Autor:

Estados Unidos, China, Francia, Gran Bretaña, Rusia, Israel, Corea del Norte, India y Pakistán concentran –en conjunto– al menos 19 mil ojivas atómicas. Estas nueve naciones mantienen en la zozobra al mundo y, aunque no han empleado aún el armamento nuclear contra algún país –con excepción de Estados Unidos, quien arrojó sendas bombas contra las poblaciones japonesas de Hiroshima y Nagasaki en 1945–, ya son culpables de la violación a diversos derechos humanos: durante el proceso de fabricación, generalmente se atenta contra el derecho a la salud, a una remediación efectiva y a la rehabilitación ambiental, además de que miles de personas sufren desplazamiento forzado. De ocurrir, la explosión de un artefacto nuclear en la Ciudad de México alcanzaría 66 kilómetros de radio y afectaría a 22 millones de personas, entre muertos y heridos

Emilio Godoy/IPS

Nuevo Vallarta, Nayarit, México. Durante décadas, el silencio carcomió a Yasuaki Yamashita sobre sus vivencias como sobreviviente del ataque nuclear que Estados Unidos lanzó sobre la ciudad japonesa de Nagasaki el 9 de agosto de 1945.

Yamashita, actualmente un artista plástico de 74 años que reside en México desde 1968, rompió los sellos que apresaban su boca para contar lo que había vivido aquella mañana que cambió el destino de Nagasaki y del mundo entero.

“Tenía 6 años, y vivíamos a 2.5 kilómetros de distancia del punto cero [lugar de detonación de la bomba]. Normalmente iba a la montaña cercana para cazar insectos con mis amigos, pero ese día estaba solo frente a mi casa, cerca de mi madre, que preparaba la comida”, relata a Inter Pres Service (IPS) este hombre de hablar pausado, pelo blanco y rasgos bien delineados.

Yamashita, que en 1968 vino a México como corresponsal para cubrir los Juegos Olímpicos y se quedó en este país latinoamericano, se sumerge en el pasado para rescatar la escena de su madre llamándolo para entrar al refugio instalado en su casa.

“Cuando entramos vino una tremenda luz cegadora. Mi madre me jaló al suelo, me cubrió con su cuerpo; vino un tremendo ruido, escuchábamos volar muchas cosas encima de nosotros”, describe.

En derredor sólo había desolación, todo ardía, no había médicos, enfermeras ni comida. Era apenas el principio de una tragedia que aún perdura.

A los 20 años, Yamashita empezó a trabajar en el hospital de Nagasaki que trataba a los sobrevivientes de la bomba, al cual renunció años después.

Este hombre estremeció con su relato a los asistentes a la Segunda Conferencia sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares, que tuvo lugar en febrero pasado en Nuevo Vallarta, centro turístico del noroccidental estado mexicano de Nayarit, con la participación de delegados de 140 países y de más de 100 organizaciones no gubernamentales de todo el mundo.

El propósito de la conferencia de 2 días, que siguió a la de Oslo en marzo de 2013, es avanzar hacia la abolición de las armas nucleares, pues constituyen una amenaza económica, humanitaria, sanitaria y ecológica para la humanidad y el planeta.

En el mundo hay al menos 19 mil ojivas atómicas, la mayoría en manos de China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia –autorizados a poseerlas por el Tratado de No Proliferación Nuclear–, además de Corea del Norte, India, Israel y Pakistán.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México estima que hay más de 2 mil armas nucleares en “alerta operativa alta”, listas para lanzarse en cuestión de minutos.

“Estas armas son inaceptables. Deben prohibirse como ha ocurrido con las biológicas y las químicas. No hay capacidad de respuesta nacional o internacional para abordar los daños”, dice a IPS el investigador y activista Richard Moyes, de Article 36, una entidad sin fines de lucro con sede en Gran Bretaña que denuncia los efectos indeseables de ciertos armamentos.

En febrero de 2013, la institución divulgó un estudio sobre el impacto que tendría una detonación nuclear de 100 kilotones en la ciudad británica de Manchester que, con su área metropolitana, es hogar de unos 2.7 millones de personas.

El estallido provocaría la muerte inmediata de al menos 81 mil personas, más de 212 mil heridos y lesionados, la destrucción de puentes y carreteras y un perjuicio severo a los servicios de salud. Ello haría imposible acciones de remediación, con graves derivaciones a largo plazo.

La Ciudad de México y su zona metropolitana, donde viven más de 20 millones de personas, también realizó una medición similar. La explosión de un artefacto de 50 kilotones dejaría un área afectada de 66 kilómetros alrededor de la zona cero, con unos 22 millones de perjudicados, entre muertos y heridos, pues la conflagración se extendería a puntos aledaños en el centro de este país.

“Las consecuencias serían graves: pérdida de facultad operativa del sistema de emergencia, eliminación de recursos humanos de rescate, de salud, hospitales, clínicas”, explica a IPS el funcionario Rogelio Conde, director general de Vinculación, Innovación y Normatividad en Materia de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación.

“Necesitaríamos ayuda de otros estados mexicanos e internacional, como equipo, personal operativo y especializado”, advierte.

El desastre ecológico y los daños a la infraestructura equivaldrían a una pérdida del 20 por ciento de la economía del país.

Pero los daños ya existen. Los lugares del planeta que se convirtieron en laboratorios atómicos, como las Islas Marshall del Océano Pacífico, los han padecido.

Ese conjunto de decenas de atolones de coral e ínsulas soportó 67 pruebas nucleares entre 1946 y 1958.

“Ha habido problemas ambientales y de salud, aunque no hay estimaciones. Muchos de nuestros sobrevivientes se convirtieron en conejillos de indias humanos en los laboratorios, y casi 60 años después aún estamos sufriendo”, denunció el senador de las Islas, Jeban Riklon.

El legislador tenía 2 años de edad y vivía con su abuela en el atolón Rongelap cuando Estados Unidos efectuó la prueba Castle Bravo en el atolón de Bikini, el 1 de marzo de 1954: una bomba 1 mil veces más poderosa que la detonada en Hiroshima en 1945.

De inmediato, Estados Unidos realizó además un estudio médico secreto para investigar las consecuencias de la radiación en humanos.

Un informe especial del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas constató, en 2012, violaciones al derecho a la salud, a una remediación efectiva y a la rehabilitación ambiental, además de desplazamiento forzado y otras graves omisiones de Estados Unidos.

Los promotores de la conferencia de México aspiran a que el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, firmado en 1967, sea la base de una futura convención mundial contra esos dispositivos, aunque para ello deben vencer décadas de inmovilismo diplomático.

En virtud de ese pacto se creó en esta región la primera de las cinco Zonas Libres de Armas Nucleares (ZLAN), que abarcan actualmente a 114 Estados.

Las otras cuatro ZLAN corresponden al Pacífico Sur, África, el Sudeste Asiático y Asia Central.

La Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares quiere lograr una hoja de ruta clara que conduzca a un mundo libre de este armamento para 2020.

Este tratado ya tiene 161 Estados parte, pero su entrada en vigor depende de que lo firmen y ratifiquen China, Corea del Norte, Egipto, Estados Unidos, India, Irán, Israel y Pakistán.

En la conferencia de Nuevo Vallarta no hubo representantes de las cinco grandes potencias nucleares: Estados Unidos, China, Francia, Gran Bretaña y Rusia.

“No sé cuántas generaciones tienen que pasar para que esto termine. ¿Por qué se hacer sufrir a tanta gente inocente? No hay ninguna necesidad… Por eso, tenemos que hacer muchos esfuerzos para abolir las armas nucleares”, concluye Yamashita.

 

Textos relacionados:

 

 

 

Contralínea 376: del 10 al 16 marzo de 2014

 

 

Comments

comments