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A pesar de ser, en los hechos, un país multiétnico, oficialmente en Surinam no hay indígenas. Sin obstáculos legales ni tratados internacionales que valgan, el joven país independiente es el paraíso de trasnacionales: los consorcios empresariales se han apoderado de recursos naturales y minerales sin que los numerosos pueblos originarios y cimarrones hayan sido consultados

Damy Vales/Prensa Latina

Los derechos legales y el reconocimiento de los diversos pueblos indígenas de Surinam continúa siendo una lucha centenaria sin resolver en ese país ubicado en la costa Noreste de Suramérica, pero considerado caribeño por factores históricos y demográficos.

A pesar de la presión de la Organización de las Naciones Unidas y de las sentencias vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Surinam todavía tiene que reconocer los derechos territoriales indígenas y tribales.

Esa situación ha desconectado a las comunidades locales de las decisiones relativas a las tierras ancestrales que han habitado durante siglos y, en algunos casos, milenios.

Un nuevo informe revelado sobre el tema resume cómo esta falta de derechos ha distanciado a las comunidades indígenas de los esfuerzos de conservación ambiental en Surinam.

En lugar de tener una voz activa en la creación de reservas de conservación, así como en su gestión, las decisiones sobre las tierras indígenas son impuestas por funcionarios del gobierno o de organizaciones no gubernamentales.

De acuerdo con la Asociación de Líderes de Aldeas Indígenas de Surinam (VIDS, por su sigla en holandés), esta falta de reconocimiento legal de los derechos sobre la tierra es la mayor amenaza para las comunidades aborígenes del país.

La falta de reconocimiento legal “permite a los individuos, empresas y organizaciones no gubernamentales llevar a cabo actividades destructivas o perjudiciales, como la minería, la tala, la extracción de arena, la construcción de infraestructura, entre otras, sin el consentimiento de las comunidades afectadas, además de provocar la alteración de los ecosistemas y de los patrones sociales y culturales”, declara VIDS.

Dominiek Plouvier, representante Regional del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por su sigla en inglés) asentado en Guyana, cuya oficina atiende también a Surinam, asegura que la situación de los derechos a la tierra en ese país aún no han sido resueltos porque es una nación joven (que se independizó de Holanda en 1975), mientras que otros países de América del Sur remontan su libertad a cientos de años.

Considera que existe una complicación adicional en Surinam que son los cimarrones: descendientes de los esclavos de África occidental que formaron diversos grupos tribales y también reclaman derechos territoriales.

Según Plouvier, los cimarrones representan una quinta parte de la población de Surinam, mientras que los amerindios constituyen apenas el 4.3 por ciento.

Al respecto, WWF aboga para que el gobierno de Surinam trabaje tanto con cimarrones como con indígenas en el establecimiento de derechos sobre la tierra.

Sin embargo, de acuerdo con VIDS, el estancamiento se debe en gran parte a los políticos que tienen un grado limitado de conciencia acerca de los pueblos originarios y sus derechos.

Entre otros componentes también señala que Surinam se encuentra relativamente en un aislamiento lingüístico, al ser la única nación de habla holandesa en América del Sur.

Asimismo, reafirma que desde la independencia, muchos gobiernos simplemente continuaron con la marginación histórica de los pueblos indígenas.

Surinam es un país pequeño que se ubica a lo largo de una porción de la costa Norte de América del Sur.

Todas sus ciudades populosas descansan en la línea costera del Norte, mientras los grupos indígenas como los arawak, trio, wayana, caribes y akuriyo habitan, en gran parte, al Sur de la nación.

Hasta hace poco, las selvas tropicales importantes de este territorio, que cubren al menos el 80 por ciento de la superficie total del país, eran consideradas como una de las mejores perspectivas a largo plazo para el uso sostenible y la conservación del medio ambiente.

Además, existe otra razón para que los derechos sobre la tierra estén todavía en un segundo plano, y es que entran en conflicto directo con planes de desarrollo industrial: en un intento por asegurar los ingresos para pagar la deuda externa y estimular la recuperación económica, Surinam ha otorgado numerosas concesiones para extraer oro, bauxita y madera en esos territorios selváticos. También se han dado licencias a unos 3 mil garimpeiros (buscadores artesanales de oro) brasileños para operar en tierras tradicionalmente ocupadas y utilizadas por los pueblos indígenas y tribales, lo que ha provocado graves conflictos y denuncias de abusos generalizados contra los derechos humanos.

No obstante, especialistas consideran que aunque las concesiones proporcionarán ingresos, el tesoro de Surinam recibirá poco o ningún beneficio, y el medio ambiente y los pueblos indígenas y tribales sufrirán un daño irreparable.

A pesar de esas dificultades, las cosas parecen estar finalmente cambiando. Hay indicios de que el nuevo gobierno, con el presidente Dési Delano Bouterse –electo en 2010–, tiene interés en abordar finalmente el espinoso problema, y ya el gabinete lo ha convertido en “un asunto de alta prioridad”.

Las buenas intenciones se han expresado en una Declaración del Gobierno y en varios discursos del presidente Bouterse en los que aseguró que el problema de los derechos sobre la tierra se resolverá y que las tribus tendrán oportunidades de desarrollo, reconoce VIDS.

Es por ello que los pueblos tribales han comenzado a organizarse y a buscar el reconocimiento y la protección de sus derechos en los diversos foros nacionales e internacionales.

Surinam, originalmente una colonia holandesa, es un país multiétnico y multicultural que cuenta con más de 400 mil habitantes.

La población indígena está estimada en unos 22 mil o 25 mil representantes que viven según sus tradiciones antiguas y trabajan, sobre todo, como agricultores, pescadores y cazadores. Además, conservan sus estructuras ancestrales. Oficialmente, la existencia de la población originaria aún no se ha reconocido y por tanto no gozan de protección jurídica ni tienen estatus como pueblo indígena.

Consecuentemente, se les niegan sus derechos tradicionales así como la propiedad de sus tierras ancestrales, lo que ha provocado que numerosas partes de la selva amazónica fueran desforestadas por empresas extranjeras causando la pérdida del hábitat y la degradación del medio ambiente.

En otras palabras: el pasado –aunque injusto– todavía permanece allí, y es por esa razón que los grupos indígenas y cimarrones mantienen sus ojos puestos en el futuro con esperanza en el actual mandato de Bouterse, a fin de lograr un reconocimiento expreso para sus poblaciones, actualmente en una situación de gran desamparo.

 

 

Contralínea 376: del 10 al 16 marzo de 2014

 

 

 

 

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