomendación de la CNDH. Y será la Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión, quien integre la averiguación 494. Ya la Secretaría de Gobernación emitirá su desaprobación. Pero a través de sus funcionarios por abusos del poder público –con o sin uniforme– continuarán los delitos contra periodistas, y de éstos, particularmente, contra los reporteros. Ya sean del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional o del Partido de la Revolución Democrática, los funcionarios siguen privando de la vida a los trabajadores de la prensa escrita, o cuando menos amenazándolos, agrediéndolos y robándoles sus instrumentos de trabajo, para evitar que fotografíen y publiquen la información sobre los hechos y lo que obtienen del periodismo de investigación, para conocimiento de la opinión pública.

En Mazatlán, Sinaloa, Peña y Malova trataron de distorsionar la entrega de Joaquín Guzmán Loera, recapturado por la DEA, como un acto más de la política en marcha de censurar y silenciar a los medios de comunicación que buscan la veracidad, contrastando la información para darla a conocer. No hay diferencia alguna entre Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña, como no la hay entre los 31 desgobernadores, incluyendo a Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la capital del país, quien ordena no dar publicidad a los medios críticos a su mal gobierno. Los fines de todo el aparato del poder son matar reporteros, ejercer la censura previa e ir socavando las libertades de prensa, así tengan que agredirlos, amenazarlos y hasta matarlos. Nada importa con tal de poder silenciar sus fechorías.

*Periodista

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