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La crisis humanitaria en el país no cesa: en el primer año del actual gobierno, más de 17 mil civiles fueron asesinados; una veintena de ellos eran defensores de los derechos humanos y otros seis, periodistas; en ese mismo lapso se registraron 68 desapariciones de carácter político. Aunado a esto, la CNDH investiga más de 7 mil violaciones consideradas por convenciones internacionales como crímenes de lesa humanidad, ocurridas desde diciembre de 2006, tras la militarización del territorio. La violencia que asuela a la población preocupa a 87 países, advierte el representante de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU en México

Más de 90 mil militares “patrullan” ciudades y áreas rurales… carreteras, calles, plazas. Lejos de combatir la criminalidad, la presencia de esos 76 mil 546 soldados y 17 mil 25 marinos en labores de seguridad pública ha incrementado las violaciones graves a los derechos humanos.

Privación de la vida, desaparición forzada, tortura y tratos crueles son algunas de las consecuencias directas de la militarización del territorio mexicano. Ésta junto con el incremento de la violencia atribuida al crimen organizado son las secuelas vigentes de la “guerra” contra el narcotráfico que impulsó el expresidente Felipe Calderón durante su administración, y que se ha continuado en la actualidad.

En ese contexto, más de 17 mil civiles fueron asesinados en el primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto, indica información del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De esas víctimas mortales, al menos una veintena eran defensores de los derechos humanos. En esa lista se anota el nombre de Luis Olivares Enríquez, líder de la Organización Popular de Productores de Costa Grande, y su esposa Ana Lilia Gatica Rómulo, asesinados el 10 de noviembre pasado en Coyuca de Benítez, Guerrero. Ambos eran opositores a la actividad minera y a la tala clandestina.

Rocío Mesino Mesino es otra activista que integra esa lista. La dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur fue ejecutada el 20 de octubre en Atoyac, Guerrero. También se apunta a Herón Luciano Sixto López, integrante del Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas, asesinado el 20 de julio en San Sebastián Tecomaxtlahuaca, Oaxaca.

Entre los activistas victimados están los dirigentes de la Unidad Popular. Arturo Hernández Cardona, Rafael Banderas Román y Ángel Román Martínez fueron asesinados a inicios de junio de 2013 en Iguala, Guerrero.

Para Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, la crisis que aún enfrenta el país se debe, en parte, a la militarización: es un problema que se complica sobre todo en los pueblos originarios.

Agrega: “no ha cedido; al contrario, se ha incrementado la presencia de militares y esto ha hecho que los abusos y los casos que siguen afectando la situación de los pueblos indígenas [de Guerrero] se sigan dando”.

Respecto del actual gobierno federal, el defensor de derechos humanos indica: “en este año se han incrementado la violencia y la inseguridad, y el sistema de justicia no ha podido garantizarle a las víctimas acceso real y, sobre todo, apropiado para que tengan justicia”.

Tales son los casos de los seis periodistas que se cuentan entre las víctimas de 2013, y que continúan impunes. Se trata de los crímenes de Jaime Guadalupe González, cuyo homicidio ocurrió en Chihuahua el 3 de marzo; Alonso de la Colina Noriega, asesinado el 14 de abril en Puebla; Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa, ejecutado en Coahuila el 24 de abril; Mario Ricardo Chávez Jorge, victimado el 26 de junio en Tamaulipas; Alberto López Bello, asesinado en Oaxaca el 17 de julio; y Alberto Angulo Gerardo, cuya muerte violenta ocurrió el 6 de noviembre en Sinaloa.

Crisis humanitaria, vigente

En materia de derechos humanos hay muchos temas pendientes, asegura Jaqueline Sáenz Andujo, coordinadora del Programa de Derechos Humanos de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Uno de ellos, indica, es la crisis humanitaria que vive el país.

“La militarización sigue y la violencia sigue, y pareciera que lo que ha cambiado es el discurso: que en la CNDH [Comisión Nacional de los Derechos Humanos] tenemos menos quejas ahora, menos recomendaciones.”

Y es que aunado a los miles de asesinatos, la población continuó sufriendo desapariciones forzadas, levantones, secuestros. El Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos Hasta Encontrarlos señala que en este año ocurrieron 68 desapariciones de carácter político.

La situación que enfrenta el país es tal que preocupa a los 87 países que intervinieron en el Examen Periódico Universal de México, ocurrido en octubre de 2013, considera Javier Hernández Valencia, representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Ésta no es una preocupación de personas, de individuos y en particular de mi persona, sino de 87 países. El Consejo [de Derechos Humanos de la ONU] tiene 47 miembros, esto quiere decir que muchos más países de los que sólo participan del Consejo han tenido interés en el tema mexicano. Entre esos 87 países estuvieron 14 de América Latina y el Caribe. Es decir, no son sólo europeos y del Norte, del mundo industrial o del primer mundo quienes tienen preocupación y quieren mantener un diálogo vivo para mejorar la situación de los derechos humanos en México; son también países hermanos de sangre, de cultura, de lengua. También intervinieron los cinco países miembros permanentes del Consejo de Seguridad.”

Consultado el 27 de noviembre de 2013 al término de su participación en la presentación del reporte Jurisdicción militar y derechos humanos: elementos para las reformas pendientes –editado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan–, Hernández Valencia señaló que la situación de México en materia de derechos humanos sí sigue siendo una preocupación para la Oficina de la Alta Comisionada. Por ello dijo: “Estamos tratando de ayudar a que estos debates produzcan, tanto a nivel legislativo como a nivel de conductas, de cambio institucional, de reformas en políticas públicas, los cambios que las ciudadanas y ciudadanos han pedido desde hace mucho tiempo”.

Crímenes de lesa humanidad

Ese tiempo del que habla Hernández Valencia se remonta a la Guerra Sucia, pero sobre todo se centra en el sexenio pasado. Y es que de 2007 a 2012 se registraron más de 100 mil asesinatos de civiles, 30 mil desapariciones y 250 mil desplazamientos por violencia, entre otras consecuencias de la militarización y la criminalidad.

Desde diciembre de 2006, cuando se inició la supuesta “guerra” contra el narcotráfico, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha investigado y documentado más de 7 mil quejas por presuntas violaciones en las que incurrieron agentes del Estado –federales, estatales y municipales– en contra de civiles.

Los reportes generales de las quejas –de los que Contralínea obtuvo copias por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental– refieren que hasta enero de 2013 ese organismo autónomo abrió 210 expedientes por los delitos de “privación de la vida” y “violación al derecho a la vida”, es decir, asesinatos cometidos por servidores públicos de los tres niveles de gobierno, pero en su mayoría por las fuerzas federales.

El primer expediente relacionado con una ejecución extrajudicial en este gobierno implicó a personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa. De acuerdo con el Reporte general (quejas) de la CNDH, se trata del archivo 2012/10930-Sin-2, abierto el 18 de diciembre de 2012 por tres presuntas violaciones: emplear arbitrariamente la fuerza pública, imputar indebidamente hechos y privar de la vida.

De diciembre de 2006 a enero de 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también integró 437 expedientes por desaparición forzada; 95 por tortura; y 6 mil 667 por tratos crueles, inhumanos y degradantes, que también pudieron constituir hechos de tortura. Cada expediente se refiere a una o más víctimas y siempre implica a servidores públicos.

Las tres primeras quejas por desaparición forzada que recibió la CNDH en este sexenio presuntamente involucran a integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Policía Federal. Así lo indican los expedientes 2012/138613, 2012/ 139959 y 2013/10633.

El primero de ellos, que se registró el 17 de diciembre de 2012, indica: “Manifiesta el quejoso que aproximadamente a las 19:00 horas del 4 de diciembre de 2012 arribaron a su domicilio un regimiento de militares y navales debidamente uniformados y encapuchados en varios vehículos, introduciéndose al mismo con lujo de violencia deteniendo arbitrariamente a [la víctima], sin mostrar ninguna orden para ello; que la golpearon, la envolvieron en una sábana y se la llevaron, sin conocer su paradero, ya que no ha sido puesta a disposición de ninguna autoridad”.

Respecto de las presuntas autoridades responsables de esa violación, la CNDH identifica a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.

El segundo expediente, 2012/139959, señala: “El quejoso expresó que en la madrugada del 15 de diciembre de 2012, el agraviado, su hermano Antonio González Bañuelos, se encontraba en una fiesta con varios amigos y estaban tomando bebidas embriagantes y al terminarse éstas fueron a comprar más, por lo que abordaron un coche y cuando se encontraba circulando sobre la avenida Prolongación San Isidro, en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, se encontraron con varias patrullas de la Policía Federal; y los elementos les marcaron el alto, pero el conductor hizo caso omiso y emprendió la huida, por lo que comenzaron a dispararles y el conductor perdió el control del vehículo, chocando contra un poste de teléfono y estando [la víctima] y otros en el interior del coche, los elementos policiacos les siguieron disparando; luego sacaron [a la víctima] y [a] sus amigos del interior de esa unidad y los introdujeron a una de las patrullas y se retiraron, y desde entonces no sabe nada del paradero de su familiar ni de los otros que lo acompañaban. Agregó que lo ha buscado en las policías municipales, estatales y federales, en las diversas procuradurías generales de justicia y en la Procuraduría General de la República, sin resultados positivos”.

Como autoridad responsable, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos identifica a la Policía Federal, dependiente de la Secretaría de Gobernación.

El tercer expediente –el 2013/10633, registrado el 30 de enero de 2013– indica: “Manifiestan los quejosos que el 28 de diciembre de 2012, aproximadamente a las 13:30 horas, [las víctimas] transitaban en un vehículo por la avenida Ejército Mexicano, colonia Primero de Mayo, en Boca del Río, Veracruz, siendo intervenidos [sic] para que detuvieran la marcha, llevándose detenidas a las dos personas, motivo por el cual han solicitado información sobre el paradero de los agraviados en distintas instancias estatales y federales, pero aún desconocen dónde se encuentren, que presentaron denuncias ante las autoridades competentes, iniciándose la investigación ministerial en la Agencia Séptima del Ministerio Público Investigador de Veracruz, Veracruz, y la investigación ministerial en la Agencia Segunda del Ministerio Público Investigador de Boca del Río, Veracruz”.

La Secretaría de Marina figura como la autoridad presuntamente responsable de dichas desapariciones forzadas.

De acuerdo con el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, entre los crímenes de lesa humanidad se encuentran el asesinato, el desplazamiento forzoso, la tortura, la violación, la encarcelación o persecución por motivos políticos, la desaparición forzada, el secuestro o cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, cuando dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

En el tema de tortura, el primer expediente (2012/ 201) integrado por la CNDH en este sexenio implica a funcionarios del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz.

Además de la tortura, las víctimas sufrieron otras violaciones: “acciones y omisiones que transgreden los derechos a los migrantes y de sus familiares; detención arbitraria; efectuar una detención sin contar con la orden correspondiente fuera de los casos de flagrancia; faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones; prestar indebidamente el servicio público; trato cruel, inhumano o degradante”.

Defensores de los derechos humanos consideran que la militarización ha ido de la mano de la impunidad. En breve entrevista, Santiago Cantón –director del Centro Robert F Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos– señala que es importante que el Estado mexicano tome acciones decisivas y concretas de avanzar en la lucha contra la impunidad.

Al respecto, dice, es necesario lograr un efectivo control civil sobre las Fuerzas Armadas y que no haya impunidad por las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido. “El debate sobre la impunidad militar es fundamental y esperemos que el gobierno tenga la voluntad política de avanzar en la aprobación de la ley [sobre el fuero militar] este año, porque sería un avance muy importante para lograr una supervisión civil sobre las Fuerzas Armadas”.

Jaqueline Sáenz Andujo considera que “si hubiera habido de verdad una decisión por parte del Ejecutivo federal de retirar al Ejército también hubiera avanzado la parte del fuero militar, es decir, parece que va en un pacto político una cosa con la otra”.

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Contralínea 367 /  Domingo 6 – 12 de enero de 2014
 

 

 

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