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De acuerdo con los plazos establecidos en la reforma energética, el Congreso de la Unión tendrá 60 días para desdibujar el perfil de un México nacionalista y consumar su deleznable traición a la patria al aprobar en el actual periodo ordinario de sesiones las propuestas del Ejecutivo, referentes a las leyes secundarias que normarán el marco jurídico para iniciar el saqueo total de nuestros recursos energéticos a manos de los consorcios internacionales.

Dos asuntos buscarán ser minimizados por los legisladores del PRIAN (Partido Revolucionario Institucional-Partido Acción Nacional) y sus comparsas: evitar nuevamente todo debate nacional o foro que implique responder a las cientos de interrogantes no aclaradas a millones de mexicanos, y evitar una consulta popular exigida por todo el país aún antes de haber aprobado el retroceso histórico que nunca fue consensuado, a pesar de su implícita trascendencia nacional.

Se antoja imposible que los diputados y senadores vayan a abandonar la estolidez con que irresponsablemente actuaron en diciembre pasado, cuando expresaron su afirmativa sin siquiera haber leído el contenido de lo que votaron; su servil incuria apunta a que nuevamente recurrirán al descarado mayoriteo rehuyendo el debate de las ideas.

En los embustes que pretenden crear el falso espejismo de los beneficios sociales de la reforma han abundado las promesas de “cero opacidad” en la entrega de contratos, permisos y licencias (concesiones) a empresas privadas nacionales y extranjeras, según lo expresado en sentido repetitivo por el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell.

En el anunciado cuerno de la abundancia habrá mayores empleos, el petróleo seguirá siendo propiedad de la nación y bajarán los recibos de gas y luz; empero, los bien elaborados sofismas no exponen a detalle siquiera lo ya contemplado en los artículos transitorios y la entrega de un sinfín de contratos que desde hace años se venía dando a empresas privadas, sobre todo multinacionales.

Los últimos informes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) señalan que en 2014 la aún paraestatal –que en 2 años deberá transformase en empresa productiva del Estado– pagará a los productores independientes de energía (PIE), la mayoría trasnacionales, 38 mil 161 millones de pesos, amén de los 54 mil millones por sus gastos de nómina.

La propia Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha confirmado buena parte de los informes que publicamos con antelación en Contralínea . De acuerdo con sus estimaciones, para 2017 la CFE estará pagando anualmente a los productores independientes 55 mil 564 millones de pesos para adquirir su energía generada, pues no hay que olvidar que las autoridades federales y los integrantes mayoritarios del Congreso siguen ocultando al país que, aún sin reforma energética, ya existen compromisos pactados con las trasnacionales para comprarles su generación de electricidad, de forma obligada, en contratos de hasta 25 años de vigencia; razón por la que la Subsecretaría de Egresos estima que México habrá de sufragar 1 billón 913 mil millones de pesos en las próximas 2 décadas, para dar cumplimiento a los desventajosos acuerdos.

Los supuestos representantes populares no han abordado de manera frontal, en la mesa de las discusiones, la agudización de peligrosos conflictos sociales prohijados en zonas como el Istmo de Tehuantepec, por la imposición de megaproyectos eólicos como el que tiene trazado la empresa Mitsubishi en alianza con la holandesa PGGM, y que pretende ser el parque eólico más grande en América Latina a costa del despojo de las tierras de decenas de comunidades indígenas y campesinas en Oaxaca.

Con toda certeza fingen demencia a sabiendas de que el artículo 3 transitorio de la reforma, aunque fija un plazo de 2 años para la transformación de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la CFE al rol de empresas productivas, establece que a la brevedad Pemex estará facultado para recibir las asignaciones y contratos a que se refiere su párrafo séptimo, situación que se hace extensiva a la Comisión Federal, que ya sin tapujos acaba de anunciar el otorgamiento de un contrato a la firma Isolux Corsán por 90 millones de dólares para la instalación de 26 kilómetros de líneas de transmisión y 10 subestaciones en el Distrito Federal, Estado de México e Hidalgo. Aún sin leyes secundarias, con sus acciones antipatrióticas, los legisladores ya han hipotecado el futuro del país.

En esta misma ruta de desnacionalización se repite una y otra vez que Pemex continuará como patrimonio de los mexicanos, pero se oculta que en el nuevo esquema de la explotación y comercialización de los hidrocarburos será el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (Fomexpe) el organismo facultado para manejar toda la renta petrolera y cuyo Comité Técnico estará constituido por los secretarios de Energía y Hacienda y el gobernador del Banco de México, más cuatro integrantes que podrán ser nombrados por el presidente de la República con la aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado, según lo establecido en el 15 transitorio. De forma maquinada no prohíbe que puedan ser representantes de las firmas extranjeras los que ocupen los cuatro sitios del Consejo Técnico. ¿Se tomarán los apáticos legisladores la molestia de poner algún candado al respecto?

Difícilmente podrá ocurrir algo plausible o digno de encomio de los entreguistas diputados y senadores en torno a la impuesta reforma energética en el actual periodo ordinario, y por el contrario, como ya lo han vaticinado gente como el senador priísta Emilio Gamboa y otros de sus homólogos panistas, pugnarán para que se deseche todo intento por llevar, como es el sentir de toda la nación, la controvertida reforma a una consulta popular. Están conscientes de que en ese terreno llevan las de perder.

Su piratería antidemocrática busca anular la decisión de las mayorías permitiendo que la infiltración de las trasnacionales en nuestro sector energético se constituya en un mortífero veneno para la corriente sanguínea de nuestra soberanía nacional.

Debe ser a través de la conformación de una sólida respuesta popular como los mexicanos habremos de validar el espíritu del Artículo 35 constitucional, demostrando que en el ejercicio de una auténtica democracia participativa somos millones de mexicanos los que desaprobamos esta globalizada y neoliberal traición a la patria. Debemos meter en orden a estos filibusteros que se han convertido en incondicionales defensores de las trasnacionales.

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

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