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En la Ciudad de México, el 5 de febrero de 2014, Día de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se interpuso en contra de Enrique Peña Nieto la denuncia, ante la Procuraduría General de la República (PGR), por traición a la patria. La denuncia fue presentada por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y entregada por Martí Batres y Bernardo Bátiz en la Oficialía de Partes de la PGR, ubicada en la Avenida Paseo de la Reforma. Fue respaldada por miles de firmas, encabezadas por la de Andrés Manuel López Obrador. Se acusa a Peña por haber promovido la reforma energética que vulnera la soberanía y la independencia nacional y de haber negociado en el extranjero la entrega de nuestros recursos, como consta en el informe de John Kerry –actual secretario de Estado estadunidense– ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, quien afirmó haber negociado con Peña la apertura del sector energético a corporaciones extranjeras. Asimismo negoció Peña con otros países, con los que adquirió compromisos inconfesables.

En el evento, Andrés Manuel López Obrador afirmó que, cuando triunfe el Movimiento, se restablecerá el dominio de la nación sobre los recursos naturales y sobre el petróleo, y que también se abolirán las reformas educativa, fiscal, energética y laboral. Dijo que aunque la PGR está al servicio de la mafia del poder, los denunciantes estamos cumpliendo nuestra responsabilidad como ciudadanos.

El artículo 123 del Código Penal Federal enumera cuáles son las hipótesis de la traición a la patria. La fracción primera establece que comete este delito quien pone en riesgo, en peligro o compromete la soberanía y la independencia nacionales.

Toda la acción de gobierno de Peña, y el aparato institucional que domina, ha puesto en peligro a México. Mientras que el 1 de diciembre de 2012, al llegar a la Presidencia de la República –usando el fraude y compra de votos–, Peña juró “guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen”, lo que hizo a partir del momento de ocupar el cargo fue violar la Carta Magna y promover su mutilación, con el fin de favorecer a gobiernos y a grandes corporaciones extranjeras.

Tal fue el caso de los cambios que introdujo en los Artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Para lograr sus fines, Peña –quien ya se había comprometido con Washington y con potentados extranjeros a entregarles nuestras riquezas– buscó como primer paso legitimar su actuar a través del Pacto por México, mismo que firmó con el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, en el que están plasmadas las intenciones de su gobierno. Luego hizo aprobar, por un Congreso de la Unión sometido a la línea de las cúpulas partidarias, la reforma educativa, de telecomunicaciones, financiera, fiscal y energética, que se sumaron a la reforma laboral aprobada a fines de 2012.

Todas estas reformas son violatorias de la Constitución de 1917 y buscan favorecer a las grandes corporaciones nacionales y extranjeras a costa de los derechos y el bienestar del pueblo de México. Junto con estos atropellos se lleva a cabo en todo el país una política altamente represiva para criminalizar las protestas y paralizar a una población enojada, para evitar su movilización masiva.

El año negro 2013 fue el de la traición a la patria y de la violación de la Constitución, a la cual se le cercenaron derechos individuales y colectivos. Sin embargo, el Artículo 136 dice muy claramente que la Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por una rebelión se interrumpa su observancia; y el Artículo 135 dice que puede ser adicionada o reformada. En ningún momento se pueden cercenar derechos. Dice el Diccionario de la lengua española, de la Real Academia Española, que “reforma” significa “aquello que se propone, proyecta o ejecuta como innovación o mejora en algo”. Los derechos y nuestra soberanía necesitan de innovaciones y mejoras para que sean efectivos, por lo que las reformas son necesarias y hasta urgentes. Pero lo que hizo el Congreso de la Unión, comandado por Peña, fue cancelar conquistas sociales, cercenar la Constitución en cuestiones esenciales y llevarnos atrás: a las épocas de Antonio López de Santa Anna o Porfirio Díaz.

Lo que efectuó el mal gobierno fue una contrarreforma, una regresión de dimensiones colosales que coloca de facto a nuestro país en el neocolonialismo, como un apéndice del imperio del Norte (Estados Unidos), poniendo a su disposición las riquezas que le pertenecen a la nación y el trabajo de los mexicanos, que con las leyes regresivas vuelve a estar sujeto a la rapaz explotación de las grandes compañías que sólo buscan maximizar sus ganancias a costa del sufrimiento de millones de mexicanos.

Las consecuencias ya se dejan sentir: hay estancamiento; se agudiza la crisis económica; la carestía está desatada y aumentan los precios de alimentos, transporte, gasolinas, gas, luz; al mismo tiempo, nos recargan de impuestos. La economía sólo creció 1.2 por ciento en 2013. El descontento es generalizado. Y gracias a la reforma en telecomunicaciones, los medios de comunicación seguirán monopolizados por quienes promueven la desinformación y la enajenación de la población, con el agravante de abrir las puertas a las grandes corporaciones extranjeras. Los medios de comunicación crean confusión y desmoralización y logran un gran control sobre la mente y las reacciones de millones de mexicanos.

La reforma energética se presenta en los medios como un medio para desarrollar la industria energética y crear empleos, como la solución para que bajen los precios de la luz y el gas y ayudar al progreso de México. Dicen que el petróleo seguirá siendo de los mexicanos. Todo se plantea al revés, con total impunidad. Es sabido que compañías extranjeras como Exxon, Shell, Chevron o Repsol querrán adueñarse del control de toda la cadena productiva y de las grandes franjas de nuestro territorio, controlando la exploración, extracción y distribución de nuestro petróleo, que es propiedad colectiva del pueblo de México. Al apropiarse de nuestras riquezas, están efectuando el robo del siglo. Pero los medios lo ocultan todo.

Para defender la soberanía nacional y la independencia política de nuestro país es indispensable la soberanía energética, y que sea el Estado quien tenga el monopolio en este sector clave, tanto para la marcha de la economía, como para evitar la intromisión de compañías extranjeras en la vida política del país –hay que recordar que los petroleros extranjeros estuvieron detrás del derrocamiento y asesinato de los presidentes Francisco I Madero y Venustiano Carranza–, para salvaguardar nuestra integridad territorial y el cuidado del medio ambiente, así como para disfrutar de las grandes riquezas que generan en favor del pueblo de México. El gobierno no es el dueño del petróleo y demás energéticos. Peña no puede entregar lo que le pertenece a la nación.

La reforma educativa atenta contra los derechos laborales de los maestros (que protestan con justa razón en todo el país) y contra el Artículo 3 de la Constitución, que mandata que toda la educación que imparta el Estado debe ser gratuita, pues con la “autonomía de gestión” le imponen a los padres de familia cobros para el mantenimiento de las escuelas. Esta reforma no contempla los medios para mejorar la educación y resolver los grandes problemas del sector. Pero los medios repiten que con la “evaluación” de los maestros, todo va a mejorar.

La reforma financiera introduce penalidades como la prisión en contra de los deudores de tarjetas de crédito, y les otorga a los bancos los recursos legales para que recuperen sus créditos mediante embargos de propiedades o arraigos domiciliarios. Antes, por una deuda de carácter civil, nadie podía ir a prisión. Pero los medios anuncian esta reforma como una medida para ampliar el otorgamiento de créditos para pequeños y medianos productores, campesinos y artesanos; como una medida para que todos tengan mayor acceso al crédito. Esconden que se está desarrollando nuevamente, como en la Colonia y en el porfiriato, un sistema de esclavitud por deudas, en el que millones de trabajadores han de trabajar de sol a sol y nunca podrán romper con las cadenas que lo atan al amo.

La reforma fiscal regresiva homologa impuestos en la frontera con el impuesto al valor agregado (IVA). Aumenta el IEPS (impuesto especial sobre producción y servicios) a una serie de alimentos como refrescos, chicles, dulces, gelatinas, chocolates, flanes, pudines, cremas de cacahuate o avellana, dulces de leche, alimentos preparados con leche, helados, nieves y paletas de hielo; también al alimento para mascotas. Incrementa el impuesto sobre la renta y dejan un 32 por ciento generalizado. Y elimina el régimen de los pequeños contribuyentes para que éstos paguen IVA y tengan que declarar impuestos con la obligatoriedad de la factura electrónica, afectando a miles de pequeños negocios. Una vez más tratan igual a los desiguales para proteger a las grandes corporaciones.

Y el retroceso no para, ya preparan un nuevo golpe: la reforma de salud que afectará al sistema de salud y la seguridad social. Planean integrar el Seguro Popular con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), pero mientras que estas instituciones actualmente atienden todos los padecimientos, quieren limitar en el futuro la atención a sólo unos cuantos, con el nuevo seguro, a un número reducido de intervenciones, cobrando la atención que no esté incluida. Esto lo hacen para favorecer a las aseguradoras privadas de salud, negando la obligación del Estado a dotar de servicios de salud adecuados para toda la población. Luego van a tratar de homologar las pensiones a la baja, afectando a los pensionados del ISSSTE y del IMSS.

Como podemos ver, se está aplicando un proyecto de destrucción nacional para favorecer a las grandes corporaciones a costa nuestra. El futuro de México y de las próximas generaciones está en juego. La situación es sumamente grave y es probable que empeore. Pero eso no debemos permitirlo. México y su pueblo son muy grandes como para ser sometidos por las voraces corporaciones y sus gobiernos imperialistas. La amplia unidad popular, la unión de todos los mexicanos en defensa de derechos y soberanía, puede revertir la ofensiva neoliberal y neocolonial. En esta unidad no caben los que son cómplices del mal gobierno, aunque se digan de izquierda.

Para lograr sacar adelante a nuestro país hace falta informar, educar, movilizar a millones de mexicanos. Hoy es grande el hartazgo y el coraje, pero falta que éste se convierta en acción unificada con el fin de solucionar los problemas de México, que hoy se debate en la peor crisis del último siglo. La lucha por la soberanía y los derechos es hoy tan urgente como lo fue en la época de Miguel Hidalgo y José María Morelos; de Benito Juárez; de Francisco Villa y Emiliano Zapata; de Lázaro Cárdenas del Río. Toda la tradición de lucha de nuestro pueblo nos impulsará a dar la batalla del siglo XXI y así rescatar a nuestra patria.

*Politólogo y urbanista. Dirigente de Mexteki y vocero del Congreso de la Soberanía

 

 

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