Las palabras no piensan,
si no, tendrían que asumir
su responsabilidad
por los sentimientos que
provocan en quienes las leen
Adrián Ramírez López, de Poemas disonantes
En México, el realismo mágico de Carlos Fuentes o el florido lenguaje del doble sentido del albur son rasgos culturales que tanto disfrutamos. El primero, como género literario; el segundo, como forma de salpicar con picardía aquello de lo que no se puede decir en público y se cifra dando otro sentido a las palabras, o inventando nuevas para sustituir las innombrables.
Pero tratándose del lenguaje de los partidos políticos y de los discursos oficiales, los diccionarios son incapaces de registrar el significado real de las palabras que ellos usan para enmascarar sus verdaderos fines. Veamos:
-La palabra “por” es una corrupción y/o combinación de dos locuciones latinas: pro y per. En el caso del Pacto por México (1), simplemente la palabra “por” alude a que se firmó por México, refiriéndose al lugar donde se firmó y no a que dicho Pacto se haya firmado en pro de México.
-Cuando los pactantes dicen: “México tiene una sociedad plural. Sus fuerzas políticas representan a millones de mexicanos que les han otorgado con su voto el mandato de representarlos”, ellos lo interpretan como si con el voto se les diera un cheque en blanco para que lo usen en contra de los mexicanos.
-Si los pactantes firman: “la creciente influencia de poderes fácticos frecuentemente reta la vida institucional del país y se constituye en un obstáculo para el cumplimiento de las funciones del Estado mexicano. En ocasiones, esos poderes obstruyen en la práctica el desarrollo nacional como consecuencia de la concentración de riqueza y poder que está en el núcleo de nuestra desigualdad. La tarea del Estado y de sus instituciones en esta circunstancia de la vida nacional debe ser someter, con los instrumentos de la ley y en un ambiente de libertad, los intereses particulares que obstruyan el interés nacional”, están diciendo que por los intereses de ellos en lo nacional, legalizarán los poderes fácticos y preservarán la concentración de riqueza y poder, sin importar la desigualdad.
-Y finalmente cuando los pactantes dicen: “este Pacto nacional no elimina las diferencias ni la competencia política. No pretende ignorar que vinimos de una intensa lucha electoral en la que confrontamos programas de gobierno y disputamos el voto de los mexicanos. Pero una vez terminada la contienda electoral, calificada la elección e instaladas las cámaras del Congreso de la Unión, ha llegado el momento de asumir nuevas responsabilidades comunes con México”, ellos están regocijados diciendo: “Señores, ya estamos aquí, ya tenemos el voto, somos los ganadores, ejercemos el poder político, no tenemos por qué confrontarnos. Pues entonces, manos a la obra y vamos a repartirnos el pastel”.
A 1 año de distancia de la firma de este Pacto y a 20 de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), nuestro Congreso y gobierno han sido tomados por los políticos formados bajo los designios de Washington –en Yale, Harvard, Chicago– aplicando las recetas de Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial de Comercio y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
La democracia sigue secuestrada. Con un apretón de manos, políticos y empresarios sellaron un Pacto sin México, en el que se marcan con mayor intensidad dos Méxicos: el de la democracia de marketing electoral, los grandes negocios y el libre comercio, en contraste con el México de la democracia popular que se expresa en las calles, ésa a la que se le enfrenta con indiferencia y represión.
A 20 años de la entrada en vigor del TLCAN, podemos afirmar el poder destructivo que dicho acuerdo ha traído para México, Estados Unidos y Canadá. Los pueblos de los tres países padecemos los estragos devastadores de un tratado comercial con alcances metaconstitucionales y metademocráticos. Los derechos económicos sociales, culturales y ambientales sucumben como mercancías en aras del libre comercio y la acumulación de capital.
La brecha de ricos y pobres se profundiza insultantemente, la soberanía de los pueblos es anulada y los recursos naturales saqueados, la mano de obra sobreexplotada, la contaminación despiadada, y prevalecen la corrupción y la impunidad. Perdimos nuestra soberanía alimentaria y el clamor de que “el campo ya no aguanta más” sucumbe ante los transgénicos, las sequías y la falta de apoyos. “Sin maíz no hay país”, dicen.
Desde 1993 hasta finales de 2012 se han otorgado 43 mil 675 concesiones mineras que representan una superficie territorial de 95 millones 765 mil 800 hectáreas, causando graves daños al ambiente y a la vida de las comunidades cercanas. “Bastaron 3 sexenios para dar concesiones a extranjeros por casi la misma cantidad de tierras repartidas tras la Revolución Mexicana” (Ricardo Mendoza Reséndez, “Entregaron la mitad de México a mineras”, http://razacero.com/?p=724).
Desde 2006, sexenio de Felipe Calderón, se nos impuso una guerra, misma que sigue en ascenso este primer año del Pacto sin México. Una catástrofe humanitaria como nunca en nuestra historia reciente con alrededor de 150 mil ejecutados, 30 mil desaparecidos, miles de desplazados, torturados y prisiones repletas con innumerables casos de “presuntos culpables”.
Durante 2013, las autodefensas, los grupos paramilitares, antítesis de las policías comunitarias y los topiles, representan una fase superior de la guerra que Estados Unidos y el gobierno mexicano han impuesto al pueblo de México. Hacernos creer que el Estado mexicano está rebasado ante la delincuencia es una gran mentira. Los órganos de inteligencia, las Fuerzas Armadas, la Policía Federal, las policías estatales y municipales, cuentan con todos los recursos para brindar seguridad al pueblo de México. No habría razón para que las autodefensas disputen territorios, ni justificación para acabar con las guardias comunitarias.
¡Qué vergüenza! Nos engañan y se justifican para sembrar más terror, sangre, dolor y muerte, mientras ellos siguen cosechando grandes ganancias. Así pasó en Colombia, así pasa ahora en México. ¿Tendrá algo que ver el asesor de seguridad de Peña Nieto, el general Óscar Adolfo Naranjo Trujillo, exjefe de la Policía Nacional Colombiana?
No tenemos seguridad ni justicia. El sacerdote José Alejandro Solalinde Guerra destaca: “¡Qué buen negocio es la inseguridad! Por un lado, el gobierno no proporciona seguridad a la ciudadanía. Para ésta hay 40 mil policías federales que, más que proteger, hay que protegerse de ellos. Pero para quien pueda pagar y autoprotegerse, hay 600 mil policías privados alquilables. Las ganancias millonarias, por supuesto, van para el mismo círculo político, los patrones, que son juez y parte.”
Fronteras impermeables para los migrantes a quienes se les ha dejado morir, desaparecer, secuestrar, violar, mutilar o extorsionar a manos de los grupos de trata de personas. Según el Movimiento Migrante Mesoamericano, hay unos 70 mil migrantes desaparecidos.
A 20 años de distancia, los partidos políticos se convirtieron en institutos electorales, todos apilados en el centro; la izquierda, la derecha y el parlamentarismo fenecieron en el Pacto sin México. Y no obstante que el Partido de la Revolución Democrática abandonó el Pacto el 28 de noviembre de 2013, las reformas más lesivas a los intereses de los mexicanos estaban siendo aprobadas.
En síntesis, en el primer año del Pacto sin México del gobierno de Enrique Peña Nieto se consolidó una regresión histórica en materia de respeto a las garantías básicas de la población. Vivimos una gravísima situación de vulnerabilidad en todos los ámbitos, empezando por el derecho fundamental al trabajo y a tener un salario justo, debido a las reformas estructurales y las políticas regresivas que tanto daño hacen a los bolsillos de los mexicanos.
Las nuevas generaciones están destinadas a vagar con graves limitaciones de acceso a la educación y al trabajo, debido a las reformas educativa y laboral aprobadas, a pesar de las grandes manifestaciones y protestas.
Cada vez se restringen más los derechos civiles y políticos de la gente a través de leyes para contener manifestaciones de descontento mediante el uso de la fuerza, recurso que se usa sobre todo contra quienes defienden los recursos naturales de las comunidades en contra de los llamados “megaproyectos”.
Vivimos una crisis grave y profunda de violaciones a los derechos humanos en la que el Estado mexicano está apresurando una serie de modificaciones legislativas que inhiben o criminalizan la protesta social.
Desde hace 20 años, cuando los zapatistas irrumpieron en México, los altermundistas en todo el mundo han globalizado las luchas por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Han venido surgiendo movimientos como Ocupa, en Estados Unidos; los Indignados o M-15, en España y el resto de Europa; los movimientos griegos, turcos; los movimientos de los pueblos árabes; en las luchas latinoamericanas se han producido avances esperanzadores de integración en torno a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, o en la Unión de Naciones Suramericanas, por ejemplo; la integración desde Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil, etcétera.
“Seguiremos luchando. Nuestro reto es la unidad, la confluencia de esfuerzos, ampliar nuestra visión de los alcances de los derechos humanos y reivindicar los derechos de la Madre Tierra. Practicar el modelo del buen vivir en armonía entre nosotros mismos, los demás y la naturaleza” (Reflexión desde la fe, carta del presbítero José Alejandro Solalinde Guerra enviada a Enrique Peña Nieto, presidente de la República Mexicana).
*Presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, AC
