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El maíz nativo del Distrito Federal está en riesgo. Pese a que se han erogado más de 12 millones de pesos para su monitoreo y conservación, los conflictos políticos y las irregularidades en el manejo de los recursos han dejado a las especies nativas de la entidad expuestas a la contaminación transgénica

Las seis razas de maíz nativo, las más de 40 variedades y el teocintle hasta ahora localizados en el suelo de conservación del Distrito Federal, se encuentran en grave riesgo de contaminación transgénica.

No obstante que en febrero de 2009 el Gobierno del Distrito Federal publicó en su órgano informativo la Declaratoria de Protección de las Razas de Maíz del Altiplano de México Cultivadas y Producidas en Suelo de Conservación del Distrito Federal, y en octubre del mismo año el Acuerdo por el que se Expide el Programa de Protección de las Razas de Maíz del Altiplano Mexicano para el Distrito Federal, en el que se declara a la entidad libre de transgénicos, el patrimonio genético del maíz de la Ciudad no está a salvo.

Ya en 2007 un grupo de científicos dio a conocer la presencia de maíz transgénico en parcelas de entre 1 y 2 hectáreas en las delegaciones Milpa Alta y La Magdalena Contreras.

La investigación fue publicada en la revista especializada Frontiers of Ecology and the Environment, de la Sociedad Estadunidense de Ecología, bajo el título “Proteínas transgénicas en el suelo del área de conservación del Distrito Federal”.

A través de pruebas de inmunoensayo sobre 208 muestras de 25 comunidades de las delegaciones Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y La Magdalena Contreras, los autores José Antonio Serratos Hernández, José Luis Gómez Olivares, Noé Salinas Arreortua, Enrique Buendía Rodríguez, Fabián Islas Gutiérrez y Ana de Ita revelaron la presencia de dos proteínas transgénicas distintas: la CP4 EPSPS, que produce tolerancia al herbicida glifosato, y la Cry1Ab/c, que confiere resistencia a insectos lepidópteros en maíz.

De acuerdo con Serratos Hernández, los resultados de la investigación liderada por él permitían inferir que si en una zona tan pequeña y con poca importancia en el conjunto de la producción de maíz en México, como es el Distrito Federal, se puede encontrar transgénico, la dispersión de éste es mayor en otras áreas.

Los convenios

Derivado del interés de las autoridades capitalinas por las revelaciones de la publicación, en 2008 se firmó el Convenio Específico de Colaboración entre el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), en el que se establecieron los mecanismos para instrumentar las acciones necesarias para desarrollar la primera etapa del proyecto de conservación, uso y bioseguridad del maíz nativo del altiplano mexicano por medio de agricultura agroecológica en el Distrito Federal.

Para ello, la Secretaría del Medio Ambiente se comprometió a aportar a la UACM 1 millón de pesos provenientes del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal.

Además, en el documento, la UACM designa a Antonio Serratos para ejecutar y coordinar las actividades descritas. El proyecto, base fundamental del convenio firmado, fue diseñado y redactado por Serratos Hernández, y contiene 5 años de investigación sobre las razas de maíz en el Distrito Federal.

El también profesor en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México trabaja en la materia desde 2003, luego de que el Gobierno del Distrito Federal anunció la vigilancia del maíz transgénico en suelo de conservación y formalizó una invitación al investigador –entonces adscrito al Campo Experimental Valle de México del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, y científico adjunto en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo– para colaborar como asesor principal, formular y desarrollar el proyecto Establecimiento de un Sistema de Monitoreo de Maíz Transgénico para las Zonas Agrícolas del Distrito Federal.

Las alarmas sobre los peligros de la biotecnología fueron encendidas meses antes por el ecólogo y microbiólogo Ignacio Chapela y su discípulo David Quist, quienes demostraron la presencia de transgenes en cultivos de la Sierra Norte de Oaxaca, muy lejos de los sitios donde se experimentaba con esos productos. El descubrimiento fue divulgado en 2001 por la revista científica internacional Nature.

Con los primeros resultados del convenio de 2008, Serratos Hernández elaboró, junto con la Sedema, los proyectos de Declaratoria y Programa de Protección de Maíz Nativo, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en 2009.

Una vez finalizado en tiempo y forma el convenio de 2008 y dado que el Instituto de Ciencia y Tecnología capitalino no apoyaría financieramente la segunda y tercera fases, inició el planteamiento de un segundo convenio que se concretaría en 2010 para darle continuidad al primero.

En noviembre de 2010, el gobierno capitalino –a través de la Sedema– y la UACM firmaron el Convenio Específico de Colaboración, con el objeto de establecer los mecanismos e instrumentar las acciones necesarias para desarrollar el proyecto Conservación, Uso y Bioseguridad del Maíz Nativo en Suelo de Conservación del Distrito Federal.

La UACM se comprometió a aportar los recursos materiales y humanos suficientes, además de entregar reportes de resultado y ejercer adecuadamente los recursos.

El convenio contó con financiamiento federal: 7 millones 500 mil pesos provenientes de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)-Instituto Nacional de Ecología (INE). De la suma, la Comisión de Recursos Naturales (Corena) del Distrito Federal dispondría de 4 millones 600 mil pesos para poner en funcionamiento un laboratorio, y la UACM dispondría de 2 millones 900 mil pesos para la ejecución del proyecto.

Los recursos administrados por la Universidad serían comprometidos en tres entregas: la primera por la cantidad de 1 millón 211 mil 400 pesos, para el inicio del proyecto; la segunda por la cantidad de 1 millón 331 mil 400 pesos, contra entrega de informes de actividades mensuales, y el tercer pago por un monto de 357 mil 200 pesos, contra entrega de informes mensuales de actividades e informe final del cumplimiento total del proyecto.

La “administración” de los recursos

En 2010, Antonio Serratos ya laboraba en la UACM, entonces bajo la gestión de Esther Orozco. Las irregularidades y los agravios en contra del investigador, el equipo y la propia investigación involucraron retrasos, el manejo irregular de los recursos por parte de la Universidad, la obligada salida del investigador del proyecto que diseñó y desarrolló;?pero que culminó con un proceso interpuesto en su contra en la Contraloría General de la UACM por supuesto incumplimiento, mismo que concluyó con fallo a su favor.

El convenio, ideado para desarrollarse en 12 meses, se firmó en noviembre de 2010. Según la Cláusula Octava era vigente hasta el 31 de diciembre del mismo año, por lo que se vio considerablemente reducido el tiempo de investigación.

Dado el retraso, tanto en la formalización del acuerdo como en la entrega de los recursos, Serratos Hernández y el equipo de trabajo perdieron la colecta de 2010, lo que repercutió en el alcance de los objetivos científicos establecidos dentro del documento.

La UACM solicitó una prórroga a la Secretaría del Medio Ambiente capitalina que venció el 31 de mayo de 2011. Fue hasta el 5 de enero de 2011 que la Secretaría depositó a la Universidad el primer pago por un monto de 1 millón 211 mil 400 pesos, utilizados por la institución a partir de febrero de 2011.

El segundo y el tercer pago se le entregaron a la Universidad fuera de tiempo, incluso de la prórroga solicitada. En entrevista, Serratos Hernández asegura a Contralínea que hasta el 31 de mayo de 2011, tiempo en que estuvo al frente del proyecto, ejerció únicamente 1 millón 305 mil pesos. El investigador desconoce el manejo y destino que la Universidad dio al resto de los recursos: 1 millón 595 mil pesos, de los que dispusieron los administradores fuera del tiempo límite del convenio.

Según información entregada a este semanario –por medio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal–, la Universidad, ya sin la supervisión de Serratos Hernández, ejerció la totalidad de los recursos.

En el informe financiero del proyecto firmado por Carlos García Neri, encargado del despacho de la Tesorería de la UACM –del cual Contralínea posee copia– la Universidad revela que desde el 6 de enero de 2011 y hasta abril de 2013 se ejercieron 2 millones 718 mil 974 pesos de los 2 millones 900 mil asignados al proyecto, sin especificar quién autorizó el ejercicio de los recursos. También declara un saldo restante de 181 mil 25 pesos.

Serratos Hernández, experto en el estudio del maíz, dice que los recursos federales entregados por la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal a la UACM fueron en todo momento administrados por la casa de estudios, tal como se especifica en la Segunda Cláusula del convenio, por lo que personalmente no le correspondió recibir recurso financiero alguno.

El 2 de mayo de 2012 se inició un proceso en contra de Serratos Hernández en la Contraloría de la Universidad. La denuncia ante el órgano fue motivada por oficio de la coordinadora académica Minerva Camacho, quien lo acusaba de no cumplir con el convenio y por una supuesta falta de profesionalismo, pese a las irregularidades denunciadas constantemente por el profesor e investigador ante las partes.

El oficio de la coordinación se sustentaba en el supuesto “análisis” del informe final del proyecto y en el oficio del director de la Corena, el antropólogo Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez, dirigido a la Rectoría y a la Coordinación Académica, en el que también señalaba a Serratos Hernández de no cumplir con los términos del convenio.

Mediante oficio del 22 de octubre de 2012, Antonio Serratos resultó exonerado por la Contraloría.

El 15 de junio de ese mismo año, la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México firmaron un nuevo convenio con el objeto de dar seguimiento al proyecto. Esta vez, Álvaro Díaz Badillo –tecnólogo en virología por el Centro de Investigación y Tecnología Avanzada del IPN– fue designado al frente.

La Sedema se comprometió a aportar 3 millones 600 mil pesos distribuidos en tres pagos. La primera entrega, por 2 millones de pesos para el inicio del proyecto. El segundo pago, por 1 millón de pesos contra la entrega de informes mensuales. Y el tercer pago, por un monto de 600 mil pesos contra entrega de informes mensuales de actividades e informe final.

Contralínea solicitó el informe final derivado del convenio de 2012; además, pidió conocer la postura de la UACM. Sin embargo, su oficina de Comunicación Social respondió telefónicamente que el proyecto está en revisión y por ello no pueden decir nada al respecto.

El laboratorio y sus resultados

En respuesta a una solicitud de información presentada por Contralínea, la Secretaría de Medio Ambiente capitalina informó que se asignaron y ejercieron 3 millones 950 mil pesos para la adecuación y equipamiento del Laboratorio de Diagnóstico Molecular para el Monitoreo del Maíz.

Agrega la Sedema que en el rubro de “Estudios”, la inversión ascendió a los 2 millones 900 mil pesos en 2010, mientras que en 2012 fue de 3 millones 600 mil pesos: sumas autorizadas y comprometidas en los convenios suscritos entre la UACM y el Gobierno del Distrito Federal en 2010 y 2012.

Sobre los resultados de las pruebas realizadas en el laboratorio, la autoridad se ha negado a informar. La Sedema indicó, en respuesta a una solicitud realizada por medio de la Ley de Transparencia, que de julio de 2012 a la fecha se han analizado 490 muestras de maíz. No obstante los resultados se encuentran supuestamente sólo en posesión de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, por lo que se orientó a solicitar directamente ante dicho órgano la información.

Por su parte, la Universidad reconoce que posee la información. Sin embargo, dice que no puede hacerla pública porque contravendría la Cláusula Sexta del convenio de 2012, que establece: “Si durante el desarrollo del proyecto se generan actos, documentos, investigaciones, derechos o publicaciones que por su naturaleza deberán ser protegidos por la legislación en materia de propiedad intelectual, las partes convienen en instrumentar acciones que garanticen confidencialidad y se buscará evitar el tráfico o apropiación indebida del conocimiento, información o trabajos generados en el cumplimiento de este convenio”.

La UACM informa, además, que tanto la casa de estudios como la Sedema revisan los resultados de los trabajos desarrollados en el marco del convenio de 2012, entre otras cosas, para determinar el modo en que deberá concluirse dicho convenio y qué continuidad deberá acordarse para los trabajos ya realizados.


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Contralínea 373 / 17 al 23 de febrero de 2014

 

 

 

 

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