Salud, un derecho de todos

Autor:

Guadalupe Bécares Palacios*

Cada año, más de 100 millones de personas se encuentran al borde de un abismo económico ante la imposibilidad de pagar operaciones o tratamientos médicos que necesitan. Una simple consulta puede suponer más de la mitad del presupuesto mensual de una familia, y una operación, su ruina.

Desde organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se han dado pasos para conseguir una cobertura sanitaria universal para que ninguna persona tenga que empobrecerse por pagar los tratamientos médicos que necesita. Los expertos consideran que el acceso a la salud es fundamental para salir de la pobreza y, aunque requiera una inversión importante en países cuyo producto interno bruto es muy bajo, es rentable a largo plazo: la tasa de mortalidad se reduce y mejoran sus indicadores de salud, además de incrementar la fuerza laboral y la productividad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se salvarían 8 millones de vidas, y las ganancias económicas superarían los 250 mil millones de euros.

La apuesta por la universalización de la sanidad ha sido un éxito en países como El Salvador, Senegal, Congo o Sierra Leona. En el primero, inspirado por el modelo de salud español anterior a los recortes, se han eliminado los “pagos voluntarios” que no eran sino tasas abusivas, que el gobierno ha comenzado a cubrir con los impuestos a los medicamentos genéricos. En los últimos 6 años, el presupuesto para salud salvadoreño se ha incrementado un 78 por ciento y la tasa de mortalidad de las mujeres tras el parto se ha reducido en más de 20 puntos. Mientras, en Sierra Leona el número de niños muertos en los primeros años de vida ha pasado de más de 200 por cada 1 mil nacimientos a 185.

En un contexto de crisis económica global, la petición de cobertura sanitaria universal en países empobrecidos contrasta con los recortes en Europa. Portugal e Italia han incrementado los repagos por consulta, mal llamados copagos, porque los ciudadanos ya han pagado con sus impuestos. España ha excluido de la cobertura a los inmigrantes en situación irregular y a los “aventureros” que pasen más de 90 días fuera del país. Así, las organizaciones internacionales apuntan que estos objetivos de salud son sólo para países empobrecidos o emergentes, ya que “se parte de bases incomparables entre países ricos y pobres, y esta medida serviría para acabar con las desigualdades”, según declaraciones del experto en salud pública Jean McGraw.

Una de las primeras medidas para acabar con la desigualdad a la hora de acceder a la salud es el financiamiento sanitario mediante impuestos y no mediante pagos directos de los ciudadanos. La ONU no se muestra contraria a los copagos en todas las situaciones, pero pide que “sean siempre asequibles, especialmente en el caso de poblaciones de riesgo que no tienen los medios suficientes”, aclara David Evans, director del Departamento de Financiamiento de Sistemas de Salud de la OMS. Aún juega un papel importante el dinero que proviene de grandes fundaciones como la Rockefeller o la Gates, así como la ayuda al desarrollo de otros países que, debido a la crisis, ha sido recortada de forma exponencial en los últimos años.

La implantación de la cobertura universal garantiza un servicio de calidad sin pagar más, con vigilancia ante posibles corrupciones y cobros en las consultas médicas. Éste es uno de los posibles problemas que plantea el sistema en países donde no todos sus ciudadanos gozaban de cobertura sanitaria, al que se suman la saturación de las urgencias y el desabastecimiento de medicamentos, provocado por presión de la industria farmacéutica, que ha visto limitado su poder por leyes sobre el precio y la implantación de los genéricos.

Un sistema de salud sólido y un financiamiento completo de los servicios sanitarios, el acceso a las tecnologías necesarias y al personal calificado son los requisitos que establece la OMS para su implantación. Aunque el camino es largo, en muchos países ya se ha dado el primer paso y se ha cubierto al menos a la población más vulnerable, como las embarazadas y los niños. “Si no se cumple el derecho a la salud de todos los ciudadanos, los Estados seguirán empobreciéndose cada vez más”, alerta Tim Roosen, coordinador de Acción por la Salud Global.

 *Periodista

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