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Sin cuidar las formas institucionales, el abogado general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), César Augusto Santiago, junto con los titulares de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, publicaron el pasado 28 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación los nuevos tipos de contratos para el suministro de energía eléctrica de baja tensión en el país, donde se legaliza el llamado “sistema de prepago”, con el que la prestación del servicio por parte del gobierno mexicano desnaturaliza su sentido social.

Todavía no se aprobaba de facto la reforma energética en el Congreso de la Unión, y con el mayor de los sigilos se aplicaron cambios a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su respectivo reglamento para imponer, sin consultar a nadie, un nuevo esquema con el que millones de usuarios estarán condenados a tener luz sólo si cuentan con el dinero suficiente para pagarla por adelantado.

Peor aún: en los nuevos tipos de contratación se autoriza a endosarle al usuario cargos adicionales, como un obligatorio depósito en garantía, financiamientos para el ahorro de energía, libranzas y hasta el cobro de impuestos estatales o municipales. Es decir que alevosamente la prestación del servicio eléctrico estará supeditada de forma coercitiva a que el cliente de CFE cumpla con otras obligaciones que nada tienen que ver con la sola responsabilidad de sufragar su recibo de luz.

Esto echa por tierra la parafernalia montada en torno al costoso aparato publicitario que busca hacer creer a los mexicanos que con la infausta reforma bajarán sus recibos de gas y electricidad, confirmando que la privatización del sector energético del país ya está en marcha, no importando a los representantes de la depredadora clase política en el poder los incuantificables daños que ésta acarreará a la economía de millones de hogares, cuya pobreza se acrecentará al aplicarse miles de despidos tanto en Petróleos Mexicanos (Pemex) como en la Comisión Federal de Electricidad, pues de acuerdo con los plazos fatales establecidos en la reforma energética, en 2 años ambas paraestatales deberán transformarse en “empresas productivas del Estado”, con lo cual se prepara el terreno para la indiscriminada entrada de las multinacionales.

En la clausula 9, “Ajustes a la facturación”, el chiapaneco César Augusto Santiago limpia el camino de obstáculos para que, en el futuro, las trasnacionales puedan realizar los cambio que así convengan a sus intereses en perjuicio de los usuarios. En los machotes de los nuevos contratos se establece al respecto:

“‘EL USUARIO’ autoriza a la ‘COMISIÓN’ para que realice verificaciones, periódicamente, previo aviso por escrito a ‘EL USUARIO’, para que los equipos de medición se ajusten a la exactitud establecida en la norma oficial mexicana aplicable, y cuando no exista ésta, a las establecidas en las especificaciones internacionales, las del país de origen o, a falta de éstas, las del fabricante. Asimismo, ‘EL USUARIO’ está de acuerdo en que ‘LA COMISIÓN’ retire los que no permitan su ajuste, sustituyéndolos por los adecuados” (sic).

En la cláusula 10, “de los nuevos contratos de PREPAGO de [la] CFE” (sic), se establece: “las partes están de acuerdo en que ‘EL USUARIO’ entregará a ‘LA COMISIÓN’ una cantidad, en moneda nacional, por la prestación del servicio correspondiente al equivalente de la energía que consumirá, conforme a la tarifa vigente.

“En el caso de que se agote el monto del prepago, las partes acuerdan que bastará que ‘EL USUARIO’ realice un nuevo prepago para que se continúe recibiendo el suministro de energía eléctrica.

“‘EL USUARIO’, a través del equipo de medición, podrá conocer cuando esté próximo a agotarse su saldo de energía eléctrica” (sic).

Más adelante, en la cláusula 12, “Interrupciones del suministro”, señala el contrato: “las partes aceptan que ‘LA COMISIÓN’ no incurrirá en responsabilidad por interrupciones del suministro de energía eléctrica en los siguientes supuestos: por caso fortuito o de fuerza mayor, sin importar la duración de la interrupción ni la frecuencia de ésta; por fallas originadas en la instalación de ‘EL USUARIO’ o por mala operación de su instalación; por haberse agotado el monto del prepago” (sic).

Actualmente hay más de 6 millones de usuarios afectados en México por los altos cobros en sus recibos de luz a los que la CFE no ha dado una respuesta favorable, y ahora se intenta asestarles un nuevo golpe a su economía tras la reforma energética que obligará, de seguir adelante, a la Comisión Federal de Electricidad a ceder la generación y transformación de la energía eléctrica a las empresas privadas, que tarde que temprano, y aprovechando la infraestructura que al país le llevó décadas levantar, terminarán por adueñarse de su conducción y comercialización.

Inconcebible, que apenas hace unos días el gobierno federal anunció un gran proyecto para reactivar al campo mexicano, propuesta que cae nuevamente en el terreno de las ficciones si se considera que en el reverso de la moneda los artículos transitorios de la reforma energética contemplan la eliminación de subsidios para el sector agropecuario, tanto en las tarifas eléctricas como en el precio del diésel.

¿Cómo van a funcionar los sistemas de bombeo y la maquinaría agrícola sin estos insumos básicos? ¿Acaso las trasnacionales se tentarán el corazón y aceptarán otorgar subsidios al campo para que los mexicanos nos alimentemos?

De acuerdo con datos de El Barzón, en el territorio nacional hay un promedio de 110 mil pozos que se utilizan para regar 5.7 millones de hectáreas –el 26 por ciento de la superficie agrícola donde se produce el 60 por ciento de los principales granos y hortalizas que consumimos–, y pese a que existen tarifas subsidiadas el derrumbe de muchos de los precios de sus productos, gracias a la apertura de nuestras fronteras ordenada por el Tratado de Libre Comercio, ha originado insolvencia de pagos de miles de productores agrícolas ante la CFE.

La desaparición total de los subsidios en electricidad y diésel, ya establecida en la reforma energética, será el tiro de gracia a nuestra actividad agrícola y otras ramas de la economía. Y como van las cosas, el abogado general César Augusto Santiago (por cierto, antes acérrimo crítico de la corrupción y los abusos de dicha Comisión Federal) no se tentará el corazón para aplicarles a los campesinos, con todo rigor, las cláusulas contempladas en sus contratos de prepago.

El problema social en puerta se acrecentará si se considera que tan sólo en la zona centro hay 6 millones y medio de usuarios domésticos y un total de 30 millones en el país, que tendrán que pagar por adelantado un servicio caro y de mala calidad. De esta manera, en tanto no se aprueben las leyes secundarias, el suministro de energía eléctrica seguirá siendo público, razón por la cual es de vital importancia llamar a los usuarios a organizarse para defender este servicio cuya importancia es irremplazable para el desarrollo económico y social de la nación.

Los atentados de la reforma energética en contra del pueblo de México ya están enlistados; prueba de ello son los nuevos contratos depredadores de la CFE publicados en el Diario Oficial de la Federación. De todos los mexicanos dependerá que se evite el despojo a nuestros recursos energéticos y se ponga un dique a los irreversibles daños y costos que se pretenden transferir al pueblo y a todos los sectores productivos en su conjunto.

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

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Contralínea 369 / 20 – 26 enero 2014

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